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Contrato autorizacion uso nombre comercial

CONTRATO AUTORIZACION USO NOMBRE COMERCIAL

ENTRE: XXXXXXXXXXXXXXXX, dominicano (a) , mayor de edad, soltero (a) , profesión XXXX, portador (a) de la cédula de identidad y electoral No. xxx-xxxxxxx-x, domiciliado (a) en la Calle XXXXXXXXX, Residencial XXXXXXXX, Apartamento XXXXX, sector XXXXX, Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue en el presente contrato se denominara “EL/LA PROPIETARIO (A)”, o por su propio nombre, y XXXXXXXXXXXXXX , dominicano (a), mayor de edad, soltero (a), profesión XXXX, portador (a) de la cédula de identidad y electoral No.xxx-xxxxxxx-x, domiciliado (a) y residente en la Calle XXXXXX No.X, Sector XXXXXX de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominara “ EL CESIONARIO”, o por su propio nombre;

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO EXPRESADO A CONTINUACION

PRIMERO: “EL/LA PROPIETARIO (A)”, AUTORIZA el uso del Nombre Comercial (Anteriormente XXXXXXXXXXXXX ) al CESIONARIO, a los fines de con que la creación de la nueva Empresa puedan ser presentadas  propuestas y todo tipo de Información como: (Anteriormente XXXXXXXXXXX).

SEGUNDO: Quedando establecido que el Nombre Comercial XXXXXXXXXX, registrado en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, bajo el No.XXXXXX, su titular es y seguirá siendo el Sr.(a) XXXXXXXXX (EL/LA PROPIETARIO (A), en el presente contrato solo se AUTORIZA el uso de: (Anteriormente XXXXXX).

TERCERO: Derecho Común. Para lo no expresamente previsto en el presente contrato, las partes deciden remitirse al derecho común.

REDACTADO, LEIDO Y APROBADO en tres originales todos de un mismo tenor y efecto en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día quince (15) del mes de xxxxx del año dos mil quince (201x).

__________________________
XXXXXXXXXXXX
EL/LA PROPIETARIO (A)

__________________________
XXXXXXXXXXXX
EL CESIONARIO

Yo, ______________________________, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Matrícula No._________, del Colegio Dominicano de Notarios, CERTIFICO Y DOY FE:  Que por ante mi han comparecido personalmente los señores:XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX, personas cuyas generales y calidades consta, a quienes doy fe conocer y bajo la fe del juramento me han declarado que las firmas que han estampado en mi presencia en el documento que antecede son las mismas que ellos acostumbran a usar en todos sus actos, motivo por el cual se le confiere carácter de autenticidad. En la ciudad de Santo  Domingo, Distrito  Nacional, República  Dominicana, hoy día quince (15) del mes de X del año dos mil quince (201x).

____________________________
Abogado Notario

Contrato  de inversión

CONTRATO  DE INVERSIÓN

ENTRE: De una parte: El/La señor (a) XXXXXXXXXXXXXXXX, dominicano (a), mayor de edad, soltero (a), profesión XXXX, portador (a) de la cédula de identidad y electoral Núm. xxx-xxxxxxx-x, domiciliado (a) y residente en la calle XXXXXX, sector XXXXXX, Santo Domingo Distrito Nacional, quien en lo siguiente del presente contrato se denominara El/LA INVERSIONISTA; Y, de la otra parte: El/La señor (a) XXXXXXXXXXXXXXXX, dominicano (a), mayor de edad, soltero (a), profesión XXXX, portador (a) de la cédula de identidad y electoral Núm. xxx-xxxxxxx-x y residente en la calle XXXXXX, sector XXXXXX, Santo Domingo Distrito Nacional, quien en lo siguiente del presente contrato se denominara El/LA RECEPTOR.

“SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE”

PRIMERO: El/LA INVERSIONISTA entrega en calidad de inversión a El/LA RECEPTOR, la suma de XXXXX MIL PESOS CON 00/100 (RD$xxx,000.00), suma la cual será utilizada como capital de la Empresa XXXXXX  que tiene como socio (a) ambas partes, con modalidades de pago desde 46 días hasta 20 semanas, pagando capital e interés.

SEGUNDO: Dicha inversión se hará  constar mediante inventario por escrito, el cual  será entregado a El/LA INVERSIONISTA, como constancia mensual de los ingresos de La Empresa, los pagos serán depositados en la Cuenta de Ahorros No.__________________ del Banco ___________________________.

TERCERO: El/LA RECEPTOR además se compromete a velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos redactados en el presente contrato, mientras este dure.

SEXTO: Este contrato durara Tres (03) AÑOS, a contar con la fecha de firma del presente contrato. Si al terminar este tiempo, ninguna de las partes lo hubiere denunciado, su duración se prorrogará por un año más hasta que cualquiera de las partes contratantes avise con Dos (02) MESES de anticipación, su deseo de rescindirlo.

SEPTIMO:Elección de Domicilio. Para la ejecución de este contrato las partes hacen formal elección de domicilio en las direcciones mencionadas al inicio del presente contrato.

OCTAVO: Derecho Común. Para todo lo no establecido en este contrato Las Partes contratantes se remiten al Derecho Común.

En la cuidad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres (03) días del mes de Junio del año dos mil xxx (201x).

 

_____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
El/LA INVERSIONISTA

_____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
El/LA RECEPTOR

Yo, __________________________, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, provisto de la  Matrícula No._______, del Colegio Dominicano de Notarios, CERTIFICO Y DOY FE:  Que por ante mi han comparecido personalmente los señores XXXXXXXXXXXXXXXX     y XXXXXXXXXXXXXXXX    , personas cuyas generales y calidades consta, a quienes doy fe conocer y bajo la fe del juramento me han declarado que las firmas que han estampado en mi presencia en el documento que antecede son las mismas que ellos acostumbran a usar en todos sus actos, motivo por el cual se le confiere carácter de autenticidad. En  Santo Domingo,  Distrito  Nacional, República  Dominicana, a los tres (03) días del mes de Junio del año dos mil xxx (201x).

_____________________________
Notario Público

Porsche 911 Carrera GTS

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Contrato  alquiler local comercial

CONTRATO  ALQUILER LOCAL COMERCIAL

 

ENTRE: De una parte: la señoraUBALDINA OLINDA CARRASCO ZAPATA, dominicana, mayor de edad, soltera, comerciante, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0001524-7, domiciliada y residente en la Calle Arzobispo Meriño No.109, Zona Colonial de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo siguiente del presente contrato se denominara EL/LA PROPIETARIO (A); Y, de la otra parte: el señor  CIRIACO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador del de la cédula de identidad y electoral No.001-0253991-3, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominara EL/LA INQUILINO (A).

“SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE”

PRIMERO: EL/LA PROPIETARIO (A) alquila a EL/LA INQUILINO (A), quien acepta CONFORME el local comercial amueblado ubicado en la Calle Arzobispo Meriño No.109, Zona Colonial, Santo Domingo, Distrito Nacional, quien lo usará como Local Comercial, única y exclusivamente, no pudiendo dedicarlo a otro uso, ni cederla, ni sub-alquilarla, en todo ni en parte  sin el consentimiento escrito de EL/LA PROPIETARIO (A). Tampoco podrá cederla gratuitamente, ni por favor o pura tolerancia admitir que ningún tercero, aún pariente, pueda habitar el local comercial que alquila.

SEGUNDO: EL/LA INQUILINO (A) queda obligado a mantener el local comercial y los objetos que lo amueblan en buen estado como se le ha entregado, y todos los desperfectos en su paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalación eléctrica, serán reparados o repuestos a su solo costo. También queda a cargo de EL/LA INQUILINO (A) la pintura del Local Comercial mientras lo ocupe.

TERCERO: EL/LA INQUILINO (A) se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes la suma de XXXXX MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$0,000.00), que deberán pagar mes por mes y sin retardo alguno, los días XXXX (X), de cada mes, a partir de una semana después sin efectuarse el pago EL/LA INQUILINO (A) se compromete a pagar la mora por retraso de un XXX por ciento (X%) por cada mes de retraso, suma la cual será aumentada al cumplirse un año a XXXX MIL PESOS CON 00/100 (RD$0,000.00).

CUARTO: EL/LA INQUILINO (A) entrega en calidad de depósito la suma de XXX MIL PESOS DOMINICANOS  CON 00/100 (RD$0,000.00), Dos (02)depósitos, suma que EL/LA PROPIETARIO (A) declara haber recibido; EL/LA INQUILINO (A)no podrá pretender en ningún momento, mientras ocupe el local comercial aplicar el depósito al pago de los alquileres, esta inversión solo podrá hacerla EL/LA PROPIETARIO (A),  después de haber sido desocupado el local comercial, sin haber satisfecho EL/LA INQUILINO (A) el pago total de los alquileres, los gastos a que diere lugar y a las reparaciones previstas en la clausula segunda, siempre que no hayan sido hechas y pagadas por EL/LA INQUILINO (A).

QUINTO: EL/LA INQUILINO (A) además se compromete a velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos sanitarios, haciéndose responsables de las infracciones, mientras dure este contrato.

SEXTO: Este contrato durara Un (01) AÑO, a contar con la fecha de firma del presente contrato. Si al terminar este tiempo, ninguna de las partes lo hubiere denunciado, su duración se prorrogará por un año más hasta que cualquiera de las partes contratantes avise con Dos (02) MESES de anticipación, su deseo de rescindirlo.

SEPTIMO: EL/LA INQUILINO (A) se compromete a no hacer el cambio o distribución nueva en el local comercial, sin la previa autorización de EL/LA PROPIETARIO (A),y en caso de obtenidas estas, las mejoras hechas en dicho Local, incluyendo instalaciones que se hagan, con todo su material, quedaran a beneficio de EL/LA PROPIETARIO (A).

OCTAVO: Es entendido  que los servicios de agua, luz, teléfono, cable, basura y otros servicios, corren por cuenta de EL/LA INQUILINO (A).

NOVENO: Queda convenido entre las partes, que a la llegada del término del presente contrato, el mismo quedara renovado debiendo pagar EL/LA INQUILINO (A) un aumento de un Diez (10) por ciento (10%) por el próximo año de cada renovación.

DECIMO:  EL/LA INQUILINO (A) presenta como su FIADOR (A) SOLIDARIO (A) en el presente contrato al SEÑOR (A) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad No.001-1395158-6, con domicilio y residencia en Villa Francisca, casa No.26,  de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; y este acepta con obligación de pagar en el caso de que EL/LA INQUILINO (A) dejare de hacerlo, tanto los alquileres dejados de pagar, como los deterioros que le haya ocasionado a dicho Local, a las instalaciones sanitarias, eléctricas y demás. Al defecto de las obligaciones por el presente contrato al SEÑOR (A) XXXXXXXXXXXX, en su condición de FIADOR (A) SOLIDARIO (A), firma al pie de este contrato. Para la ejecución de este contrato, EL/LA INQUILINO (A), elige domicilio en el Local Comercial alquilado cuando aun lo alquile, en la residencia del FIADOR (A) SOLIDARIO (A) cuando la desocupe, y EL/LA PROPIETARIO (A) en su residencia.

En la cuidad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de x del año dos mil Trece (2013).

__________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Propietario (a)   

_______________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Inquilino(a)

___________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiador (a) Solidario (a)

Yo, ______________________________, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, provisto de la  Matrícula No._______, del Colegio Dominicano de Notarios, CERTIFICO Y DOY FE:  Que por ante mi han comparecido personalmente los señores XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, personas cuyas generales y calidades consta, a quienes doy fe conocer y bajo la fe del juramento me han declarado que las firmas que han estampado en mi presencia en el documento que antecede son las mismas que ellos acostumbran a usar en todos sus actos, motivo por el cual se le confiere carácter de autenticidad. En  Santo Domingo,  Distrito  Nacional, República  Dominicana, a los veinte (20) días del mes de x  del año dos mil Trece (2013).

________________________________
Notario Público

Sentencia TSE-Núm. 001-2018

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República Dominicana
Tribunal Superior Electoral

Dios, Patria y Libertad

Sentencia TSE-Núm. 001-2018

En nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral (TSE), integrado por los magistrados Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente; Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, jueces titulares, asistidos por el Secretario General, a los diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), año 174° de la Independencia y 155° de la Restauración, con el voto unánime de los magistrados y en audiencia pública, ha dictado la siguiente sentencia:

Con motivo de la Demanda en Nulidad incoada el 18 de octubre de 2017, por Ramón Pérez Fermín, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-1375170-5, domiciliado y residente en esta ciudad; Joaquín Ricardo García, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0094407-3, domiciliado y residente en esta ciudad; y, Miguel Alberto Bogart Marra, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0087239-9, domiciliado y residente en esta ciudad; quienes tienen como abogados constituidos y apoderados a los Licdos. Santiago Rodríguez Tejada y Eric Raful Pérez y la Dra. Lilia Fernández León, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electorales Núms. 031- 0107292-8, 001-0974508-3 y 001-1403209-7, respectivamente, con estudio profesional abierto en la calle Sócrates Nolasco, Núm. 2, esquina Gustavo Mejía Ricart, 3er. Nivel, Edificio León & Raful, Ensanche Naco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.

Contra: La convocatoria de la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), publicada el día 5 de septiembre de 2017, en la cual figuran como demandados: a) el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), organización política con personalidad jurídica de conformidad con la Ley Electoral, con su establecimiento principal ubicado en la avenida Tiradentes esquina avenida Héctor Homero Hernandez Vargas, (antigua calle San Cristóbal), ensanche La Fe, Distrito Nacional; b) el señor Federico Antún Batlle, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0096615-9, domiciliado y residente en la avenida Lope de Vega, Núm. 46, La Arboleda, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional; y, c) el señor Ramón Rogelio Genao Durán, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 050- 0016694-1, domiciliado y residente en la calle Principal, casa N, Manabao, municipio Jarabacoa, provincia La Vega; los cuales tienen como abogados constituidos y apoderados a los Licdos. Alfredo González Pérez, Francisco Rosario Martínez, Eddy Alcántara Martínez, Manuel Olivero Rodríguez y Luis René Mancebo, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electorales Núms. 078-0002439-5, 103-0000296-0, 001-0089146-4, 001-1342020-3 y 001- 1342020-2, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Abraham Lincoln esquina Paseo de los Locutores, Plaza Francesa, Suite 221, Piantini, Distrito Nacional.

Vista: La instancia introductoria de la demanda, con todos los documentos que conforman el expediente.

Vista: La Constitución de la República Dominicana proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

Vista: La Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero de 2011. Vista: La Ley Electoral, Núm. 275/97, de fecha 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones. Vista: La Convención Americana de los Derechos Humanos.

Visto: El Código Civil de la República Dominicana.

Visto: El Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana. Vista: La Ley Núm. 834 de fecha 15 de julio de 1978.

Visto: El Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por este Tribunal en fecha 17 de febrero de 2016.

Visto: El Estatuto vigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Resulta: Que el día 18 de octubre de 2017, este Tribunal fue apoderado de una Demanda en Nulidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), publicada el día 5 de septiembre de 2017, interpuesta por los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogart Marra contra el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao Durán, cuyas conclusiones son las siguientes:

“PRIMERO: Que se acoja en cuanto a la forma la presente demanda. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la convocatoria el 3 de septiembre del 2017, (publicada el 5 de septiembre del 2017), para la celebración de una nueva Asamblea General Ordinaria a ser realizada el domingo 17 de septiembre del 2017, realizada por Federico Antún y Rogelio Genao por razones invocadas en la presente instancia. TERCERO: DECLARAR la nulidad de todas las acciones, decisiones y actos realizados por como consecuencia de la convocatoria el 3 de septiembre del 2017, (publicada el 5 de septiembre del 2017), para la celebración de una nueva Asamblea General Ordinaria a ser realizada el domingo 17 de septiembre del 2017, realizada por Federico Antún y Rogelio Genao. CUARTO: CONDENAR al Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún y Ramon Genao, al pago de las costas del proceso ordenando su distracción favor de los abogados actuantes quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.”

Resulta: Que el día 19 de octubre de 2017, el magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente de este Tribunal Superior Electoral, dictó el Auto Núm. 030-2017, mediante el cual fijó la audiencia para el día 30 de octubre de 2017 y autorizó a la parte demandante a emplazar a la parte demandada para que compareciera a la misma.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el día 30 de octubre de 2017 comparecieron la Dra. Lilia Fernández León, por sí y por los Dres. Santiago Rodríguez Tejada y Eric Raful Pérez, en representación de los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, parte demandante; y los Licdos. Eddy Alcántara, Frank Martínez, Alfredo González Pérez y Manuel Olivero, en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, presidente y secretario general, respectivamente, del citado partido, parte demandada; dictando el Tribunal la siguiente sentencia:

“Primero: El Tribunal ordena una comunicación recíproca de documentos a partir del día de hoy hasta el viernes 10 de noviembre de 2017. Vencido el plazo, las partes disponen hasta el viernes 17 de noviembre de 2017 para tomar conocimiento de los documentos depositados. Segundo: Sobresee la petición de documentos forzosos a la Junta Central Electoral (JCE) para una próxima audiencia, en virtud de los documentos depositados. Tercero: Fija la próxima audiencia para el miércoles 22 de noviembre de 2017, a las 10:00 a.m. Cuarto: Vale citación para las partes presentes y representadas”.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el día 22 de noviembre de 2017 comparecieron los Licdos. Lilia Fernández León, Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez Tejada, Ramón Antonio Javier Solano, José Ramón Guzmán Reyes, Antonio Fulgencio, Julián Elías Nolasco y Altagracia Nina, en representación de los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, parte demandante; y los Licdos. Eddy Alcántara, Frank Martínez, Alfredo González Pérez y Manuel Olivero, en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, presidente y secretario general, respectivamente, del citado partido, parte demandada; dictando el Tribunal la siguiente sentencia:

“Primero: Rechaza la solicitud de producción forzosa de documentos, realizada por la parte demandante en la audiencia del 30 de octubre de 2017, reiterada en la audiencia del día de hoy, en lo relativo a las las cartas y certificaciones que le fueron remitidas por el Partido Reformista Social Cristiano, en las que se notificaban los delegados de cada jurisdicción para la asamblea convocada para el 17 de septiembre del presente año, por improcedente. Segundo: Rechaza la petición formulada por la parte demandante, en lo relativo a que se ordene a los demandados expedir copia certificada de la convocatoria a la reunión de la Comisión Ejecutiva del PRSC celebrada el 3 de septiembre de 2017. Tercero: Acoge parcialmente la petición realizada por la parte demandante y, en consecuencia, el Tribunal solicita a la Junta Central Electoral (JCE), vía secretaría, la remisión a este Tribunal de los documentos certificados siguientes: 1) Certificación expedida el 13 de noviembre de 2017, en la que se señalan cuáles son las autoridades electas por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Asamblea Nacional Ordinaria del 26 de enero de 2014. 2) Copia del listado de delegados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), surgido de la Asamblea Nacional Ordinaria celebrada por dicho partido el 26 de enero de 2014. 3) Copia certificada del padrón de delegados depositado el 31 de mayo de 2017 por las actuales autoridades del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). 4) Copia certificada de la convocatoria a la reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) celebrada el 3 de septiembre de 2017. Cuarto: De oficio, en virtud de las disposiciones del artículo 9 de la Ley 29-11, y el artículo 1, numeral 15 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, el Tribunal solicita a la Junta Central Electoral (JCE), vía secretaría, la remisión a este Tribunal de los documentos certificados siguientes: 1) Copia del Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que convocó a la Asamblea Nacional Ordinaria para el 17 de septiembre de 2017 en el Coliseo Carlos -Teo- Cruz y la nómina de los presentes en dicha reunión; 2) Copia de la convocatoria a la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), celebrada en el Coliseo Carlos –Teo- Cruz; 3) Copia del Acta de Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), celebrada el 17 de septiembre de 2017 en el Coliseo Carlos –Teo- Cruz, así como el listado de los delegados concurrentes a dicha reunión; Quinto: Una vez dichos documentos sean remitidos al Tribunal, la secretaría los notificará a las partes en litis por las vías correspondientes. Sexto: Aplaza, en consecuencia, el conocimiento de la presente audiencia, a los fines de que se cumpla con la medida de instrucción ordenada y de que las partes en causa estudien los documentos señalados y puedan hacerlos contradictorios. Séptimo: Fija la próxima audiencia para el lunes cuatro (4) de diciembre de 2017, a las 10:00 am, para continuar con el conocimiento del presente caso. Octavo: Vale citación para las partes presentes y debidamente representadas”.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el día 4 de diciembre de 2017 comparecieron los Licdos. Lilia Fernández León, Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez Tejada, Antonio Fulgencio y Altagracia Nina, en representación de los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, parte demandante; y los Licdos. Eddy Alcántara, Frank Martínez, Alfredo González Pérez y Manuel Olivero, en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, presidente y secretario general, respectivamente, del citado partido, parte demandada; procediendo la parte demandada a concluir de la manera siguiente:

La parte demandada:

¨Tenemos la necesidad de plantear un medio de inadmisión de la demanda, de conformidad con el artículo 82 del Reglamento el cual en su parte final dice que los medios de inadmisión deben ser presentados antes de las conclusiones al fondo. En ese sentido, solicitamos que se nos permita, antes de la presentación de las conclusiones al fondo, exponer nuestro medio de inadmisión”.

Resulta: Que, ante el pedimento en cuestión, el Tribunal Superior Electoral dictó la siguiente sentencia in voce:

“Único: Siendo así, proceda por favor”

Resulta: Que, en la continuación de la audiencia, las partes presentaron las conclusiones siguientes:

La parte demandada:

“Respecto del medio de inadmisión vamos a concluir de la manera siguiente: Se pronuncie la inadmisibilidad de la demanda en nulidad de convocatoria de Asamblea Nacional Ordinaria de fecha 3 de septiembre de 2017 y publicada el 5 de septiembre de 2017, interpuesta por los señores Ramón Pérez Fermín y compartes por violación a los artículos 82; por violación a los artículos 2, vamos a empezar por la ley, 2, 44 y 46 de la Ley 834; al artículo 14 de la Ley Orgánica del TSE, No. 29-11; a los artículos 26, 48, 84, 116 y 117 del Reglamento Electoral y al artículo 69 literal 7, 9 y 10 de la Constitución de la República. Bajo reservas de réplica cuando termine la barra de la contraparte”.

La parte demandante:

“Solicitamos en primer término que se acumule el referido medio de inadmisión para ser fallado conjuntamente con el fondo, pero por disposiciones distintas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 834, norma supletoria en la presente materia. En cuanto al fondo del referido medio de inadmisión, que sea rechazado por ser improcedente, mal fundado y sobre todo carente de toda base legal”.

Resulta: Que, haciendo uso de su derecho a réplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandada:

“Vamos a acreditar unas informaciones que están en el expediente: 1. Acto 553-2017, del 5 de mayo del 2017; 2. Acto 159-2017, del 2 de junio del 2017; 3. Una resolución de la Junta Central Electoral que es la resolución de fecha 12 de septiembre de 2017; el Acta Núm. 15-2017, de fecha 12 de septiembre de 2017, en su numeral 15. Ratificamos en todas sus partes las conclusiones presentadas sobre el medio de inadmisión”.

La Parte demandante:

“Ratificamos nuestras conclusiones”.

Resulta: Que, haciendo uso de su derecho a contrarréplica, los abogados de la parte demandada
concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandada:

“Queremos acreditar un documento para que el Tribunal lo tenga a bien observar al momento de fallar. En la convocatoria publicada por el PRSC del 5 de septiembre dice: “Relación de delgados con derecho a participar a la Asamblea Ordinaria convocada por el Partido Reformista Social Cristiano a celebrarse el domingo 17 de septiembre de 2017, a las 9:00 a.m. en el Coliseo Teo Cruz”. Dicha convocatoria fue publicada en la página No. 3B del periódico Listín Diario de fecha 5 de septiembre de 2017. Aquí están los nombres de Joaquín Ricardo, Miguel Bogaert y Ramón Pérez Fermín; los que dicen que no se les convocó. Que se observe ese documento, además de los demás, para que se compruebe que fueron debidamente convocados”.

Resulta: Que, ante las conclusiones anteriores, el Tribunal Superior Electoral dictó la siguiente sentencia in voce:

“Único: El Tribunal acumula el medio de inadmisión solicitado por la parte demandada para ser fallado conjuntamente con el fondo, pero por disposiciones distintas. Invita a las partes a concluir al fondo sin que esto implique renuncia a las conclusiones incidentales anteriores. Pero antes ordena un receso de 15 minutos, a los fines de que se proceda a cualquier situación humana”.

Resulta: Que una vez reanudada la audiencia, las partes en litis presentaron conclusiones de la manera siguiente:

La parte demandante:

“En este tenor, y en vista de los tres vicios graves de los cuales adolece la convocatoria, procede que este honorable Tribunal acoja las conclusiones de la demanda en nulidad de convocatoria de Asamblea introducida el 18 de octubre de 2017 por la parte demandante en la cual se solicita: Primero: que se acoja en cuanto a la forma la presente demanda. Segundo: que se declare la nulidad de la convocatoria del 3 de septiembre del 2017, publicada el 5 de septiembre del 2017, para la celebración de una nueva Asamblea General Ordinaria a ser realizada el domingo 17 de septiembre de 2017, realizada por Federico Antún y Ramón Genao, por las razones invocadas en la presente instancia. Tercero: en consecuencia, y como la nulidad de un acto conlleva la nulidad de todos los actos subsecuentes, declarar la nulidad de todas las acciones, decisiones y actos realizados como consecuencia de la convocatoria del 3 de septiembre del 2017, publicada el 5 de septiembre del 2017, para la celebración de una nueva Asamblea Ordinaria a ser realizada el domingo 17 de septiembre del 2017, realizada por Federico Antún y Ramón Genao. En cuanto a las costas, nosotros renunciamos a esas conclusiones. Bajo reservas”.

La parte demandada:

“Que conste en acta que la reunión del 3 de septiembre fue la que sirvió para que el presidente del partido suscriba la convocatoria para el 17 de septiembre. Pero aun cuando el estatuto establece, en su artículo 33, literal “b” y “o”, que el presidente convoca los órganos de dirección del partido, llámese Comisión Política, Comisión Ejecutiva y Asambleas, aun así y también para que no haya ninguna duda, el presidente se lo sometió a la Comisión Ejecutiva y le dio su total consentimiento en la reunión del 3 de septiembre. Acreditamos el artículo 21 literal “d” del Estatuto del Partido Reformista Social Cristiano. Pido que consten en acta los artículos 18, 19 y 20 del Estatuto Partidario, los cuales se refieren a la Asamblea Extraordinaria, que en su alcance puede hasta disolver el partido y exige una mayoría cualificada de las dos terceras partes de la matrícula. En ese sentido, y bajo las más amplias reservas, vamos a leer nuestras conclusiones: Primero: ratificamos de manera principal nuestro medio de inadmisión. Segundo: subsidiariamente y en el improbable y remoto caso de que no sea acogido nuestro medio de inadmisión, se rechace, en cuanto al fondo, la presente demanda en nulidad de convocatoria a Asamblea Nacional Ordinaria hecha el 3 de septiembre de 2017 y publicada el 5 de septiembre de 2017, interpuesta por los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo y Miguel Bogaert, por improcedente, mal fundada, carente de base legal, por no existir ninguno de los tres medios de la supuesta nulidad que plantean. Tercero: en cuanto a las costas, que sean compensadas por la naturaleza de la materia de que se trata”.

Resulta: Que haciendo uso de su derecho a réplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandante:

“Concluimos ratificando conclusiones y recordando al tribunal que todos los partidos políticos se han resistido a la constitucionalización de su proceder. Estamos pidiendo que se nos otorgue un plazo de 10 días para la ampliación de estas conclusiones y que sea común a ambas partes. Y haréis justicia”

La parte demandada:

“Breve y para que conste en acta: A la reunión que ellos se refieren de la Comisión Ejecutiva es la de fecha 11 de junio de 2017. La reunión que sirvió de base para la Asamblea es la del 3 de septiembre; no fue la de junio, porque efectivamente en la de junio había una recomendación del Directorio Presidencial; pero cuando ellos nos notifican, la de junio fue la que sirvió de base para convocar la Asamblea para enero. Pero la del 3 de septiembre fue la que sirvió de base para la convocatoria del 17 de septiembre; porque nos notificaron y nos dicen que no es para enero, sino para septiembre. Pero ya hemos dicho que el artículo 22 no aplica para este caso. En septiembre, no tan solo el presidente suscribió la convocatoria, sino que se la llevó a la Comisión Ejecutiva para que la refrende. La Asamblea Nacional Ordinaria se convocó precedida por la reunión de la Comisión Ejecutiva del 3 de septiembre, no la de junio. Ratificamos en todas sus partes las conclusiones vertidas respecto a nuestro medio principal de inadmisión de la demanda por prescripción del plazo para interponerla y segundo, en cuanto al fondo que se rechace por improcedente, mal fundada y carente de base legal y de todo fundamento. Si los abogados quisieran plazo, nosotros no vamos a hacer oposición. Cualquier plazo que se nos otorgue tendría que ser a vencimiento del plazo que se les otorgue a ellos en igualdad de tiempo”.

Resulta: Que, haciendo uso de su derecho a contrarréplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandante:

“La convocatoria que estamos cuestionando, depositada por nosotros, dice: “Vista la Resolución de la Comisión Ejecutiva reunida el 11 de junio de 2017 que escogió la modalidad de la Asamblea de delegados para la realización de la próxima Asamblea Nacional”. Para que se vea que, aunque sea en septiembre o en noviembre, se viene arrastrando”

La parte demandada:

“Pedimos una buena administración de la sana justicia electoral dominicana”.

Resulta: Que el Tribunal Superior Electoral, luego de las partes haber concluido como se ha hecho constar precedentemente, falló de la manera siguiente:

“Primero: El Tribunal ordena el cierre de los debates del presente caso. Segundo: Reitera la acumulación del medio de inadmisión planteado para ser fallado con el fondo por disposiciones distintas. Tercero: Ordena un plazo de 7 días, con vencimiento el lunes 11 de diciembre de 2017 a las 4:00 p.m. para que la parte demandante deposite en secretaría un escrito ampliatorio de los motivos de sus conclusiones. Al vencimiento, se concede un plazo de 7 días, con vencimiento el lunes 18 de diciembre a las 4:00 p.m. para que la parte demandada deposite en secretaría un escrito ampliatorio de los motivos de sus conclusiones. Cuarto: El tribunal se reserva el fallo sobre el presente caso para una próxima audiencia sine díe que será convocada oportunamente a las partes”.

Resulta: Que el Tribunal, luego de haber deliberado y en aplicación de las disposiciones del artículo 120 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, procederá a dictar la sentencia del presente caso, para lo cual expone los razonamientos siguientes:

El Tribunal Superior Electoral, después de haber examinado el expediente y deliberado:

I.- Breve resumen del caso

Considerando: Que el Tribunal Superior Electoral se encuentra apoderado de la demanda en nulidad contra la convocatoria publicada el día 5 de septiembre de 2017, para la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), interpuesta el día 18 de octubre de 2017 por los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, en la cual figuran como demandados el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao Durán.

Considerando: Que, a los fines de instruir debidamente el presente proceso, esta jurisdicción especializada celebró 3 audiencias, la última de ellas en fecha 4 de diciembre de 2017, en la cual las partes presentaron sus respectivas conclusiones, incidentales y sobre el fondo de sus pretensiones, tal y como se ha hecho constar previamente en esta sentencia.

Considerando: Que al analizar los argumentos de las partes en litis, así como los documentos aportados al presente expediente, este Tribunal resume el presente caso de la manera siguiente:

a) El día 5 de septiembre de 2017 fue publicada en la página 3B del periódico Listín Diario una convocatoria para la celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que tendría lugar el domingo 17 de septiembre de 2017 a las 9:00 a.m., en el Estadio de Boxeo Carlos –Teo- Cruz.

b) LaconvocatoriaencuestiónfuesuscritaporelIng.FedericoAntúnBatlleyelIng.Ramón Rogelio Genao, en calidad de Presidente y Secretario General, respectivamente, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

c) El domingo 17 de septiembre de 2017, conforme a la convocatoria previamente citada, se celebró la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en el Estadio de Boxeo Carlos –Teo- Cruz.

d) El día 18 de octubre de 2017, los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra depositaron en la Secretaría General de este Tribunal una demanda en nulidad contra la convocatoria previamente señalada.

II.- Respecto a la competencia del Tribunal

Considerando: Que según lo indicado en párrafos anteriores, el conflicto de que se trata se resume en la alegada violación de los estatutos del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), por parte de los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, presidente y secretario general, respectivamente, del citado partido político, toda vez que los mismos suscribieron una publicación en calidad de Presidente y Secretario General del partido, respectivamente, a pesar –según alegatos de los demandantes- de no tener calidad para suscribir dicha convocatoria o convocar a ese órgano partidario, sino que esa es una facultad que los estatutos le dan a la Comisión Ejecutiva.

Considerando: Que, sobre este punto, es útil remitirse a lo establecido en el artículo 214 de la Constitución vigente, en el cual se dispone lo siguiente:

“Artículo 214.- Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero”.

Considerando: Que, de igual forma, conviene referirnos a lo consignado en el artículo 13, numeral 2, párrafo único, de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, según el cual:

“Artículo 13.- Instancia única. El Tribunal Superior Electoral tiene las siguientes atribuciones en instancia única: […] 2) Conocer de los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos o entre éstos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos o los estatutos partidarios. […] Párrafo. – Para los fines del numeral 2 del presente artículo, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos”.

Considerando: Que, además, resulta útil consignar lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por este Tribunal, a cuyo tenor:

“Artículo 116. Impugnación a las convenciones y asambleas de los partidos políticos y organizaciones políticas. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para conocer de las impugnaciones que introduzcan los miembros de los partidos, organizaciones o agrupaciones políticas por las violaciones a la Constitución de la República, las leyes, la Ley Electoral, los reglamentos de la Junta Central Electoral, los estatutos y reglamentos partidarios, que se cometan con motivo de la celebración de las convenciones, asambleas, primarias o cualquier otra denominación estatutaria”.

Considerando: Que en virtud de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias previamente transcritas, este Tribunal tiene competencia para estatuir siempre que el asunto planteado constituya un conflicto a lo interno de un partido político o un diferendo entre dos o más partidos políticos, que exista una violación a las disposiciones

“de la Constitución, la ley, los reglamentos o los estatutos partidarios”

o que se trate de una sanción disciplinaria impuesta por una organización partidaria, siempre que involucre

“discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos”.

Considerando: Que tal y como se indicó precedentemente, en la especie se invoca la nulidad de una convocatoria para la celebración de una asamblea, siendo el quid del asunto, según se desprende de los argumentos expuestos por los demandantes, que la convocatoria en cuestión se produjo en franca violación a ciertas disposiciones estatutarias.

Considerando: Que respecto a la competencia de esta jurisdicción para conocer casos como el de la especie, ha sido criterio de este Tribunal Superior Electoral que “existe una competencia constitucional que habilita a este Tribunal para conocer de los reclamos que se presenten contra las actuaciones partidarias que menoscaben los derechos políticos de los militantes de un partido, movimiento o agrupación política”. (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-024-2012, del 15 de junio de 2012, página 23)

Asimismo, esta jurisdicción especializada ha juzgado que la misma es competente para decidir y resolver respecto de

“aquellas situaciones internas de los partidos, movimientos y organizaciones políticas, que sean capaces de crear inestabilidad y alteración del orden interno y el funcionamiento propio de los órganos de participación democrática en los mismos, así como también menoscabar las facultades y atribuciones que la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos partidarios disponen a favor de sus miembros y militantes y que pudieran, en un momento determinado, generar casos y restarle eficacia a los derechos y garantías que dichas normativas disponen a favor de sus miembros (…)”. (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-017-2013, del 25 de junio de 2013, página 40)

Considerando: Que, por los motivos previamente expuestos, y en aplicación de las disposiciones constitucionales y legales, así como de los criterios jurisprudenciales referidos, procede que el Tribunal se declare competente para resolver acerca de la demanda de que se trata.

III.- Respecto a la admisibilidad de la demanda

Considerando: Que en la audiencia celebrada el día 4 de diciembre de 2017 la parte demandada, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao Durán, a través de sus abogados, planteó la inadmisibilidad de la demanda por extemporánea, amparado en las disposiciones del artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. De su lado, la parte demandante, los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, a través de sus abogados apoderados, solicitaron el rechazo del indicado fin de inadmisión.

A) Alegatos de la parte demandada

Considerando: Que, en apoyo al medio de inadmisión referido, en el escrito ampliatorio de conclusiones depositado el día 15 de diciembre de 2017, la parte demandada sostiene los argumentos siguientes:

“que son los mismos demandantes quienes señalan que su demanda o impugnación tiene por objeto la nulidad de la convocatoria del 3 de septiembre de 2017, publicada el 5 de septiembre de 2017. Pero dicha demanda fue notificada por acto de alguacil en fecha 23 de octubre de 2017 y depositada en la secretaría general del Tribunal Superior Electoral el 18 de octubre de 2017; que la demanda en nulidad se interpuso 43 días después de haberse hecho la publicación en un diario de circulación nacional, de la convocatoria a la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Por tanto, se interpuso la demanda o impugnación con más de 15 días de vencido el plazo prefijado y por tanto esta acción está prescrita de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 82, 84 y 117 del Reglamento Contencioso Electoral”.

Considerando: Que la parte demandada agrega sobre este aspecto que:

“si los abogados de la parte demandante pretendieran hoy variar el objeto de su demanda, queriendo extenderlo no solamente a la convocatoria sino también contra la misma Asamblea celebrada el 17 de setiembre de 2017, debemos ratificar que estuvieron informados de dicha Asamblea con 12 días de anticipación y la instancia en impugnación fue depositada vencido el plazo de 30 días establecido por el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral; que la instancia de demanda fue depositada el 18 de octubre de 2017, es decir, 31 días después de haberse celebrado la asamblea general ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Nuevamente, el plazo para interponer la impugnación contra la convocatoria y contra la asamblea está total y absolutamente prescrito”.

Considerando: Que, finalmente, la parte demandada sostiene sobre este aspecto que: “la norma procesal es clara, los demandantes han violado el plazo fijado como prescripción extintiva para interponer su acción y por tanto su demanda está afectada del vicio de la extinción. Este medio de inadmisión está fundamentado no solamente en las disposiciones del Reglamento Contencioso Electoral, sino también en el artículo 14 de la Ley 29-11 y en el artículo 69 de la Constitución de la República. Por tanto, el Tribunal Superior Electoral tiene de oficio la obligación de pronunciar el medio de inadmisión por tener el mismo un carácter de orden público. No puede hablarse de extensión del plazo por no existir ningún aspecto que justifique la falta de acción de los demandantes, salvo el interés de crear un estado permanente de inseguridad jurídica dentro de una organización de derecho público como son los partidos políticos”.

B) Alegatos de la parte demandante

Considerando: Que respecto al medio de inadmisión indicado, en el escrito ampliatorio de conclusiones depositado el día 11 de diciembre de 2017, la parte demandante propone lo siguiente:

“que en la audiencia del 4 de diciembre de 2017, la parte demandada concluyó incidentalmente solicitando que declarara la prescripción de la acción, en aplicación del artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil; que la parte demandada por su pedimento formulado incidentalmente, parece no advertir que el objeto de la demanda que nos ocupa, que no es otro que una demanda en nulidad de convocatoria de asamblea, por lo que se trata de una acción que no está regulada por el plazo establecido en el artículo 117, antes citado, toda vez que la aplicación de dicho texto está limitada a las juntas celebradas por los partidos políticos sean estas denominadas convenciones, asambleas, primarias, o con la designación estatutaria de que se trate; que este mismo criterio lo estableció el Tribunal en la sentencia TSE-004-2017, al interpretar el artículo 117, a propósito de una demanda en nulidad de la reunión celebrada por la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)”.

Considerando: Que los demandantes agregan, respecto al medio de inadmisión indicado:

“que si este Tribunal no aplicó de manera extensiva el artículo 117 para el caso de una reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), mucho menos puede aplicarlo para el caso de una convocatoria, pues ésta jamás podría equipararse a una convención, asamblea, primaria o reuniones afines, toda vez que estas –las convocatorias- son precisamente el acto previo, que precede a dichas reuniones; en efecto la convocatoria por definición: “es la acción de citar, llamar a varias personas para que concurran a lugar o acto determinado”.

Considerando: Que los demandantes sostienen, igualmente, que:

“no podrían los demandados pretender que este Tribunal haga una aplicación extensiva del artículo 117, que está destinado a regular las asambleas y otras reuniones, aplicándolo en materia de convocatoria que es un acto de naturaleza totalmente distinto. Además, de que el artículo 117 constituye una norma de procedimiento que no puede ser interpretada extensivamente, ni analógicamente, en detrimento de afectar un derecho sustancial como el de la acción en justicia, por el contrario las normas procesales deben ser interpretadas, en la medida de lo posible, para mantener los derechos sustanciales; que en el caso de la especie lo que la parte demandada pretende es que este Tribunal haga una interpretación extensiva y aplique en materia de convocatorias, un texto que está previsto para las asambleas con lo cual se estaría desnaturalizando el texto; pero, además, sería interpretar las fórmulas procesales en sentido contrario a sus fines y propósitos, que no es otro que no afectar con esa interpretación extensiva derechos sustanciales, como el de la acción”.

C) Respuesta al medio de inadmisión

Considerando: Que del análisis del medio de inadmisión planteado por la parte demandada en el presente caso, y a los fines de dar respuesta al mismo, este Tribunal debe analizar los siguientes tres aspectos: (i) si las convocatorias para las asambleas, primarias o convenciones de los partidos políticos están sujetas, en cuanto a su impugnación, a las disposiciones de los artículos 116 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales; (ii) si el plazo para su impugnación es franco o calendario; (iii) el punto de partida del plazo para impugnar; y, (iv) si la presente demanda ha sido interpuesta en tiempo hábil.

Considerando: Que en relación al primer punto, es preciso indicar que de conformidad con la normativa aplicable, las reglas particulares para la impugnación de las convenciones, asambleas o primarias de los partidos políticos están previstas en los artículos 116 al 120, ambos inclusive, del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. En ese tenor, el artículo 116 consigna que el Tribunal Superior Electoral es competente para conocer de las impugnaciones que se interpongan

“[…] con motivo de la celebración de las convenciones, asambleas, primarias o cualquier otra denominación estatutaria”.

Considerando: Que en ese mismo sentido, el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos
Contenciosos Electorales dispone expresamente lo siguiente:

“Artículo 117. Escrito de la impugnación. Plazo. La impugnación se introducirá mediante escrito motivado, según lo establecido en el artículo 26 de este reglamento, y depositado en la Secretaría del Tribunal Superior Electoral en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la celebración de las convenciones, asambleas, primarias, o cualquier otra denominación estatutaria, así como de los documentos y pruebas en que sustente sus pretensiones”.

Considerando: Que conforme a las disposiciones del artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral, previamente transcrito, las impugnaciones depositadas en el Tribunal Superior Electoral deben ser interpuestas mediante escrito motivado

“en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la celebración de las convenciones, asambleas, primarias, o cualquier otra denominación estatutaria”,

según los requisitos comunes a todos los apoderamientos de los órganos contenciosos electorales, los cuales están establecidos en el artículo 26 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil.

Considerando: Que al analizar las conclusiones vertidas por las partes en el presente caso, se pudo comprobar que la presente demanda procura la nulidad de la convocatoria para la Asamblea Nacional Ordinaria celebrada por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el domingo 17 de septiembre de 2017 en el Estadio de Boxeo Carlos –Teo- Cruz, es decir, se persigue la nulidad de un acto generado “con motivo de la celebración” de una asamblea partidaria, en los términos del artículo 116 del reglamento en cuestión.

Considerando: Que en atención a lo anterior, resulta pertinente que este Tribunal tome en cuenta para resolver el medio de inadmisión propuesto las disposiciones contenidas en el artículo 82 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, a cuyo tenor:

“Artículo 82. Propuesta de los medios de inadmisión. La prescripción extintiva, la falta de calidad e interés para actuar en justicia, la cosa juzgada y el incumplimiento de una formalidad previamente establecida por la ley o este reglamento para que la acción pueda ser interpuesta y cualquier otro medio de inadmisión, deben ser propuestos de forma simultánea y antes de presentar conclusiones al fondo. Párrafo. El órgano contencioso electoral podrá acumular los medios de inadmisión para ser decididos conjuntamente con el fondo del proceso y por disposiciones distintas en una misma sentencia”.

Considerando: Que partiendo de lo establecido en el artículo 82 del citado reglamento, el ya referido artículo 117 establece una de las reglas básicas de la admisibilidad de la demanda en nulidad de las convenciones, asambleas, primarias o cualquier otra denominación estatutaria, siendo ésta que la acción de presentar una demanda en procura del reconocimiento o protección de un derecho, el mantenimiento de un estado de hecho o la configuración de una situación jurídica antes inexistente debe efectuarse en tiempo hábil, es decir, en la forma y el tiempo que establezca la norma aplicable.

Considerando: Que en palabras de este Tribunal Superior Electoral “el proceso es una sucesión de actos que deben ser realizados dentro o después de transcurridos ciertos plazos. El plazo, el cual constituye el tiempo dado por la ley a una persona para realizar un acto o para adoptar una decisión”. (Tribunal Superior Electoral dominicano, Sentencia TSE-641-2016, del 15 de agosto de 2016, página 15)

Considerando: Que de lo anterior es dable establecer, que el incumplimiento de las disposiciones del artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, tiende a hacer inadmisible la demanda sin examen al fondo por prescripción. Ello autoriza a concluir que, no impugnar dentro de los treinta días después de cualquier convención, asamblea, primaria, o cualquier otra denominación estatutaria, implica el consentimiento del acto por parte de la persona o agrupación omisa, de suerte tal, que ésta no puede pretender atacar el acto celebrado, después de vencido el plazo para ejercer la acción ante el tribunal correspondiente.

Considerando: Que, en ese orden de ideas, resulta ostensible que la intención tras la consagración de un plazo para la promoción de las impugnaciones referidas –por cuyo vencimiento, como se ha dicho, queda cerrada la posibilidad de procurar la anulación de las convenciones o asambleas partidarias— fue, y sigue siendo, dotar de cierta estabilidad a los actos partidarios y promover la seguridad jurídica tanto dentro como fuera de las organizaciones políticas. Es que el caso contrario, esto es, la ausencia de plazos para impugnar actuaciones partidarias, no hace otra cosa más que colocar en un permanente estado de inseguridad a los justiciables, pues en tales circunstancias se torna ilusorio, casi utópico, pretender que un acto partidario determinado (por ejemplo, una resolución adoptada en ocasión de una convención o, justamente, una convocatoria para una asamblea) pueda surtir efectos jurídicos y ser plenamente eficaz. Tal como se sostiene en doctrina, a lo cual se adhiere este Tribunal, la facultad de interponer quejas contra actos que se estiman ilegítimos opera en un contexto

“en el que tienen vigencia también otras figuras jurídicas y una serie de principios, valores y derechos fundamentales” (Castillo-Córdova, L. (2010): “El plazo legal para interponer la demanda de amparo como concreción de la exigencia de un plazo razonable”, p. 106. Gaceta constitucional: jurisprudencia de observancia obligatoria para abogados y jueces (33), pp. 105-115)

que deben ser respetados, a fin de promover

“la confianza de los actores jurídicos en las relaciones jurídicas que lleven a cabo conforme el derecho vigente”. (Ídem)

Considerando: Que en tal sentido, es relevante desarrollar la interpretación del artículo 117 del referido reglamento, a los fines de establecer cuál es el plazo para impugnar las convocatorias de las convenciones, asambleas, primarias, o cualquier otra denominación estatutaria.

Considerando: Que siguiendo con la reflexión anterior, tiene lugar la interrogante de si la convocatoria –en este caso a una asamblea nacional ordinaria para la elección de cargos directivos de un partido político– como acto jurídico-partidario, tiene la suficiente autonomía para ser tratada de manera independiente a cualquier procedimiento contencioso electoral nominado y reglado por el Reglamento Contencioso Electoral, o si por el contrario, constituye un acto accesorio, de trámite o preparativo de lo que convoca –a la asamblea– y en consecuencia sigue la misma regulación que la anterior. Es evidente el carácter instrumental de la convocatoria respecto de la asamblea debido a que es un acto que integra el procedimiento, por lo que no se puede separar la convocatoria a una asamblea del régimen procesal aplicable a la impugnación de la asamblea misma.

Considerando: Que si impugnar una convocatoria para una asamblea, con posterioridad a la celebración de la misma no es más que la impugnación al acto definitivo como si se trata de una irregularidad del mismo acto definitivo, deberíamos de concluir en que su plazo debe ser el mismo aplicable a la actuación partidaria principal. Es decir que, la demanda en nulidad de convocatoria a asamblea –aunque solo se impugne irregularidades en la convocatoria– no deja de ser una impugnación a la asamblea misma, sin que lo anterior impida que la asamblea sea impugnada posteriormente por otros motivos.

Considerando: Que si ante la impugnación de los actos principales o definitivos siempre es posible analizar la validez de estos actos accesorios, de trámite o preparatorios, resulta lógico que no pueden prescribir por separado. Lo contrario supondría analizar el plazo de prescripción de cada acto accesorio, de trámite o preparatorio para determinar aquellos que se han convertido en actos firmes e inimpugnables y aquellos que se pueden revisar.

Considerando: Que las convocatorias de los actos partidarios cuya ejecución se produce “con motivo de” la celebración de las convenciones, primarias y asambleas partidarias, están reguladas en cuanto a su impugnación por los artículos 116 al 120, ambos inclusive, del Reglamento Contencioso Electoral, procede a continuación que este Tribunal reflexione sobre la naturaleza del plazo previsto en el artículo 117, antes referido. En vista de que la disposición comentada no hace mención alguna sobre este aspecto, es menester interpretar su texto a fin de determinar si, de un lado, se trata de un plazo ordinario o “calendario”, en el que los días se computan tal como van pasando –sin excepción en cuanto a días hábiles, día de la notificación o día del vencimiento—, o si, en cambio, se trata de un plazo “franco”, por cuyo efecto no se computa el día en que se produce la “notificación” del evento ni el día en que, en teoría, vence el plazo.

Considerando: Que el derecho común establece reglas claras respecto a cuándo puede o debe considerarse que un plazo resulta “franco”. En efecto, el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil dominicano, norma aplicable de manera supletoria en la materia electoral, establece de manera precisa cuándo se habla de un plazo “franco”:

“El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio”.

Es decir, específicamente los plazos cuyo cómputo inicia como consecuencia de (a) un emplazamiento, (b) una citación, o (c) una intimación, notificados a persona o domicilio, resultan francos. Similares consideraciones expuso la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, publicada en el Boletín Judicial número 1233, al estimar correcto el análisis realizado por el Tribunal a-quo sobre el mismo artículo 1033:

“que el texto citado anteriormente recoge el principio general de que todo plazo procesal, que es aquel que tiene como finalidad permitir el ejercicio de una actuación una vez iniciada la acción en justicia y que tiene como punto de partida una notificación a persona o a domicilio, es un plazo franco (…)”. (Suprema Corte de Justicia, sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, B.J. 1233, pp. 10-11)

Considerando: Que el plazo para ejercer la impugnación prevista en los artículos 116 y 117 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil no comienza a correr a partir de una “notificación” a persona o domicilio, de acuerdo con los términos del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia de la Corte de Casación dominicana, sino que lo que opera como punto de partida es la ocurrencia de un hecho –la celebración de la asamblea—, de modo que es dable colegir que se está en presencia de un plazo compuesto por días calendarios. Dicho de otra manera, dada la particular configuración del supuesto que da inicio al cómputo, que, nuevamente, no constituye una notificación a persona o domicilio, se concluye que el plazo previsto en el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral es un plazo “calendario”.

Considerando: Que de la lectura conjunta de los artículos 116 y 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, se puede colegir que el plazo de 30 días para impugnar la convocatoria en cuestión es de 30 días calendario y no 30 días francos, por tratarse de un plazo que no inicia con una notificación a persona o a domicilio.

Considerando: Que la Suprema Corte de Justicia en su rol de Corte de Casación ha decidido que:

“un plazo es llamado franco cuando él no comprende ninguno de los días términos, ni el dies a quo, ni el dies ad quem. La distinción de los plazos francos y de aquellos que no lo son, tiene su base en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, a cuyos términos el día de la notificación y el día del vencimiento no son contados en el plazo general fijado para los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio; que esta disposición se interpreta en el sentido de que el último día del plazo no es contado y que, en consecuencia, el plazo es franco todas las veces que una notificación a persona o domicilio es el punto de partida de un plazo en el cual un acto debe ser cumplido, ya que el dies a quo, o día de la notificación, no se cuenta jamás”. (Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, sentencia del 10 de enero de 2001, B.J. Núm. 1082, páginas 9-45)

Considerando: Que este Tribunal ha podido comprobar que en la publicación realizada por la parte demandada en el periódico Listín Diario el 13 de septiembre de 2017, los demandantes Joaquín Ricardo, Ramón Pérez Fermín y Miguel Alberto Bogaert Marra, figuraban como delegados con calidad para participar en la asamblea convocada. Asimismo, en la convocatoria atacada, publicada el 5 de septiembre de 2017, se señala que el padrón de delegados habilitados para concurrir a la asamblea estaba colgado en la página web del partido, incluyendo el enlace mediante el cual se accede a la página web en cuestión, padrón en el cual figuran los demandantes como delegados con calidad para participar en la asamblea convocada. Por tanto, contrario a lo expuesto por los demandantes, el plazo de los 30 días calendarios establecidos en el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales le es oponible, ya que los mismos fueron incluidos en la convocatoria atacada.

Considerando: Que, en la especie, visto el carácter instrumental de la convocatoria frente a la asamblea, el punto de partida para el cómputo del plazo en cuestión debe ser la fecha de la celebración de la Asamblea convocada, esto es, el 17 de septiembre de 2017. Ello, así pues, según se deduce de la instancia introductoria de la demanda en cuestión, fue incoada mediante escrito depositado en la Secretaría General del Tribunal en fecha 18 de octubre de 2017, según lo ya expuesto, y en consonancia con los planteamientos atribuidos a la parte demandada, la presente acción fue interpuesta 31 días después de la celebración de la Asamblea General Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), tomando en consideración que evidentemente no nos referimos a un plazo franco, visto que la doctrina indica que

“no son francos los plazos que no tienen como punto de partida una notificación a persona o a domicilio”. (Tavares Hijo, Froilán. Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano, Volumen I. Santo Domingo, 2010, 7ma. Edición. Editora Centenario, S.A., página 238)

Y en este caso el punto de partida es la fecha de celebración de la asamblea, es decir, un acontecimiento y no una notificación a persona o a domicilio, es evidente que dicha actuación no fue realizada dentro del plazo de los 30 días calendarios establecido en el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, motivo por el cual procede que el Tribunal declare la inadmisibilidad de la demanda.

Considerando: Que el Tribunal Constitucional dominicano ha decidido, criterio que asume como propio esta jurisdicción, que:

“[…] las normas relativas a vencimiento de plazos son normas de orden público, por lo cual su cumplimiento es preceptivo y previo al análisis de cualquier otra causa de inadmisibilidad”. (Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0543/15, del 2 de diciembre de 2015, página 19; sentencia TC/0536/17, del 24 de octubre de 2017, página 15; sentencia TC/0548/17, del 25 de octubre de 2017, página 14)

Considerando: Que en virtud de los motivos previamente expuestos, se ha comprobado que: a) las convocatorias para las asambleas, convenciones y primarias de los partidos políticos están sujetas al régimen de impugnación previsto en los artículos 116 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales; b) que el plazo para impugnar las convocatorias es de 30 días establecido en el artículo 117 del reglamento en cuestión; c) que dicho plazo es calendario y no franco; d) que el punto de partida de dicho plazo es la fecha de celebración de la asamblea convocada; y, e) que la asamblea cuya convocatoria se ha demandado la nulidad fue celebrada el  día 17 de septiembre del año 2017 y que la presente demanda fue interpuesta el día 18 de octubre del año 2018, es decir, fuera del plazo previsto para ello, por lo cual deviene en inadmisible por extemporánea.

Considerando: Que habiendo el Tribunal acogido las conclusiones incidentales planteadas por la parte demandada y declarada la inadmisibilidad de la demanda por extemporánea, resulta innecesario que el mismo se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Considerando: Que la materia electoral está exenta de la condenación en costas procesales, por lo cual procede su compensación.

Considerando: Que procede ordenar la ejecución provisional de la presente sentencia, no obstante, cualquier recurso que contra la misma se interponga.

Por todos los motivos expuestos, el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las disposiciones contenidas el artículo 214 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015; artículos 3, 13, numeral 2, párrafo, 14 y 20 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero de 2011; artículo 44 de la Ley 834, de fecha 15 de julio de 1978; artículos 17.2, 26, 48 al 50, 82, 103, 114, 116, 117, 121 y 138 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por este Tribunal Superior Electoral en fecha 17 de febrero de 2016:

FALLA:

Primero: Acoge las conclusiones incidentales propuestas por la parte demandada en la audiencia del día 4 de diciembre del 2017 y, en consecuencia, declara inadmisible por extemporánea, la demanda en Nulidad de la Convocatoria de Asamblea del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), interpuesta el 18 de octubre de 2017 por los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, contra el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, por haber sido incoada en violación del plazo de 30 días previsto en el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, conforme a los motivos expuestos en esta sentencia. Segundo: Ordena la ejecución provisional de la presente sentencia, no obstante, cualquier recurso que se interponga contra la misma, en virtud de las disposiciones del artículo 3 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral. Tercero: Compensa las costas del procedimiento, por tratarse de un asunto electoral. Cuarto: Dispone la notificación de la presente sentencia a las partes en litis y a la Junta Central Electoral (JCE), así como la publicación en el Boletín Contencioso Electoral, para los fines de lugar.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), año 174 de la Independencia y 155 de la Restauración.

Firmada por los magistrados Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente; Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, jueces titulares, asistidos por Sonne Beltré Ramírez, Secretario General.

Quien suscribe, Sonne Beltré Ramírez, secretario general del Tribunal Superior Electoral (TSE), certifico y doy fe, que la presente copia es fiel y conforme al original de la Sentencia TSE-001- 2018, de fecha 17 de enero del año dos mil dieciocho (2018), que reposa en los archivos puestos a mi cargo, la cual consta de 26 páginas, escritas a ambos lados, debidamente firmadas por los magistrados que figuran en la misma, en el mes y año en ella expresado, leída y publicada por mí, que certifico.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), año 174 de la Independencia y 155 de la Restauración.

Sonne Beltré Ramírez
Secretario General

Sentencia TSE-Núm. 003-2018

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República Dominicana
Tribunal Superior Electoral

Sentencia TSE-Núm. 003-2018

En nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral (TSE), integrado por los magistrados Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente; Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, jueces titulares, asistidos por el Secretario General, a los seis (6) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018), año 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, con el voto mayoritario de los magistrados y en audiencia pública, ha dictado la siguiente sentencia:

Con motivo de la Demanda en Nulidad incoada el día 11 de diciembre de 2017, por Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral Núms. 001-1375170-5, 001-0094407-3 y 001- 0087239-9, respectivamente, domiciliados y residentes en el Distrito Nacional; quienes tienen como abogados constituidos y apoderados a los Licdos. Santiago Rodríguez Tejada, Eric Raful Pérez y la Dra. Lilian Fernández León, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral Núms. 031-0107292-8, 001-0974508-3 y 001-14032097, respectivamente, con estudio profesional abierto en la calle Sócrates Nolasco, Núm. 2, esquina Gustavo Mejía Ricart, 3er. Nivel, Edifico León & Raful, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Contra: La Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), celebrada el domingo 17 de septiembre de 2017, en el Coliseo de Boxeo Carlos –Teo– Cruz, en la cual figuran como demandados: a) el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), organización política con personalidad jurídica de conformidad con la Ley Electoral, con su establecimiento principal ubicado en la avenida Tiradentes esquina avenida Héctor Homero Hernandez Vargas, (antigua calle San Cristóbal), ensanche La Fe, Distrito Nacional; b) el señor Federico Antún Batlle, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001- 0096615-9, domiciliado y residente en la avenida Lope de Vega, Núm. 46, La Arboleda, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional; y, c) el señor Ramón Rogelio Genao Durán, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 050-0016694-1, domiciliado y residente en la calle Principal, casa N, Manabao, municipio Jarabacoa, provincia La Vega; los cuales tienen como abogados constituidos y apoderados a los Licdos. Alfredo González Pérez, Francisco Rosario Martínez, Eddy Alcántara Martínez, Manuel Olivero Rodríguez y Luis René Mancebo, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electorales Núms. 078- 0002439-5, 103-0000296-0, 001-0089146-4, 001-1342020-3 y 001-1342020-2, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Abraham Lincoln esquina Paseo de los Locutores, Plaza Francesa, Suite 221, Piantini, Distrito Nacional.

Interviniente voluntario: Carlos Modesto Guzmán Valerio, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0057451-6, domiciliado y residente en la calle Luis Alberti, Torre Monserrat, Apto. Núm. 5, Ensanche Naco, Distrito Nacional; quien tiene como abogados apoderados a los Licdos. Natanael Santana Ramírez y Nataly Santana Sánchez, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral Núms. 001-1091832-3 y 402- 0042752-0 respectivamente, estudio profesional abierto en la avenida Núñez de Cáceres, Núm. 81, Edificio Génesis, Apto. Núm. 2-F, sector Mirador Norte, Distrito Nacional.

Vista: La instancia introductoria de la demanda en nulidad, con todos los documentos que conforman el expediente.

Vista: La Constitución de la República Dominicana proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

Vista: La Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero de 2011.

Vista: La Ley Electoral, Núm. 275/97, de fecha 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.

Vista: La Convención Americana de los Derechos Humanos.

Visto: El Código Civil de la República Dominicana.

Visto: El Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana.

Vista: La Ley Núm. 834 de fecha 15 de julio de 1978.

Vista: La Ley Núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, de fecha 28 de julio de 2004.

Visto: El Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por este Tribunal en fecha 17 de febrero de 2016.

Visto: El Estatuto vigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Resulta: Que el 11 de diciembre 2017, este Tribunal fue apoderado de una Demanda en Nulidad incoada por los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, contra el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, cuyas conclusiones son las siguientes:

“PRIMERO: Que se acoja en cuanto a la forma la presente demanda. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de Asamblea General Ordinaria a ser realizada el domingo 17 de septiembre del 2017, convocada por Federico Antún y Ramón Genao, por las razones invocadas en la presente instancia. TERCERO: DECLARAR, la nulidad de todas las acciones, decisiones y actos realizados por como consecuencia de la Asamblea General Ordinaria a ser realizada el domingo 17 de septiembre dl 2017, convocada por Federico Antún y Ramón Genao”.

Resulta: Que el 12 de diciembre de 2017, el magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente de este Tribunal Superior Electoral, dictó el Auto Núm. 033/2017, mediante el cual fijó la audiencia para el 21 de diciembre de 2017 y autorizó a la parte demandante a emplazar a la parte demandada para que compareciera a la misma.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 21 de diciembre de 2017 compareció la Dra. Lilia Fernández León, por sí y por los Licdos. Eric Raful Pérez y Santiago Rodríguez Tejada, en representación de Ramon Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, parte demandante; y el Licdo. Alfredo González, por sí y por los Licdos. Eddy Alcántara Castillo, Frank Martínez y Manuel Olivero, en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, parte demandada; dictando el Tribunal la siguiente sentencia:

“Primero: El Tribunal aplaza el conocimiento de la presente audiencia a los fines de que se produzca una comunicación recíproca de documentos entre las partes. Segundo: Acumula o difiere el pedido de comunicación forzosa para una próxima audiencia que será fijada más adelante. Tercero: Esa comunicación recíproca de documentos inicia a partir de hoy con vencimiento el martes 2 de enero de 2018. A partir de ahí, las partes tienen un plazo común para comunicación de los documentos depositados, con vencimiento el viernes 12 de enero de 2018. Cuarto: Fija el conocimiento dela próxima audiencia para el lunes 15 de enero de 2018, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). Quinto: Vale citación para las partes presentes y representadas”.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 15 de enero de 2018 compareció la Dra. Lilia Fernández León, por sí y por los Licdos. Eric Raful Pérez y Santiago Rodríguez Tejada, en representación de Ramon Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, parte demandante; y los Licdos. Eddy Alcántara, Frank Martínez, Alfredo González Pérez y Manuel Olivero, en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, parte demandada; dictando el Tribunal la siguiente sentencia:

“Primero: Acoge la solicitud de producción forzosa de documentos, realizada por la parte demandante en la audiencia del 21 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, el Tribunal solicita a la Junta Central Electoral (JCE), vía secretaría, la remisión a este Tribunal de los documentos certificados siguientes: 1) Copias certificadas de las Actas de todas las Asambleas Nacionales (Ordinarias y Extraordinarias) celebradas por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), desde enero de 2014 hasta la fecha; 2) Copias certificadas de las Actas de todas las reuniones de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), desde enero del 2014 hasta la fecha; 3) Copias certificadas de las Actas de todas las reuniones de la Comisión Política del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), desde enero del 2014 hasta la fecha. Segundo: De oficio, en virtud de las disposiciones del artículo 9 de la Ley 29-11, y el artículo 1, numeral 15 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, el Tribunal solicita a la Junta Central Electoral (JCE), vía secretaría, la remisión a este Tribunal de los documentos certificados siguientes: 1) El listado de todas las autoridades legislativas (Senadores y Diputados) del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), electos en los comicios del domingo 15 de mayo de 2016; 2) El listado de todas las autoridades municipales (Alcaldes, Vicealcaldes, Regidores, Directores Municipales, Subdirectores Municipales y Vocales) del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), electos en los comicios del domingo 15 de mayo de 2016; 3) El listado de las autoridades locales del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), electas en el proceso del 2014, es decir, los Presidentes, Secretarios Generales y Secretarios de Organización de los Directorios de Distritos Municipales, Municipales, de Circunscripciones Electorales, de Filiales, del Distrito Nacional y de los Frentes Sectoriales; 4) Copia certificada del Acta de Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), celebrada el 17 de septiembre de 2017 en el Coliseo Carlos –Teo- Cruz, así como el listado de los delegados concurrentes a dicha reunión. Tercero: Una vez dichos documentos sean remitidos al Tribunal, la secretaría los notificará a las partes en litis por las vías correspondientes. Cuarto: De oficio ordena, asimismo, una comunicación recíproca de documentos entre las partes, concediendo un plazo común hasta el lunes 22 de enero de 2018 a las 4:00 de la tarde para depositar documentos vía Secretaría. Al vencimiento, concede un plazo común con vencimiento el lunes 29 de enero de 2018 a las 4:00 de la tarde, para que las partes tomen conocimiento de los documentos que hubieren sido depositados. Quinto: Aplaza, en consecuencia, el conocimiento de la presente audiencia, a los fines de que se cumpla con la medida de instrucción ordenada y de que las partes en causa estudien los documentos señalado y puedan hacerlos contradictorios. Sexto: Fija la próxima audiencia para el miércoles 7 de febrero de 2018, a las 10:00 am, para continuar con el conocimiento del presente caso. Séptimo: Vale citación para las partes presentes y debidamente representadas”.

Resulta: Que el 18 de enero 2018, fue depositada una Demanda en Intervención Voluntaria, incoada por los Licdos. Natanael Santana Ramírez y Nataly Santana Sánchez, en representación de Carlos Modesto Guzmán Valerio, cuyas conclusiones son las siguientes:

“PRIMERO: ACOGER en cuanto a la forma la presente Acción de Intervención Voluntaria del señor MODESTO GUZMAN VALERIO por haberse realizado de conformidad con la ley, el Reglamento Contencioso Electoral y Rectificación de Actas del Estado Civil. SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fondo la presente Intervención Voluntaria, y en consecuencia DECLARAR la nulidad de la Asamblea General Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), celebrada en fecha 17 de septiembre del año 2017, en el Coliseo Carlos J. Teo Cruz. TERCERO: ORDENAR a los demandantes al pago de las costas del procedimiento, y ordenar su distracción en beneficio y provecho de los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.”

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 7 de febrero de 2018 comparecieron los Dres. Lilia Fernández León y Eric Raful Pérez, en representación de Ramon Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, parte demandante; los Licdos. Eddy Alcántara, Frank Martínez, Alfredo González Pérez y Manuel Olivero, en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, parte demandada; y los Licdos. Natanael Santana y Nathaly Santana Sánchez, en representación de Carlos Modesto Guzmán Valerio, interviniente voluntario; dictando el Tribunal la siguiente sentencia; dictando el Tribunal la siguiente sentencia:

“Primero: El Tribunal rechaza la solicitud de la parte demandante y del interviniente voluntario de comunicación recíproca de documentos. Segundo: Con relación a la solicitud de aplazamiento a los fines de estudiar los documentos depositados por la Junta Central Electoral (JCE) y en virtud de que la intención del Tribunal en la comunicación de documentos, de oficio, es que las partes tengan conocimiento, otorga un plazo a las partes para que tomen conocimiento de los mismos hasta el próximo martes 13 de febrero de 2018, a las 4:00 p.m. Tercero: Fija el conocimiento de la próxima audiencia para el jueves 15 de febrero 2018, a las 10:00 a.m. Cuarto: Vale citación para las partes presentes y representadas”.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 15 de febrero de 2018 comparecieron los Dres. Lilia Fernández León y Eric Raful Pérez, conjuntamente con Santiago Rodríguez Tejada, en representación de Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, parte demandante; los Licdos. Eddy Alcántara, Frank Martínez, Alfredo González Pérez y Manuel Olivero, en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, parte demandada; y los Licdos. Natanael Santana y Nathaly Santana Sánchez, en representación de Carlos Modesto Guzmán Valerio, interviniente voluntario; procediendo las partes a concluir de la manera siguiente:

La parte demandada:

“El objeto de esta medida previa a nuestra exposición era verificar y constatar que de conformidad con la prueba documental aportada ante este Tribunal cada una de las personas accionantes se encontraba en el listado del padrón depositado. Hemos concluido esta fase de verificación probatoria. A esos fines, entonces procedemos a exponer nuestros medios de inadmisión. Desarrollaremos cuatro medios de inadmisión: 1. Prescripción del plazo prefijado. 2. Falta de interés para actuar en justicia. 3. Cosa juzgada. 4. Falta de objeto respecto del interviniente voluntario. Queremos acreditar las pruebas que hemos debatido en el curso del proceso, a saber: 1. Acto introductivo de la demanda principal en cuanto a la fecha en que fue interpuesto. 2. Las sentencias a las que hemos hecho referencia: a. 001-2018, que fija y ratifica el tema del plazo. b. 029-2017, respecto de otros medios de inadmisión. c. 512-2016, también de este Tribunal Superior Electoral. 3. El acta de la Comisión Ejecutiva, celebrada el domingo 3 de septiembre de 2017, en el cual se aprobó la convocatoria, su objeto y lo demás. 4. El auto que fijó la audiencia, admitió la acción, es decir, al auto de este Tribunal 033-2017, que establece como fecha del depósito de la acción el 11 de diciembre. 5. La lista de delegados convocados publicada en la página 8B y 9B del Listín Diario del 13 de septiembre de 2017. 6. El acto de notificación de la demanda en intervención voluntaria No. 30-2018, de fecha 19 de enero de 2018 y la instancia de intervención de fecha 18 de enero de 2018, de Carlos Modesto Guzmán. 7. La publicación del periódico El Caribe de fecha 23 de agosto de 2017 que reseña las declaraciones de los demandantes respecto a las convocatorias. 8. Sentencia 016-2017, de fecha 25 de mayo de 2017. 9. Sentencia 011-2017, de fecha 4 de abril de 2017. Eso es, honorables magistrados, para que el tribunal tenga a bien de manera especial observar esos documentos que prueban fuera de toda duda razonable el porqué de los medios de inadmisión, sin renunciar obviamente a los demás documentos. Procedemos a concluir: Respecto de los medios de inadmisión, de manera principal declarar la inadmisibilidad de la demanda en nulidad de Asamblea Nacional Ordinaria celebrada en fecha 17 de septiembre de 2017, interpuesta por los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo y Miguel Bogaert Marra por una cualquiera de las razones siguientes: 1. Por haber expirado el plazo para haber interpuesto la demanda, en violación al artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral. 2. Por falta de interés serio y legítimo; violación a las disposiciones de los artículo 82 y 84 del Reglamento que establece los medios de inadmisión. 3. Así como la cosa juzgada: por haber sido dictado respecto de la asamblea y la calidad de los demandantes que fueron convocados; todo de conformidad con las disposiciones de los artículos 82, 84 116 y 117 del Reglamento Contencioso Electoral; 14 de la Ley 29-11 y 69 numerales 4, 5, 7 y 10 de la Constitución de la República y artículo 44 y siguientes de la Ley 834. Respecto de la intervención voluntaria que se declare la inadmisibilidad de la intervención voluntaria por violación a los artículos 67, 69 y siguientes del Reglamento Contencioso Electoral; violación de las disposiciones de los artículos 339, 340 y 341 del Código de Procedimiento Civil (norma de carácter supletorio para esta materia), así como de la violación al artículo 14 de la Ley 29-11 y violación del artículo 69 numerales 4, 5, 7 y 10 de la Constitución de la República. Bajo reservas de réplicas y reservas respecto al fondo de la presente demanda. Y haréis justicia”.

Resulta: Que luego de los abogados de la parte demandada haber concluido como se ha indicado previamente, el Tribunal dictó la siguiente sentencia in voce:

“Único: El Tribunal en virtud de experiencias anteriores y para no afectar razones humanas de almuerzo ordena un receso hasta las 2:00 p.m. a los fines de que las partes puedan realizar diligencias humanas, como es el almuerzo”.

Resulta: Que una vez reanudada la audiencia, los abogados de las partes presentaron las siguientes conclusiones:

La parte demandante:

“publicación. Es un principio general. Por demás en lo relativo al derecho al recurso o a la acción esa publicidad constituye un elemento fundamental porque es lo que habilita la posibilidad de tu accionar en justicia. Quisiéramos leer ese artículo del Reglamento, artículo 117: “La impugnación se introducirá mediante escrito motivado, según lo establecido en el artículo 26 de este reglamento, y depositado en la Secretaría del Tribunal Superior Electoral en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la celebración de las convenciones, asambleas, primarias, o cualquier otra denominación estatutaria, así como de los documentos y pruebas en que sustente sus pretensiones”. Nosotros le preguntamos a toda persona que ha razonado cómo debe ser lo que es la vida democrática al interior de una institución política, ¿puede un ciudadano de Sánchez Ramírez, que es parte de los 1900 y pico de delegados que van a un estadio, saber el día que se realiza la asamblea que acredita al representante de Miches? ¿Qué elementos estarán establecidos en la asamblea al momento de su depósito en la Junta Central Electoral? Más aun, la Ley Electoral, en su artículo 44, relativo a las formalidades complementarias que se requieren para los actos de los partidos políticos, tanto en su inscripción como en sus posteriores asambleas establece lo siguiente: “a dicho expediente serán incorporadas las resoluciones de carácter general que dicten las asambleas, las cuales para su obligatoriedad deberán ser autenticadas por la Junta Central Electoral”. ¿De qué manera en un régimen que tutele el debido proceso, el derecho a la acción y al recurso, el principio de razonabilidad, va a poder atacar una asamblea sin conocer cómo la misma quedó configurada, sin tenerla en sus manos? Es un tema de suma relevancia porque en su labor jurisdiccional es deber de las Altas Cortes ir organizando el régimen en armonía con los mandatos y principios de naturaleza constitucional. Y yo le digo a ustedes, ¿cómo sometemos a los partidos políticos a un régimen de legalidad y de control si no es evitando el clandestinaje en el manejo de sus resoluciones o de sus asambleas? ¿Cómo es posible que podamos atacar o evaluar en qué medida nuestros derechos o los derechos fundamentales de los accionantes estarían vulnerados? Y todos estos derechos fundamentales (derecho al recurso, derecho a la acción, principio de razonabilidad) estarían vulnerados si por una actitud negadora de derechos una dirección partidaria secuestra algo que es de todos, que es el resultado de una asamblea; lo guarda dos o tres meses. Recordemos que la asamblea del 2016 la depositaron un año después, en medio de un proceso acá, como si hubiese derecho a manejar un partido de forma clandestina para después poner en la asamblea lo que le venga en ganas. Más allá de este razonamiento y queriendo los impetrantes cumplir con el espíritu inconstitucional de ese texto que dice que es 30 días a partir de la celebración de la asamblea, no de su depósito en la Junta, mediante Acto 1412/2017 le rogamos por acto de alguacil que nos dieran la asamblea, que nos la entregaran, dentro de esos 30 días; que no teníamos que hacerlo porque estamos convencidos de que constitucionalmente a nosotros ni a nadie puede hacérsele oponible ni aunque haya sido convocado, algo que se desconoce. Pero no, vamos a mantenerla en el clandestinaje para después aparecer gente firmando que estaba fuera del país o que estaba preso, para después aparecer un secretario de actas que no sabe leer y escribir con 3 cruces Para después aparecer rayas con la misma letra dos nombres distintos, para que cuando nos avoquemos al fondo veamos que hay 2 partidos por encima del real; que en comunidades donde hay registradas 14 personas aparecen 41, de las cuales 30 y pico nadie sabe de dónde vinieron. ¿Cómo se puede saber qué pasó con el régimen de autenticación que prevé la ley electoral que es que esa asamblea esté depositada en la Junta Central Electoral o por lo menos que cuando se lo pedimos por acto de alguacil dentro de 30 días nos haya sido notificada? ¿Por qué querían al esperar 2 meses (y un año en la del 2016 que fue anulada) para depositar una asamblea? ¿Eso es una forma moderna, democrática, respetuosa de derecho de manejar una institución? Esto es un tema de mucha relevancia, porque estamos hablando de si el país va a permitir si los partidos políticos sigan siendo manejados como cotos privados y chivos sin ley. Nosotros vamos a establecer por la vía del control difuso la inconstitucionalidad por las vulneraciones que hasta el momento hemos señalado de ese artículo del reglamento porque resulta irrazonable, abusivo, negador de los derechos al debido proceso, al principio de razonabilidad, al derecho a la acción en justicia, al derecho al accionante o como se le denomina en la jerga del derecho internacional de los derechos humanos “el derecho al recurso” que ha sido establecido por la Corte Interamericana como un derecho fundamental, así como el principio de favorabilidad para evitar que los partidos políticos se sigan manejando como cotos privados no sujetos al control estatal. Partidos políticos que en la Constitución del 2010 y sentencia del Tribunal Constitucional han establecido su carácter público y que tienen que someterse al rigor que ellos requieran. La doctrina ha establecido desde Alemania que todo acto que quiera producir efectos jurídicos tiene que estar sujeto a un régimen de publicidad. Estos impetrantes quisieron, expresaron su voluntad de respetar ese artículo inconstitucional del reglamento y dentro de los 30 días le piden que entregasen el acta. Cualquier acción que se inicie sin tu tener de la entidad correspondiente, como la Junta Central Electoral o la secretaría del partido debidamente certificado si te lo notifican a ti, es algo incierto y está destinada a fracasar porque no vas a saber (por eso afecta el derecho al recurso, el derecho a la acción), porque no vas a saber qué precisamente vas a atacar. No es simplemente un acta, es la asamblea, debidamente visada por la Junta Central Electoral. Deberá ser labor de este Tribunal declarar ese reglamento contrario a la Constitución, su inaplicabilidad porque vulnera los preceptos constitucionales que hemos establecido o que es una facultad soberana de las Altas Cortes con su jurisprudencia establecer un criterio garantista y ajustado a la Constitución para la interpretación de ese artículo que puede perfectamente hacerse sin necesidad de modificar. En cuanto a los fines de inadmisión planteados por los abogados de la parte demandada, a saber: prescripción, falta de interés y cosa juzgada, que los mismos sean rechazados por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal y además, Erick en su intervención con el fin de inadmisión relativo con la prescripción, hizo unas valoraciones de derechos fundamentales que también aplicarían porque violarían el ordenamiento constitucional vigente. Que en virtud de lo que establece el artículo 188 de nuestra Constitución este Tribunal declare inconstitucional y en consecuencia no aplicable para el presente caso el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil de fecha 17 de febrero de 2016, por ser el mismo contrario a: 1) el artículo 216 de nuestra Constitución, que establece el principio de transparencia dentro de los partidos políticos; 2) el principio de razonabilidad establecido en el numeral 2, artículo 74 de nuestra Constitución y en el 40 numeral 15 de la misma; 3) por violación al debido proceso en razón de que el mismo vulnera el principio de publicidad que es una fórmula esencial en los actos de trascendencia pública porque además vulneraría el derecho al recurso y/o acción; principios que están implicados y contenidos en el principio de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 69 de la Constitución; el principio de favorabilidad que se aplica a los reclamantes, en materia de derechos fundamentales. De manera subsidiaria, y haciendo uso de lo que es un derecho que se le ha reconocido a las Altas Cortes vamos a pedir que en el hipotético caso de que sea rechazada la excepción de inconstitucionalidad y que haciendo una interpretación conforme con la Constitución y en aplicación de los principios antes citados, proceda a declarar que el plazo de los 30 días establecido en el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil que establece el plazo para demandar la nulidad de la asamblea debe ser interpretado en el sentido de que el mismo debe correr a partir de que las asambleas son registradas o depositadas en la Junta Central Electoral o a partir de que se haya agotado algún mecanismo de publicidad que permita a los miembros tener conocimiento pleno del contenido de las actas en las que constan dichas asambleas. Bajo reservas”.

El interviniente voluntario:

“Hacemos nuestras prácticamente casi en la totalidad las fundamentaciones realizadas por nuestros colegas. Por ello lo de la prescripción, voy a obviar su motivación; hacemos nuestras las motivaciones de los colegas. Lo hacemos también con la falta de interés. Lo de cosa juzgada, parece hasta cantinflesco. Por esto esos incidentes deben ser rechazados. Con relación a la inadmisibilidad de la intervención voluntaria solicitada, debe ser rechazada por improcedente, mal fundado y carente de base legal. En tal virtud y en atención al precedente constitucional establecido en la sentencia 32 del Tribunal Constitucional de fecha 15 de agosto de 2012 y en atención al artículo 188 de nuestra Carta Magna, el cual establece como uno de los mecanismos de control de la constitucionalidad el sistema difuso de control, dándole la potestad a cualquier órgano jurisdiccional que en ocasión del conocimiento de un caso apoderado pueda pronunciar la inconstitucionalidad de una norma que se le haya sido pedido a instancia de parte y que sus efectos no serán vinculantes erga omnes sino para el caso particular de que se trate; en atención a dicha sentencia tenemos a bien solicitar a este honorable tribunal que tenga a bien hacer uso del control difuso de constitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad y no aplicable al presente caso los artículos 82, 83, 117 y 167 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil, votado por el Tribunal Superior Electoral el 16 de marzo del año 2016. Bajo reservas”.

Resulta: Que haciendo uso de su derecho a réplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandante:

“Al momento de producir nuestras conclusiones se nos quedó una solicitud al Tribunal que es meramente formal. Solicitamos con relación a los medios de inadmisión que en virtud del artículo 4 de la Ley 834, sean acumulados para ser conocidos y fallados conjuntamente con el fondo pero por disposiciones distintas. Bajo reservas”.

La parte demandada:

“En apoyo a la teoría nuestra está, por favor secretaria libre acta, las siguientes sentencias: 1. TC/0080/12, del 15 de diciembre de 2012, 2. TC/0061/13 del 17 de abril de 2013, 3. TC/0071/13 del 7 de mayo de 2013, 4. TC/0032/13 del 2 de agosto de 2013, 5. TC/0553/15 del 3 de diciembre de 2015; todas esas sentencias del Tribunal Constitucional ratifican el respeto de los plazos y la inadmisibilidad de las acciones interpuestas fuera de plazo. Pero no es nada más el Tribunal Constitucional. También el Tribunal Superior Administrativo en su sentencia 364-13, de fecha 10 de octubre de 2013 dice lo siguiente: “Este tribunal después de examinar el pedimento de la Procuraduría General Administrativa en el sentido de que la acción que se conoce fue incoada fuera de plazo, de conformidad con los documentos depositados, con la que el Tribunal demostró que el accionante tuvo conocimiento de la acción en su contra y no actúo en el tiempo oportuno establecido en la legislación para que incoase la presente acción, vulneró así lo establecido en el artículo 70 numeral 2 de la Ley 137-11; por lo que la presente acción deviene en inadmisible por vencido el referido plazo”. Chequeemos también lo que dice la Suprema Corte de Justicia respecto del criterio fundamental de que toda acción que ha de ser incoada en justicia debe ser hecha en el plazo oportuno, ha señalado cito “conforme al principio de legalidad de las formas, el tiempo y el lugar de los actos procesales deben de ser lo establecido por la ley y por ende debe ser rigurosamente observado por el tribunal; que al no ser ejecutado oportunamente carecen dichos actos de eficacia jurídica”. Sentencia No. 16 del 24 de agosto de 1990 de la Suprema Corte de Justicia. Si cuando estén ponderando el expediente leen estas sentencias del Tribunal Constitucional 0057/2013, 0199/2014, 0217/2014, 0216/2015 y 0393/2017, se van a dar cuenta del porqué el Tribunal Constitucional es tan celoso con los plazos establecidos por el propio Tribunal Constitucional y por los demás tribunales que componen el organigrama democrático y político de la República Dominicana. Queremos pedir para que se ordene la lectura respecto a la excepción de inconstitucionalidad; que se dé lectura y así nosotros poder actualizar las anotaciones que hemos hecho”.

Resulta: Que ante la solicitud de los abogados de la parte demandada, el Tribunal dispuso que la secretaria de audiencias leyera las conclusiones relativas a las excepciones de inconstitucionalidad que habían propuesto la parte demandante y el interviniente voluntario, procediendo la secretaria de la manera siguiente:

“Secretaria: La excepción de inconstitucionalidad planteada por la parte demandante dice como sigue: “Que en virtud de lo que establece el artículo 188 de nuestra Constitución este Tribunal declare inconstitucional y en consecuencia no aplicable para el presente caso el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil de fecha 17 de febrero de 2016, por ser el mismo contrario a: 1) el artículo 216 de nuestra Constitución, que establece el principio de transparencia dentro de los partidos políticos; 2) el principio de razonabilidad establecido en el numeral 2, artículo 74 de nuestra Constitución y en el 40 numeral 15 de la misma; 3) por violación al debido proceso en razón de que el mismo vulnera el principio de publicidad que es una fórmula esencial en los actos de trascendencia pública porque además vulneraría el derecho al recurso y/o acción; principios que están implicados y contenidos en el principio de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 69 de la Constitución; el principio de favorabilidad que se aplica a los reclamantes, en materia de derechos fundamentales. De manera subsidiaria, y haciendo uso de lo que es un derecho que se le ha reconocido a las Altas Cortes vamos a pedir que en el hipotético caso de que sea rechazada la excepción de inconstitucionalidad y que haciendo una interpretación conforme con la Constitución y en aplicación de los principios antes citados, proceda a declarar que el plazo de los 30 días establecido en el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil que establece el plazo para demandar la nulidad de la asamblea debe ser interpretado en el sentido de que el mismo debe correr a partir de que las asambleas son registradas o depositadas en la Junta Central Electoral o a partir de que se haya agotado algún mecanismo de publicidad que permita a los miembros tener conocimiento pleno del contenido de las actas en las que constan dichas asambleas. Bajo reservas”. La excepción de inconstitucionalidad planteada por el interviniente voluntario dice como sigue: “En tal virtud y en atención al precedente constitucional establecido en la sentencia 32 del Tribunal Constitucional de fecha 15 de agosto de 2012 y en atención al artículo 188 de nuestra Carta Magna, el cual establece como uno de los mecanismos de control de la constitucionalidad el sistema difuso de control, dándole la potestad a cualquier órgano jurisdiccional que en ocasión del conocimiento de un caso apoderado pueda pronunciar la inconstitucionalidad de una norma que se le haya sido pedido a instancia de parte y que sus efectos no serán vinculantes erga omnes sino para el caso particular de que se trate; en atención a dicha sentencia tenemos a bien solicitar a este honorable tribunal que tenga a bien hacer uso del control difuso de constitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad y no aplicable al presente caso los artículos 82, 83, 117 y 167 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil, votado por el Tribunal Superior Electoral el 16 de marzo del año 2016”.

Resulta: Que en la continuación de la audiencia la parte demandada presentó las conclusiones siguientes:

La parte demandada:

“Primero: rechazar por improcedente, mal fundado y carente de toda base legal la excepción de inconstitucionalidad por vía de control difuso planteada por la parte demandante respecto de los artículos 82, 84, 117 y siguientes del Reglamento Contencioso Electoral. Segundo: ratificar, en todas sus partes los medios de inadmisión expuestos pos la parte demandada. Tercero: que se rechace la solicitud de acumulación de los medios de inadmisión y de excepción de inconstitucionalidad planteados por la parte demandante y solicitamos que este Tribunal se avoque a conocer de los medios de inadmisión por estar suficiente y debidamente sustanciados y que el conocimiento de los mismos sea previo conocimiento del fondo, sin necesidad del conocimiento, salvo el mejor parecer del Tribunal. Cuarto: respecto a las conclusiones excepcionales del interviniente voluntario que sean declaradas irrecibibles sobre la inconstitucionalidad por la vía difusa de todo el reglamento, toda vez que sus conclusiones deben circunscribirse a lo expresado en su escrito de intervención depositado en fecha 18 de enero; todo de conformidad con las disposiciones de los artículos 64, 65, 66, 67 y de manera especial 68 y 69 del Reglamento Contencioso Electoral. Bajo reservas”.

Resulta: Que haciendo uso de su derecho a contrarréplica, los abogados de las partes demandada concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandante:

“Ratificamos nuestras conclusiones. Bajo las más amplias reservas de derecho. Y haréis justicia”.

El interviniente voluntario:

“Ratificamos nuestras conclusiones”.

La parte demandada:

“Ratificamos todos los medios de inadmisión y también el rechazo de la inconstitucionalidad”.

Resulta: Que el Tribunal Superior Electoral, luego de las partes haber concluido como se ha hecho constar precedentemente, falló de la manera siguiente:

“Primero: El Tribunal Superior Electoral acumula los medios de inadmisión propuestos por la parte demandada así como las excepciones de inconstitucionalidad planteadas por la parte demandante y el interviniente voluntario para ser decididos conjuntamente con el fondo pero por disposiciones distintas. Segundo: Invita a las partes a producir conclusiones sobre el fondo luego de un receso que haremos por razones humanitarias para mañana, viernes 16 de febrero de 2018, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). Tercero: Vale citación para las partes presentes”.

Resulta: Que en la continuación de la audiencia el día 16 de febrero de 2018, las partes en litis presentaron las conclusiones siguientes:

La parte demandante:

“Por tal virtud, solicitamos que se acojan todas y cada una de las conclusiones de la instancia introductiva de la presente acción, depositada en fecha 11 de diciembre de 2017. Bajo reservas”.

El interviniente voluntario:

“Ratificamos las conclusiones, las cuales nos vamos a permitir leer: Primero: acoger en cuanto a la forma la presente acción de intervención voluntaria del señor Modesto Guzmán Valerio por haberse realizado de conformidad con la ley, el reglamento Contencioso Electoral y Rectificación de Actas del Estado Civil. Segundo: acoger en cuanto al fondo la presente intervención voluntaria y en consecuencia declarar la nulidad de la Asamblea General Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), celebrada en fecha 17 de septiembre del año 2017, en el Coliseo Carlos J. Teo Cruz. Tercero: condenar a los demandados al pago de las costas procedimiento y ordenar su distracción en beneficio y provecho de los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Y haréis justicia”.

La parte demandada:

“Aprovechamos para que la secretaria acredite de manera privilegiada estas convocatorias del PRSC publicadas en el periódico Listín Diario de fecha 4 de diciembre de 2014 y el 28 de noviembre de 2014, donde el PRSC llama a la celebración de certámenes municipales”.

Resulta: Que el Tribunal dictó la siguiente sentencia in voce:

“Único: Con la venia de la barra de la parte demandada, haremos un receso de cinco minutos para diligencias humanas”.

Resulta: Que en la continuación de la audiencia la parte demandada presentó conclusiones de la manera siguiente:

La parte demandada:

“El Tribunal le solicitó a la Junta que envíe todas las actas de las asambleas que ha hecho el Partido Reformista a partir del 2014. 22 de febrero, dos asambleas: una extraordinaria y otra ordinaria. La extraordinaria para ampliar los órganos partidarios y justamente tengo que acta del 22 de febrero de 2015 y solicito que sea acreditada de manera privilegiada, donde en su página tres contiene revelaciones del fundamento jurídico del proceso de mutación que se da y de la formalidad para la escogencia de las autoridades municipales dirigenciales y de la Comisión Ejecutiva y Comisión Política. Solicito a la secretaria que acredite el estatuto vigente del Partido del 2013, con la modificación del 2015, de febrero. Acreditamos las tres actas de las tres asambleas celebradas por el Partido Reformista Social Cristiano en Santiago; documentos contenidos en los numerales 1.4, 1.5 y 1.6 del documento de notificación de los documentos de la Junta Central Electoral (JCE), suscrito por Sonne Beltré Ramírez, secretario general del Tribunal Superior Electoral. Tenemos a bien concluir de la manera siguiente: Comprobar que los señores Joaquín Ricardo, Miguel Bogaert, Ramón Pérez Fermín y Modesto Guzmán figuran como convocados a la Asamblea Nacional Ordinaria con derecho a participar mediante publicación realizada por el PRSC en el periódico Listín Diario de fecha 13 de septiembre de 2017. Comprobar además que los señores Joaquín Ricardo, Miguel Bogaert, Ramón Pérez Fermín y Modesto Guzmán figuran en el listado de asistencia a la Asamblea Nacional Ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2017; por lo que al momento de haber sido formalmente convocados y listados en la nómina de presencia con derecho a participar en la asamblea, el PRSC le garantizó su derecho de participación de elegir y ser elegible conforme a las disposiciones consagradas en el artículo 22 de la Constitución de la República Dominicana. Que el hecho de que ninguno de ellos haya participado en dicha asamblea es un derecho soberano de los mismos de no participación, soberanamente ejercido por ellos y que esto no puede ser asumido en contra del PRSC. Comprobar además que en el caso que nos ocupa no existe ningún demandante adicional en cualquiera de las modalidades, ya sea como demandante principal o interviniente que no hayan sido las cuatro personas mencionadas; por lo que conforme a nuestra norma legal vigente, en el derecho dominicano está prohibido actuar por procuración, o sea, que nadie puede alegar derecho en favor de alguien que esa persona que no haya autorizado a que lo aleguen mediante las vías de derecho que no es más que la interposición de una demanda. Comprobar que los señores Miguel Bogaert, Joaquín Ricardo, Ramón Pérez Fermín y Modesto Guzmán, no tan solo no participaron en la Asamblea del 17 de septiembre que se pretende anular, sino que además no mostraron interés en aspirar a ningún cargo de los que se eligieron ese día y que por el contrario, ese mismo día 17 de septiembre, a las 10 de la mañana presentaron aspiraciones el señor Joaquín Ricardo a Secretario General, el señor Ramón Pérez Fermín a secretario de Asuntos Electorales, el señor Miguel Bogaert a secretario de Organización y Modesto Guzmán a vicepresidente en una asamblea que resultaron electos a dichos cargos; asamblea cuya acta figura en el expediente que nos ocupa y que el Tribunal anuló mediante sentencia 029 del 2017, del 27 de septiembre de 2017. En consecuencia, comprobar además que en el caso que nos ocupa no existe ningún agravio en contra de los demandantes e interviniente; que es de principio en el derecho dominicano que no hay nulidad sin agravio. Siendo así, concluimos formalmente en el sentido de que el Tribunal rechace la presente demanda por improcedente, mal fundada y porque la misma acusa una ausencia absoluta de base legal a la luz de las disposiciones consagradas en el estatuto partidario, el reglamento de este Tribunal Superior Electoral, Código Civil y de Procedimiento Civil, la ley electoral, la Constitución de la República. En cuanto al plazo que se nos otorgue un plazo de quince días a vencimiento del plazo de ellos. Y haréis justicia”.

Resulta: Que haciendo uso de su derecho a réplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandante:

“En tal virtud, ratificamos nuestras conclusiones y solicitamos un plazo de quince días para producir un escrito ampliatorio de las motivaciones de nuestras conclusiones. Bajo reservas”.

El interviniente voluntario:

“Ratificamos con el pedimento del plazo de los quince días para escrito justificativo de nuestras conclusiones”.

La parte demandada:

“Que conste en acta, que todo documento que pueda ser depositado a partir de los plazos otorgados por el Tribunal conforme al 52 o 60, no recuerdo de la ley 834, que sean descartados del debate. Renunciamos al pedimento anterior y pedimos cinco días a partir del vencimiento del plazo de ellos. Ratificamos nuestras conclusiones: primero, nuestros medios de inadmisión planteados en el día de ayer así como nuestras conclusiones al fondo de que se rechace por improcedente, mal fundada y carente de toda base legal. Además, que se descarte del debate cualquier documento que sea depositado fuera de los plazos otorgado por el tribunal a esos fines. En cuanto al plazo, solicitamos cinco días a partir del plazo que pueda otorgarle a la contraparte”.

Resulta: Que haciendo uso de su derecho a contrarréplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandante:

“Habíamos pedido quince días y queremos solicitar muy respetuosamente que a vencimiento del plazo que se le da a la contraparte, nos den cinco días y cinco días, o sea quince, quince, cinco y cinco”.

La parte demandada:

“Nos oponemos, pero el Tribunal que lo maneje como entiende”.

Resulta: Que el Tribunal Superior Electoral, luego de las partes haber concluido como se ha hecho constar precedentemente, falló de la manera siguiente:

“Primero: El Tribunal Superior Electoral declare el cierre de los debates sobre el presente caso. Segundo: Reitera acumular los medios de inadmisión planteados por la parte demandada, así como las excepciones de inconstitucionalidad planteadas por la parte demandante y el interviniente voluntario, para ser decididos previo al fondo pero por disposiciones distintas. Tercero: Otorga un plazo a partir del lunes 19 de febrero de 2018 a las 8:00 a.m. a la parte demandante y al interviniente voluntario a los fines de ampliar la justificación de sus conclusiones con fecha de vencimiento el viernes 2 de marzo de 2018 a las 4:00 p.m. Se otorga un plazo a la parte demandada, a los mismos fines de justificar sus conclusiones que inicia el lunes 5 de marzo de 2018 a las 8:00 a.m. y vence el viernes 9 de marzo de 2018 a las 4:00 p.m. Cuarto: Se reserva el fallo del presente expediente para una próxima audiencia la cual será comunicada oportunamente a las partes el Litis.”

Resulta: Que el Tribunal, luego de haber deliberado y en aplicación de las disposiciones del artículo 120 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, procederá a dictar la sentencia del presente caso, para lo cual expone los razonamientos siguientes:

El Tribunal Superior Electoral, después de haber examinado el expediente y deliberado:

I.- Breve resumen del caso

Considerando: Que el Tribunal Superior Electoral se encuentra apoderado de la demanda en nulidad interpuesta en fecha 11 de diciembre de 2017, por los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, contra la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), celebrada el día 17 de septiembre de 2017, en el Coliseo de Boxeo Carlos –Teo– Cruz, en la cual figuran como demandados el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao Durán. Asimismo, ha intervenido voluntariamente en el presente proceso el señor Carlos Modesto Guzmán Valerio.

Considerando: Que, a los fines de instruir debidamente el presente proceso, esta jurisdicción especializada celebró cuatro audiencias, la última en fechas 15 y 16 de febrero de 2018, en las cuales las partes en causa presentaron sus respectivas conclusiones, incidentales y sobre el fondo de sus pretensiones, tal y como se ha hecho constar previamente en esta sentencia.

Considerando: Que al analizar los argumentos de las partes en litis, así como los documentos aportados al presente expediente, este Tribunal resume el presente caso de la manera siguiente:

a) En fecha 5 de septiembre de 2017 fue publicada en la página 3B del periódico Listín Diario una convocatoria para la celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que tendría lugar el domingo 17 de septiembre de 2017 a las 9:00 a.m., en el Estadio de Boxeo Carlos –Teo– Cruz.

b) El domingo 17 de septiembre de 2017, conforme a la convocatoria previamente citada, se celebró la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en el Estadio de Boxeo Carlos –Teo– Cruz.

c) El día 10 de noviembre de 2017 el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) depositó en la Junta Central Electoral el acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea.

d) El día 11 de diciembre de 2017, los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra depositaron en la Secretaría General de este Tribunal una demanda en nulidad contra la asamblea previamente señalada, alegando la violación a disposiciones constitucionales, legales y estatutarias del partido en cuestión.

e) En fecha 18 de enero de 2018, el señor Carlos Modesto Guzmán Valerio depositó una instancia en intervención voluntaria en el presente proceso, en la cual concluye solicitando la nulidad de la asamblea, apoyando así la demanda principal.

II.- Respecto a la competencia

Considerando: Que todo Tribunal apoderado de un asunto está en la obligación de determinar, previo a cualquier otra cuestión, su propia competencia. En ese sentido, conforme a las disposiciones de los artículos 214 de la Constitución de la República y 13, numeral 2, de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, esta jurisdicción tiene competencia para conocer y decidir acerca de los conflictos suscitados a lo interno de los partidos políticos o entre éstos y sus miembros, así como respecto a los conflictos entre partidos políticos.

Considerando: Que, adicionalmente, el artículo 116 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales señala que este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de las impugnaciones que sometan los miembros de los partidos políticos por violación a la Constitución, las leyes, la Ley Electoral, los reglamentos de la Junta Central Electoral, los estatutos y los reglamentos partidarios, cometidas con motivo de la celebración de las convenciones, asambleas, primarias o cualquier otra denominación partidaria.

Considerando: Que, en ese tenor, el conflicto de que se trata se resume en la alegada violación de los estatutos del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), toda vez que, en síntesis y a juicio de los demandantes del presente caso, los demandados cometieron una serie de hechos violatorios de las disposiciones estatutarias vigentes y los principios que gobiernan las actuaciones de las organizaciones políticas, de acuerdo al régimen jurídico dominicano. Conforme a lo anterior, el Tribunal resulta competente para conocer y decidir el presente caso, al tenor de la jurisprudencia sobre el particular (República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-029-2017, del 28 de diciembre de 2017, pp. 15- 18. Ver también: sentencia TSE-001-2018, del 17 de enero de 2018, pp. 11-14; sentencia TSE-002-2018, del 22 de marzo de 2018, pp. 14-15). Por tanto, procede declarar la competencia de esta jurisdicción para resolver el conflicto de que se trata.

III.- Respecto a las excepciones de inconstitucionalidad

Considerando: Que en la audiencia del día 15 de febrero de 2018 la parte demandada planteó la inadmisibilidad de la presente demanda, invocando por un lado la extemporaneidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y, de otra parte, alegando la falta de interés y la cosa juzgada. Con relación a la intervención voluntaria, el demandado planteó la falta de objeto de su intervención y pidió su inadmisión.

Considerando: Que, de su lado, la parte demandante solicitó el rechazo de los medios de inadmisión previamente señalados y planteó, a su vez, una excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. El interviniente voluntario solicitó el rechazo de los medios de inadmisión referidos y propuso, además, una excepción de inconstitucionalidad contra los artículos 82, 83, 117 y 167 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales.

Considerando: Que el control de constitucionalidad por la vía difusa procura la inaplicación de una norma a la solución de un caso concreto, por estimar que dicha norma contraviene el contenido de la Constitución (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0174/14, de fecha 11 de agosto de 2014, p. 18, párr. 11.2.9 y 11.2.10). A tal efecto, resultan aplicables los artículos 188 (“Artículo 188.- Control difuso. Los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento”) de la Constitución de la República y 51 (“Artículo 51.- Control Difuso. Todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto del caso”) de la Ley Núm. 137-11.

Considerando: Que el examen de las excepciones de inconstitucionalidad se impone previo a cualquier otro asunto, dado que la disposición impugnada constituye un presupuesto básico para el juzgamiento de la admisibilidad de casos como el de la especie.

A) Sobre la excepción de inconstitucionalidad promovida por la parte interviniente

Considerando: Que en esencia, el interviniente alega que la limitación de un derecho fundamental y, más aún, de uno previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos solo puede hacerse mediante una ley “en sentido formal”.

Considerando: Que para sustentar este punto, el interviniente alega, con base en la doctrina local, que el bloque de constitucionalidad siempre debe ser tomado como

“parámetro para llevar a cabo el juicio de constitucionalidad de las normas y actos de modo que estos pueden ser inconstitucionales si contravienen una norma que, a pesar de no estar escrita en la Constitución, forma parte del bloque de constitucionalidad”.

La composición de este bloque de normas, señala el interviniente, se resume en lo indicado por la Suprema Corte de Justicia mediante su resolución 1920-2003, del 13 de noviembre de 2003:

“(…) la República Dominicana tiene [un] sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía, que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local, tanto la dictada mediante el control difuso como por el concentrado, y b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; fuentes normativas que, en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y material de toda legislación adjetiva o secundaria”.

Considerando: Que el interviniente refiere, además, que la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 9 de mayo de 1986, numerada OC-6/86 y orientada a especificar el concepto “leyes” utilizado en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, –que prevé las limitaciones a los derechos en ella previstos–, resulta ser un parámetro de “validez” material de las normas que sean adoptadas a nivel interno. En dicha opinión, según recoge el interviniente, la Corte Interamericana estableció que

“la expresión leyes utilizada por el artículo 30 no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado”.

Considerando: Que en suma, lo que alega el interviniente es que la inconstitucionalidad del artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral se deduce de su contravención frontal con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia en su resolución antes citada, de su evidente confrontación con los criterios externados por la Corte Interamericana en cuanto a la limitación estrictamente legal de los derechos, por transgredir los precedentes vinculantes emanados del Tribunal Constitucional de la República, y, por sobre todas las cosas, de su enfrentamiento con los derechos fundamentales del acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva consagrados en el artículo 69 de nuestra Carta Magna. Estos derechos, se apresura a señalar, “no puede[n] ser restringido[s] mediante un reglamento”, sino que tal proceder solo es posible mediante una ley emitida por los estamentos legislativos.

Considerando: Que el interviniente voluntario sostiene, además, que:

“Si bien es indiscutible que el establecimiento de plazos que regulen las actuaciones procesales es necesario para el correcto funcionamiento del sistema judicial, es preciso resaltar que se trata de una restricción al acceso a la justicia que solo es legítima si es establecida por medio de una ley emitida por nuestro Congreso Nacional. Dado que en el caso en cuestión se trata de un reglamento aprobado por el Tribunal Superior Electoral, esto evidentemente contraría el precedente de la Corte IDH, el artículo 30 de la Convención y, por ende, el bloque de constitucionalidad”.

Considerando: Que el interviniente estima que el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral deviene inconstitucional porque su establecimiento contraviene lo juzgado por el Tribunal Constitucional mediante su sentencia TC/0032/12, del 15 de agosto de 2012. En dicha sentencia, indica, el referido colegiado señaló, respecto a los límites de la potestad reglamentaria, que

“todo reglamento debe limitarse a aclarar u ordenar el contenido de la ley, pero nunca crear situaciones nuevas no previstas en los textos legales. En efecto, el reglamento está ordenado al campo de funciones atribuidas a la Administración en el concierto público, razón por la cual a través de ellos no se puede intentar regular el orden procesal, como ha ocurrido en la especie”.

Considerando: Que el interviniente precisa que “las actuaciones procesales –incluyendo los plazos para accionar en justicia— en otras materias están estrictamente reguladas por normas legales aprobadas por el Congreso Nacional”. Esto, a su juicio, refuerza el argumento ya esbozado respecto a los límites de la potestad reglamentaria y, por demás, revela que

“la carencia de una norma legal que regule los procesos contenciosos electorales, en el sentido formal de la palabra, es contraria al precedente establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0032/12 y, por ende, atenta contra el bloque de constitucionalidad”.

Considerando: Que la respuesta a la excepción presentada por el interviniente voluntario debe comenzar con un recordatorio: contrario a lo alegado, la regulación de los aspectos procesales en una materia como ésta es posible mediante un reglamento. Prueba de ello es que es la propia Constitución de la República, en su artículo 214, parte in fine, la que establece que la regulación de los aspectos procesales de los asuntos que son competencia de este Tribunal Superior Electoral debe –y, por ende, puede— ser instituida mediante un reglamento, y no mediante una ley en el sentido propuesto por el propio interviniente. Así se expresa el artículo 214 constitucional:

“Artículo 214. Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero”.

Considerando: Que se hace necesario resaltar que en el texto transcrito ut supra se indica que la reglamentación que emita el Tribunal Superior Electoral para elaborar normas procesales puntuales para los asuntos de su competencia debe hacerse “de conformidad con la ley”. No es ocioso, entonces, referir lo establecido en el artículo 14 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica de este Tribunal:

“Artículo 14.- Reglamento de procedimientos contenciosos electorales. Para la regulación de los procedimientos de naturaleza contenciosa electoral, el Tribunal Superior Electoral dictará un Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales que establecerá los requisitos, formalidades, procedimientos, recursos y plazos para el acceso a la justicia contenciosa electoral y que determinará, de conformidad con la presente ley, las demás atribuciones de carácter contencioso de las Juntas Electorales”.

Considerando: Que de lo previamente expuesto se advierte que se está en presencia, entonces, de una potestad reglamentaria que fue, primero, atribuida por el mismísimo constituyente a favor de este Tribunal, para un fin por demás claro: la reglamentación de “los procedimientos de su competencia”, entre los cuales se encuentra, como es sabido, la resolución de los conflictos inter e intrapartidarios. En segundo lugar, se advierte que esa misma potestad reglamentaria, ya autorizada por el texto constitucional, fue luego retomada y revalidada por una ley orgánica, en la cual se establece de forma inequívoca que esta jurisdicción cuenta con la potestad reglamentaria suficiente para dictar un Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales en el cual podrán establecerse, entre otras cosas, formalidades, requisitos, recursos y, justamente, plazos.

Considerando: Que esta “delegación” normativa –que ha llevado a ciertos sectores de la doctrina a considerar la existencia de una categoría particular de actos, denominados “reglamentos delegados”— ha sido reconocida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Así, por ejemplo, Gordillo aduce que, aunque el Congreso –poder normativo por excelencia— no puede “delegar en forma amplia” su potestad de reglamentación y regulación en otros estamentos, como por ejemplo el Poder Ejecutivo, sí puede “permitirle dictar ciertas normas dentro de un marco legal prefijado por el legislador”.

Considerando: Que esta potestad, denominada por el autor argentino como “reglamentación de integración”, presupone entonces la existencia de una norma que podría denominarse “primaria”, que sería una ley –ahora sí en sentido formal— que establezca, por caso, cuáles son los conflictos partidarios que forman parte del ámbito competencial del Tribunal Superior Electoral, y una norma que podría adjetivarse como “secundaria” o “de complementación”, que resultaría ser aquella que, dentro del marco de competencias prestablecido por la “norma primaria”, establece las disposiciones formales que precisan dichos procesos para ser efectivos. Lo que es lo mismo, y siguiendo a Gordillo,

“los casos en que se admite como válida la atribución de facultades reglamentarias (…) se refieren invariablemente a las leyes que establecen ellas mismas un determinado principio jurídico, dejando al administrador tan solo el completar, interpretar o integrar ese principio, sea precisando su concepto, sea determinando las circunstancias de hecho a que deberá ser aplicado”. (Gordillo, A. (1997). Tratado de Derecho administrativo, 4a ed., tomo I, capítulo VII, p. 36. F.D.A.: Buenos Aires).

Considerando: Que asimismo, la doctrina local ha hecho eco de estas consideraciones:

“¿Es absoluta o relativa esta reserva de ley [cfr. Artículo 74.2 constitucional] en materia de derechos fundamentales? Si se admite que es absoluta, el Poder Ejecutivo no podrá dictar reglamentos de regulación de los derechos fundamentales ni aun por invitación del legislador. En caso de que sea relativa, podrán intervenir reglamentos ejecutivos –aunque no autónomos— en la regulación de los derechos. A la luz del carácter especialmente intenso y extendido de la reserva de ley en esta materia, es claro que estamos en presencia de una reserva absoluta, principalmente en lo que concierne a la limitación de los derechos fundamentales. Sin embargo, a la luz del artículo 68 de la Constitución, que manda a los poderes públicos a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, cabría admitir la constitucionalidad de reglamentos, autónomos o no, que “mejoren” los derechos, particularmente en aquellos casos en que la omisión del legislador constituye una vulneración del derecho fundamental. Así, por ejemplo, cabe reglamentar las prestaciones estatales necesarias para hacer efectivos los derechos sociales y aun derechos individuales como el derecho a acceder a la información pública. Pero, en principio, solo la ley puede intervenir en la regulación de los derechos fundamentales, mientras que el reglamento solo puede intervenir para mejorar el derecho, no para limitarlo”. (Jorge Prats, E. (2012). Derecho constitucional, 2da ed., tomo II, pp. 79-80. Ius Novum: Santo Domingo)

Considerando: Que este Tribunal debe dar por cierta la tesis de que la limitación de los derechos fundamentales solo es posible mediante una ley, pues así lo expresa el artículo 74, numeral 2, de la Constitución de la República. No obstante, esta jurisdicción también debe reconocer que las disposiciones reglamentarias pueden “contribuir” en la regulación del derecho, que no en su limitación, precisamente mediante el establecimiento de las disposiciones procesales y procedimentales que permitan, de un lado, que el derecho pueda ser plenamente operativo y ejercido de forma eficaz, y de otro lado, que el ejercicio de los derechos no se torne abusivo, incierto o, incluso, pernicioso para el orden constitucional, los principios y valores fundamentales del Estado y, más importante aún, los derechos de los demás. “Limitar” y “regular” un derecho son dos operaciones fundamentalmente distintas. Es por esto que es sustancialmente correcto aseverar que un reglamento, aun estándole vedado “limitar” un derecho, puede “regular” su ejercicio –que no su contenido—, estableciendo para ello requisitos y formalidades, en fin, normas de procedimiento que permitan que el derecho pueda ser encauzado de una manera que lo haga más efectivo.

Considerando: Que en efecto, esta posibilidad fue reconocida por el Tribunal Constitucional
mediante su sentencia TC/0415/15:

“(…) En virtud del principio de separación de los poderes, la potestad normativa es la función que propiamente corresponde al Poder Legislativo; sin embargo, de manera excepcional esta potestad puede resultar atribuida a las otras ramas del poder, incluida aquella en la que se enmarca la Administración, atendiendo a la necesidad de que la misma complete las tareas del legislador a través del establecimiento de una serie de normas complementarias o de desarrollo, en el entendido de que la ley no puede ni debe entrar a regularlo todo. Del universo temático que el legislador tiene que analizar para llevar a cabo la función que la Constitución le encomienda, deriva su imposibilidad práctica de regular todos los detalles que la materialidad de la ley requiera para que se dé cumplimiento efectivo a la norma. De esto surge la denominada potestad reglamentaria, habilitada a la Administración para dictar reglamentos que, en términos generales, se definen como una disposición normativa de carácter general y de rango inferior a la ley, pero que es auténtico derecho y pasa a integrar el ordenamiento jurídico”. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0415/15, de fecha 28 de octubre de 2015, p. 61)

Considerando: Que en la decisión citada el Tribunal Constitucional señaló que

“la heteronomía de los reglamentos implica no solo que no pueden expedirse sin una ley previa a cuya pormenorización normativa están destinados, sino que su validez jurídico-constitucional depende de ella en cuanto no deben contrariarla ni rebasar su ámbito de aplicación” (Ibíd., página 63. Llama la atención que esta afirmación es un extracto tomado por el Tribunal Constitucional de la sentencia TC/0032/12, citada por el propio interviniente en apoyo de su excepción de inconstitucionalidad).

Es esto, justamente, lo que ha acontecido con relación a este Tribunal: el constituyente primero, y el legislador orgánico después, establecieron el marco jurídico dentro del cual el Tribunal habría de desplegar su función reglamentaria, en una intervención destinada a establecer los procesos y requisitos necesarios para que el ámbito competencial constitucional y legalmente establecido fuese efectivo. Se trata, entonces, de un reglamento que, no solo depende de una ley, sino que, más aún, se ha limitado a desarrollar el aspecto procesal de los procesos competenciales que solo abstractamente fueron delimitados en los artículos 214 de la Constitución y 13 de la Ley Núm. 29-11.

Considerando: Que el Tribunal Constitucional peruano, al abordar esta cuestión, ha señalado –lo cual comparte plenamente este Tribunal Superior Electoral— lo siguiente:

“La fuerza normativa de la que está investida la Administración se manifiesta por antonomasia en el ejercicio de su potestad reglamentaria. El reglamento es la norma que, subordinada directamente a las leyes e indirectamente a la Constitución, puede, de un lado, desarrollar la ley, sin transgredirla ni desnaturalizarla, y, de otro, hacer operativo el servicio que la Administración brinda a la comunidad. Los primeros son los llamados reglamentos secundum legem, de ejecución, o reglamentos ejecutivos de las leyes, los cuales están llamados a complementar y desarrollar la ley que los justifica y a la que se deben. En efecto, es frecuente que la ley se circunscriba a las reglas, principios y conceptos básicos de la materia que se quiere regular, dejando a la Administración la facultad de delimitar concretamente los alcances del marco general establecido en ella. Los segundos son los denominados reglamentos extra legem, independientes, organizativos o normativos, los que se encuentran destinados a reafirmar, mediante la autodisposición, la autonomía e independencia que la ley o la propia Constitución asignan a determinados entes de la Administración, o, incluso, a normar dentro de los alcances que el ordenamiento legal les concede, pero sin que ello suponga desarrollar directamente una ley”. (Perú. Tribunal Constitucional, sentencia 0001/0003-2003-AI/TC, de fecha 4 de julio de 2003)

Considerando: Que asimismo, en la sentencia TC/0415/15, dictada por nuestro Tribunal Constitucional, se señaló lo siguiente:

“En nuestro ordenamiento jurídico vigente, la Constitución dominicana del 2010 y de 2015, en su artículo 128.1, literal (b), directamente otorga potestad normativa reglamentaria, al presidente de la República; sin embargo, contrario al planteamiento sostenido por la accionante, esa potestad ha sido extendida por el constituyente, en razón de sus competencias a otros órganos dotados de autonomía; tal es el caso de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas. Esta capacidad reglamentaria se configura como una competencia accesoria e instrumental de su autonomía para el cumplimiento de sus funciones esenciales. Así lo ha entendido este tribunal constitucional (…)”. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0415/15, de fecha 28 de octubre de 2015, p. 64.)

Considerando: Que lo anterior resulta cónsono con lo juzgado por el mismo tribunal mediante su sentencia TC/0305/14, del 22 de diciembre de 2014:

“Cabe agregar que la autonomía constitucional, como categoría jurídica abstracta y mandato de optimización, necesita materializarse de algún modo si es que pretende ser operativa en el ejercicio del poder público. Por ello, la Constitución reconoce tres manifestaciones esenciales (funcional, administrativa y presupuestaria) de las que emergen implícitamente un conjunto de competencias accesorias e instrumentales indispensables para el desempeño eficaz de las competencias fundamentales atribuidas al órgano. Son accesorias, las competencias sustantivas implícitas, ligadas indisolublemente a las competencias fundamentales; e instrumentales, las competencias que sirven de medio para el ejercicio de una competencia fundamental o accesoria atribuida al órgano en cuestión. Las competencias accesorias e instrumentales, que materializan la autonomía en su integralidad, son inescindibles de las potestades que la Constitución y las leyes orgánicas reservan a los distintos órganos constitucionales. En ese sentido, su lesión comporta siempre una cuestión de relevancia constitucional que habilita la intervención contralora de la justicia constitucional, conforme a los procesos definidos en la Constitución y en la Ley Núm. 137-11 (…)”. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0305/14, de fecha 22 de diciembre de 2014.)

Considerando: Que de todo lo expuesto este Tribunal concluye que, contrario a lo alegado por el interviniente, esta jurisdicción está habilitada, tanto por la Constitución como por su Ley Orgánica, para dictar los reglamentos que resulten necesarios para el desenvolvimiento efectivo y el despliegue real y operativo de sus funciones esenciales. Esta conclusión, como se ha dicho, es, de alguna manera, la consecuencia natural, tácitamente reconocida por el constituyente –y, luego, por el legislador orgánico–, de su autonomía como órgano constitucional, la cual, como se ha dicho,

“implica necesariamente la facultad de establecer un régimen normativo propio para su funcionamiento, con el límite que el ordenamiento jurídico impone y el que se deriva del principio de jerarquía normativa”. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0415/15, de fecha 28 de octubre de 2015, p. 66.)

Considerando: Que resulta útil reiterar que

“la potestad reglamentaria es atribuida en principio por la Constitución, pero (…) puede ser atribuida también por el legislador, en cuyo caso queda sujeta al ámbito y condiciones fijados previamente por la ley”.(Ídem).

En el caso del Tribunal Superior Electoral, se trata, como se lleva dicho hasta aquí, de una “habilitación doble”: tanto la Constitución como su ley orgánica autorizaron a éste, en un marco abstractamente definido, a elaborar los reglamentos que el desarrollo de sus funciones le exija. En definitiva, procede, por estos motivos, rechazar la excepción de inconstitucionalidad propuesta por el interviniente, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia.

B) Sobre la excepción de inconstitucionalidad promovida por la parte demandante

Considerando: Que en la audiencia del día 15 de febrero de 2018 los demandantes presentaron una excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil. En síntesis, alegan que así redactada, la disposición normativa se presta a situar a las asambleas partidarias en una zona exenta del control jurisdiccional, cuando estas son retenidas por el partido hasta que pase el plazo de impugnación y son depositadas en la Junta Central Electoral (JCE) o dadas a conocer al público y a los interesados después de transcurrido el plazo de treinta (30) días contados a partir de la celebración de la asamblea”

Considerando: Que los demandantes agregan que ningún acto jurídico produce sus efectos de forma inmediata mientras no ha sido dada la publicidad, ya sea mediante notificación o mediante publicación. Sostienen que el escenario descrito es contrario a 1) los principios de democracia interna y transparencia partidaria (artículo 216 de la Constitución), 2) el principio de tutela judicial efectiva, derecho a la acción, derecho al recurso y garantía del debido proceso (artículo 69 de la Constitución), 3) el principio de legalidad, racionalidad y utilidad de la norma jurídica (artículos 40.15 y 74.2 de la Constitución), y finalmente, 4) al principio de favorabilidad de la norma jurídica (artículo 74.4 de la Constitución).

Considerando: Que los demandantes expresamente sostienen que

“para aprovecharse maliciosamente de los términos de este texto legal los hoy demandados se han apropiado de la práctica de secuestrar las actas de asambleas, reuniones, convenciones y demás actos partidarios y depositarlas antojadizamente cuando el plazo de 30 días se encuentra ventajosamente vencido, a los fines de evitar la toma de conocimiento por parte de los interesados de los actos de la vida partidaria y aprovechando el secretismo evitar justificadas impugnaciones a acciones ilegales e ilegitimas que han permitido un manejo chanchullero del PRSC”.

Considerando: Que los demandantes amplían sus argumentos y dicen que

“ningún acto produce sus efectos jurídicos en forma inmediata mientras no ha sido dada la publicidad, mediante publicación o notificación según corresponda. (…) Todos los actos jurídicos requieren la puesta en conocimiento del acto integro al interesado, para a partir de aquí iniciar los plazos para impugnación y posterior a estos la ejecución”. También argumentan que “el establecer plazos legales, que inician con anterioridad al régimen de publicidad, pone a los accionantes en estado de total indefensión, careciendo de la oportunidad de verificar la existencia o no de violaciones jurídicas que den o no lugar a la acción de justicia”.

Considerando: Que los demandantes insisten en que es un tema de mucha relevancia ya que

“estamos hablando de si el país va a permitir si los partidos políticos sigan siendo manejados como cotos privados y chivos sin ley”. Y establecen que el artículo 117 del Reglamento “debe ser interpretado en el sentido de que el mismo debe correr a partir de que las asambleas son registradas o depositadas en la Junta Central Electoral o a partir de que se haya agotado algún mecanismo de publicidad que permita a los miembros tener conocimiento pleno del contenido de las actas en las que constan dichas asambleas”.

Considerando: Que los demandados solicitaron el rechazo de la indicada excepción de inconstitucionalidad y, en síntesis, sostienen que en tanto los demandantes fueron convocados y tenían conocimiento de la celebración de la asamblea, no se pueden beneficiar de una interpretación del artículo 117 del Reglamento que no sea la literal, es decir, que el plazo para ellos debe de correr “a partir de la celebración de las convenciones”. Agregan que la sentencia de este tribunal marcada con el número TSE-001-2018 aclara lo relativo al plazo del artículo 117 del Reglamento y que el control difuso tiene como límite las decisiones definitivas e irrevocables del Tribunal Constitucional que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, cuyo criterio es que el establecimiento de un plazo para accionar es conforme a la Constitución.

Considerando: Que la parte demandada alega que el plazo así planteado no presenta una vulneración a la tutela judicial efectiva y debido proceso, pero en la audiencia oral reconoce que existe la posibilidad de que algunas irregularidades solo puedan ser detectables luego de que se da publicidad al acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea con el depósito en la Junta Central Electoral (JCE), como por ejemplo, cuando en la asamblea se toma una decisión y en el acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea se hace constar algo contrario a lo dispuesto en la asamblea.

Considerando: Que la disposición normativa impugnada en inconstitucionalidad por los demandantes reza de la siguiente manera:

“Artículo 117. Escrito de la impugnación. Plazo. La impugnación se introducirá mediante escrito motivado, según lo establecido en el artículo 26 de este reglamento, y depositado en la Secretaría del Tribunal Superior Electoral en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la celebración de las convenciones, asambleas, primarias, o cualquier otra denominación estatutaria, así como de los documentos y pruebas en que sustente sus pretensiones”.

Considerando: Que la Constitución de la República Dominicana establece en sus 40.15, 69, 74 (2 y 4) y 216, textualmente siguiente:

“Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto: (…) 15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;”

“Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo; 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

“Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: (..) 2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad; (…) 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.

“Artículo 216.- Partidos políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son: 1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

Considerando: Que a pesar de que la excepción en inconstitucionalidad ha sido planteada respecto a la vulneración de varias normas constitucionales, este Tribunal ha podido advertir que todos sus planteamientos se concentran en la casuística particular descrita por la parte demandante, y que alega que a propósito de ésta se transgreden varias disposiciones constitucionales. El presupuesto fundamental es el hecho de que, a juicio de la parte demandante, la interpretación –y consecuente aplicación– literal del artículo 117 del Reglamento, favorece que los partidos se coloquen en una zona exenta del control jurisdiccional, cuando retienen las actas que recogen los trabajos desarrollados en la asamblea hasta que pase el plazo de impugnación y son depositadas en la Junta Central Electoral (JCE) o dadas a conocer al público y a los interesados después de transcurrido el plazo previsto en la disposición impugnada. Abundan señalando que es un despropósito echar a andar un plazo “no mayor de treinta (30) días a partir de la celebración” de la asamblea, y poner a cargo de los interesados la presentación de un “escrito motivado” sin contar con las actas que recogen los trabajos desarrollados en la asamblea, que es en la cual se pueden verificar las presuntas irregularidades, tales como su identidad con la convocatoria, el quorum, la calidad de los participantes, entre otros.

Considerando: Que la excepción de inconstitucionalidad de que se trata debe de ser resuelta con un test de razonabilidad, analizando el principio de razonabilidad y utilidad de la norma establecido en el numeral 15 del artículo 40 de la Constitución. Pero antes, debe de destacarse que este test de razonabilidad requiere el desarrollo de algunas ideas previas que también tienen sustento en el artículo 69 de la Constitución sobre tutela judicial efectiva y debido proceso y en el artículo 216 de la Constitución sobre partidos políticos y los principios de democracia interna y transparencia que les rigen. Estas ideas previas son las siguientes: a) derecho de acceder a un acto jurídico-partidario concreto para impugnar de manera efectiva, y b) deber constitucional y legal de información, publicidad y transparencia a cargo de los partidos políticos.

B.1.- Derecho de acceder a un acto jurídico-partidario concreto para impugnar de manera efectiva

Considerando: Que al respecto se precisa indicar que la parte capital del artículo 69 de la Constitución dispone que “toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener una tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas se establecen a continuación”. Así, por una parte, la tutela judicial efectiva implica el derecho de toda persona

“a dirigirse a los tribunales en solicitud de protección de sus derechos, de una situación jurídica violada o desconocida, para su conservación, reposición o reparación y aún para la creación de una situación jurídica nueva”. (Jorge Prats, óp. cit., p. 284.) Este derecho, a su vez, incluye otros, los cuales son listados en los numerales del artículo 69 de la Constitución.

Considerando: Que el debido proceso, de su lado, lo constituye el

“conjunto de garantías procesales que protegen al justiciable, al administrado y a todo aquel que es sometido a un proceso, lo cual incluye el derecho al proceso o derecho al amparo judicial y tutela judicial efectiva, y el derecho en el proceso que está conformado por las garantías que protegen al justiciable desde el inicio mismo hasta su conclusión”, (Ibíd., p. 272)

De lo anterior se extrae que la tutela judicial efectiva y el debido proceso son dos garantías distintas, conformadas a su vez por un conjunto de derechos “al proceso” y “en el proceso”.

Considerando: Que la tutela judicial efectiva y el debido proceso enfatizan el carácter “efectivo” con que deben ser diseñados y aplicados los procesos judiciales. Esta configuración requiere que los procesos no solo existan y estén disponibles, sino que sean útiles, y que a través de ellos se pueda alcanzar el efecto esperado.

Considerando: Que conviene, además, recordar que el Tribunal Constitucional dominicano hizo suyo el criterio según el cual forma parte del núcleo del debido proceso que los justiciables puedan “obtener” de un proceso judicial “la solución justa de una controversia”; además, juzgó el referido colegiado que

“para que se cumplan las garantías del debido proceso legal, es preciso que el justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva, pues el proceso no constituye un fin en sí mismo, sino el medio para asegurar, en la mayor medida posible, la tutela efectiva, lo que ha de lograrse bajo el conjunto de los instrumentos procesales que generalmente integran el debido proceso legal”. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0639/17, de fecha 3 de noviembre de 2017)

Considerando: Que tal y como lo plantea la parte demandante –y como parcialmente reconoce la parte demandada–, existen innumerables medios de impugnación que solo pueden ser detectados con el levantamiento de un acto jurídico, razón por la cual, en derecho público y derecho privado, el plazo para la impugnación de cualquier actuación corre a partir de la notificación a los interesados del texto íntegro del acto jurídico. En caso de que el acto jurídico tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas la publicación general del acto puede sustituir el requisito de notificación particular.

Considerando: Que al analizar todos los demás plazos del Reglamento, este tribunal ha podido advertir que estos, razonablemente, inician a partir de practicada una notificación del acto específico. Se destaca, así: 1) el plazo de cinco (5) y diez (10) días para apelar la adopción de medidas cautelares, 2) el plazo de diez (10) días para impugnar a los miembros de las juntas electorales, 3) el plazo de tres (3) días francos para apelar o impugnar las resoluciones de candidatura, 4) el plazo de cuarenta y ocho (48) horas para impugnar las resoluciones sobre fusiones, alianzas o coaliciones de partidos, 5) el plazo de cuarenta y ocho (48) horas para apelar la decisión de anulación de elecciones, 6) el plazo de veinticuatro (24) horas para recurrir en oposición, 7) el plazo de tres (3) días francos para interponer el recurso de revisión, entre otros.

Considerando: Que en el caso de la tercería, por su particularidad, –es decir, por ser una acción jurídica destinada a resguardar los intereses de una persona que no ha sido parte en un proceso pero que ha sido perjudicada con la decisión final–, se dispuso que el plazo inicie, no solo a partir de una notificación, sino también a partir de la

“publicación de la sentencia correspondiente en la página web y/o en la tablilla de la junta electoral”.

Considerando: Que para el caso de las impugnaciones a las convenciones, asambleas o primarias el Reglamento aplicó una formula distinta a las anteriores, es decir, un plazo “no mayor de treinta (30) días a partir de la celebración” de la asamblea. Cabría entonces preguntarse por qué se dispuso de esa forma. La razón es que el resultado de estos actos jurídico- partidarios no es notificado a todas y cada una de las personas que pudieran tener un interés legítimo y jurídicamente protegido en impugnar los resultados de la asamblea. Por lo que tiene todo el sentido que se deseche la idea de una notificación particular, y en consecuencia debe ser reemplazado por otro método, pero que en todo caso debe ser efectivo. La parte demandante propone como alternativa a la notificación o la publicación del acto jurídico.

Considerando: Que el método diseñado en el Reglamento para casos como el de la especie es que inicie el cómputo del plazo “a partir de la celebración” de la asamblea. De esta forma, o se espera que los partidos sean diligentes y proactivos en la elaboración o levantamiento del acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea, o se pierde totalmente la perspectiva de que el objeto de impugnación es un acto jurídico-partidario y no una vía de hecho.

Considerando: Que en este sentido, nuestro sistema no concibe la posibilidad de una asamblea separada o independiente del acta contentiva de las resoluciones adoptadas en la misma. Una asamblea es un todo, un conjunto; por tanto, el acta es un elemento indisociable y consustancial a la celebración del evento. Dicho de otra forma, el acta constituye el único instrumento que recoge y constata, por ejemplo, cómo fue conducida la convención y cuáles fueron las resoluciones emanadas de la celebración de la asamblea.

Considerando: Que la ausencia del acta no sólo impide a los miembros del partido –y, por extensión, cualquier interesado– atacar lo decidido en la asamblea de modo efectivo, sino que también impide al Tribunal correspondiente determinar si las actuaciones realizadas para llevar a cabo la asamblea fueron efectuadas conforme a los estatutos y las leyes aplicables en la materia. Así, analizar una asamblea sin conocer el acta que recoge los trabajos e incidencias acaecidos durante su celebración es materialmente imposible. Por esta razón, ha sido práctica constante de este Tribunal solicitar a la Junta Central Electoral la remisión de las actas impugnadas para sustentar sus deliberaciones.

Considerando: Que en caso de que sea una vía de hecho, parece razonable que el plazo para su impugnación inicie a partir de la ocurrencia del hecho, pues de estos no se espera un acto o acta formal. Por el contrario, de los actos jurídicos sí se espera el levantamiento de un acta, y es en la misma, y no solo en la celebración del evento, que se pueden detectar las irregularidades cometidas.

Considerando: Que el problema planteado aquí no guarda relación con lo analizado en la sentencia TSE-004-2017 y replicado en la sentencia TSE-001-2018, ambas de este Tribunal, en el sentido de que “a nadie se le pueden oponer plazos prescriptivos respecto de actuaciones que desconoce”, por lo que carece de relevancia que el Tribunal se plantee, por ejemplo, si el o los impetrantes tenían conocimiento del evento, o si fueron convocados, o, en definitiva, si asistieron a la asamblea. Muy por el contrario, aquí de lo que se trata es que el Tribunal se cuestione sobre si el mismo día de la asamblea, los interesados, aun asistiendo al evento, están en plenas condiciones de impugnar la misma de manera efectiva. Cuestión que le ha sido planteada por primera vez al Tribunal.

Considerando: Que en tanto se reflexiona, nos podemos plantear la interrogante de si un litigante está en plenas condiciones de recurrir una sentencia en la cual solo se ha leído el dispositivo de esta y el Tribunal se ha reservado el plazo para emitir la decisión íntegra y motivada. En abstracto, es posible: cualquier interesado puede impugnar una sentencia con tan solo saber el dispositivo. Ello, no obstante, no torna razonable que inicie a correr un plazo desde ese momento, y obligarlo a impugnar en estas condiciones; lo contario sería violatorio a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Es decir, el plazo no puede iniciar a partir de la lectura del dispositivo, sencillamente por el consenso generalizado de contar con la sentencia íntegra para estar en plena condición de impugnarla. Lo mismo pasa con la celebración de la asamblea y el levantamiento del acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea.

Considerando: Que haciendo la analogía con la publicidad requerida para el pronunciamiento de una sentencia, ha sido un criterio reiterado de las Altas Cortes del país que el plazo para recurrir la misma inicia a partir de su notificación a las partes y no a partir de la lectura del dispositivo. Al respecto, la doctrina ha señalado que:

“(…) Es indudable que en nuestro sistema procesal, las partes deberán ser informadas del pronunciamiento por una notificación, y a partir de esta, deberá comenzar a correr el citado plazo de (15) días (…)”. (Tavares, F. (___). Elementos de Derecho Procesal Civil dominicano, volumen III, p. 90)

Considerando: Que sobre este particular ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia que:

“(…) Considerando, que en ese tenor, del análisis de las piezas que conforman el presente proceso se advierte que la decisión de primer grado fue leída íntegramente el 11 de marzo de 2014, como bien ha señalado la Corte a-qua; sin embargo, no consta entre los legajos que conforman el presente proceso, que la decisión estuvo lista y a disposición de las partes el día de su lectura, y, según certificación que reposa en el expediente, la sentencia íntegra le fue entregada al abogado del imputado recurrente, en fecha 22 del mes de abril de 2014; por lo que, al no constar en el expediente que la sentencia estaba a disposición de las partes el día de la lectura íntegra, aún cuando estos hayan quedados convocados para la misma, el escrito de apelación, contrario a lo que estableció la Corte, se encontraba en tiempo hábil, por lo que procede acoger el medio invocado (…)”. (Poder Judicial de la República Dominicana (2016). Principales Sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Año 2015, p. 562. Santo Domingo.)

Considerando: Que por principio jurisprudencial, hoy no es discutible la necesidad imperiosa de recibir materialmente la sentencia para poder ejercer de manera efectiva las vías de recurso en todas las materias. Las Cámaras Reunidas de nuestra Suprema Corte de Justicia han establecido claramente que el plazo para recurrir se activa:

“(…) (S)iempre que la sentencia haya quedado a disposición de las partes que pudiesen haber resultado agraviadas para ser retirada de la secretaría de la jurisdicción que la haya pronunciado (…)”.(República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, sentencia número 10, de diciembre de 2012, B.J. 1225, Salas reunidas.)

Considerando: Que el fundamento de lo anterior es el siguiente:

“(…) (L)a finalidad del derecho de defensa es asegurar la efectiva garantía y realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los órganos judiciales el deber de asegurar la equidad e igualdad de las partes en el curso del proceso e impedir que se impongan limitaciones a alguna de las partes y que las limitaciones puedan desembocar en una situación de indefensión, contraviniendo así las normas constitucionales que garantizan el derecho de defensa y originando un perjuicio (…)”.(República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, sentencia del 19 de agosto de 2015, Salas reunidas. Publicada en: Poder Judicial de la República Dominicana (2016). Principales Sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Año 2015, p. 392. Santo Domingo)

Considerando: Que respecto a lo anteriormente citado, abunda dicho Tribunal indicando que:

“(…) Las reglas del debido proceso consignadas en el Artículo 69, numeral 1 de la Constitución de la República, imponen a los jueces el deber de salvaguardar los derechos legítimos de los accionantes, y garantiza el derecho de las partes a tener un juicio apegado a las normas y principios fundamentales protegidos por la Constitución de la República (….)”. (República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, sentencia del 19 de agosto de 2015, Salas reunidas. Publicada en: Ibíd., p. 393)

Considerando: Que se trata de un elemento capital del debido proceso, que permea todas las materias conforme mandato constitucional y a las decisiones vinculantes que han sido rendidas al respecto, de acuerdo con el artículo 184 de la Constitución de la República. Es un principio con valor constitucional y baluarte de los derechos fundamentales. Sobre este aspecto ha establecido la Suprema Corte de Justicia, en Salas Reunidas, que:

“(…) (E)l derecho a un debido proceso, es un derecho fundamental y por lo tanto de rango y linaje constitucional que trae aparejada la nulidad absoluta de todas las actuaciones realizadas en su violación y sin cumplir con el estándar mínimo de requisitos que el exige (…)”.(Ídem)

Considerando: Que ya este mismo Tribunal ha tenido la oportunidad de conocer casos de esta naturaleza en los cuales se impugna una asamblea o convención partidaria sin contar previamente con el acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea, viéndose obligado a solicitarla de oficio a la Junta Central Electoral (JCE).

B.2.- Deber constitucional y legal de información, publicidad y transparencia a cargo de los partidos políticos

Considerando: Que la Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 188, lo siguiente:

“Artículo 216.- Partidos políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley”.

Considerando: Que la frase “con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución” no solo hace referencia a los principios de democracia interna y a la transparencia con los cuales deben de organizarse éstos, o la naturaleza civil, republicana, democrática y representativa que deben respetar; esta frase también hace referencia al respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna y al cumplimiento de sus deberes fundamentales.

Considerando: Que respecto de los derechos fundamentales, muy vinculados al principio de transparencia, tenemos la libertad de expresión e información, el cual se encuentra constitucionalmente consagrado en los siguientes términos:

“Artículo 49.- Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. 1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley; 2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley; 3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley; 4) Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley; 5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado. Párrafo.- El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público”.

Considerando: Que los derechos fundamentales se encuentran contenidos en la Constitución, pero son las leyes las que desarrollan su contenido y sus mecanismos de garantías, en cuanto a este derecho nuestro ordenamiento jurídico cuenta con la Ley Núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, la cual en su artículo 4 identifica a los partidos políticos como sujetos obligados en cuanto al deber de información y publicidad, a saber:

“Artículo 4.- Será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes, organismos y entidades indicadas en el Artículo 1 de la presente ley, brindar la información que esta ley establece con carácter obligatorio y de disponibilidad de actualización permanente y las informaciones que fueran requeridas en forma especial por los interesados. Para cumplir estos objetivos sus máximas autoridades están obligadas a establecer una organización interna, de tal manera que se sistematice la información de interés público, tanto para brindar acceso a las personas interesadas, como para su publicación a través de los medios disponibles. Párrafo.- La obligación de rendir información a quien la solicite, se extiende a todo organismo legalmente constituido o en formación, que sea destinatario de fondos públicos, incluyendo los partidos políticos constituidos o en formación, en cuyo caso la información incluirá la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo”.

Considerando: Que aquí es de vital importancia que el Tribunal se detenga a destacar la naturaleza jurídica de los partidos políticos, los cuales son

“personas jurídicas de derecho privado que en el marco del universo de las mismas, en la República Dominicana cumplen funciones públicas, por políticas, en cuanto a que son instrumentos para contribuir con la participación de los ciudadanos en el proceso democrático del país. De allí que muchos los hayan calificado (…) siguiendo la terminología acuñada por el Tribunal Constitucional español (sentencia STC 18/1984 del 7 de febrero de 1984, como asociaciones privadas de relevancia constitucional)”. (Brewer-Carías, A. (2018). Constitución, primarias y ley de partidos, p. 31. Editora Búho: Santo Domingo)

Considerando: Que en los sistemas comparados, el solo señalamiento de los partidos políticos como sujetos obligados en el ámbito de la transparencia ha significado para éstos la obligación de establecer mecanismos para hacer pública la información sin necesidad de que medie una solicitud. Como afirma Ana Elena Fierro Ferráez, abordando el tema de la reforma constitucional mexicana de 2014:

“ya reconoce a los partidos políticos el carácter de sujetos obligados directos. Ahora les será aplicada la reglamentación en materia de transparencia, por lo que tienen la obligación de regirse por los principios de publicidad respecto de toda la información que posean. Además, esta reforma explicita el deber de documentar la actuación de los sujetos obligados derivada del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, de tal forma que los partidos deben regir la publicación y reserva de su información por el principio de máxima publicidad. También deben establecer mecanismos para hacer pública la información sin necesidad de que medie una solicitud por parte del ciudadano en los medios electrónicos, así como tener unidades de acceso a la información y procedimientos y autoridades competentes para determinar su reserva por medio de la prueba de interés público”. (Fierro Ferráez, A. (2016). Retos de los Partidos Políticos en Transparencia Proactiva, 1a ed., p. 17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: México)

Considerando: Que este Tribunal debe tomar en consideración que los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado con relevancia constitucional y que por ello están sometidos al escrutinio público, en especial al escrutinio de sus militantes. En tal virtud, no pueden éstos mantenerse bajo la cultura del secreto y actuar de espaldas a cumplir las garantías mínimas de publicidad y transparencia en sus acciones y decisiones, las cuales van en beneficio de sus militantes y en respeto a los principios constitucionales de la tutela judicial efectiva, por lo que deben permitir que sus miembros, los cuales tienen el pleno derecho de conocer las decisiones e informaciones que se manejan en el partido, reciban la información que emane del partido de manera oportuna y transparente. En tal virtud, deben ser sometidos a un régimen de publicidad que les permita a dichos militantes conocer de los documentos producidos e impugnar los mismos cuando así lo consideren, en el tiempo hábil establecido por las normas que rijan la materia.

Considerando: Que sobre el principio de accesibilidad a la justicia, Eduardo Espín Templado, sostiene:

“que la regulación procesal está encaminada a satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, que no sea debidamente formalista o restrictiva, sino que tenga como finalidad la de procurar satisfacer el contenido natural del derecho: la obtención de una resolución judicial que resuelva el fondo del asunto sin que se pueda producir indefensión”. (Espín Templado, E. (2012). Comentarios a la Constitución de la República Dominicana, tomo II, p. 436. Santo Domingo)

Considerando: Que haciendo uso del derecho comparado, se advierte que en Alemania, mediante la Ley Fundamental de Partidos de 1967, se viene estableciendo un régimen de publicidad para los partidos políticos. Al respecto se ha señalado que

“La ley alemana mantiene, en relación a la documentación de los partidos obrante en la correspondiente oficina pública, el principio de la mayor publicidad, ya que se establece, por una parte, que cualquiera puede examinar los documentos, recurriendo al llamado «Director Electoral Federal» (Bundeswahlleiter), y, por otra parte, se señala que copias de los documentos se remitirán gratuitamente a quien lo pida (art. 6° de la ley)”. (Merchán, D. (1981). Partidos Políticos, p. 26. Madrid)

Considerando: Que en consonancia con lo anterior, en Alemania de igual forma se establece que

“El programa político de todos los partidos debe publicarse, de modo que cualquier ciudadano pueda comprobar si las acciones de un determinado partido se corresponden con el programa que defienden”. (Fernández Vivas, Y. (____). El régimen de los partidos políticos en Alemania, p. 486)

Como se ha establecido, desde el 1967 en Alemania, mediante la citada legislación, se viene reconociendo el principio de publicidad desde la óptica del militante, es decir, en favor de éste. Y es que como se ha expresado, los partidos políticos deben accionar bajo el manto de todos los principios contenidos en la Constitución, con especial sujeción a la democracia interna y sobre todo a la transparencia, especialmente frente a sus militantes. Transparencia no sólo desde la óptica económica o financiera, sino más bien, transparencia respecto a sus actuaciones ante los miembros que lo componen.

Considerando: Que en ese tenor, la doctrina comparada sostiene que

“la transparencia viene a ser la actitud o actuación pública que deja ver claramente la realidad de los hechos y actos públicos”. (…) “la transparencia nos debe permitir satisfacer nuestras dudas, en materia pública y, sobre todo, vigilar la actuación del gobierno”. (Villanueva, E. (2002). Derecho de acceso a la información pública estatal: una aproximación al estado de la cuestión en México, pp. 25 y 40. Universidad Autónoma de Méexico (UNAM-IIJ): México)

Este Tribunal, como guardián de los principios de tutela judicial efectiva, debido proceso, y todos los demás principios contenidos en la Constitución de la República, debe velar por garantizar los criterios de publicidad, transparencia y acceso a la documentación que generan los partidos políticos en sus actuaciones.

Considerando: Que tal y como hemos podido observar, existe una obligación a cargo de los partidos políticos de informar, publicitar y transparentar sus actuaciones. Para ello cuentan con diferentes vías, desde la más fundamental, que es suministrar la información a cualquier interesado que la solicite, más aún si es un miembro del partido político, o brindar la información de manera proactiva a través medios tradicionales o utilizando la tecnología de la información y las telecomunicaciones. En efecto, siguiendo al derecho comparado, de manera más específica en el modelo costarricense, se dispone la obligación a los partidos políticos de establecer en sus estatutos

“j) La forma de consignar las actas, de modo que se garantice la autenticidad de su contenido y los medios en que se dará publicidad a los acuerdos de alcance general. El Tribunal reglamentará los mecanismos de legalización y el manejo formal de los libros de actas de los partidos políticos”. (Artículo 52, literal j) de la Ley Núm. 8765, que aprueba el Código Electoral de Costa Rica)

Considerando: Que, por otra parte, el artículo 44 de la Ley Núm. 275-97, Electoral de la República Dominicana, arroja luz sobre lo que sería un mecanismo de publicidad efectivo para los partidos políticos, ya que puede ser consultado libremente por cualquier interesado. Este artículo consagra textualmente lo siguiente:

“Artículo 44.- FORMALIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXPEDIENTE DEL RECONOCIMIENTO. Una vez celebrada la asamblea constituyente, el directorio nacional elegido por los delegados que a ella hubiesen concurrido completará la documentación enviada a la Junta Central Electoral con un ejemplar o copia certificada por funcionario competente, de las actas de las sesiones de dicha asamblea, en la que deberán constar los nombres de los delegados, los acuerdos y resoluciones adoptados, los resultados de la elección del directorio nacional del partido y el texto completo de los estatutos, tal como hubiesen quedado aprobados. Con los documentos sometidos, según antes se ha dicho, la Junta formará el expediente del partido, que podrá ser libremente consultado. A dicho expediente serán incorporadas las resoluciones de carácter general que dicten las asambleas, las cuales, para su obligatoriedad, deberán ser autenticadas por la Junta con la leyenda: “Es conforme con la Legislación Electoral”. Al expediente serán también incorporados todos los documentos que se relacionen con alianzas o coaliciones concertadas por el partido o con la extinción de éste por cualesquiera de las causas previstas por la ley. Las diferencias que surgieren entre la Junta y representantes legales de los partidos, en lo atinente a sus resoluciones, serán resueltas mediante procedimiento sumario que será establecido previamente por la Junta”.

Considerando: Que la necesidad de cumplir con este requisito de publicidad ante la Junta Central Electoral (JCE), no es más que el reconocimiento de que los partidos políticos son entidades con personería jurídica propia. Estas no solo interactúan entre sus miembros o asociados, sino que, con los diferentes sujetos jurídicos de un ordenamiento, quienes para interactuar con los partidos políticos pueden libremente consultar su composición actualizada según las resoluciones dictadas en sus asambleas. Por lo que, este Tribunal debe concluir, sin perjuicio de otros mecanismos de publicidad, que el mecanismo por excelencia para dar publicidad a los actos partidarios es el establecido en el artículo 44 de la Ley Núm. 275-97, es decir, el de actualizar su expediente con las actas dictadas en las asambleas.

Considerando: Que contrario a lo que podría alegarse, sobre la falta de una disposición legal expresa que establezca el mecanismo idóneo o medio valido para la publicación de las actuaciones partidarias, el deber de publicidad a cargo de los partidos políticos reforzado por el principio constitucional de transparencia con el cual debe de actuar, obliga a todo partido político a acreditar el intento diligente por publicar y poner en disposición de los interesados sus actos para que puedan ser examinados. Además de que los actos partidarios deben ser publicados no solo cuando lo exija una disposición normativa expresa, sino que cuando el interés colectivo envuelto lo aconseje. En ese sentido, los partidos políticos no pueden ser dirigidos bajo la informalidad, y la costumbre en esta informalidad no puede justificar la tolerancia de este Tribunal ante prácticas antidemocráticas.

B.3.- Test de razonabilidad

Considerando: Que con estas dos ideas claras, procede que el Tribunal aplique el test de razonabilidad. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0044/12, de fecha 21 de septiembre de 2012, página 8 y siguientes.), para poder determinar la razonabilidad de una norma legal se recurre, en el derecho constitucional comparado, al mecanismo de someter la norma cuestionada a un test de razonabilidad. El objetivo es establecer si la norma cumple con los parámetros constitucionales exigidos por el artículo 40.15 de la Constitución de la República. En ese sentido, el instrumento convencionalmente más aceptado es el referido test de razonabilidad, desarrollado por la jurisprudencia colombiana y adoptada por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, el cual se desarrolla en tres pasos, a saber: 1) el análisis del fin buscado por la medida, 2) el análisis del medio empleado, 3) el análisis de la relación entre el medio y el fin.

Considerando: Que en cuanto al primer criterio del test de razonabilidad, esto es, al análisis del fin buscado por la norma, se colige que es el de establecer un mecanismo adecuado para garantizar que los interesados accedan a la justicia contenciosa electoral en el marco de los conflictos intrapartidarios, garantizando así el sometimiento al control jurisdiccional de determinados actos jurídico-partidarios, concretamente las convenciones, asambleas o primarias. Al establecer un plazo para su impugnación, se busca dotar a estos actos de certeza, estabilidad y seguridad jurídica siempre que no sean impugnados de manera oportuna, lo cual, a juicio de este Tribunal, resulta justo y útil para la comunidad, en tanto está orientado, como se dijo, a brindar seguridad jurídica a estos actos.

Considerando: Que en cuanto al segundo criterio (análisis del medio), la norma requiere a los interesados la presentación de un “escrito motivado” en un plazo “no mayor de treinta (30) días a partir de la celebración” de la convención o asamblea, independientemente de si se cuenta con el acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea o no. Es evidente que el medio adoptado frente al objeto perseguido por la norma no es idóneo, ya que este medio no es capaz de lograr la finalidad deseada, que es el de establecer un mecanismo adecuado para garantizar que los interesados accedan a la justicia contenciosa electoral. Lo anterior no es posible sin la disponibilidad de un acto jurídico-partidario que impugnar, esto es, el acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea, en la cual los interesados pueden verificar los medios de impugnación.

Considerando: Que finalmente, en cuanto a la relación entre el medio y el fin, el análisis de proporcionalidad stricto sensu se contrae a verificar una comparación de los costos y beneficios. Se ha podido advertir que se elige este modelo a pesar de que se puede disponer de un medio que respete lo que hemos denominado el “derecho de acceder a un acto jurídico-partidario concreto para impugnar de manera efectiva”, esto es, del acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea que se está atacando, partiendo del “deber constitucional y legal de información, publicidad y transparencia a cargo de los partidos políticos”. De conformidad con el medio adoptado, se sacrifica por completo la tutela judicial “efectiva” y el debido proceso, frente a la necesidad de dotar a las asambleas partidarias de certeza; resulta evidente que, según lo analizado en el segundo criterio sobre la falta de idoneidad del medio elegido, en el modelo del artículo 117 del Reglamento se pone a cargo del interesado la presentación de un “escrito motivado” en un plazo “no mayor de treinta (30) días a partir de la celebración” de la asamblea, sin que se disponga del acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea, dejando abierta la posibilidad de que el partido no presente el acta y se coloque en una zona (cuasi)exenta del control jurisdiccional.

Considerando: Que respecto al control jurisdiccional de las actuaciones partidarias, el Tribunal Constitucional ha establecido que

“los partidos, agrupaciones y movimientos políticos están sometidos al control jurisdiccional, de modo que sus normas o actos que lesionen o amenacen con vulnerar derechos fundamentales devienen en su presupuesto objetivo que permite a las y los ciudadanos afectados requerir la intervención contralora de la jurisdicción, a efectos de restaurar su goce o prevenir que sean conculcados”. (Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0531/15, de fecha 19 de noviembre de 2015, página 25)

En ese tenor, la inexistencia del acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea, como acto jurídico-partidario, su falta de disponibilidad, ya sea que se retenga una intención dolosa o tan solo culposa, sea por un caso de fuerza mayor, hecho fortuito u otras circunstancias justificadas, en ningún caso debe operar en detrimento del interesado en impugnar.

Considerando: Que en un Estado de Derecho, es jurídicamente impropio defender dicho estado de cosas. A juicio de este Tribunal, es evidente que la efectiva fiscalización de las actuaciones partidarias presupone, necesariamente, de la debida información por parte de los miembros respecto al quehacer del partido al que pertenecen y del contenido (y no solo la forma) de las decisiones que de forma cíclica adoptan sus organismos internos.

Considerando: Que en ese orden de ideas, no es razonable pretender que un individuo, convencido de que su participación política ha resultado afectada por ciertas actuaciones partidarias, critique o impugne dicho modus operandi sin conocer a fondo los aspectos sustanciales, que no formales, de las actividades diarias de la organización presuntamente infractora; de igual forma, tampoco resulta razonable esperar que los partidos políticos accedan, motu proprio y en ausencia de una exigencia legal formal, a acometer todas las actuaciones que favorezcan la efectividad de los derechos de los miembros y permitan un control y fiscalización real y profunda sobre sus actividades.

Considerando: Que más aún, no puede permitirse que, escudados en formalidades procesales, los partidos políticos vulneren de manera flagrante los derechos de los ciudadanos interesados en participar activamente en el quehacer político de la nación. Es indiscutible, pues, que la norma contenida en la disposición atacada, aun cuando formalmente válida, deviene inconstitucional en cuanto a su aplicación en el presente caso, por cuanto propicia un escenario de absoluta indefensión en perjuicio de los justiciables, cuestión que además, como se ha dicho, resulta sencillamente inaceptable en un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro.

Considerando: Que la aplicación de la norma atacada, a la luz de lo ya expuesto, incide directamente sobre los derechos de los demandantes a la información respecto a las actuaciones partidarias –lo que a su vez afecta su derecho a la participación política—, a la libertad de expresión, a la libre asociación y a la libertad de cultos. Así, permitir que se continúen suscitando escenarios como el de la especie implicaría ignorar los principios de publicidad, democracia interna y transparencia, los cuales, además de ser fundamentales, resultan fundantes respecto al quehacer de los partidos políticos.

Considerando: Que este Tribunal ha establecido, lo cual reitera en esta ocasión, que

“la vigencia del principio de publicidad de los actos partidarios constituye el medio de asegurar el derecho a ‘participar’, con adecuadas garantías, de todos aquellos que pretenden intervenir en la lid electoral”. (República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-011-2017, de fecha 4 de abril de 2017)

En ese mismo tenor, es útil recordar que la transparencia partidaria reproduce en su interior un deber de información previa a favor de los miembros, para que éstos puedan conocer, antes de ejercer cualquier acción deducida de sus derechos a la participación política y a la tutela judicial efectiva, las informaciones más relevantes relacionadas con las actividades del partido al cual pertenecen. (Cfr. República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-008-2015, de fecha 23 de junio de 2015)

Considerando: Que respecto a la democracia interna, conviene señalar que la misma constituye el único escenario posible en el que puede suscitarse un auténtico debate de principios entre los miembros de un mismo partido político (Cfr. República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-011-2017, de fecha 4 de abril de 2017). Y es que las asambleas y convenciones partidarias constituyen “verdaderos foros de discusión democrática” (Ídem), lo que ahonda en la idea de que la democracia interna es el único contexto de participación en el que pueden desenvolverse partidos políticos sujetos a los principios constitucionales contenidos en el artículo 216 de nuestro texto fundamental; es, además, el único escenario en el que se despliega plenamente la discusión abierta y el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, condiciones que, además de elementales, resultan de vital importancia para el sistema de partidos y constituyen el presupuesto de formación de la voluntad política (Cfr. República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-026-2012, de fecha 20 de agosto de 2012).

Considerando: Que es preciso señalar, adicionalmente, que la publicidad de los actos partidarios resulta

“imprescindible para satisfacer de modo eficaz el pleno ejercicio por parte de los afiliados de sus derechos asociaciones” (Argentina. Cámara Nacional Electoral, fallo 4051/2008, de fecha 23 de septiembre de 2008),

lo que resulta cónsono con la idea de que

“en materia de funcionamiento de los partidos políticos debe primar la defensa y la transparente manifestación de voluntad de los afiliados” (Argentina. Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 311:1630).

Considerando: Que todo lo anteriormente dicho, ha sido el resultado de un análisis in abstracto de la norma atacada como cuestión previa. El análisis in concreto arroja que, de conformidad con los elementos probatorios sometidos al plenario, este Tribunal ha podido verificar que mediante el Acto de Alguacil Núm. 1412/2017, de fecha 18 de octubre del 2017, los hoy demandantes intimaron a los demandados para que entreguen el acta y la lista de presencia de la Asamblea Nacional Ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2017, sin que se haya podido verificar que obtuvieron respuesta.

Considerando: Que entre los demás elementos probatorios que reposan en el expediente, consta el Acta que recoge los trabajos de la Asamblea Nacional Ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2017 en el Coliseo de Boxeo Carlos –Teo– Cruz, depositada en la Junta Central Electoral (JCE) el 10 de noviembre de 2017, es decir, que el partido incumplió su “deber constitucional y legal de información, publicidad y transparencia a cargo de los partidos políticos” al no dar respuesta sobre la solicitud directa por parte de los interesados en impugnar y por la publicación retardada del acta, en violación al “derecho de acceder a un acto jurídico-partidario concreto para impugnar de manera efectiva”.

Considerando: Que por todo lo anterior, procede declarar la inconstitucionalidad por vía difusa del artículo 117 del Reglamento, en el entendido de que su interpretación –y aplicación– literal y exegética en el presente caso, sería contrario a los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y debido proceso, razonabilidad, democracia interna y transparencia. Y, en consecuencia, considerar que el plazo de treinta (30) días debe ser computado a partir de la fecha en que razonablemente el interesado se encontraba en plenas condiciones de accionar, esto es, a partir de que el acta que recoge los trabajos desarrollados en la asamblea se encuentra disponible o publicada, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia.

IV.- Respecto a la admisibilidad de la presente demanda

Considerando: Que tal y como consta en parte anterior de esta sentencia, en la audiencia del día 15 de febrero de 2018 la parte demandada planteó tres medios de inadmisión contra la demanda y un medio de inadmisión contra la intervención voluntaria. En ese tenor, los medios de inadmisión contra la demanda se sustentan en: 1) prescripción del plazo para demandar; 2) falta de interés serio y legítimo de los demandantes; y, 3) cosa juzgada.

Considerando: Que la parte demandante respondió a dichos medios solicitando que fueran rechazados. Asimismo, el interviniente voluntario pidió que el medio de inadmisión propuesto contra su intervención fuera descartado. En ese tenor, el Tribunal analizará primero los medios de inadmisión contra la demanda y luego, de ser necesario, el medio de inadmisión contra la intervención voluntaria, en razón de que esta última es accesoria a la demanda principal (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0073/13, del 7 de febrero de 2017, pp. 12-14).

A) Medio de inadmisión por prescripción

Considerando: Que en apoyo del referido medio de inadmisión la parte demandada plantea los siguientes argumentos:

“que los artículos 116 y 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales prevén el procedimiento para la demanda en nulidad de que se trata; que el plazo para demandar, conforme al artículo 117, es de 30 días a partir de la celebración de la asamblea; que los demandantes en su escrito de demanda admiten que la asamblea fue celebrada el 17 de septiembre de 2017 y la demanda fue interpuesta el 11 de diciembre de 2017; que es transcurridos 84 días ordinarios desde la celebración de la asamblea hasta la fecha de la demanda, 11 de diciembre de 2017, cuando depositaron su demanda”.

Considerando: Que la parte demandada agrega que

“los demandantes recurren al texto de la sentencia TSE-004-2017, del 24 de enero de 2017 para justificar que su demanda está dentro del plazo; de acuerdo con los demandantes, su plazo para demandar vencía el domingo 10 de diciembre de 2017, pero se prorrogó al lunes 11 de diciembre de 2017; que contrario a lo expuesto por los demandantes, ellos sí estaban convocados para la asamblea a celebrarse el 17 de septiembre de 2017; que el 5 de septiembre de 2017 se publicó en el Listín Diario la convocatoria a la asamblea, describiendo en dicha convocatoria los cargos a ser elegidos, y señalando el padrón de delegados que regiría para la misma; que para mayor claridad se procedió a publicar el padrón de delegados en la página web del partido y en fecha 13 de septiembre se publicó en el periódico Listín Diario el padrón de delegados habilitados para la asamblea; que los demandantes estuvieron informados de la convocatoria a la asamblea con 12 días de anticipación”.

Considerando: Que asimismo, sostiene la parte demandada que

“contrario a lo expuesto por los demandantes, la razón de su ausencia fue la decisión voluntaria y autónoma de cada uno de estos delegados de participar en una reunión celebrada el 17 de septiembre de 2017 en uno de los salones del Hotel Dominican Fiesta y de manera expresa llamar e invitar a otros delegados del PRSC a que no asistieran a la asamblea nacional convocada por el partido; que fue un hecho público y notorio que los demandantes a través de los medios de comunicación informaron su decisión de no asistir a la asamblea que ahora atacan en nulidad, por lo cual no pueden beneficiarse de la sentencia TSE-004-2017, ya que fueron legal y debidamente convocados”.

Considerando: Que la parte demandante ha respondido a dicho medios de inadmisión señalando, entre otros argumentos, que

“aplicar e interpretar el plazo establecido en el artículo 117 en el sentido exegético que lo hace la parte demandada, conduciría a prácticas reñidas con los valores constitucionales esenciales para el accionar democrático y sano desarrollo de los partidos políticos como son: la transparencia, la razonabilidad, la publicidad y la tutela judicial efectiva; que la parte demandada pretende que el plazo para impugnar la asamblea empiece a partir de su celebración, ignorando que una asamblea partidaria implica el levantamiento de un acta en la que se recojan las decisiones y principales incidencias sucedidas; que en esa acta se verifica si se cumplieron o no las formalidades requeridas para la validez de la asamblea, para lo cual es necesario que se haya agotado un mecanismo de publicidad; que de lo contrario se estaría propiciando o estimulando que los partidos retengan el acta hasta vencido el plazo para demandar, como sucedió en el presente caso; que las autoridades del partido depositaron el acta en la JCE el 9 de noviembre de 2017, luego de haber sido intimadas en fecha 18 de octubre de 2017”.

Considerando: Que sobre este particular la parte demandante agrega que

“la asamblea demandada en nulidad fue realizada en base a una convocatoria de fecha 5 de septiembre de 2017, para una reunión a celebrarse el 17 de septiembre de 2017, cumpliendo con el plazo de 10 días de anticipación establecido en el estatuto partidario; que en dicha convocatoria se señaló que el padrón de delegados a ser utilizado en la asamblea era el depositado en la JCE el 31 de mayo de 2017; que en dicho padrón, depositado en la JCE, no se encuentran los demandantes Joaquín Ricardo y Miguel Bogaert Marra; que al percatarse de ese grave error, en fecha 13 de septiembre de 2017, fuera del plazo establecido en los estatutos partidarios, se publicó una lista que incluía, ya a destiempo, los nombres de los hoy demandantes, en consecuencia nunca fueron convocados; que en la sentencia TSE-004-2017, este Tribunal sostuvo que a los miembros que no han sido convocados debidamente el plazo para demandar empieza a correr a partir del depósito de la asamblea en la JCE; que en aplicación de esa interpretación, procede el rechazo del medio de inadmisión”.

Considerando: Que finalmente, la parte demandante plantea que

“el párrafo II del artículo 48 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales dispone que los plazos determinados por días comienzan a correr al día siguiente de practicada su notificación y vencen al día siguiente de transcurrido el plazo; que de contar el plazo de 30 días desde la fecha de la celebración de la asamblea, el 17 de septiembre de 2017, el mismo tendría su vencimiento el 19 de octubre de 2017; que en ese sentido, los demandantes intimaron a la demandada en fecha 18 de octubre de 2017 para la entrega del acta de la asamblea, por lo cual dicha intimación interrumpe la prescripción del artículo 117 del reglamento”.

Considerando: Que en motivos anteriores este Tribunal ha acogido una excepción de inconstitucionalidad por la vía difusa contra el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y ha decidido no aplicarlo al caso, estimando que el punto de partida para el computo del plazo para demandar es la fecha en que se depositó en la Junta Central Electoral el acta que recoge los trabajos de la asamblea cuya nulidad se demanda.

Considerando: Que en atención a lo anterior y del análisis de los documentos que integran el presente expediente, se ha constatado que el acta que recoge los trabajos de la asamblea cuya nulidad se solicita fue depositada en la Junta Central Electoral en fecha 10 de noviembre de 2017, muy a pesar de que mediante el al Acto de Alguacil Núm. 1412/2017, de fecha 18 de octubre del 2017, los hoy demandantes intimaron a los demandados para que entregaran el acta y el listado de concurrentes a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2017.

Considerando: Que en ese sentido, el plazo de 30 días para demandar en este caso se inició, conforme se ha dicho, el día 10 de noviembre de 2017 y vencía el 10 de diciembre de 2017, pero al ser este día domingo y por tanto no laborable, el plazo se prorrogaba hasta el lunes 11 de diciembre de 2017, fecha en que justamente fue depositada la demanda que nos ocupa. En consecuencia, la presente demanda fue interpuesta dentro del plazo habilitado para ello en el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales.

Considerando: Que la parte demandante ha señalado que el plazo para demandar en este caso es franco, en virtud de lo previsto en el artículo 48, párrafo II del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. Sin embargo, este Tribunal no comparte tal aseveración, pues como ya ha sido juzgado por esta jurisdicción (República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-001-2018, de fecha 17 de enero de 2018, pp. 21-22), el plazo en cuestión no es franco, sino calendario, en razón de que su cómputo no inicia con una notificación, sino con un acontecimiento, criterio que procede reiterar en esta oportunidad. Por tanto, procede desestimar el medio de inadmisión por prescripción planteado por la parte demandada, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia.

B) Medio de inadmisión por falta de interés legítimo y serio

Considerando: Que al respecto la parte demandada sostiene que

“para demandar la nulidad de la Asamblea Nacional Ordinaria no solamente es necesario tener la calidad de miembro de los órganos de dirección del Partido, sino que en adición requiere que el accionante muestre algún interés serio y legítimo, manifestado en su deseo de participar en los órganos de dirección, su comparecencia a los órganos u organismos del Partido, su inscripción o postulación en el proceso de elección de las autoridades del Partido (…)”.

Aduce que, en la especie,

“los demandantes no participaron de la Asamblea, ni inscribieron sus candidaturas, tampoco han probado cual fue el derecho fundamental que le ha sido vulnerado por la Asamblea Nacional Ordinaria, toda vez que fue válidamente convocada por la Comisión Ejecutiva y suscrita por el Presidente del Partido y certificado por el Secretario General”.

Considerando: Que la parte demandante respondió al citado medio de inadmisión señalando que

“cómo se puede pretender que la inasistencia a una asamblea tiene por efecto la pérdida de interés para demandar su nulidad; que ni la asistencia ni la inasistencia a una asamblea impiden que ésta pueda ser impugnada por quienes asistieron o dejaron de asistir; que si en la asamblea que se impugna se cometieron violaciones que comprometen su validez, cualquier miembro del PRSC está jurídicamente habilitado para impugnarla, sobre todo porque en el caso de los partidos políticos el interés es mucho más amplio que en el ámbito puramente privado; que las condiciones para el ejercicio de las acciones son cuatro: derecho, interés, calidad y capacidad; que el principio es que el derecho de actuar corresponde a aquel que tiene interés en el éxito o en el rechazo de una pretensión formulada; que los demandantes han hecho vida política en el PRSC, asumiendo su pensamiento y filosofía, por lo cual tienen interés directo, nato, actual y legítimo de que los representantes de su partido sean electos por compañeros que tengan real y efectivamente la calidad de delegados; que los demandantes tienen un interés particular en la presente demanda, puesto que mediante la referida asamblea se les excluyó de la posición que ocupaban dentro de los órganos de dirección del partido”.

Considerando: Que contrario a lo argumentado por la parte demandada sobre la falta de interés “serio y legítimo”, en ocasión de que los mismos fueron convocados y no asistieron, no presentaron candidatura pudiendo hacerlo, sino que todo lo contrario, trataron de sabotear la celebración de la asamblea, este Tribunal estima que por la naturaleza del acto partidario, es decir, una asamblea nacional ordinaria, reside en la militancia del partido la legitimidad procesal activa para accionar en nulidad de la misma, lo cual es un reconocimiento del principio de democracia interna, es decir, la facultad que tiene la militancia del partido de someter a derecho las actuaciones del mismo.

Considerando: Que sobre este punto, conviene señalar que este Tribunal ha sostenido de manera constante que “el interés es la medida de la acción”, y que el mismo, al menos en esta materia, se deduce de la sola calidad de miembro del partido del impetrante, puesto que el interés jurídico que se deduce de la fiscalización de las actividades de los partidos políticos “envuelve a todos y cada uno de los miembros y militantes” de los mismos (República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-004-2012, de fecha 21 de febrero de 2012). Dicho de otra manera, este Tribunal ha sido reiterativo al indicar que, si a toda persona que alegue que sus derechos han sido vulnerados se le reconoce interés, también se le debe reconocer, por las mismas razones, a todo miembro de un partido político que invoque que alguna actuación partidaria violenta sus derechos o transgrede la Constitución, las leyes de la República o los estatutos (Cfr. República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-024-2012, de fecha 15 de junio de 2012).

Considerando: Que en relación al interés para actuar en justicia, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido, lo cual comparte este Tribunal, que:

“(…) para ejercer válidamente una acción en justicia es necesario que quien la intente justifique, mediante la prueba del perjuicio o agravio ocasionado a un derecho propio y del provecho que le derivaría el acogimiento de sus pretensiones, un interés con las características de ser legítimo, nato y actual, (…)”. (República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, sentencia Núm. 39, del 27 de noviembre de 2013, B.J. 1236, 1a).

Considerando: Que respecto al interés para actuar ante la jurisdicción contenciosa electoral, este Tribunal Superior Electoral ha decidido:

“Considerando: Que la calidad es el título en cuya virtud una parte o litigante figura en un acto jurídico o juicio; en consecuencia, debe identificarse como la condición habilitante a los fines de que una persona pueda acudir ante los tribunales para reclamar los derechos de los cuales se considere titular; que del mismo modo, la calidad se traduce en interés” (República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-563-2016, del 20 de junio de 2016, p. 5).

Considerando: Que en la especie se comprueba que los demandantes son miembros del partido demandado, por lo cual es deber de este Tribunal reconocer a éstos, en tanto tales, el interés que asiste a todo individuo de controlar que las actuaciones de la organización a la que pertenece no vulneren sus derechos fundamentales ni resulten contrarias a la Constitución o a las demás normas vigentes y aplicables.

Considerando: Que en adición a lo expuesto, este Tribunal es del criterio de que el hecho de no asistir a una asamblea, reunión o convención, no debe traducirse en falta de interés de un persona para cuestionarla en sede jurisdiccional, máxime cuando, como se ha dicho, se comprueba que la misma es miembro del partido y por tanto tiene interés para demandar respecto a situaciones internas de su partido. Que en atención a los motivos previamente expuestos, este Tribunal rechaza el medio de inadmisión por falta de interés propuesto por la parte demandada, tal y como se hará constar en el dispositivo de esta decisión.

C) Medio de inadmisión por cosa juzgada

Considerando: Que la parte demandada, en sustento de este medio de inadmisión arguye que en fecha 23 de octubre de 2017, los hoy demandantes “instrumentaron una demanda en nulidad de convocatoria de Asamblea General Ordinaria suscrita y publicada por los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, en sus calidades de Presidente y Secretario general del PRSC”. En el conocimiento de dicha demanda, continúa alegando el Partido demandado,

“los demandantes no solo abordaron la nulidad de la convocatoria sino que alegaron como causa de nulidad de la convocatoria la falta de calidad para suscribir la misma, la indeterminación de las personas convocadas y otros aspectos como argumentos que se repiten casi de manera textual en esta nueva demanda”.

Considerando: Que la parte demandada sostiene, sobre el particular, que “habiéndose agotado todo un proceso litigioso de demanda, instrucción y debate de la primera demanda en nulidad de convocatoria de Asamblea”, y habida cuenta de la existencia de “igualdad de partes, igualdad de objeto [e] igualdad de causa”, debe declarar inadmisible la demanda por haber quedado configurada la causal de cosa juzgada. Y es que, a juicio de la parte demandada, “estamos ante un caso juzgado, toda vez que intentar cambiar el nombre o título de la demanda, y reintroducir nuevamente la acción, con las mismas partes, el mismo objeto y los mismos fines”, constituye una evidente violación del artículo 69 constitucional “y de todas las disposiciones legales que prohíben que una persona física o moral pueda ser juzgada dos veces por la misma causa”.

Considerando: Que la parte demandante ha respondido el medio de inadmisión analizado señalando que

“la parte demandada olvida que para que exista el fin de inadmisión por cosa juzgada, además de exigirse como supuesto previo la existencia de una sentencia, esta tiene que coincidir con la nueva demanda en su objeto, causa y en las partes, de acuerdo a la triple identidad prevista en el artículo 1351 del Código Civil; que haciendo una lectura de los requisitos exigidos por el artículo 1351 para que se pueda configurar la cosa juzgada, se constata que el primero es el objeto y la misma no existe en el presente caso, puesto que la demanda aludida como fallada por la parte demandada pretendía la nulidad de la convocatoria de la asamblea, mientras que la demanda que nos ocupa pretende la nulidad de la asamblea, por lo que existe una clara diferencia respecto de los objetos de ambas demandas; que si el objeto de la demanda es distinto, pues también la causa de la demanda es distinta”.

Considerando: Que el Tribunal estima preciso indicar, de entrada, que

“para que la excepción de cosa juzgada pueda ser válidamente opuesta, no es necesario que la nueva acción contenga los términos y motivos precisos e idénticos a los incursos en la acción ya juzgada irrevocablemente, basta que lo haya sido virtual y necesariamente” (República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, sentencia número 4, del 5 de abril de 2006, B.J. 1145, pp. 50- 58, 1a).

Es decir, el medio de inadmisión fundado en la cosa juzgada tiende a impedir que un asunto juzgado de forma irrevocable sea sometido a juicio nuevamente, por los mismos motivos, entre las mismas partes y con el mismo objeto. No obstante, y esto es lo que se pretende subrayar a partir de la decisión citada, este medio solo procede en casos en los que el fondo de la “primera demanda” haya sido efectivamente juzgado; es decir, la cosa juzgada solo es oponible cuando verdaderamente el fondo de aquel asunto (el primero) fue sopesado y analizado judicialmente.

Considerando: Que este ha sido, no por casualidad, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la nación. En efecto, este órgano ha juzgado en diversas ocasiones que:

“para que la excepción de cosa juzgada pueda ser válidamente opuesta, es necesario que la nueva acción tenga identidad de partes, de causa y de objeto con la acción ya juzgada irrevocablemente; es decir, que éste principio prohíbe (…) que sea sometido de nuevo a un tribunal lo que ya ha sido juzgado bajo las condiciones señaladas precedentemente, no pudiendo aplicarse este principio a los casos (…) en que entre las demandas incoadas existe identidad de partes, objeto y causa, pero la primigenia no ha sido decidida irrevocablemente (…)”.(República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, sentencia número 33, del 11 de febrero de 2009, B.J. 1179, pp. 338-344, 1a).

Considerando: Que en abono de lo anterior, conviene recordar que la Suprema Corte de Justicia, mediante su sentencia de fecha 26 de noviembre de 2008, estableció el criterio según el cual mal podría invocarse la autoridad de la cosa juzgada cuando

“el tribunal de primer grado, en su primera sentencia, solo se limitó a declarar irrecibible la demanda por cuestiones puramente de forma (…)”. (República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, sentencia número 60, del 26 de noviembre de 2008, B.J. 1176, pp. 522-528, 1a)

Más aún, en su sentencia del 2 de marzo de 2011, dicha Corte estimó, de manera por demás acertada, que:

“si bien ha sido juzgado por la Suprema Corte de Justicia que para que la excepción de cosa juzgada pueda ser válidamente opuesta, es necesario que entre las acciones judiciales enfrentadas se encuentren reunidas las condiciones exigidas por el artículo 1351 del Código Civil, es decir, que las litis deben ser entre las mismas partes y tener identidad de causa y objeto; que en la presente especie (sic) resulta plausible el criterio expuesto en el fallo impugnado, en el sentido de que no procedía retener el principio de cosa juzgada, en razón de que aun cuando en los procesos de referencia se reúnen esos requisitos, el dispositivo de la sentencia de fecha 31 de enero de 2006, que adquirió la fuerza de la cosa juzgada, se limita, como se ha dicho, a declarar inadmisible la demanda (…), lo que en nada incide en cuanto al fondo mismo del asunto, decidido mediante la sentencia que originó el fallo impugnado; que la autoridad de cosa juzgada solo es inherente a las decisiones judiciales rendidas en la materia contenciosa respecto de las contestaciones debatidas entre las partes; que en esas condiciones, los agravios formulados en el medio examinado carecen de fundamento (…), por lo que debe ser rechazado (…)”(República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, sentencia número 2, del 2 de marzo de 2011, B.J. 1204, inédito).

Considerando: Que en la especie, el demandado sustenta el medio analizado en lo decidido por este Tribunal mediante la sentencia TSE-001-2018, del 17 de enero de 2018, con la cual se resolvió una demanda en nulidad de convocatoria en su momento interpuesta por Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, hoy demandantes, contra el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), por supuesta nulidad de la convocatoria para la asamblea hoy atacada. Conviene recordar que mediante dicha decisión el Tribunal se limitó a declarar inadmisible, por extemporánea, la demanda en cuestión, sin juzgar el fondo del asunto (por ser este el efecto natural del acogimiento de un fin de inadmisión (Vid., entre muchas otras: República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, sentencia número 12, del 17 de abril de 2002, B.J. 1097, pp. 181-187, 1a; sentencia número 13, del 29 de enero de 2003, B.J. 1106, pp. 101-108, 1a; sentencia número 6, del 9 de junio de 2004, B.J. 1123, pp. 159-165, 1a)).

En tal tesitura, el criterio externado por la Suprema Corte de Justicia en la decisión ut supra referida aplica plenamente como respuesta al medio formulado por el demandado, sin que deban ofrecerse motivos adicionales para ello, fundamentalmente por la claridad con que el asunto fue abordado por la Corte Suprema en las decisiones hasta aquí referidas. Por tales motivos, procede rechazar el medio de inadmisión analizado, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia y, en consecuencia, ponderar el fondo de la demanda de que se trata.

V.- Inadmisibilidad de la intervención voluntaria

Considerando: Que en relación a la inadmisibilidad de la intervención voluntaria, la parte demandada plantea que

“conjuntamente con la instancia de intervención voluntaria no fue depositado ningún documento sustentativo de las pretensiones del interviniente; que la intervención fue notificada al demandado y tampoco se notificó ningún documento sustentatorio de la intervención voluntaria; que los artículos 66, 67, 68 y 69 del Reglamento Contencioso Electoral disponen las reglas para las intervenciones, a pena de inadmisibilidad, señalando que se debe depositar la documentación probatoria conjuntamente con la intervención voluntaria; que la intervención no cumple con lo previsto en el reglamento, ya que no se depositaron los documentos justificativos de la misma conjuntamente con la intervención”.

Considerando: Que el interviniente voluntario en su escrito de conclusiones ampliadas no presentó argumentos respecto al medio de inadmisión propuesto por los demandados contra su intervención, sin embargo, en sus conclusiones de audiencia el 15 de febrero de 2018 sostuvo al respecto que “en la instancia en intervención se indica el fundamento jurídico de la misma”, por lo cual solicitó que “todos los medios de inadmisión planteados por los demandados deben ser rechazados por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal”.

Considerando: Que a juicio de los demandados, la intervención voluntaria deviene en inadmisible, ya que conjuntamente con el escrito de la misma no fue depositado ningún documento probatorio y porque tampoco se remitió documento alguno con la notificación de dicha intervención a los demandados, lo que entienden constituye una inobservancia a las disposiciones contenidas en los artículos 66 (Artículo 66. Contenido del escrito del interviniente. El escrito del/de la interviniente debe contener: 1) Designación del órgano contencioso electoral apoderado del caso. 2) Los nombres, Cédula de Identidad y Electoral, profesión, domicilio, dirección electrónica y menciones relativas a los demás datos de la parte interviniente y su abogado/abogada en caso de que lo tuviese. 3) La elección precisa de un domicilio en la jurisdicción donde funciona la instancia electoral apoderada del caso, cuando no residiese en dicho lugar. 4) La mención del proceso en el cual interviene. 5) Las menciones relativas al objeto de la intervención y una exposición sumaria de los medios de hecho Electoral que rige la materia. Sin embargo, el Tribunal no comparte tales razonamientos, pues si bien es cierto que de acuerdo a las disposiciones del reglamento en cuestión se deben depositar los documentos probatorios conjuntamente con el escrito de intervención, no es menos verdadero que ello es a condición de que el interviniente estime necesario realizar dicho depósito. En efecto, si el interviniente voluntario estima que la documentación aportada por las demás partes al expediente resulta útil a sus pretensiones, entonces no está obligado a aportar, junto con su instancia, ningún documento, tal y como aconteció en este caso. En consecuencia, procede rechazar el medio de inadmisión contra la intervención voluntaria, planteado por la parte demandada, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia), 67 (Artículo 67. Notificación de la intervención. Depositado el escrito de intervención, la parte interviniente, por lo menos dos (2) días francos antes de la audiencia fijada, notificará dicho escrito y los documentos a las demás partes envueltas en el proceso o a sus abogados. Párrafo. La parte interviniente deberá depositar en el órgano contencioso electoral correspondiente, vía Secretaría General, antes o al momento de la celebración de la audiencia, el acto que contenga la notificación de la intervención), 68 (Artículo 68. Efectos de la intervención. La intervención no puede detener el curso regular del proceso para que el interviniente realice cualquier diligencia procesal) y 69 (Artículo 69. Inadmisibilidad de la intervención por inobservancia del proceso. Los requisitos señalados en los artículos 64, 65, 66 y 67 deben ser observados a pena de inadmisibilidad de la intervención”) del Reglamento Contencioso Electoral que rige la materia. Sin embargo, el Tribunal no comparte tales razonamientos, pues si bien es cierto que de acuerdo a las disposiciones del reglamento en cuestión se deben depositar los documentos probatorios conjuntamente con el escrito de intervención, no es menos verdadero que ello es a condición de que el interviniente estime necesario realizar dicho depósito. En efecto, si el interviniente voluntario estima que la documentación aportada por las demás partes al expediente resulta útil a sus pretensiones, entonces no está obligado a aportar, junto con su instancia, ningún documento, tal y como aconteció en este caso. En consecuencia, procede rechazar el medio de inadmisión contra la intervención voluntaria, planteado por la parte demandada, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- Sobre el fondo de la presente demanda

A) Argumentos de la parte demandante

Considerando: Que los demandantes alegan, en síntesis, que la Asamblea Nacional Ordinaria celebrada por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en fecha 17 de septiembre de 2017, que tuvo lugar en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz, es nula. Tres son las razones fundamentales sobre las cuales sostienen tal tesis: en primer lugar, porque la modalidad de la asamblea fue adoptada a raíz de una recomendación formulada por el Directorio Presidencial del Partido en el marco de una reunión irregular, cuya anulación fue pronunciada por este mismo Tribunal (Vid. República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-023-2017, de fecha 31 de octubre de 2017); de otro lado, señalan que la asamblea es nula porque buena parte de los concurrentes a la misma carecían de calidad para fungir como delegados y de ella deriva la falta de quorum. Alternativamente, precisan que la asamblea fue celebrada en franca violación de la regla contenida en el artículo 52, párrafo I, de los estatutos del Partido, puesto que personas que eran candidatos a los puestos directivos que habrían de ser elegidos en la susodicha asamblea condujeron los trabajos de la convención.

Considerando: Que respecto del primer medio de nulidad los demandantes establecen que

“en la reunión del Directorio Presidencial del 9 de junio del año 2017, conforme las disposiciones estatutarias establecidas en el párrafo I del artículo 22, se determinó acoger la recomendación a la Comisión Ejecutiva de la modalidad de asamblea de delegados para la realización de la asamblea ordinaria que cada cuatrienio debe realizar el partido para la elección de sus autoridades”.

La reunión celebrada por el Directorio, recuerdan los demandantes, fue anulada por este Tribunal por falta de quorum, de manera que la referida recomendación deviene inexistente. Dicho de otra manera, los demandantes precisan que

“el hecho de que la decisión de celebración de asamblea estuviese basada en una recomendación anulada” torna anulable a la asamblea misma, puesto que “la declaratoria de nulidad conlleva la inexistencia de la recomendación en cuestión y todo acto subsecuente realizado en base a la misma”.

Considerando: Que a continuación, los demandantes refieren el literal d) del artículo 21

(Art. 21.- La Asamblea Nacional Ordinaria legalmente constituida es el mecanismo para la elección de los titulares a cargos directivos del Partido. Los aspirantes a cargos directivos tienen que estar inscritos en el padrón de electores de la demarcación correspondiente. La Asamblea Nacional Ordinaria puede celebrarse mediante una de las modalidades siguientes: (…) d) Asamblea de Delegados: Tienen derecho a participar y sufragar los miembros (as) del Directorio Central Ejecutivo, los (as) expresidentes (as) del Partido, los (as) expresidentes (as) y vicepresidentes (as) de la República que sean miembros (as) del Partido, los (as) titulares o Secretarios (as) de las distintas Secretarías adscritas al Directorio Central Ejecutivo, los (as) subsecretarios (as) generales y de organización) de los estatutos del Partido y aducen que

“al verificar la lista de concurrentes a dicha reunión en las mismas se han podido comprobar que de los asistentes como asambleístas existen una importante proporción que no constituyen delegados del Partido Reformista Social Cristiano”.

En ese sentido, y luego de hacer referencia a las disposiciones estatutarias que atañen a la elección de los miembros de los distintos órganos del Partido –específicamente los artículos 21, párrafo I; 16, párrafo I; 23, párrafo IV; 29; 31, literal p); 32, párrafo I; 47, párrafo IV; y 23, literal d)—, los demandantes apuntan que “solo podían participar en calidad de delegados los miembros de los órganos partidarios elegidos por asamblea, siendo la última que nombró miembros la celebrada en 2014, los válidamente elegidos por órganos partidarios de las cuotas reservadas a estos y los suplentes de vacantes por renuncia expresa, muerte, suspensión temporal, expulsión o condena a pena que implique pérdida de derechos civiles y políticos”.

Considerando: Que a juicio de los demandantes, en la Asamblea impugnada participaron como “delegados” un sinnúmero de individuos que carecían de calidad para ello, ora por no haber sido elegidos por asamblea o por uno de los órganos del partido, como consecuencia de la porción que los estatutos reservan a algunos de ellos, ora en sustitución de un miembro antiguo, desvinculado de las filas del partido por alguna de las causas enumeradas en la última parte del párrafo anterior. Sobre esto, los demandantes señalan que “de una verificación de la lista de concurrentes a la asamblea” se comprueba que “de los participantes existían más de 500 personas carentes de calidad y en consecuencia de la capacidad para elegir autoridades partidarias, por lo que no existía quórum para la celebración de la reunión”.

Considerando: Que respecto a la violación al artículo 52, párrafo I (Art. 52.- Los (as) miembros (as) del Partido podrán aspirar a ser postulados como candidatos (as) o precandidatos (as) a cargos de elección popular cuando el Partido deje abierta la campaña interna. Párrafo I. Todo dirigente del Partido que ostentando la posición de Presidente (a), Secretario (a) General, Secretario (a) de Organización o Secretario (a) de Asuntos Electorales, aspire a algún cargo directivo o de elección popular, cesará en el ejercicio de sus funciones hasta que concluya el proceso eleccionario, a partir del momento en que formalice su inscripción), de los estatutos partidarios, los demandantes señalan que, “en franca violación al referido texto”, los trabajos y trámites el propios de la Asamblea fueron conducidos por los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, a pesar de que estos, “a su vez, eran candidatos a relección a los cargos que ocupan”. En ese tenor, establecen que “conforme acta de la referida asamblea, el Presidente y Secretario formalizaron su inscripción en fecha 11 de septiembre de 2017, con el depósito de plancha ante la secretaria (sic) de asuntos electorales y pese a ello continuaron ejerciendo funciones incompatibles con su candidatura”. A juicio de los demandantes, tal circunstancia, por sí sola, justifica que se proceda con la anulación de la asamblea en cuestión.

B) Argumentos de la parte demandada

Considerando: Que en cuanto al argumento de la “falta de calidad” de algunas de las personas que asistieron como delegados con derecho a sufragar y participar, a la asamblea hoy impugnada, el demandado precisa que “el proceso convencional de noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015”, a su juicio de harto conocimiento de los hoy demandantes, “escogió nuevas directivas de los directorios provinciales, de circunscripciones electorales, municipales, de distritos municipales y de filiales. Esas nuevas directivas cambiaron sustancialmente la composición del DCE [Directorio Central Ejecutivo] y de la Asamblea Nacional”. Reiteran que el proceso interno celebrado en el referido periodo “cambió una parte de la matrícula de miembros” de los órganos partidarios, “al integrarse los Presidentes, Secretarios Generales y Secretarios de Organización de los directorios provinciales, de circunscripciones electorales, municipales, de distritos municipales y de filiales electos en las Asambleas debidamente convocadas y que también se integraron los nuevos miembros escogidos de la Comisión Política Nacional y de la Comisión Ejecutiva”.

Considerando: Que en definitiva, el demandado aduce que

“los miembros de la Asamblea Nacional tienen un componente dinámico que cambia en función de las elecciones congresuales y municipales, ya que los legisladores, alcaldes (alcaldesas), vicealcaldes (vicealcaldesas), regidores, directores y vocales de juntas municipales entran automáticamente como miembros del órgano al momento de ser elegidos. De igual manera, salen del órgano las autoridades municipales y congresuales que, siendo miembros bajo ese predicamento, no fueron electos en las elecciones de 2016”.

Siendo así las cosas, no es de recibo, a su juicio, el argumento de “indeterminación” formulado por los demandantes en cuanto a los miembros con calidad para asistir y conformar la asamblea atacada, puesto que el proceso dinámico al que se sometieron los órganos internos del Partido afectó su composición interna, alterándose en consecuencia la matrícula de miembros con calidad para asistir y sufragar en el evento objeto de discusión.

Considerando: Que en cuanto a la alegada violación al artículo 52 de los estatutos vigentes, el demandado señala, en síntesis, que dicha disposición aplica solamente para

“la elección de candidatos a cargos de elecciones populares y que el mismo pretende mantener el principio de equidad si hubiere varios candidatos aspirando a una misma posición, aquellos que ostenten la Presidencia o Secretaría General, cesarán en sus funciones hasta que concluya el proceso eleccionario”.

En ese sentido, en el presente caso “no puede aplicarse de manera literal el artículo 52, pues la Asamblea Nacional Ordinaria fue celebrada exclusivamente para la elección de los titulares a cargos directivos del Partido y no a cargos de elección popular”. Así, en vista de que en la asamblea “solo fue depositada una única plancha” y a que no existió “ninguna otra persona que se haya inscrito como aspirante” a los cargos que habrían de ser elegidos, aun cuando se admitiese la aplicación del susodicho artículo 52 habría de llegarse a la conclusión de que ello no invalidaría la asamblea, puesto que en tal caso no existiría “un agravio que justifique o motive la nulidad”.

C) Alegatos del interviniente voluntario

Considerando: Que el interviniente voluntario, en síntesis, ha hecho suyos los argumentos expuestos por la parte demandante. Así lo expresa en su escrito de conclusiones depositado en la Secretaría General de este Tribunal en fecha 2 de marzo de 2018. En pocas palabras, el interviniente profundiza en el aspecto relativo a la indeterminación del padrón de miembros convocados y en la falta de calidad de varios de los asistentes a la asamblea impugnada. Sobre lo primero, el interviniente precisa que “la nómina de dirigentes conforme al padrón de 2014 que tenían derechos a participar de la Asamblea Nacional Ordinaria asciende a la cantidad de 2,227”, revelando su contenido, pues, que “conforme a la lista de concurrencia a la Asamblea en nulidad, se han excluido o sustituido de manera perversa e irregular la cantidad que ascienden a 1,206 dirigentes”. Esto, a su juicio, es tanto como afirmar que “los señores Federico Antún Batlle y Rogelio Genao, para asirse con la dirección del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se vieron precisados a excluir o sustituir a 1,206 dirigentes, cantidad que constituye el 54.15% de la matrícula del padrón de 2014”.

Considerando: Que tal y como se advierte, existe una indiscutible conexión entre los dos argumentos enarbolados por el interviniente. La indeterminación del padrón hecho valer por el Partido para la celebración de la asamblea conduce, en esencia, a poner en tela de juicio la calidad de los que finalmente asistieron al evento hoy atacado; y como es de dudar de su calidad, y en vista del elevado número de miembros excluidos –que cabe presumir fueron “sustituidos” por personas sin calidad para participar como delegados con derecho a voto en la asamblea impugnada—, pues procede anular, por irregular, la asamblea en cuestión. Esto es, en apretada síntesis, lo que invoca el interviniente.

D) Solución dada por el Tribunal a la demanda

Considerando: Que en lo relativo al fondo del presente proceso, distintos puntos son objeto de debate entre las partes. Como se indicó anteriormente, la parte demandante argumenta, por un lado, que existió indeterminación en el padrón sometido por el partido previo a la celebración de la asamblea impugnada, a lo que añade que los organismos internos fueron sometidos a inclusiones y exclusiones de miembros por demás arbitrarias, a fin de alterar su composición y poder, consecuentemente, reunir el quórum necesario. El demandado replica arguyendo que cualquier alteración se produjo a raíz del proceso interno emprendido entre 2014 y 2015, de modo que no puede hablarse de indeterminación, mucho menos de alteración culposa y arbitraria de la composición de los organismos internos. En todo caso, el demandado justifica la celebración de la asamblea señalando que la misma fue realizada de conformidad con la norma.

Considerando: Que alternativamente, el demandante apunta que, aun cuando no se admitiese la indeterminación en el padrón y la manifiesta y arbitraria manipulación de la conformación de los organismos internos del Partido –afectando en consecuencia la relación de miembros con derecho a participar en la asamblea—, debe acogerse el argumento de que la asamblea contravino el artículo 52 de los estatutos, por cuanto fue conducida y dirigida por los mismos funcionarios que previamente se habrían postulado como candidatos a los cargos directivos que serían seleccionados en el evento. El demandado replica, en esencia, que dicha disposición estatutaria solo aplica para la votación de cargos de elección popular, no así para los procesos internos de designación de autoridades partidarias, pero que, aun cuando se admitiese la aplicación del artículo en cuestión, el mismo no acarrearía la anulación del evento en la medida en que no da lugar a un agravio “real”.

Considerando: Que por convenir a la solución que se adoptará en el presente caso, el Tribunal examinará en primer término la causa de nulidad invocada por los demandantes consistente en que la asamblea se llevó a cabo en contravención de las disposiciones estatutarias vigentes, concretamente en detrimento del artículo 52, párrafo I, de la norma fundamental del Partido.

Considerando: Que lo que plantean los demandantes constituye una la abierta y franca confrontación entre una actuación partidaria (la celebración de la asamblea) y una disposición estatutaria (el artículo 52). Este Tribunal estableció en su sentencia TSE-011-2017, del 4 de abril de 2017, que los estatutos son a los partidos políticos lo que la Constitución es para el Estado: la norma suprema (Cfr. República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-011-2017, de fecha 4 de abril de 2017, p. 22). De ello se sigue que cualquier actuación interna que contravenga los estatutos debe reputarse como nula, por cuanto éstos constituyen, de nuevo, “la norma fundamental que ha de regir la vida a lo interno de los partidos políticos, así como las actuaciones a lo externo” (Ídem). Así las cosas, la valoración del punto analizado supone, principalmente, contraponer la actuación objetada con el texto, el sentido y el espíritu de la disposición invocada, o, lo que es lo mismo, valorar aquélla (la acción presuntamente infractora) a la luz de ésta (la disposición estatutaria cuya vulneración se invoca).

Considerando: Que es preciso, entonces, referir lo establecido en el artículo 52 de los estatutos del partido:

“Art. 52.- Los (as) miembros (as) del Partido podrán aspirar a ser postulados como candidatos (as) o precandidatos (as) a cargos de elección popular cuando el Partido deje abierta la campaña interna. Párrafo I. Todo dirigente del Partido que ostentando la posición de Presidente (a), Secretario (a) General, Secretario (a) de Organización o Secretario (a) de Asuntos Electorales, aspire a algún cargo directivo o de elección popular, cesará en el ejercicio de sus funciones hasta que concluya el proceso eleccionario, a partir del momento en que formalice su inscripción”.

Considerando: Que conforme el artículo transcrito ut supra, cuando en un proceso eleccionario interno, sea para la designación de cargos de elección popular, sea para la conformación de la directiva partidaria, exista coincidencia entre los funcionarios competentes para conducir los trabajos de la asamblea y aquellos inscritos como candidatos para los puestos en juego (dicho de otra manera, cuando los conductores de la asamblea sean, también, candidatos en la contienda), éstos deberán cesar en sus funciones hasta tanto culmine el trámite. El texto de la disposición no da lugar a dudas, y su espíritu parece ser uno e inequívoco: que el proceso sea conducido por personas ajenas, –en tanto no candidatos–, al proceso eleccionario. Así, se entiende, queda cerrada toda posibilidad de que ciertos candidatos ostenten una posición “privilegiada” frente a los demás. La cuestión, entonces, se contrae a un punto elemental: garantizar la participación en pie de igualdad de todos los miembros del partido en los procesos eleccionarios internos.

Considerando: Que de acuerdo a la documentación aportada, los trabajos efectuados durante la asamblea impugnada fueron conducidos por los señores Federico Antún Batlle, en su calidad de presidente, y Ramón Rogelio Genao, en tanto secretario general. Así, no solo no reposa prueba en el expediente de que éstos hayan cesado voluntariamente en sus funciones, o que hayan sido obligados, por los canales correspondientes, a ceder sus respectivos puestos en la estructura partidaria hasta tanto culminase la contienda, sino que la documentación aportada demuestra justamente lo contrario: que el proceso fue conducido por los referidos señores. El demandado no ha puesto en discusión estas cuestiones, ni alegó en momento alguno que la situación fuese la contraria, o que dichos señores se encontraban inhabilitados en sus funciones mientras duró el proceso interno. Se limitó a alegar que tal actuación no perjudicaba a los demandantes, olvidando que el fiel cumplimiento de los estatutos partidarios no está sujeto a que su transgresión haya causado un perjuicio particular a los demandantes.

Considerando: Que de lo anterior se sigue que, en efecto, y tal como alegan los demandantes, el proceso estuvo viciado. Y es que la normativa interna, particularmente el párrafo I del referido artículo 52, es clara al establecer que todo individuo que aspire, ora a cargos internos, ora a puestos de elección popular, “cesará en el ejercicio de sus funciones hasta que concluya el proceso eleccionario, a partir del momento en que formalice su inscripción”. Hay, pues, poco espacio para interpretación: la asamblea fue celebrada en contravención de los estatutos vigentes, al haber sido conducida por individuos que se habían postulado como candidatos a los puestos que habrían de ser sometidos a discusión y deliberación de los miembros en el proceso interno que en la especie se impugna.

Considerando: Que al respecto conviene recordar que ha sido criterio constante de este Tribunal que uno de los requisitos esenciales de validez de toda convención o asamblea partidaria es “que los trabajos sean conducidos con el procedimiento de rigor contemplado en los estatutos o reglamentos especiales” (Ver, por todas: República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-004-2012, de fecha 21 de febrero de 2012). Este criterio, aunado a lo expresado en la sentencia TSE-011-2017, respecto a la supremacía de los estatutos partidarios, –en el sentido de que cualquier acto partidario que los contravenga deviene nulo–, conduce a concluir que procede disponer la anulación de la asamblea impugnada, por haber sido celebrada en contravención al artículo 52, párrafo I, de los estatutos del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Considerando: Que, en vista de que, de cara a la anulación de la asamblea impugnada, resulta suficiente la valoración favorable de uno de los motivos propuestos por la parte demandante, este Tribunal concluye que resulta innecesario ponderar los demás. En tal virtud, y por no quedar nada más por juzgar, procede declarar, por los motivos expuestos, la anulación de la asamblea, acogiendo así las conclusiones de los demandantes y el interviniente voluntario, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia.

Considerando: Que la materia electoral está exenta de la condenación en costas procesales, por lo cual procede su compensación.

Considerando: Que procede ordenar la ejecución provisional de la presente sentencia, no obstante, cualquier recurso que contra la misma se interponga.

Por todos los motivos expuestos, el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las disposiciones contenidas los artículos 40.15, 49, 69, 74.2, 74.4, 184, 188, 214 y 216 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015; artículos 3, 13, numeral 2, párrafo, y 14 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero de 2011; artículo 51 de la Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011 y sus modificaciones; artículo 44 de la Ley Electoral, Núm. 275-97, de fecha 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones; artículo 4 de la Ley Núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, de fecha 28 de julio de 2004; artículos 26, 66, 67, 68, 69, 82, 83, 116, 117 y 167 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por este Tribunal Superior Electoral en fecha 17 de febrero de 2016; artículos 16, párrafo I, 21, letra d), párrafo I, 23, letra d), párrafo IV, 29, 31, letra p), 32, párrafo I, 47, párrafo IV y 52, párrafo I, del Estatuto del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC):

FALLA:

Primero: Rechaza la excepción de inconstitucionalidad planteada por el interviniente voluntario, señor Carlos Modesto Guzmán Valerio, contra los artículos 82, 83, 117 y 167 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, en razón de que este Tribunal está habilitado constitucional y legalmente para dictar tal reglamento, según lo dispuesto en el artículo 214, parte in fine de la Constitución y 14 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica de este Tribunal Superior Electoral, de acuerdo a los motivos dados precedentemente. Segundo: Acoge la excepción de inconstitucionalidad planteada por los demandantes, señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, contra el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y, en consecuencia, declara dicha norma no aplicable a la solución del presente caso, en razón de que su interpretación y aplicación literal y exegética contraría los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y debido proceso, razonabilidad, publicidad, democracia interna y transparencia, de acuerdo a los motivos dados en esta sentencia. Tercero: Rechaza, por los motivos expuestos, los medios de inadmisión propuestos por la parte demandada, Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y los señores Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao; en consecuencia, admite, en cuanto a la forma, la presente demanda, por haber sido interpuesta de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, en virtud de las razones expuestas previamente. Cuarto: Acoge en cuanto al fondo la demanda en nulidad interpuesta por los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, contra la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), celebrada en fecha 17 de septiembre de 2017, en el Coliseo de Boxeo Carlos –Teo– Cruz; por consiguiente, anula, con todas sus consecuencias jurídicas la citada asamblea, por haber sido celebrada en violación a las disposiciones del artículo 52, párrafo I del estatuto del citado partido, de acuerdo a lo expuesto en esta sentencia. Quinto: Ordena la ejecución provisional de la presente sentencia, no obstante, cualquier recurso que se interponga contra la misma, en virtud de las disposiciones del artículo 3 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral. Sexto: Compensa las costas del procedimiento, por tratarse de un asunto electoral. Séptimo: Dispone la notificación de la presente sentencia a las partes en litis y a la Junta Central Electoral (JCE), así como la publicación en el Boletín Contencioso Electoral, para los fines de lugar.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018), año 175 de la Independencia y 155 de la Restauración.

Firmada por los magistrados Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente; Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, jueces titulares, asistidos por Sonne Beltré Ramírez, Secretario General.
Voto disidente del magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo

Con el debido respeto a los demás jueces y en el ejercicio de las prerrogativas que me confieren los artículos 11, 12 párrafo I y 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, Núm. 29- 11, del 20 de enero del 2011 y el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, y en ocasión de la decisión adoptada por la mayoría, tengo a bien desarrollar las razones jurídicas de mi disidencia en relación a la sentencia dictada en ocasión de la demanda en nulidad interpuesta por los señores Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra, contra la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), celebrada el 17 de septiembre de 2017.

I.-Antecedentes y hechos del caso

1.1.- La presente demanda se circunscribe al hecho de que, en fecha 5 de septiembre de 2017 fue publicada en la página 3B del periódico Listín Diario una convocatoria para la celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que tendría lugar el domingo 17 de septiembre de 2017 a las 9:00 a.m., en el Coliseo de Boxeo Carlos –Teo– Cruz.

1.2.- El 17 de septiembre de 2017, en cumplimiento a la indicada convocatoria, se celebró la referida asamblea, sin embargo, no conforme con este evento, el 11 de diciembre de 2017, Ramón Pérez Fermín, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra depositaron en la Secretaría General de este Tribunal una demanda en nulidad contra la asamblea previamente señalada, alegando la violación a disposiciones constitucionales, legales y estatutarias del partido en cuestión.

1.3.- Los referidos demandantes, en el curso de los debates concluyeron solicitando al Tribunal, en síntesis, lo siguiente: 1) Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral; 2) De manera subsidiaria solicitaron que dicho artículo sea interpretado para que el punto de partida del plazo contenido en el mismo tenga como punto de partida el deposito del acta de la asamblea en la Junta Central Electoral o a partir de la notificación de la misma; 3) En relación a los medios de inadmisión, solicitaron que fueran rechazados; 4) En cuanto al fondo, solicitaron que fuera declarada nula la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), del domingo 17 de septiembre de 2017, y la nulidad de todas las acciones, decisiones y actos adoptados como consecuencia de la misma.

1.4.- En ocasión del conocimiento de la presente demanda, Carlos Modesto Guzmán Valerio, en fecha 18 de enero de 2018 depositó una instancia en intervención voluntaria, concluyendo en audiencia, en la forma siguiente: 1) Haciendo suyas las conclusiones presentadas por la parte demandante y que sean acogidas; 2) Solicitó el rechazo de los medios de inadmisión presentados por los demandados; y 3) Declarar la inconstitucionalidad y no aplicabilidad al presente caso de los artículos 82, 83, 117 y 167 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil.

1.5.- Los demandados concluyeron solicitando al Tribunal lo siguiente: 1) El rechazo de las excepciones de inconstitucionalidad presentadas por el demandante y el interviniente voluntario; 2) La inadmisibilidad de la demanda por vencimiento del plazo previsto en el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales; 3) la inadmisibilidad de la demanda por falta de interés; 4) Inadmisibilidad de la demanda por cosa juzgada; 5) Subsidiariamente en cuanto al fondo, rechazar la demanda por improcedente, mal fundada y carente de base legal.

1.6.- Luego de quedar en estado de fallo el expediente contentivo de la demanda, el Pleno de Jueces del Tribunal, por mayoría de votos, ha decidido acoger la excepción de inconstitucionalidad planteada por los demandantes respecto a las disposiciones del 117 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil y en consecuencia no aplicar dicha norma al presente caso, por entender que el plazo previsto en el indicado artículo viola las disposiciones de los artículos 40.15, 68, 69, 74.2, 74.4 y 216 de la Constitución de la Republica, muy especialmente el principio de razonabilidad de las normas, realizando así una modulación o interpretación en cuanto al punto de partida del plazo contenido en dicho artículo. Con base en lo anterior, la mayoría decidió rechazar los medios de inadmisión planteados por la parte demandada, especialmente el relativo a la prescripción de la demanda, declarando, en consecuencia, admisible la demanda en cuestión y en cuanto al fondo declarar la nulidad de la Asamblea Nacional Ordinaria celebrada por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el domingo 17 de septiembre de 2017 a las 9:00 a.m.

1.7.- Respeto las razones que han expuesto mis pares en la sentencia y la decisión misma del presente caso, sin embargo, no comparto la solución dada a la excepción de inconstitucionalidad planteada por los demandantes, como tampoco el rechazo al medio de inadmisión por prescripción y por esos motivos me permito con el más elevado respeto, dejar constancia de mi posición sobre el particular.

II.- Consideraciones jurídicas del presente voto disidente A) Excepción de inconstitucionalidad planteada por los demandantes

A.1.- Los demandantes han planteado como fundamento de su excepción de inconstitucionalidad en contra del artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, que el mismo resulta contrario a: 1) el artículo 216 de nuestra Constitución, que establece el principio de transparencia dentro de los partidos políticos; 2) el principio de razonabilidad establecido en el numeral 2, articulo 74 de nuestra Constitución y el principio de utilidad de las normas, previsto en el 40 numeral 15 de la misma; 3) por violación al debido proceso, en razón de que el mismo vulnera el principio de publicidad que es una fórmula esencial en los actos de trascendencia pública, porque además vulneraría el derecho al recurso y/o acción; principios que están implicados y contenidos en el principio de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 69 de la Constitución; 4) el principio de favorabilidad que se aplica a los reclamantes, en materia de derechos fundamentales.

A.2- Luego de analizar los fundamentos y el alcance de las excepciones de inconstitucionalidad que han sido planteadas, soy de opinión que jurídicamente las mismas resultan improcedentes, toda vez que no existe contradicción alguna entre el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral y las disposiciones de la Constitución de la República, tal y como explico a continuación:

A.3.- Los argumentos planteados por las partes, en cuestionamiento a la indicada norma reglamentaria, no resultan suficientes para detectar vicio de inconstitucionalidad que sea susceptible de provocar la nulidad o inaplicabilidad del mismo al caso que nos ocupa. Las razones que me motivan a llegar a esta conclusión, están sustentadas en aspectos de orden público y la preservación de principios cardinales de nuestro sistema democrático, tales como la supremacía constitucional, la seguridad jurídica, el principio de previsibilidad y certeza normativa, así como la facultad reglamentaria reforzada que ha sido concedida al Tribunal Superior Electoral desde la misma Carta Sustantiva de la Nación, las cuales me obligan a sostener el criterio del mantenimiento de las normas y disposiciones reglamentarias cuestionadas, que resultan vitales para el juzgamiento y sobre todo para la decisión definitiva de los asuntos contenciosos electorales.

A.4.- Soy del criterio de que el plazo del artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral no limita el ejercicio de derechos, muy por el contrario, el mismo posibilita el correcto, adecuado y eficaz acceso a la justicia contenciosa electoral, preservando con ello los principios cardinales de transparencia, seguridad jurídica, previsibilidad, certeza normativa y uniformidad, establecidos en el artículo 9 de la Ley 29-11 y el artículo 1 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación.

A.5.- Los demandantes hacen un cuestionamiento directo al artículo 117 del reglamento, por alegadamente afectar el régimen de democracia interna de los partidos políticos, sin embargo, considero que contrario a lo alegado por los demandantes, dicho texto no viola ni afecta la democracia interna de los partidos, toda vez que el mismo lo que procura es garantizar que los miembros de los partidos políticos cuenten con una regla de procedimiento definida y preestablecida ante la máxima autoridad en materia contenciosa electoral que lo es el TSE, y cuyo plazo, como he indicado, ha sido establecido en ejercicio de un mandato expreso que el legislador ha conferido a este Tribunal en el artículo 14 de la Ley Núm. 29-11 del 20 de enero de 2011, el cual textualmente establece:

“Artículo 14.- Reglamento de procedimientos contenciosos electorales. Para la regulación de los procedimientos de naturaleza contenciosa electoral, el Tribunal Superior Electoral dictará un Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales que establecerá los requisitos, formalidades, procedimientos, recursos y plazos para el acceso a la justicia contenciosa electoral y que determinará, de conformidad con la presente ley, las demás atribuciones de carácter contencioso de las Juntas Electorales.”

A.6.- La disposición reglamentaria contenida en el artículo 117 del Reglamento Contencioso hace posible que se pueda exigir ante la jurisdicción contenciosa electoral, de forma eficaz y con certeza, el respeto a la democracia interna en ocasión de la celebración de las convenciones y asambleas que celebran los partidos políticos, cuyos miembros, en caso de que entiendan que sus derechos están siendo amenazados o violados, pueden utilizar esta vía para impugnar.

A.7.- Dicho lo anterior, cabría entonces preguntarse en qué medida el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, atacado en inconstitucionalidad, viola el principio de democracia interna y el principio de transparencia que han de regir el accionar de los partidos políticos.

A.8.- La respuesta a la interrogante anterior ha de ser negativa, pues el artículo 117 del citado reglamento lo que hace es, justamente, permitir que los miembros de los partidos políticos exijan el cumplimiento de los principios de democracia interna y transparencia previstos en la Constitución, al dar la posibilidad de que tales miembros cuestionen en sede jurisdiccional las actuaciones de dichas asociaciones. En efecto, el principio de democracia interna implica, entre otras cosas, en “[…] la obligatoriedad de que los partidos regulen su funcionamiento y organización ad intra a través de criterios que posibiliten la intervención de los afiliados a la hora de gestionar y fiscalizar a sus órganos dirigentes […] (Martínez Cuevas, María Dolores. Régimen Jurídico de los Partidos Políticos. Marcial Pons, Granada, 2006, página 39).

A.9.- En relación a la alegada violación de la transparencia que invocan los demandantes, estimo que dicho cuestionamiento carece de lógica, toda vez que ya es criterio de este Tribunal, el hecho de que la oponibilidad del plazo de los 30 días que establece el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral, se activa únicamente para aquellos miembros y delegados con calidad para asistir a las convenciones y asambleas de los partidos políticos, siempre que hayan sido debidamente convocados, y en el caso de los demandantes, los mismos, conforme a la documentación depositada en el expediente, fueron debidamente convocados, lo cual explico en el abordaje de los medios de inadmisión que hago en el presente voto disidente.

A.10.- Con respecto a la violación al principio de transparencia, cabe agregar que la disposición del artículo 117 del reglamento no impide que celebrada una reunión, convención o asamblea partidaria los miembros que entiendan violados sus derechos o los estatutos partidarios la cuestionen en sede jurisdiccional, pues el hecho de que las actas y documentos de dicha asamblea no hubieren sido depositados en la JCE, no es una causa de inadmisión de la demanda que se intentare. En resumidas cuentas, el hecho de que al demandar la nulidad de una asamblea no se aporte el acta de la misma, no es causa de la inadmisión de la demanda, por lo cual no se vería afectado el principio de transparencia, por lo que este argumento esbozado por los demandantes carece de asidero jurídico.

A.11- Los demandantes alegan una violación al artículo 69 de la Constitución de la República, cuyo vicio tampoco se configura, ya que no se afecta el derecho de acceso a la justicia, ni mucho menos el derecho al recurso, toda vez que las previsiones del artículo 117 del reglamento contencioso, no están destinadas a reglamentar las vías de recursos, sino más bien la demanda en nulidad o impugnación que son acciones principales donde no ha mediado decisión judicial previa, lo que evidencia una falta de correspondencia del alegato planteado por el demandante y la realidad del presente caso.

A.12.- La alegada violación del derecho al recurso debía de ser descartada, pues este derecho opera como la posibilidad de recurrir una sentencia ante un tribunal superior al que la ha dictado. En efecto, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al decidir que “el derecho al recurso es una garantía procesal orientada a permitir la revisión de una sentencia por un órgano superior al que dictó la decisión, de modo que se resguarde el derecho de defensa de los actores involucrados en un proceso jurisdiccional” (Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0008/13, del11 de febrero de 2013, página 12). En ese tenor, el artículo 69.9 de la Constitución prevé que “toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley”.

Asimismo, el párrafo III del artículo 149 de la Constitución señala que “toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes”.

A.13.- De lo anterior se extrae entonces que este derecho al recurso opera ante la existencia de una decisión judicial e implica la posibilidad del afectado de atacarla ante un juez o tribunal de mayor jerarquía al que la ha pronunciado. Resulta ostensible que este escenario no es el previsto en el artículo 117 del reglamento, pues el mismo no está referido al ejercicio de los recursos contra decisiones, sino a la demanda en nulidad.

A.14.- Respecto a la alegada violación al acceso a la justicia, cabe señalar que el mismo está previsto en el artículo 69.1 de la Constitución e implica “el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita” y forma parte de la tutela judicial efectiva. Al respecto se ha juzgado que

“[…] el derecho de acceso a la justicia no supone únicamente la posibilidad de accionar en ante los tribunales, sino que incluye la necesidad de que existan procedimientos que permitan a la jurisdicción resolver, conforme a las pretensiones de las partes, mediante un proceso que se rodee de las garantías efectivas e idóneas para la solución de los conflictos que le son sometidos a los jueces” (Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0042/15, del 23 de marzo de 2015, páginas 21-22).

A.15.- Se advierte que el texto del artículo 117 del reglamento en cuestión no cierra la posibilidad de demandar la nulidad contra las asambleas o reuniones partidarias, ni constituye una traba para obtener una justicia oportuna; tampoco dicho texto impone cargas o tasas para acceder a la jurisdicción. En ese sentido, se debe admitir que el artículo cuestionado no es contrario al precepto constitucional en cuestión.

A.16.- Respecto al alegato de violación al debido proceso, el mismo no se advierte en el caso analizado, pues el artículo 117 referido se limita a establecer un plazo para accionar en justicia en nulidad contra las asambleas y reuniones partidarias, es decir, que dicho texto justamente lo que hace es fijar las pautas para el acceso a la justicia contenciosa electoral.

A.17.- Oportuno resulta indicar que los recursos contenciosos electorales están previstos en los artículos 110 (apelación), 145 al 169 inclusive, (revisión, oposición y tercería), todos del Reglamento Contencioso Electoral, lo que evidencia que el cuestionamiento que hace la parte demandante no está en sintonía ni correspondencia con la naturaleza ni la esencia del plazo que regula el artículo 117 del citado reglamento, lo cual hace descartable este argumento.

A.18.- Otro de los argumentos que plantean los demandantes es que el artículo 117 viola los principios de legalidad, razonabilidad y utilidad de la norma. Estimo que al haber sido reglamentado en ejecución de un mandato constitucional y legal, el citado artículo respeta cabalmente el principio de legalidad.

A.19.- A este respecto cabe precisar que la violación al artículo 74.2 de la Constitución no se advierte en este caso, pues el referido artículo constitucional no impide que un reglamento de aplicación de la ley, como es el caso, prevea los mecanismos para acceder a la jurisdicción electoral, dando cumplimiento a su vez a lo dispuesto por el legislador orgánico.

A.20.- Sostienen los demandantes, además, que el referido artículo 117 es violatorio del principio de utilidad de la norma, pues a su juicio lo previsto en el mismo es inútil y arbitrario. Al respecto ya se ha indicado que el artículo 117 en cuestión lo que hace es cumplir con un mandato de la Constitución y del legislador orgánico.

A.21.- Asimismo, este Tribunal ha decidido que

“la intención tras la consagración de un plazo para la promoción de las impugnaciones referidas –por cuyo vencimiento, como se ha dicho, queda cerrada la posibilidad de procurar la anulación de las convenciones o asambleas partidarias— fue, y sigue siendo, dotar de cierta estabilidad a los actos partidarios y promover la seguridad jurídica tanto dentro como fuera de las organizaciones políticas. Es que el caso contrario, esto es, la ausencia de plazos para impugnar actuaciones partidarias, no hace otra cosa más que colocar en un permanente estado de inseguridad a los justiciables, pues en tales circunstancias se torna ilusorio, casi utópico, pretender que un acto partidario determinado (por ejemplo, una resolución adoptada en ocasión de una convención o, justamente, una convocatoria para una asamblea) pueda surtir efectos jurídicos y ser plenamente eficaz” (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-001-2018, del 17 de enero de 2018, páginas 19-20).

A.22.- De igual modo, respecto a la consagración de plazos para ejercer las acciones judiciales, la doctrina ha sostenido que la facultad de interponer quejas contra actos que se estiman ilegítimos opera en un contexto “en el que tienen vigencia también otras figuras jurídicas y una serie de principios, valores y derechos fundamentales” (Castillo-Córdova, L. (2010): “El plazo legal para interponer la demanda de amparo como concreción de la exigencia de un plazo razonable”, p. 106. Gaceta constitucional: jurisprudencia de observancia obligatoria para abogados y jueces (33), pp. 105-115) que deben ser respetados, a fin de promover “la confianza de los actores jurídicos en las relaciones jurídicas que lleven a cabo conforme el derecho vigente” (Castillo-Córdova, L. (2010): “El plazo legal para interponer la demanda de amparo como concreción de la exigencia de un plazo razonable”, p. 106. Gaceta constitucional: jurisprudencia de observancia obligatoria para abogados y jueces (33), pp. 105-115). En definitiva, con base en los razonamientos anteriores, procedía desestimar la queja referida a la supuesta violación al principio de utilidad de la norma.

A.23.- Se ha planteado también la violación al principio de utilidad de la norma, sin embargo, soy de opinión que la disposición del artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral, es una norma que hace verdaderamente operativo el ejercicio de las vías de impugnación contra las convenciones y asambleas de los partidos, dotando al sistema electoral de una certeza que a su vez conduce a la preservación de la seguridad jurídica. Además, esta previsión reglamentaria permite garantizar todas las exigencias del debido proceso y que las partes afectadas por una actuación o decisión partidarias, puedan oportuna y eficazmente obtener una tutela judicial efectiva que restablezca sus derechos en caso de ser amenazados o violados.

A.24- Los demandantes alegan que el referido artículo 117 del reglamento viola el principio de favorabilidad, sin embargo, tal violación no se configura, toda vez que el principio aludido no aplica al caso en cuestión, ya que no nos encontramos frente a varias alternativas en las que sea necesario adoptar la más favorable, sino que más bien, el citado artículo 117, reglamenta un plazo específico que a su vez tiene un respaldo constitucional y legal.

A.25.- En este sentido, dicho principio se aplica ante la existencia de dos normas que planteen distintas soluciones a un mismo supuesto. En este caso el juzgador habrá de preferir la norma que sea más favorable a la solución del asunto. De modo que en el presente caso no es aplicable dicho principio, pues no se está frente a dos normas que prevean soluciones disímiles a una misma situación, sino que existe una norma que prevé una solución a una situación.

A.26.- Otro de los alegatos de la parte demandante, es el relativo a que el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral viola el principio de razonabilidad. En ese tenor, se sabe que el principio de razonabilidad constituye uno de los límites a los derechos fundamentales y es, además, una técnica de interpretación constitucional para determinar la conformidad de una norma con el texto constitucional. Esta técnica de interpretación se integra por tres pasos, a saber: a) el fin buscado por la norma; b) el medio empleado para lograr el fin; y, c) la relación entre el medio y el fin buscado.

A.27.- Al respecto la jurisprudencia nacional ha señalado que “El test de razonabilidad sigue precisos pasos que le imprimen objetividad al análisis de constitucionalidad. Las jurisprudencias nacional, comparada e internacional desarrollan generalmente el test en tres pasos: 1. El análisis del fin buscado por la medida, 2. El análisis del medio empleado, y 3. El análisis de la relación entre el medio y el fin” (Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0161/13, del 12 de septiembre de 2013, página 12).

A.28.- Así, el fin buscado por la disposición del artículo 117 del reglamento es dotar de estabilidad a los actos partidarios para llevar a su vez seguridad jurídica a los actores. En cuanto al medio empleado, el mismo consiste en la consagración de un plazo para demandar contra las asambleas, primarias o convenciones. La relación entre el medio y el fin, consiste en la inadmisibilidad de la demanda interpuesta fuera del plazo señalado en dicho artículo.

A.29.- De lo anterior se aprecia que la relación entre el medio empleado y el fin buscado con la norma en cuestión no desvirtúa el principio de razonabilidad pues, como se ha señalado varias veces, la existencia de dicho plazo no impide que se demande en nulidad contra una asamblea o reunión partidaria, aún en ausencia del acta o los documentos que contienen los trabajos de dicha reunión o asamblea.

A.30.- Distinto sería el escenario si el artículo 117 cuestionado, además de fijar el plazo para demandar en nulidad, señalase la obligatoriedad de que el demandante depositara dentro de ese mismo plazo, a pena de inadmisibilidad, el acta de los trabajos de la reunión atacada, cosa que no sucede en la especie. Con base en los razonamientos anteriores procedía desestimar la queja sostenida por los demandantes sobre este particular.

A.31.- El punto nodal de la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la parte demandante, radica en el hecho de que no consideran posible que el plazo de 30 días que prevé el artículo 117 del Reglamento Contencioso Electoral se le oponga a los demandantes a partir de la celebración de la asamblea, independientemente de si fueron o no convocados a la misma, toda vez que según la mayoría, aunque los demandantes estuviesen convocados, pues no disponían de las actas de los trabajos de la asamblea celebrada a partir del mismo día en que inició el plazo para impugnar y esto, a juicio de la mayoría, constituiría un despropósito porque los demandantes alegadamente no tendrían las actas y documentos en base a los cuales sustentarían el escrito de impugnación que exige el referido artículo 117, lo que según la mayoría viola el principio de razonabilidad.

A.32.- Debió tomarse en cuenta que si bien las reglas del debido proceso, por mandato de la Constitución de la República se aplican a toda clase de actuaciones, incluyendo los asuntos contenciosos electorales, no es menos cierto que el derecho electoral es una rama autónoma, dotada de principios propios, los cuales a su vez responden a una lógica que lo diferencia de los procesos que se llevan por ante la justicia ordinaria, y por ello, la dinámica recursiva y el régimen de notificación de los fallos de los tribunales ordinarios no es aplicable integralmente a los asuntos electorales, pues la esencia de ambas materias entraña diferencias que ameritan la aplicación de reglas diferenciadas en cada una, lo cual se hace necesario para no desnaturalizarlas.

A.33.- En el caso que nos ocupa, al requerirse la entrega de las actas de las asambleas a las partes o el depósito de las mismas ante la Junta Central Electoral para que opere el inicio del plazo para impugnar, obvia el hecho de que en la impugnación de estos eventos no siempre se ataca el contenido de lo allí aprobado, sino que además se impugnan eventos previos, como la convocatoria, la publicidad de la convocatoria, la agenda, etc., que son actos que no ameritan la entrega de un acta de un evento que no ha sucedido, razón por la cual no resulta lógico llegar a la única conclusión de que ese plazo opera a partir del depósito en la Junta Central Electoral o la entrega del acta de la asamblea a las partes.

A.34.- Más aún, debió tomarse en cuenta el hecho de que, para impugnar una asamblea o convención de un partido político, incluyendo lo allí decidido, el examen de las actas de las asambleas no es el único elemento que determinaría la instrumentación adecuada del escrito de impugnación, ni tampoco sería el único elemento determinante para comprobar si la asamblea es o no válida, máxime porque el Tribunal Superior Electoral, de conformidad con los principios, atribuciones y facultades que le conceden la Constitución y las leyes, en caso de que en el curso de un proceso las partes no hayan podido obtener el acta de las asambleas está facultado para requerirlas de oficio a los partidos políticos o a la Junta Central Electoral, lo que se hizo en el caso de la sentencia en cuestión, y así ponerlas a disposición de las partes en el curso de un proceso, para que puedan exponer sus argumentos y defensa contra las mismas y el Tribunal examinar, aun de oficio, cualquier otro aspecto.

A.35.- Se ha sostenido, además, que de acuerdo a las disposiciones del artículo 44 de la Ley Electoral, los partidos políticos están obligados a depositar en la Junta Central Electoral las actas de las asambleas que celebren. La norma señalada prevé lo siguiente:

“Artículo 44.- FORMALIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXPEDIENTE DEL RECONOCIMIENTO. Una vez celebrada la asamblea constituyente, el directorio nacional elegido por los delegados que a ella hubiesen concurrido completará la documentación enviada a la Junta Central Electoral con un ejemplar o copia certificada por funcionario competente, de las actas de las sesiones de dicha asamblea, en la que deberán constar los nombres de los delegados, los acuerdos y resoluciones adoptados, los resultados de la elección del directorio nacional del partido y el texto completo de los estatutos, tal como hubiesen quedado aprobados. Con los documentos sometidos, según antes se ha dicho, la Junta formará el expediente del partido, que podrá ser libremente consultado. A dicho expediente serán incorporadas las resoluciones de carácter general que dicten las asambleas, las cuales, para su obligatoriedad, deberán ser autenticadas por la Junta con la leyenda: “Es conforme con la Legislación Electoral”. Al expediente serán también incorporados todos los documentos que se relacionen con alianzas o coaliciones concertadas por el partido o con la extinción de éste por cualesquiera de las causas previstas por la ley. Las diferencias que surgieren entre la Junta y representantes legales de los partidos, en lo atinente a sus resoluciones, serán resueltas mediante procedimiento sumario que será establecido previamente por la Junta.”

A.36.- Al respecto, cabe señalar que dicho artículo no obliga a los partidos políticos a depositar en la JCE los documentos producidos en sus asambleas y reuniones, sino que ese artículo se refiere a las formalidades exigidas a los partidos políticos para el reconocimiento como tales, es decir, se trata de una obligación a ser observada por los partidos políticos en formación a los fines de obtener el reconocimiento por parte de la JCE.

A.37.- Por tanto, no es razonable fijar como punto de partida para demandar un acontecimiento al que no están obligados los partidos políticos y para el cual tampoco hay en la ley un plazo perentorio y, menos aún una sanción a su inobservancia. Por ello entiendo, con el más alto respeto a mis pares, que se debió desestimar esta pretensión de los demandantes y con ella su excepción de inconstitucionalidad, procediendo a examinar los medios de inadmisión planteados por la parte demandada.

B) Medio de inadmisión por extemporaneidad

B.1.- Rechazadas las excepciones de inconstitucionalidad, se imponía analizar los medios de inadmisión, empezando por el que se fundamenta en la prescripción de la demanda. En este sentido, estimo que se debió acoger el medio de inadmisión por prescripción.

B.2.- Por el alcance y naturaleza de los medios de inadmisión que fueron planteados en relación a la presente demanda, analizaré en primer término lo relativo a la prescripción del plazo o extemporaneidad de la demanda, exponiendo los fundamentos por los que considero debió ser acogido.

B.3.- El argumento central de este medio de inadmisión, según la parte demandada, radica en que los demandantes estaban debidamente convocados a la asamblea que procuran anular, por lo cual el plazo para ellos demandar inició el 17 de septiembre de 2017, fecha de celebración de la asamblea, mientras que la demanda que nos ocupa fue intentada el 11 de diciembre de 2017, en violación a las disposiciones del artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales.

B.4.- La parte demandante responde a dicho medio alegando que ese plazo no debe iniciar el día de la celebración de la asamblea, sino a partir del depósito del acta de la asamblea en la JCE. Asimismo, plantea que Joaquín Ricardo y Miguel Bogaert Marra no figuran en el padrón depositado por el partido en la JCE el 31 de mayo de 2017, por lo cual no fueron debidamente citados a la asamblea y se aplica el criterio de la sentencia TSE-004-2017. Finalmente, alegan los demandantes que el plazo para demandar se computa de acuerdo al párrafo II del artículo 48 del Reglamento Contencioso Electoral, por lo que el mismo vencía el 19 de octubre de 2017 y que ellos notificaron una intimación el 18 de octubre de 2017 al PRSC para que les entregue el acta de la asamblea, lo que interrumpe el plazo de prescripción.

B.5.- En ese sentido, el artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales prevé expresamente que

“Artículo 117. Escrito de la impugnación. Plazo. La impugnación se introducirá mediante escrito motivado, según lo establecido en el artículo 26 de este reglamento, y depositado en la Secretaría del Tribunal Superior Electoral en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la celebración de las convenciones, asambleas, primarias, o cualquier otra denominación estatutaria, así como de los documentos y pruebas en que sustente sus pretensiones”.

B.6.- En ese tenor, se aprecia que la asamblea cuya nulidad se persigue fue celebrada el 17 de septiembre de 2017, de donde se extrae que los 30 días para demandar su nulidad vencían el martes 17 de octubre de 2017, tomando en consideración que dicho plazo no es franco, sino calendario, como ha juzgado este Tribunal (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-001-2018, del 17 de enero de 2018, páginas 21-22).

B.7.- En lo que respecta al alegato de que los demandantes, Joaquín Ricardo y Miguel Bogaert Marra no estaban debidamente convocados a la asamblea y por ello les aplica el precedente de la sentencia TSE-004-2017, según el cual el plazo para demandar inicia a partir del depósito en la JCE del acta de la asamblea demandada en nulidad, se aprecia, de los documentos del expediente, que en la convocatoria para la asamblea cuya nulidad se persigue, al final, se indica lo siguiente: “Nota: El padrón de delegados de la Asamblea Nacional fue depositado en la Junta Central Electoral en fecha 31 de mayo del 2017 y está colgado en la página Web del Partido Reformista, el cual puede ser consultado en la siguiente dirección www.prsc.com.do” (Ver documento Núm. 2, depositado por la parte demandada en inventario del 29 de diciembre de 2017).

B.8.- En el padrón en cuestión, depositado en la JCE, aparece el demandante Ramón Antonio Pérez Fermín, como miembro de la Comisión Política Nacional, en el número 80 de ese listado, es decir, como delegado con calidad para asistir a la indicada asamblea. En cambio, los demandantes, Joaquín Ricardo García y Miguel Alberto Bogaert Marra no figuran en el indicado listado o padrón de delegados.

B.9.- No obstante, al consultar la página web del PRSC, para ver si el padrón de delegados estaba colgado en la misma como se indica en la convocatoria, se constató que en la sección “Sala de Prensa”, específicamente en “Archivos de Noticias”, el 6 de septiembre de 2017 aparece una publicación sobre “Convocatoria Asamblea Nacional Ordinaria”, en la que consta la publicación de la convocatoria referida, así como el padrón o listado de delegados. Al realizar la búsqueda en el padrón allí colgado, se constató lo siguiente: a) el demandante, Joaquín Ricardo, aparece como delegado en la página 3; b) el demandante, Ramón Pérez Fermín, aparece como delegado en la página 7; y, c) el demandante, Miguel Alberto Bogaert Marra, aparece como delegado en la página 103 (Esta información puede ser constatada en el siguiente enlace: http://www.prsc.com.do/st/index.php/en/template/mas-noticias/2282-convocatoria asamblea-nacional-ordinaria- 2017#/0 (consulta realizada el 13/3/2018)).

B.10.- Adicionalmente a lo anterior, la parte demandada depositó la publicación realizada en el periódico Listín Diario del 13 de septiembre de 2017, dando a conocer el padrón de delegados con calidad para participar de la asamblea cuya convocatoria se persigue anular. En dicha publicación, en las páginas 8B y 9B, está el listado de referencia, donde figuran los demandantes Joaquín Ricardo, Ramón Pérez Fermín y Miguel Alberto Bogaert Marra, como delegados con calidad para participar de dicha asamblea. Asimismo, se verificó la versión digital de dicho periódico y se constató que el listado o padrón de delegados fue publicado en el periódico Listín Diario el 13 de septiembre de 2017, es decir, 4 días antes de la asamblea indicada (Esta publicación puede ser corroborada en el siguiente enlace: http://edition.pagesuite-professional.co.uk//launch.aspx?eid=1088b4a4-2fe3-4d39-b082 8ff7381c5463).

B.11.- Más aún, ya este Tribunal comprobó y así lo estableció en sentencia, que los ahora demandantes estaban debidamente convocados a la asamblea cuya nulidad ahora demandan (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-001-2018, del 17 de enero de 2018, página 23). Con base en los anteriores razonamientos procedía desestimar los alegatos de la parte demandante respecto a que los mismos no estaban debidamente convocados a la asamblea cuya nulidad han demandado.

B.12.- El otro alegato sostenido por los demandantes es que el plazo para demandar es franco y vencía el 19 de octubre de 2017. En ese tenor, cabe señalar que ya este Tribunal se ha referido al plazo previsto en el artículo 117 del reglamento, indicando que el mismo es calendario (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-001-2018, del 17 de enero de 2018, páginas 21-22). Además, el párrafo II del artículo 48 del Reglamento no aplica al plazo para demandar, sino que el mismo alude a los plazos que comienzan a correr con una notificación, lo que no sucede en este caso, donde el punto de partida del plazo para demandar es un hecho jurídico, y no una notificación.

B.13.- El otro argumento planteado por los demandantes se refiere al hecho de que ellos intimaron el 18 de octubre de 2017 al demandado para la entrega del acta de la asamblea, por lo que esa notificación interrumpe el plazo de prescripción.

B.14.- Ciertamente, una notificación hecha a persona o domicilio interrumpe el plazo de prescripción. Sin embargo, para que ello opere es necesario que la intimación se realice en tiempo hábil, es decir, dentro del plazo habilitado para ejercer la acción. En este caso se advierte que la intimación invocada es del 18 de octubre de 2017, es decir, 31 días después de la celebración de la asamblea, por lo cual la misma no interrumpió la prescripción, pues en la fecha que se notificó el plazo para demandar ya había prescrito.

B.15.- En vista de lo anterior, la demanda de que se trata ha sido promovida de forma extemporánea, pues el plazo para demandar su nulidad vencía el 17 de octubre de 2017, sin embargo, la demanda se ha interpuesto el 11 de diciembre de 2017, por lo cual se debió acoger el medio de inadmisión por prescripción de la acción, planteado por la parte demandada y declarar la inadmisibilidad de la demanda por extemporánea.

Por los motivos y consideraciones expuestos precedentemente, estimo, reiterando el más elevado respeto a mis pares, que la sentencia del caso debió: 1) Rechazar las excepciones de inconstitucionalidad planteadas por la parte demandante y el interviniente voluntario contra los artículos 82, 83, 117 y 167 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales; y, 2) Acoger las conclusiones incidentales planteadas por la parte demandada y declarar inadmisible, por extemporánea, la demanda de que se trata, por haber sido interpuesta en inobservancia del plazo de 30 días establecido en el artículo 117 del Reglamento de procedimientos Contenciosos Electorales.

Román Andrés Jáquez Liranzo
Juez Presidente

Quien suscribe, Sonne Beltré Ramírez, secretario general del Tribunal Superior Electoral (TSE), certifico y doy fe, que la presente copia es fiel y conforme al original de la Sentencia TSE-003-2018, de fecha 6 de abril del año dos mil dieciocho (2018), que reposa en los archivos puestos a mi cargo, la cual consta de 96 páginas, escritas a ambos lados, debidamente firmadas por los magistrados que figuran en la misma, en el mes y año en ella expresado, leída y publicada por mí, que certifico.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018), año 175 de la Independencia y 155 de la Restauración.

Sonne Beltré Ramírez
Secretario General

Sentencia TSE-Núm. 004-2018

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República Dominicana
Tribunal Superior Electoral

Dios, Patria y Libertad

Sentencia TSE-Núm. 004-2018

En nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral (TSE), integrado por los magistrados Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente; Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, jueces titulares, asistidos por el Secretario General, a los nueve (9) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018), año 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, con el voto mayoritario de los magistrados y en audiencia pública, ha dictado la siguiente sentencia:

Con motivo de la Demanda en Nulidad incoada el día 20 de junio de 2017, por Guido Orlando Gómez Mazara, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-1378246-0, domiciliado y residente en la calle Daguao, Núm. 6, sector Los Cacicazgos, Distrito Nacional; quien tiene como abogados constituidos y apoderados a los Licdos. Luis Soto y Mario Rojas, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral Núms. 084-0002124-5 y 224-0003598-0, respectivamente, con estudio profesional abierto en la calle (C), El Cayao, Núm. 11, Ensanche Serrallés, Distrito Nacional.

Contra: 1) La Resolución CND No. 0007-2017, de fecha 24 del mes de febrero del año 2017, emitida por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); y, 2) La Resolución CND No. 0009-2017, de fecha 10 del mes de marzo del año 2017, emitida por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la cual figura como demandado el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización política con personería jurídica, reconocida por la Junta Central Electoral, con su establecimiento principal ubicado en la Av. Jiménez Moya, Núm. 14, casi esquina avenida Sarasota, Distrito Nacional; la cual tiene como abogados constituidos y apoderados a los Dres. José Miguel Vásquez García y José Fernando Perez Vólquez y los Licdos. Juan Ramón Vásquez y John Campos, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral Núms. 001-1355041- 2, 069-0001633-5, 053-0013877-2 y 001-0622960-2, respectivamente, estudio profesional abierto en la avenida Máximo Gómez, Núm. 29 esquina José Contreras, Plaza Royal, segundo Nivel, suite 204, Distrito Nacional.

Vista: La instancia introductoria de la demanda, con todos los documentos que conforman el expediente.

Vista: La Constitución de la República Dominicana proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

Vista: La Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero de 2011.

Vista: La Ley Electoral, Núm. 275/97, de fecha 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.

Vista: La Convención Americana de los Derechos Humanos.

Visto: El Código Civil de la República Dominicana.

Visto: El Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana.

Vista: La Ley Núm. 834 de fecha 15 de julio de 1978.

Vista: La Ley Núm. 13-07, de fecha 5 de febrero de 2007.

Visto: El Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por este Tribunal en fecha 17 de febrero de 2016.

Visto: El Estatuto vigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Visto: El Código de Ética y Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional en fecha 2 de noviembre de 2005.

Resulta: Que mediante el Acto Núm. 70/2017, de fecha 20 de junio de 2017, instrumentado por el ministerial Roberto Acevedo Martínez, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el señor Guido Orlando Gómez Mazara interpuso una demanda en nulidad de resoluciones contra el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyas conclusiones son las siguientes:

“Primero: Declarando buena y válida en cuanto a la forma la presenta (sic) demanda en nulidad de resolución disciplinaria interpuesta por mi requiriente Guido Orlando Gómez Mazara en contra de mi requerido Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por haber sido hecho cumplimiento (sic) con las formalidades que establece la ley. Segundo: En cuanto al fondo, declarando la nulidad de las Resoluciones número 0007-2017 y 0009-2017, de fechas 24 de febrero de 2017 y 10 de marzo de 2017, dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Tercero: Ordenando que la sentencia a intervenir sea ejecutoria sin prestación de fianza y no obstante cualquier recurso. Cuarto: Condenando a mi requerido Partido Revolucionario Dominicano (PRD) al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho de los abogados concluyentes”.

Resulta: Que para el conocimiento de la indicada demanda resultó apoderada la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tribunal que en fecha 30 de noviembre de 2017, dictó la Sentencia Núm. 036-2017-SSEN-01529, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“PRIMERO: Declara la incompetencia de atribución de este tribunal para conocer de la presente demanda en nulidad, de Resolución, interpuesta por el señor Guido Orlando Gómez Mazara, en contra del Partido Revolucionario Dominicano, (PRD), de conformidad con los razonamientos precedentemente expuestos, y en consecuencia, declina el expediente marcado con el número 036- 2017-ECON-00802, por ante el Tribunal Superior Electoral. SEGUNDO: Ordena a la secretaria de este tribunal el envió inmediato de este expediente ante dicha jurisdicción”.

Resulta: Que mediante el Oficio Núm. 183-2017, de fecha 12 de diciembre de 2017, suscrito por la Secretaria de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fue remitido el presente expediente, siendo recibido en la Secretaría General de este Tribunal en fecha 28 de diciembre de 2017.

Resulta: Que el 28 de diciembre de 2017, el magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente de este Tribunal Superior Electoral, dictó el Auto Núm. 035/2017, mediante el cual fijó la audiencia para el 22 de enero de 2018 y autorizó a la parte demandante a emplazar a la parte demandada para que compareciera a la misma.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 22 de enero de 2018 comparecieron el Dr. Antoliano Peralta, por sí y por los Licdos. Alejandro Peralta, Mario Rojas, Edwin Acosta y Luis Soto, en representación de Guido Orlando Gómez Mazara, parte demandante; y los Dres. Juan Ramón Vásquez y José Miguel Vásquez García, por sí y por los Dres. José Fernando Pérez Vólquez y John Campos, en representación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), parte demandada; dictando el Tribunal la siguiente sentencia:

“Primero: El Tribunal aplaza el conocimiento de la presente audiencia y ordena una comunicación recíproca de documentos, desde este día hasta el martes 30 de enero de 2018, a las 4:00 p.m. A partir de esta fecha, se ordena un plazo para tomar conocimiento de los documentos que tengan a bien depositar, con vencimiento el miércoles 7 de febrero de 2018, a las 4:00 p.m. Segundo: Fija el conocimiento de la próxima audiencia para el martes 13 de febrero de 2018, a las 10:00 a.m. Tercero: Vale citación para las partes presentes y representadas”.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 13 de febrero de 2018, comparecieron el Dr. Antoliano Peralta y los Licdos. Mario Rojas, Edwin Acosta y Luis Soto, en representación de Guido Orlando Gómez Mazara, parte demandante; y los Dres. Juan Ramón Vásquez, José Miguel Vásquez García y José Fernando Pérez Vólquez, por sí y por el Licdo. John Campos, en representación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), parte demandada; dictando el Tribunal la siguiente sentencia:

“Primero: El Tribunal aplaza el conocimiento de la presente audiencia y ordena una comunicación recíproca de documentos, a partir de ahora hasta el lunes 19 de febrero de 2018, a las 4:00 p.m. A partir de ahí otorga un plazo común para que tomen conocimiento de todos los documentos existentes en el expediente y los que tengan a bien depositar hasta el viernes 23 de febrero de 2018, a las 4:00 p.m. Segundo: Fija el conocimiento de la próxima audiencia para el lunes 26 de febrero de 2018, a las 10:00 a.m. Tercero: Vale citación para las partes presentes y representadas”.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 26 de febrero de 2018, comparecieron el Dr. Antoliano Peralta y los Licdos. Mario Rojas, Edwin Acosta, Alejandro Peralta Melo y Luis Soto, en representación de Guido Orlando Gómez Mazara, parte demandante; y los Dres. Juan Ramón Vásquez, José Miguel Vásquez García, José Fernando Pérez Vólquez, por sí y por el Licdo. John Campos, en representación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), parte demandada; procediendo las partes a concluir de la manera siguiente:

La parte demandante:

“Podemos explicarles. Debemos ponernos en contexto. El hoy demandante, Guido Orlando Gómez, inició una acción contenciosa administrativa en abril del año pasado con respecto a este caso y al mismo tiempo apoderó al Tribunal Superior Administrativo de la solicitud de una medida cautelar. El Tribunal al fallar la medida cautelar se declaró incompetente en virtud de que entendía y así lo dice explícitamente la sentencia que no era competente para conocer de lo principal, es decir, del asunto que hoy se conoce aquí. El Dr. Gómez en esa ocasión apoderó entonces un tribunal de derecho común, es decir, la Cámara Civil del Distrito Nacional que ha sido el tribunal que declinó el asunto ante esta jurisdicción. No obstante que el tribunal se había declarado incompetente en la sentencia respecto de la medida cautelar, se declaró incompetente también para conocer el asunto principal. Los abogados que dirigían el proceso en la ocasión hicieron depositar esa instancia desistiendo del proceso; a raíz de que los colegas habían enarbolado el criterio en la audiencia anterior de que había una jurisdicción apoderada todavía. Por un error de mensajería (y esto es lo que explica por qué está depositado dos veces) el mensajero depositó el desistimiento ante este Tribunal en vez de depositarlo inicialmente como se le indicó ante el Tribunal Superior Administrativo, que es el que estaba apoderado de la acción contenciosa administrativa. Al advertir el error se reiteró el depósito. Lo que quiere decir que el documento mediante el cual se hizo el desistimiento estaba depositado en el Tribunal en tiempo hábil y pudo haber sido de conocimiento para la otra parte. Pero como había una irregularidad que nosotros advertimos que es que no estaba debidamente recibido por el Tribunal Superior Administrativo, entonces eso se enmendó. De suerte, que los colegas que representan al Partido Revolucionario Dominicano estaban imposibilitados de tener acceso no al documento sino al timbre de recibido. Por eso está depositado dos veces”.

La parte demandada:

“Nosotros estuvimos en el tribunal administrativo tratando de recoger, porque no hemos sido notificados nunca de ese proceso de fondo a pesar de que tuvimos ganancia de causa en la parte relativa a la medida cautelar, por cuanto nos causó un poquito de trauma el hecho de que se hablara de desistimiento y allá no hubiese un desistimiento depositado pero sí entonces recogimos de allá un auto donde le ordenaban a la parte demandante notificarnos a nosotros y hasta ahora nunca hemos recibido esa notificación. No obstante, entendemos que aunque tenemos el interés en que esto se conozca el fondo y estar en condiciones para hacerlo hay un punto de derecho que quisiera cubrir. Con honestidad les digo que tengo conocimiento ahora de éste, porque lo fuimos buscando y no apareció en el tribunal y ahora es que lo doy por conocido. Ellos han hecho un desistimiento. El tribunal administrativo muy bien puede acoger su desistimiento como puede rechazarlo y proceder a hacer el envío a los fines de que se conozca. Tampoco el tribunal nos ha puesto en conocimiento ni nosotros le hemos dado respuesta de nuestro punto de vista con relación al desistimiento. Por cuanto el tribunal no está suficientemente edificado para decidir sobre ese desistimiento porque no depende de una de las partes; son 2 partes envueltas. Por cuanto nosotros vamos a solicitar el sobreseimiento de este proceso a los fines de gestionar y dar nuestra opinión, que le vamos a dar aquiescencia, para que el tribunal se encuentre en condiciones de fallar y decidir ese desistimiento. Vamos a cumplir con las formalidades si este Tribunal así lo entiende de nosotros pedir el plazo para regularizar y dar nuestra opinión de aquiescencia y que el tribunal se pronuncie. De lo contrario, este Tribunal podría entonces conocer un caso en desconocimiento y no tendría ningún sentido el depósito de esto porque no estaríamos hablando de aquel caso. Y lo ideal sería que el caso culmine aquí en toda su dimensión sin ramificaciones abiertas. La instancia en desistimiento fue depositada 26 de febrero de 2018 a las 7:41, es decir, fue depositada en el día de hoy ante el Tribunal Superior Administrativo y depositada en el Tribunal Superior Electoral a las 8:29. Es un documento que el Tribunal Superior Administrativo tiene que notificarnos o nosotros previamente depositar un escrito relativo a esa intención de desistimiento de la contraparte. Al existir dos procesos sobre el mismo hecho que tienen las mismas características, porque en el Tribunal Superior Administrativo ellos demandan lo mismo que este tribunal está apoderado: misma causa, objeto y partes. En ese sentido, la parte demandada tiene a bien solicitar formalmente el sobreseimiento del conocimiento del presente proceso hasta tanto el Tribunal Superior Administrativo se pronuncie mediante sentencia con relación a la instancia de desistimiento depositada por la parte demandante en el día de hoy. Bajo reservas”.

Resulta: Que haciendo uso de su derecho a réplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandante:

“El desistimiento por una de las partes es el abandono de un proceso que como bien está establecido en la ley y en la doctrina, tanto criolla como extranjera, el desistimiento puede ser de la acción o de la instancia. Si el Dr. Guido Orlando Gómez hubiese desistido de la acción él no podría acudir ante este Tribunal a pedir justicia. Pero resulta que el tribunal fue que se desapoderó y además nosotros, quizás innecesariamente, ratificamos ese desistimiento mediante una instancia que hemos depositado. La acción llevada ante el Tribunal Superior Administrativo, según lo que reclama el Dr. Vásquez, debió serle notificada en un plazo de quince días pero el tribunal fue apoderado en abril del año pasado lo que quiere decir que esa acción va a cumplir un año y él mismo admite que nunca ha sido notificado. Que él fue a ver el estado del expediente y que se encontró con un oficio donde el tribunal mandaba al demandante a depositarle a la otra parte y que el demandante nunca depositó.(Sic). Entonces, ¿cuál es la figura jurídica que se perfila en una situación como esa? Un desistimiento implícito. La doctrina dice que es el que resulta de un hecho personal que conlleve abandono, sea del derecho de la instancia o de un acto procesal; no se presume y debe ser probado por la parte que lo alega. ¿Cuál es la prueba del alegato nuestro en el sentido de que hubo un desistimiento implícito? La que ha dicho el Dr. Vásquez: que nunca ha sido notificado. Es que ya no podríamos notificarlo; esa instancia murió, porque el plazo para notificarlo se extinguió y nosotros no cumplimos con ese requisito de la ley porque habíamos decidido abandonar esa vía de derecho. De suerte que este Tribunal podrá apreciar que hay tres razones para que el Partido Revolucionario Dominicano entienda que Guido Gómez no tiene el interés ni posibilidad de continuar el proceso ante el Tribunal Superior Administrativo: 1) la sentencia que citamos donde el tribunal se declaró incompetente, 2) el abandono, desistimiento implícito que hemos explicado y 3) la reiteración de ese desistimiento mediante una instancia escrita. Por tanto, el pedimento de sobreseimiento debe ser rechazado en una buena aplicación del derecho y que se ordene la continuación del proceso”.

La parte demandada:

“Reiteramos nuestro pedimento”.

La parte demandante:

“Entendemos que el Tribunal está suficientemente edificado. Ratificamos nuestras conclusiones en el sentido de que sea rechazada la medida que solo contribuiría a dilatar el proceso de manera inútil y que se continúe con el conocimiento del proceso”.

Resulta: Que el Tribunal dictó la siguiente sentencia in voce:

“Único: El Tribunal ordena un receso para deliberar la petición de la parte demandada. Retornamos en breve”.

Resulta: Que luego de haber deliberado, el Tribunal decidió lo siguiente:

“Que la parte demandada ha solicitado el sobreseimiento del conocimiento del presente proceso, en virtud de que el Tribunal Superior Administrativo se encuentra apoderado de un recurso contencioso administrativo con similitud de causa, partes y objeto. Que la parte demandante ha planteado que ciertamente existe dicho recurso contencioso administrativo, pero que el mismo ha sido desistido, conforme declaración jurada que ha sido depositada en el expediente. Que el sobreseimiento es un incidente de la instancia y, más importante aún, es una facultad discrecional del Tribunal apoderado ordenarlo o no, siendo procedente disponerlo cuando exista una cuestión prejudicial. En el caso de que se trata ciertamente, la parte demandante apoderó el Tribunal Superior Administrativo el 10 de abril de 2017 de un recurso contencioso administrativo contra la Resolución Núm. 009-2017, dictada el 10 de marzo de 2017 por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Sin embargo, conforme a declaraciones de los abogados de la parte demandante, las cuales fueron confirmadas por los abogados de la parte demandada, dicho recurso aún no ha sido notificado a la parte demandada. Que el artículo 28 de la Ley Núm. 1494, del 2 de agosto de 1947, en su parte inicial señala que “una vez que las partes hayan puntualizado sus conclusiones y expuesto sus medios de defensa el asunto controvertido se reputará en estado y bajo la jurisdicción del tribunal”, lo cual no ha ocurrido en la especie, conforme se ha señalado precedentemente. En efecto, el recurso contencioso administrativo no ha sido notificado a la parte demandada, por lo cual la instancia ante el Tribunal Superior Administrativo aún no se encuentra ligada entre las partes. Lo anterior evidencia que en el presente caso no existe una cuestión prejudicial que haga necesario ordenar el sobreseimiento solicitado. Que más aún, la parte demandante ha depositado en este Tribunal la declaración jurada de desistimiento, la que a su vez fue depositada ante el Tribunal Superior Administrativo, en la cual expresa su voluntad de desistir del recurso contencioso administrativo en cuestión. En ese tenor, no es necesaria la aceptación del desistimiento que interviene antes del momento en que la instancia está ligada entre las partes. La instancia está ligada a partir de la comparecencia del demandado por medio de la constitución de abogado o a partir de que el demandado interponga una demanda reconvencional o presente conclusiones al fondo (Tavares Hijo, Froilán. Elementos de Derecho Procesal Civil, Volumen II. Editora Centenario, S.A., reimpresión de la 8va Edición. Santo Domingo, 2011, página 343). Que en virtud de lo expuesto procede rechazar la excepción de sobreseimiento planteada por la parte demandada, en razón de que el sobreseimiento cae en la facultad discrecional del Tribunal ordenarlo o no y porque, además, no existe en el presente caso una cuestión prejudicial que imponga ordenar tal medida. Primero: Rechaza la solicitud de sobreseimiento planteada por la parte demandada, en razón de que no existe en el presente caso una cuestión prejudicial que haga necesario disponer tal medida y porque el sobreseimiento cae en la facultad discrecional del Tribunal ordenarlo o no. Segundo: Ordena, en consecuencia, la continuación del conocimiento del presente proceso, invitando a las partes a presentar sus respectivas conclusiones con relación a sus pretensiones.”

Resulta: Que en la continuación de la audiencia las partes presentaron las siguientes conclusiones:

La parte demandada:

“Estos documentos nos llegaron en el día de hoy y es el depósito que hacen los accionantes por ante el Tribunal Superior Administrativo en el día de hoy a las 7:41 a.m. Este mismo documento se deposita en secretaría de este Tribunal en el mismo día de hoy pero a las 8:29 a.m. En esas condiciones solicitamos una prórroga de la comunicación de documentos nosotros para ver esa documentación. Solicitamos al Tribunal que disponga la prórroga de comunicación de documentos para nosotros ver, analizar y estudiar la documentación con la que en la mañana de hoy nos hemos encontrado y que fue depositada en el Contencioso y tenemos que ver si es el mismo documento”.

La parte demandante:

“Entendemos que es inútil el pedimento de Fernando Pérez Vólquez, porque tendríamos que volver a la discusión original. El tribunal falló diciendo que este Tribunal daba por hecho que esta parte había desistido del procedimiento ante el Tribunal Superior Administrativo. Explicamos en el inicio de la audiencia que el documento había sido depositado oportunamente aunque de manera errónea, el día 19 y que luego fue reiterado el depósito. ¿Cuál sería el objeto de darles la oportunidad a los colegas del Partido Revolucionario Dominicano de que vean esta instancia de desistimiento sobre la cual ya falló este Tribunal? Si hay alguna razón de derecho que justifique el aplazamiento de esta audiencia no nos opondríamos. Incluso si los colegas nos dicen, en el supuesto de que así sea, que no vinieron preparados nosotros damos el consentimiento. Pero no por estas razones porque no sería jurídicamente honesto dar aquiescencia a esas conclusiones. En consecuencia, nos oponemos al pedimento”.

Resulta: Que haciendo uso de su derecho a contrarréplica, los abogados de las partes demandante concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandada:

“Bajo la garantía constitucional del principio de igualdad de las partes, ese documento tiene que ser analizado al fondo y también nosotros plantearemos los argumentos de lugar”.

La parte demandante:

“En aras de la puridad procesal y la defensa de la demostrada idoneidad de este Tribunal nos oponemos a que sobre esa base sea aplazado el conocimiento de esta causa, porque hay una sentencia que ordena la continuación del proceso justamente porque se juzgó que no tenía interés el Partido Revolucionario Dominicano en el documento que ellos insisten en volver a conocer y revisar. Ratificamos conclusiones”.

La parte demandada:

“Reiteramos nuestro pedimento. Y reiteramos en cuanto a la solicitud de prórroga”.

La parte demandante:

“Ratificamos”.

Resulta: Que el Tribunal dictó la siguiente sentencia in voce:

“Único: El Tribunal rechaza la solicitud de prórroga de documentos solicitada por la parte demandada e invita a las partes a emitir consideraciones sobre el caso”.

Resulta: Que en la continuación de la audiencia las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandada:

“Solicitamos al Tribunal que ordene la conexidad entre los expedientes depositados en el Tribunal Superior Administrativo y el enviado por la Tercera Sala de la Cámara Civil a los fines de que se conozca como única instancia, como único proceso, como única demanda para que haya un resultado definitivo, en el cual no haya posibilidad de cuestionar y sin dejar abierta una ventana donde no se ha podido todavía llegar a su definición”.

La parte demandante:

“Esas conclusiones de que el Tribunal ordene la conexidad son improcedentes, por tanto pedimos de antemano el rechazamiento de esa parte de las conclusiones. Pedimos que sean rechazadas las conclusiones y que se ordene la continuación del proceso”.

Resulta: Que haciendo uso de su derecho a réplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandada:

“Reiteramos nuestro pedimento”.

La parte demandante:

“Partimos de la premisa de que este es un asunto fallado y en consecuencia el Tribunal no podrá volver sobre sus propios pasos, y por ende ratificamos nuestras conclusiones”.

Resulta: Que el Tribunal dictó la siguiente sentencia in voce:

“Único: El Tribunal rechaza la excepción de conexidad planteada por la parte demandada y ordena la continuación de la presente audiencia. Si no hay otra medida, procedemos a concluir al fondo”.

Resulta: Que en la continuación de la audiencia las partes en litis presentaron conclusiones en
el sentido siguiente:

La parte demandante:

“Bastaría con este alegato para que este Tribunal se vea obligado a disponer la nulidad de esa resolución, en razón de que Guido Gómez Mazara, que es un militante del PRD radicado en el Distrito Nacional debió ser juzgado por el Consejo de Disciplina del Distrito Nacional y luego si esa decisión no era de su agrado, para el caso de Guido o para el PRD, cualquiera de las dos partes tenía la opción de recurrir ante el Consejo Nacional de Disciplina. En esa virtud y nos reservamos el derecho de invocar nuevos argumentos si fuere necesario ya que tenemos la convicción de que esta sola razón es motivo para que el Tribunal acoja las siguientes conclusiones: Primero: Declarando buena y válida en cuanto a la forma la presente demanda en nulidad de resolución disciplinaria interpuesta por Guido Orlando Gómez Mazara en contra del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por haber sido hecha con las formalidades que establece la ley. Segundo: En cuanto al fondo, declarando la nulidad de las Resoluciones número 0007-2017 y 0009-2017, de fechas 24 de febrero de 2017 y 10 de marzo de 2017, respectivamente, dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Que se nos conceda un plazo de 10 días a los fines de depositar un escrito formal con estas mismas conclusiones por ante la secretaría y un escrito justificativo de las mismas. Bajo reservas”.

La parte demandada:

“Que se anote que es el día 10 de abril de 2017, un mes, 29 días después de haber transcurrido los plazos legales cuando Guido incoa una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo, la cual hoy fue objeto de bastantes dilemas y consideraciones. Esa ya no existe; fue descalificada, fue descartada. El 20 de junio, que es la que estamos conociendo en este tribunal, incoa Guido Gómez Mazara una demanda ante la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional y le cae en la Tercera Sala, con un recurso que a propósito se falló con una sentencia en defecto. Para los fines de este caso, es el 20 de junio cuando se produce la demanda ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial: 3 meses y 15 días después de los plazos que da la ley para recurrir una decisión. Tomando en cuenta todo lo indicado nosotros tenemos a bien hacer un pedimento. Primero: que tenga a bien declarar la inadmisión de la presente demanda en nulidad de resolución del Consejo Nacional de Disciplina 009-2017 del Partido Revolucionario Dominicano, toda vez que aunque los recursos internos del partido fueron hechos por los plazos otorgados por el estatuto y la ley, no es menos cierto que sus acciones ante el tribunal competente que es el Superior Electoral está llegando en esta fecha producto de un envío que se hizo de la Tercera Sala de la Cámara Civil que fue a la vez incoada en fecha 20 de junio de 2017, lo que deviene en una inadmisión por vencimiento de plazos. Segundo: que tenga a bien acoger la inadmisión de la presente demanda porque la misma se trata de una cosa juzgada en la cual ya se habían agotado las vías del proceso interno y se dejaron vencer los plazos para las acciones externas, toda vez que la resolución 007 fue dada el 7 de marzo del 2017 y la reconsideración fue respondida en resolución 09-2017, de fecha 10 de marzo de 2017. En cuanto al fondo, primero: que se rechace la demanda en nulidad incoada por el señor Guido Orlando Gómez Mazara contra las resoluciones números 0007 y 0009 del 2017 de fechas 24 de febrero de 2017 y 10 de marzo de 2017 por ser dicha demanda, improcedente, mal fundada pero sobre todo carente de base legal. Segundo: que nos otorgue un plazo de 15 días para escrito ampliatorio de nuestras conclusiones. Bajo reservas”.

Resulta: Que haciendo uso de su derecho a réplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandante:

“Sobre el medio de inadmisión, sobre la base de los alegatos que hemos vertido aquí, solicitamos que sea rechazado el medio de inadmisión propuesto y ratificar nuestras conclusiones al fondo”.

La parte demandada:

“Ratificamos las conclusiones con relación a los medios de inadmisión y en cuanto al fondo y lo relativo también para el plazo para un escrito ampliatorio. Bajo reservas”.

Resulta: Que haciendo uso de su derecho a contrarréplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte demandante:

“Ratificamos nuestras conclusiones”.

La parte demandada:

“Con lo cual creo, honorables magistrados, quedamos completamente satisfechos en este proceso a la venia de la decisión de ustedes”.

Resulta: Que el Tribunal Superior Electoral, luego de las partes haber concluido como se ha hecho constar precedentemente, falló de la manera siguiente:

“Primero: El Tribunal declara el cierre de los debates sobre el presente caso. Segundo: Acumula los medios de inadmisión propuestos por la parte demandada para ser decididos previo al fondo y por disposiciones distintas. Tercero: Se reserva el fallo para una próxima audiencia cuya fecha será comunicada oportunamente a las partes en Litis, sine die. Cuarto: Concede un plazo a la parte demandante a partir de la fecha hasta el viernes 9 de marzo de 2018, a las 4:00 p.m. para que deposite en secretaría su escrito ampliatorio de las motivaciones de sus conclusiones. Al término, concede un plazo a la parte demandada con vencimiento el miércoles 21 de marzo de 2018, a las 4:00 p.m. para que deposite su escrito ampliatorio de las motivaciones de sus conclusiones”.

Resulta: Que el Tribunal, luego de haber deliberado y en aplicación de las disposiciones del artículo 120 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, procederá a dictar la sentencia del presente caso, para lo cual expone los razonamientos siguientes:

El Tribunal Superior Electoral, después de haber examinado el expediente y deliberado:

I.- Breve resumen del caso

Considerando: Que el Tribunal Superior Electoral ha sido apoderado de la demanda en nulidad interpuesta el 20 de junio de 2017 por el señor Guido Orlando Gómez Mazara, contra las Resoluciones Núms. 0007-2017 y 0009-2017, de fechas 24 de febrero y 7 de marzo de 2017, respectivamente, ambas dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Considerando: Que a los fines de instruir debidamente el presente proceso, este Tribunal celebró tres audiencias, la última en fecha 26 de febrero de 2018, en la cual las partes en causa presentaron sus conclusiones incidentales y sobre el fondo de sus pretensiones, tal y como consta en parte anterior de esta decisión.

Considerando: Que del estudio de los documentos que integran el expediente y de los argumentos expuestos por las partes en causa, este Tribunal retiene como hechos del caso los siguientes:

1.1. El demandante, Guido Orlando Gómez Mazara fue miembro y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

1.2. El 24 de febrero de 2017 el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dictó la Resolución CND Núm. 0007-2017, mediante la cual acogió una acusación disciplinaria formulada contra Guido Orlando Gómez Mazara y dispuso la expulsión de éste de las filas del indicado partido político.

1.3. El 7 de marzo de 2017, Guido Orlando Gómez Mazara depositó un recurso de reconsideración contra la resolución antes indicada, dictando el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) la Resolución CND Núm. 0009-2017, el 10 de marzo de 2017, por medio de la cual rechazó en todas sus partes el indicado recurso y confirmó así la Resolución CND Núm. 0007-2017, que a su vez dispuso la expulsión de Guido Orlando Gómez Mazara de las filas del referido partido político.

1.4. El 20 de junio de 2017, mediante acto de alguacil Núm. 70/2017, Guido Orlando Gómez Mazara demandó en nulidad contra las resoluciones disciplinarias anteriormente señaladas, siendo apoderada del conocimiento de dicha demanda la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tribunal que dictó su Sentencia Núm. 036-2017-SSEN-01529, del 30 de noviembre de 2017, mediante la cual declaró su incompetencia en razón de la materia para conocer de la demanda y remitió el expediente por ante este Tribunal Superior Electoral.

1.5. Mediante el Oficio Núm. 183-2017, del 12 de diciembre de 2017, suscrito por la Lic. Mariel Arámboles, Secretaria de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fue remitido el indicado expediente, siendo recibido en la secretaría general de este Tribunal el 28 de diciembre de 2017.

II.- Respecto a la competencia del Tribunal

Considerando: Que lo primero que hay que señalar es que el presente caso ha sido declinado desde la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante Sentencia Núm. 036-2017-SSEN-01529, del 30 de noviembre de 2017, tribunal que declaró su incompetencia en razón de la materia para conocer del asunto e indicó que la jurisdicción competente era el Tribunal Superior Electoral.

Considerando: Que, en ese tenor, el artículo 24 de la Ley Núm. 834 dispone que:

“Artículo 24.- Cuando el juez estimare que el asunto es de la competencia de una jurisdicción represiva, administrativa, arbitral o extranjera se limitará a declarar que las partes recurran a la jurisdicción correspondiente. En todos los otros casos el juez que se declare incompetente designará la jurisdicción que estime competente. Esta designación se impondrá a las partes y al juez de envío”.

Considerando: Que respecto a esta cuestión, la doctrina nacional ha señalado que

“cuando es el juez de primera instancia que pronuncia su incompetencia, éste deberá designar la jurisdicción que estima competente, y esta designación se impondrá a las partes y al juez de envío. Tiene pues carácter imperativo” (Tavares Hijo, Froilán. Elementos de Derecho Procesal Civil, Volumen II. Editora Centenario, S.A., reimpresión de la 8va. Edición. Santo Domingo, 2011, página 198).

De manera que el Tribunal de envío tiene la obligación de conocer del asunto que le ha sido declinado, tal como acontece en el presente caso. De lo anterior se extrae que este Tribunal es competente para conocer y decidir la presente demanda.

Considerando: Que independientemente de lo expuesto, conviene resaltar que el artículo 214 de la Constitución consagra al Tribunal Superior Electoral como

“el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos”.

Considerando: Que asimismo, el artículo 13.2 de la Ley Núm. 29-11 prevé que compete al Tribunal Superior Electoral “conocer de los conflictos internos que se produjeren en los partidos políticos y organizaciones políticas reconocidos o entre éstos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos o estatutos partidarios”. Mientras que el párrafo único del artículo 13 dispone que

“Párrafo: Para los fines del Numeral 2 del presente artículo, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos”.

Considerando: Que de lo anterior se extrae que, en principio, las sanciones disciplinarias que impongan los partidos políticos no se consideran conflictos internos y, por ende, quedarían exentas de judicialización ante este Tribunal, con la única excepción de los casos que involucren candidaturas para puestos de dirección a lo interno del partido o a puestos de elección popular, en cuyo supuesto el legislador sí prevé la posibilidad de judicializarlas.

Considerando: Que a pesar de las disposiciones anteriores, conviene precisar que este Tribunal ha declarado su competencia para conocer demandas en nulidad contra decisiones que disponen la expulsión de miembros de los partidos políticos. En efecto, sobre el particular ha sostenido que:

“[…] al tratarse de una demanda en nulidad donde se alegan violaciones a derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República, este Tribunal resulta ser el competente para decidir sobre dicha demanda, en virtud de lo dispuesto en la Constitución de la República y en la citada Ley, que habilita a este Tribunal para conocer de los reclamos que se presenten contra las actuaciones partidarias que vulneren derechos políticos de los militantes de un partido, movimiento o agrupación política” (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-027-2012, del 14 de septiembre de 2012, página 19. Similar criterio se sostuvo en la sentencia TSE-004-2013, del 1 de febrero de 2013, páginas 85-87).

Considerando: Que el Tribunal Constitucional dominicano, conociendo de un recurso de revisión contra una sentencia de este Tribunal Superior Electoral, juzgó que

“[…] los partidos, agrupaciones y movimientos políticos están sometidos al control jurisdiccional, de modo que sus normas o actos que lesionen o amenacen con vulnerar derechos fundamentales devienen en un presupuesto objetivo que permite a las y los ciudadanos afectados requerir la intervención contralora de la jurisdicción, a efectos de restaurar su goce o prevenir que sean conculcados”(Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0531/15, del 19 de noviembre de 2015, página 25).

Considerando: Que los criterios anteriores, sostenidos por este Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, han sido respaldados por la doctrina nacional, para la cual “en un Estado Constitucional de Derecho no puede ser admisible un poder que no esté sujeto a normas jurídicas y que esté, en consecuencia, exento de control” de manera que “un partido político no puede hacer con sus dirigentes y afiliados lo que le venga en ganas, con la tranquilidad de que su actuación va a estar exonerada de sanción jurisdiccional”. Agregando que “la Constitución de 2010 no exceptuó ningún conflicto interno del ámbito competencial del TSE (artículo 214). Más aún, la Constitución, sin perjuicio de reconocer la libertad de organización de los partidos, fue clara en cuanto a que la organización partidaria está sujeta “a los principios establecidos en esta Constitución” (Jorge Prats, Eduardo. La competencia del Tribunal Superior Electoral. Periódico Hoy, 14 de junio de 2012).

Considerando: Que similar criterio ha enarbolado la doctrina comparada, lo cual comparte plenamente esta jurisdicción, al sostener que contra las actuaciones de los partidos políticos se puede ejercer

“un control jurisdiccional directo mediante la impugnación que se haga respecto de determinado acto partidario que se estime violatorio de los derechos político-electorales de alguno de sus afiliados” (Orozco Henríquez, José de Jesús. La democracia interna de los partidos políticos en Iberoamérica y su garantía jurisdiccional. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2004, página 13).

A juicio de la doctrina, lo anterior se fundamenta en que los partidos políticos ocupan una

“posición preponderante o de predominio frente a los ciudadanos, cuya eventual inmunidad al control jurisdiccional de la constitucionalidad y legalidad de sus actos sería también injustificada, pues podría hacer nugatorio el ejercicio de los derechos político- electorales de los ciudadanos” (Orozco Henríquez, José de Jesús. Op. Cit., página 14).

Considerando: Que, en ese tenor, se ha planteado, lo cual comparte este Tribunal, que “someter al imperio del derecho a quienes ejercen el poder político y garantizar, así, los derechos fundamentales, constituye uno de los principales objetivos del Estado constitucional democrático de derecho” (Orozco Henríquez, José de Jesús. Op. Cit., página 15), pues “si los partidos políticos ejercen un poder político real susceptible de violar derechos fundamentales político-electorales de los ciudadanos – particularmente de sus afiliados–, con riesgo de que tal violación devenga en irreparable si no es combatida oportunamente, no habría justificación alguna para excluir los actos internos partidarios del control jurisdiccional en cuanto su constitucionalidad y legalidad” (Orozco Henríquez, José de Jesús. Op. Cit., página 15).

Considerando: Que asimismo, la jurisprudencia constitucional comparada ha sostenido que las decisiones de los partidos políticos que imponen sanciones a sus afiliados están sujetas al control jurisdiccional. En efecto, se ha decidido que

“[…] la potestad de organización que comprende el derecho de asociación se extiende con toda evidencia a regular en los estatutos las causas y procedimientos de expulsión de sus miembros, sin embargo esas decisiones están sometidas a un control de regularidad estatutaria por parte de los órganos judiciales, de forma que una expulsión adoptada en contra de los procedimientos y garantías que regulan los estatutos pueden ser objeto de control judicial por vulnerar eventualmente derechos fundamentales de los afectados” (Tribunal Constitucional español, Primera Sala, sentencia STC/185/1993, del 31 de mayo de 1993, F.J. 4, página 9).

Considerando: Que no obstante lo anterior, es necesario dejar constancia de que ese control está limitado al aspecto formal de la sanción, es decir, a la constatación de si en el proceso de adopción de las medidas disciplinarias se respetaron los derechos fundamentales del sancionado, sin que el Tribunal pueda, en principio, entrar en el análisis de la justeza o no de la medida disciplinaria. En efecto, se sostiene que

“el alcance del control jurisdiccional de los actos disciplinarios de los partidos políticos (…) debe[r] ser amplio o extenso en el ámbito procedimental o formal, en tanto que, en su caso, debe[r] ser más limitado en el ámbito material o sustantivo” (Orozco Henríquez, José de Jesús. Op. Cit., página 31).

Considerando: Que al tenor de lo anterior la doctrina comparada plantea que

“en cuanto a los aspectos procedimentales, habida cuenta del carácter sancionador de la expulsión y con la finalidad de impedir la indefensión del afiliado afectado, los órganos jurisdiccionales competentes –una vez comprobado que los respectivos estatutos partidarios se ajustan al marco constitucional y legal– deben verificar si aquella decisión ha sido adoptada por el órgano competente y si la misma ha seguido el procedimiento establecido en los estatutos y, además, si dicho procedimiento se ha llevado a cabo observando las garantías suficientes, tales como el derecho a ser informado de los cargos que se le imputan, el derecho de defensa (como el de ser oído y aportar pruebas, además de la presunción de inocencia) y, en general, el derecho a un debido proceso (legal o estatutario)”. (Orozco Henríquez, José de Jesús. Op. Cit., página 31).

Considerando: Que esta ha sido la posición asumida por este Tribunal al conocer de acciones contra las sanciones disciplinarias adoptadas por los partidos políticos contra sus miembros, al estimar que no puede, en principio, en esos casos, valorar la justeza o no de la sanción, es decir, que no puede realizar un examen material o sustantivo de la sanción impuesta, sino que su labor se circunscribe a la constatación de si en el proceso de adopción de esas medidas se respetó el debido proceso y los derechos fundamentales de los militantes encauzados, esto es, que el examen realizado esté sujeto al aspecto procedimental o formal.

Considerando: Que en efecto, este Tribunal ha señalado que

“lo anterior no implica, en modo alguno, que este Tribunal constituya una jurisdicción de alzada, donde se revisen o discutan nuevamente las decisiones disciplinarias adoptadas por los órganos partidarios en perjuicio de uno o varios de sus miembros; más bien, la labor del Tribunal en estos supuestos se circunscribe a determinar si en la adopción de tales medidas disciplinarias los organismos partidarios han respetado las garantías mínimas del debido proceso” (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-025-2017, del 3 de octubre de 2017, página 33).

Considerando: Que por los razonamientos anteriores, el Tribunal Superior Electoral es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda en nulidad que se intente directamente ante él, contra la decisión que impone alguna sanción disciplinaria a un miembro o dirigente de un partido político reconocido, una vez el afectado ha agotado el proceso de impugnación a lo interno del partido, si existiere. Así lo ha reconocido, además, la jurisprudencia constitucional nacional (Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0074/16, de fecha 17 de marzo de 2016, página 17). Por tanto, el Tribunal declara su competencia para conocer el presente caso, valiendo estos motivos decisión sin que sea necesario que figuren en la parte dispositiva de esta sentencia.

III.- Estatuto vigente y aplicable a la solución del caso

Considerando: Que resulta oportuno señalar, de entrada, que las resoluciones disciplinarias atacadas en nulidad fueron dictadas por los órganos internos del partido demandado durante la vigencia del estatuto reformado en septiembre de 2014. En ese sentido, el partido demandado realizó una reforma estatutaria el 3 de diciembre de 2017, sin embargo, la misma fue anulada por este Tribunal mediante sentencia TSE-002-2018, del 22 de marzo de 2018, por lo cual actualmente los estatutos vigentes son los aprobados en la asamblea de septiembre de 2014.

Considerando: Que independientemente de que se hubiere o no anulado la reforma estatutaria realizada por el partido demandado, los estatutos aplicables a la solución de este caso serían los modificados en septiembre de 2014, en razón de que las decisiones cuestionadas en nulidad se adoptaron durante la vigencia de los mismos y es conforme a éstos que debe analizarse el caso que ocupa la atención del Tribunal.

IV.- Respecto a los incidentes planteados en la audiencia del 26 de febrero de 2018

Considerando: Que en la audiencia pública celebrada el 26 de febrero de 2018 las partes presentaron conclusiones incidentales y al fondo de sus respectivas pretensiones, de la manera siguiente:

a) Sobreseimiento

Considerando: Que en ese tenor, la parte demandada planteó el sobreseimiento del conocimiento de la demanda, alegando que existe un proceso pendiente de conocimiento ante el Tribunal Superior Administrativo con idénticas pretensiones a las planteadas en este caso. La parte demandante, de su lado, solicitó el rechazo de dicho pedimento, en razón de que desistió de la demanda ante el Tribunal Superior Administrativo y, por ende, no existe nada pendiente de fallo ante dicha jurisdicción.

Considerando: Que el Tribunal, mediante sentencia in voce, rechazó la petición de sobreseimiento, dando los motivos que justificaban tal decisión, los cuales constan en el acta de audiencia del 26 de febrero de 2018 y que han sido transcritas en parte anterior de esta sentencia.

b) Prórroga de comunicación de documentos

Considerando: Que asimismo, la parte demandada planteó una solicitud de prórroga de comunicación de documentos, a lo cual se opuso la parte demandante. El Tribunal rechazó dicha petición, por lo cual procedería motivar en la sentencia este aspecto.

Considerando: Que en ese tenor, la prórroga de comunicación de documentos es una medida facultativa, que cae en la entera discreción del Tribunal. En el presente caso, se advierte que la primera audiencia fue celebrada el 22 de enero de 2018, siendo aplazada a pedimento de la parte demandada.

Considerando: Que posteriormente, la audiencia del 13 de febrero de 2018 fue aplazada a solicitud de la parte demandante, en razón de que la parte demandada había depositado documentos fuera del plazo otorgado por el Tribunal. Ante esta situación, la parte demandada no se opuso al aplazamiento y solicitó, además, que se ordenara una comunicación recíproca de documentos, lo cual fue acogido por el Tribunal. Esa medida fue cumplida y ambas partes depositaron documentos dentro de los plazos dados por el Tribunal.

Considerando: Que en adición a lo anterior, vale señalar que el documento aludido como nuevo por la parte demandada para justificar su pedimento de prórroga de comunicación de documentos, -declaración jurada de desistimiento-, ya había sido depositado por el demandante el 19 de febrero de 2018, es decir, dentro de los plazos otorgados a tales fines por el Tribunal, por lo cual, el nuevo depósito que se hizo de ese mismo documento el 26 de febrero de 2018, previo a la audiencia, no afecta el derecho de defensa de la parte demandada, pues ya el citado documento formaba parte del expediente y la parte pudo tomar conocimiento del mismo dentro de los plazos dados por el Tribunal.

Considerando: Que al respecto, conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia ha señalado que no se viola el derecho de defensa cuando los jueces del fondo, en uso de su poder soberano, rechazan un pedimento de comunicación de un documento ya comunicado e invitan a las partes a concluir al fondo (Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, sentencia del 8 de marzo de 2000, B.J. 1072, páginas 111-118).

Considerando: Que en ese tenor, la petición de prórroga de comunicación de documentos carecía de asidero jurídico y, por tanto, debía ser desestimada, tal y como lo hizo el Tribunal mediante sentencia in voce, pues la parte demandada tuvo toda la oportunidad de aportar los documentos que haría valer en su defensa y tuvo conocimiento oportuno de los documentos aportados por la parte demandante dentro de los plazos otorgados a tales fines por esta jurisdicción.

c) Conexidad

Considerando: Que la parte demandada planteó, además, la excepción de conexidad entre la demanda en nulidad depositada ante el Tribunal Superior Administrativo y la demanda en nulidad interpuesta ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de la cual está apoderada este Tribunal producto de la incompetencia declarada por dicha Cámara Civil. La parte demandante, de su lado, solicitó el rechazo de tales conclusiones.

Considerando: Que el Tribunal rechazó mediante sentencia in voce las referidas conclusiones de conexidad, por lo cual procedería ahora proveer los motivos que sustentan dicha decisión dada en audiencia. En ese tenor, la conexidad se produce cuando “existe entre dos litigios un lazo tal que es de interés, para una buena administración de justicia, hacerlos instruir y juzgar conjuntamente” (Tavares Hijo, Froilán. Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano, Volumen I. Editora Centenario, S.A., 7ma. Edición. Santo Domingo, 2010, página 339). Asimismo, la doctrina plantea que “la conexidad puede existir cuando hay dos litigios pendientes cada uno entre partes distintas, siempre que exista una relación íntima entre ambos” (Tavares Hijo, Froilán. Elementos de Derecho Procesal Civil, Volumen II. Editora Centenario, S.A., reimpresión de la 8va. Edición. Santo Domingo, 2011, página 185).

Considerando: Que lo primero que hay que advertir es que este Tribunal comprobó que la parte ahora demandante había desistido de su acción por ante el Tribunal Superior Administrativo y, a tal efecto, depositó en este Tribunal el desistimiento que previamente había depositado en el Tribunal Superior Administrativo. Así lo hizo constar esta jurisdicción en los motivos dados para desestimar la solicitud de sobreseimiento planteada por la parte demandada en la audiencia del 26 de febrero de 2018. De modo que ante el Tribunal Superior Administrativo no existe nada pendiente de juzgar entre estas mismas partes.

Considerando: Que en virtud de lo expuesto resulta ostensible que la condición principal para que exista la conexidad es que se encuentren pendientes ante dos tribunales dos o más de procesos, entre las mismas partes o entre partes distintas, lo cual no acontece en la especie, en razón de que no existe nada pendiente ante el Tribunal Superior Administrativo relacionado con este proceso, pues como se ha señalado, ya la parte demandante desistió de esa acción, entonces dicha excepción carecía de asidero jurídico y, por tanto, debía ser desestimada, como al efecto se hizo en audiencia.

V.- Respecto a la admisibilidad de la presente demanda

A) Argumentos de la parte demandada

Considerando: Que en la audiencia celebrada el 26 de febrero de 2018 la parte demandada planteó la inadmisibilidad de la presente demandada, fundada en: a) prescripción; y, b) cosa juzgada.

Considerando: Que en ese tenor, en el escrito justificativo de conclusiones depositado el 20 de marzo de 2018, la parte demandada no propone argumentos en apoyo al medio de inadmisión por prescripción, pero en la audiencia refirió lo siguiente:

“que el proceso culminó con la sanción disciplinaria que se le notificó al demandante el 8 de marzo de 2017 y acogiéndose a los plazos recurrió en reconsideración; el Consejo Nacional de Disciplina decidió el 10 de marzo de 2017 rechazando la reconsideración, siendo notificada el 11 de marzo de 2017, pero la demanda es del 10 de abril de 2017, es decir, un mes y 29 días de haber vencido los plazos es que se demanda ante el TSA; que el 20 de junio de 2017 el demandante incoó esta demanda por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de la cual está apoderado este Tribunal; que esta demanda se interpuso 3 meses y 15 días luego de vencidos los plazos para demandar”.

Considerando: Que sobre este aspecto la parte demandada sostuvo en audiencia que:

“el Reglamento Contencioso Electoral en su artículo 199 prevé que los plazos se rigen por la brevedad y simplificación; que al párrafo II del artículo 176 del estatuto partidario concede un plazo de 2 días para recurrir y el demandante recurrió en ese plazo, pero el reglamento contencioso electoral en el artículo 121 establece el plazo para la impugnación en estos casos; que la intención de todos los plazos es de 2 días, no de 3 meses y así lo prevé el artículo 62 de la Ley Electoral Núm. 275-97”.

Considerando: Que en el escrito justificativo de conclusiones depositado el 20 de marzo de 2018, la parte demandada sostiene en apoyo al medio de inadmisión por cosa juzgada lo siguiente:

“que la demanda deviene inadmisible por cosa juzgada en reiteradas ocasiones y jurisdicciones, desde el proceso interno del partido; en las diferentes instancias y jurisdicciones la causa ha sido la misma, el mismo objeto y las mismas partes” y agrega la parte demandada que “tanto la demanda en nulidad, como las medidas precautorias, en este caso la medida cautelar, amparo y ahora referimiento, se enmarcan sobre la misma base de una demanda en nulidad de la Resolución 007-2017 del Consejo Nacional de Disciplina”.

Considerando: Que asimismo, la parte demandada sostiene que:

el pedimento de inadmisión fue hecho en base al derecho y la razonabilidad, con la intención de que este Tribunal no tenga que avocarse al fondo, en razón de que procede la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda, por los efectos impeditivos, en ocasión de la preexistencia de dos sentencias judiciales firmes dictadas sobre el mismo objeto, por el hecho de que contra ellas no caben medios y modos de modificarlas”.

Agrega finalmente la parte demandada que:

“de lo anterior se colige que luego de un asunto haber sido objeto de resolución o sentencia de parte de la jurisdicción competente, que en el presente caso ha habido ambas cosas, lo que impediría a este Tribunal realizar un nuevo juzgamiento, frente a las mismas partes y con objeto idéntico, por supuestas violaciones a derechos fundamentales, por lo que se impone en este caso la excepción perentoria de la cosa juzgada”.

B) Argumentos de la parte demandante

Considerando: Que en su escrito justificativo de conclusiones depositado el 9 de marzo de 2018, la parte demandante respondió a los medios de inadmisión señalando que:

“la Suprema Corte de Justicia ha juzgado que la excepción de cosa juzgada solo es inherente a las decisiones judiciales rendidas en materia contenciosa respecto de las contestaciones debatidas entre las partes y cuando existe una decisión irrevocable, lo que no ha ocurrido en la especie; que de la acción principal tendente a la nulidad de las resoluciones de marras fue apoderado el TSA, instancia que fue desistida, luego la Cámara Civil del Distrito Nacional declinó ante este Tribunal, es decir, no es cierto que la presente causa haya sido juzgada con anterioridad, por tanto dicho medio debe ser rechazado; que para justificar la supuesta cosa juzgada la parte demandada alegó una acción de amparo sometida por Guido Gómez, la cual fue dejada sin efecto por el demandante. No obstante, cabe resaltar que la acción de amparo es de carácter provisional y no da lugar a cosa juzgada por no referirse al fondo del asunto”.

Considerando: Que asimismo, la parte demandante sostiene que:

“en sus confusas conclusiones la parte demandada alega que fue extemporánea la demanda en nulidad, sin embargo, no expresaron cual era el punto de partida de los plazos que debían tomar en cuenta. Tal hecho revela un desconocimiento de la norma, ya que las reglas para las acciones principales en nulidad de actos jurídicos están en los artículos 1304 y 2262 del Código Civil, razón por la cual la demanda fue incoada en tiempo hábil”.

C) Respuesta a los medios de inadmisión

Considerando: Que en virtud de lo expuesto, procede que el Tribunal valore por separado los medios de inadmisión planteados, decidiendo (i) el relativo a la extemporaneidad de la demanda y luego (ii) el relativo a la cosa juzgada.

i) Respecto al medio de inadmisión por extemporaneidad

Considerando: Que al respecto, la parte demandada invoca que la resolución 0009-2017 le fue notificada al demandante el 11 de marzo de 2017 y la demanda que nos ocupa fue interpuesta el 20 de junio de 2017, violando, según la parte demandada, las disposiciones aplicables, que a su entender son los artículos 121 y 199 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, el párrafo II del artículo 176 del estatuto del partido y el artículo 62 de la Ley Electoral.

Considerando: Que en ese sentido, conviene resaltar que el artículo 62 de la Ley Electoral Núm. 275-97, y el artículo 121 del Reglamento Contencioso Electoral no tienen aplicación en el presente caso, pues los mismos se refieren a las impugnaciones de las fusiones, alianzas y coaliciones que realicen los partidos políticos. Y, como se ha señalado, el Tribunal está apoderado de una demanda en nulidad contra dos resoluciones que imponen sanciones disciplinarias a lo interno de un partido político.

Considerando: Que el párrafo II del artículo 176 del estatuto del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tampoco aplica a las impugnaciones de las sanciones que imponga el partido a sus miembros y dirigentes, sino que ese artículo rige las impugnaciones al proceso de elección del candidato presidencial del partido. El artículo 199 del Reglamento Contencioso Electoral se refiere a los principios que rigen los plazos en materia penal electoral, por lo cual tampoco aplica a la solución de este caso.

Considerando: Que en este punto conviene rescatar lo decidido en una especie similar por este Tribunal, al desestimar la aplicación de dichos artículos para la solución de un caso de nulidad de asamblea. En ese tenor, sostuvo el Tribunal lo siguiente:

“Que contrario a lo señalado por la parte demandada, en revisión de la normativa citada por dicha parte, este Tribunal ha podido verificar que la misma no regula el presente conflicto a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ya que son regulaciones relativas a la materia penal electoral, impugnaciones y reclamaciones en el marco de elección del candidato a la Presidencia de la República, impugnación de fusiones, alianzas o coaliciones, apelación de las decisiones de las Juntas Electorales, entre otras. En consecuencia, dichos artículos no son aplicables a la solución de este caso y, por tanto, esos argumentos deben ser desestimados” (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-002-2018, del 22 de marzo de 2018).

Considerando: Que en virtud de lo expuesto, procede que el Tribunal desestime el medio de inadmisión por extemporaneidad de la demanda, planteado por la parte demandada, pues los textos legales, reglamentarios y estatutarios en que ha fundamentado ese fin de inadmisión no resultan aplicables a la impugnación de las sanciones disciplinarias ante este Tribunal, cuestión de la cual se encuentra apoderada esta jurisdicción especializada.

Considerando: Que adicionalmente, cabe señalar que ni en la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, ni en el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales existe alguna disposición que establezca un plazo prescriptivo para este tipo de demandas como la analizada. De modo que en ausencia de un plazo procede admitir, sin más, que la misma deviene en admisible por este motivo, razón por la cual, procede desestimar el medio de inadmisión que se examina, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia.

ii) Respecto al medio de inadmisión por cosa juzgada

Considerando: Que en este sentido, la parte demandada invoca la existencia de (i) una decisión de medida cautelar dictada por el presidente del Tribunal Superior Administrativo, (ii) una ordenanza en referimiento dictada por el Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y (iii) una sentencia de amparo dictada por este Tribunal, para justificar el medio de inadmisión por cosa juzgada. Plantea que esas decisiones resolvieron pretensiones idénticas a las planteadas en esta demanda y por tanto se configura el medio de inadmisión por cosa juzgada.

Considerando: Que lo primero que hay que indicar es que las decisiones rendidas en materia de referimiento (Ley 834, del 15 de julio de 1978: Artículo 104.- La ordenanza de referimiento no tiene, en cuanto a lo principal, la autoridad de la cosa juzgada. No puede ser modificada ni renovada en referimiento más que en caso de nuevas circunstancias. Asimismo, ver sentencia No. 44, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, enero de 2012, B.J. 1214) y sobre medidas cautelares (Ley 13-07, del 5 de febrero de 2007: Artículo 7.- Medidas Cautelares. El recurrente podrá solicitar, en cualquier momento del proceso, por ante el Presidente del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, la adopción de cuantas medidas cautelares sean necesarias para asegurar la efectividad de una eventual sentencia que acoja el recurso contencioso administrativo o contencioso tributario. Esta petición se someterá mediante instancia separada del recurso principal. Una vez recibida, el Presidente del Tribunal, o el de una de sus Salas que designe mediante auto, convocará a las partes a una audiencia pública que celebrará dentro de los cinco (5) días siguientes, a los fines de escuchar sus argumentos y conclusiones, debiendo fallar el asunto en un plazo no mayor de cinco (5) días) no crean cosa juzgada en cuanto a lo principal, pues las mismas, por su carácter de medidas provisionales, no pueden decidir el fondo. En ese tenor, el hecho de que exista una decisión sobre medidas cautelares rendida por el presidente del Tribunal Superior Administrativo con relación a este caso, no es una causa para deducir un medio de inadmisión por cosa juzgada.

Considerando: Que en lo relativo a la ordenanza de referimiento alegada por la parte demandada, la misma ni siquiera fue aportada al expediente, amén de que su existencia, como se ha señalado, tampoco es motivo para deducir un medio de inadmisión por cosa juzgada.

Considerando: Que asimismo, la parte demandada invoca la existencia de una sentencia de este Tribunal en materia de amparo. En ese tenor, ciertamente, este Tribunal dictó la sentencia TSE- 014-2017, el 24 de abril de 2017, a raíz de una acción de amparo de extrema urgencia interpuesta por el hoy demandante contra el hoy demandado y el Consejo Nacional de Disciplina. Dicha sentencia declaró inadmisible la indicada acción de amparo, por considerarla notoriamente improcedente.

Considerando: Que al respecto conviene precisar que la declaratoria de inadmisibilidad no da lugar a deducir la cosa juzgada. Este ha sido el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la nación al decidir que:

“para que la excepción de cosa juzgada pueda ser válidamente opuesta, es necesario que la nueva acción tenga identidad de partes, de causa y de objeto con la acción ya juzgada irrevocablemente; es decir, que éste principio prohíbe (…) que sea sometido de nuevo a un tribunal lo que ya ha sido juzgado bajo las condiciones señaladas precedentemente, no pudiendo aplicarse este principio a los casos (…) en que entre las demandas incoadas existe identidad de partes, objeto y causa, pero la primigenia no ha sido decidida irrevocablemente (…)”. (Suprema Corte de Justicia dominicana, sentencia número 33, del 11 de febrero de 2009, B.J. 1179, pp. 338-344, 1a)

Considerando: Que asimismo, la Suprema Corte de Justicia, mediante su sentencia de fecha 26 de noviembre de 2008, estableció el criterio según el cual mal podría invocarse la autoridad de la cosa juzgada cuando

“el tribunal de primer grado, en su primera sentencia, solo se limitó a declarar irrecibible la demanda por cuestiones puramente de forma (…)” (Suprema Corte de Justicia dominicana, sentencia número 60, del 26 de noviembre de 2008, B.J. 1176, pp. 522- 528, 1a).

Considerando: Que más aún, en su sentencia del 2 de marzo de 2011, la misma Suprema Corte de Justicia estimó que:

“si bien ha sido juzgado por la Suprema Corte de Justicia que para que la excepción de cosa juzgada pueda ser válidamente opuesta, es necesario que entre las acciones judiciales enfrentadas se encuentren reunidas las condiciones exigidas por el artículo 1351 del Código Civil, es decir, que las litis deben ser entre las mismas partes y tener identidad de causa y objeto; que en la presente especie (sic) resulta plausible el criterio expuesto en el fallo impugnado, en el sentido de que no procedía retener el principio de cosa juzgada, en razón de que aun cuando en los procesos de referencia se reúnen esos requisitos, el dispositivo de la sentencia de fecha 31 de enero de 2006, que adquirió la fuerza de la cosa juzgada, se limita, como se ha dicho, a declarar inadmisible la demanda (…), lo que en nada incide en cuanto al fondo mismo del asunto, decidido mediante la sentencia que originó el fallo impugnado; que la autoridad de cosa juzgada solo es inherente a las decisiones judiciales rendidas en la materia contenciosa respecto de las contestaciones debatidas entre las partes; que en esas condiciones, los agravios formulados en el medio examinado carecen de fundamento (…), por lo que debe ser rechazado (…)” (Suprema Corte de Justicia dominicana, sentencia número 2, del 2 de marzo de 2011, B.J. 1204, inédito).

Considerando: Que el medio de inadmisión por cosa juzgada tiene su fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 1351 del Código Civil Dominicano, que textualmente dice:

“La autoridad de cosa juzgada no tiene lugar sino respecto de lo que ha sido objeto de fallo. Es preciso que la cosa demandada sea la misma; que la demanda se funde sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes y formulada por ellas contra ellas, con la misma cualidad”.

Considerando: Que se requiere, para la configuración de dicho fin de inadmisión, la concurrencia de la identidad tripartita de: (i) partes; (ii) objeto; y (iii) causa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha decidido que “la autoridad de la cosa juzgada se impone a la decisión por intervenir en otro proceso cuando existe identidad de objeto, de causa y de partes entre ambos procesos. Cuando la causa es distinta, por haber versado el primer proceso sobre el deslinde de un inmueble y el segundo sobre la reivindicación del mismo, no puede ser invocada la autoridad de la cosa juzgada sobre el segundo proceso” (Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sentencia Núm.6, mayo de 2012, B.J. 1218).

Considerando: Que al respecto conviene precisar que la sentencia invocada por el demandado fue dictada en ocasión de una acción de amparo y en esta oportunidad nos encontramos apoderados de una demanda en nulidad, es decir, se trata de dos procesos distintos, sometidos a reglas de procedimiento distintas y, por tanto, con objetos totalmente distintos, lo que de plano descarta la existencia de cosa juzgada por esa causa. Por los motivos expuestos procede desestimar el medio de inadmisión por cosa juzgada y analizar el fondo de la presente demanda, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- Respecto al fondo de la demanda

A) Argumentos de la parte demandante

Considerando: Que tanto en su acto introductivo de demanda, como en su escrito de conclusiones depositado en la secretaría general de este Tribunal el 9 de marzo de 2018, la parte demandante propone los argumentos y medios siguientes:

“que el proceso disciplinario conocido en su contra fue en obvia violación de sagrados principios constitucionales que constituyen garantías de derechos fundamentales de los justiciables, recogidas dichas garantías en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República; que el proceso llevado ante el Consejo Nacional de Disciplina contra el demandante es claramente violatorio del principio constitucional que reconoce a todo justiciable que su caso sea revisado por una instancia superior; que en el caso de que se trata el Consejo Nacional de Disciplina se adjudicó de forma arbitraria unas competencias que el Estatuto General del partido le otorgan al Consejo de Disciplina del Distrito Nacional, pues el hoy demandante es militante de esa circunscripción; este hecho viola no solo el principio constitucional, sino también el reglamento disciplinario del partido, por lo que las resoluciones atacadas están afectadas de nulidad”.

Considerando: Que el demandante agrega que

“la violación del estatuto del PRD por parte de los miembros del Consejo Nacional de Disciplina constituye una causa de nulidad absoluta del proceso disciplinario llevado contra el demandante, quien se vio privado de ser juzgado en una primera instancia por su organismo natural, el Consejo Disciplinario del Distrito Nacional; que los artículos 41 y 42 del Código de Ética y Disciplina del PRD disponen el doble grado de jurisdicción; que el artículo 41 establece que Guido Gómez jerárquicamente debió ser juzgado por el Consejo de Disciplina y Ética del Distrito Nacional como jurisdicción de primer grado, sin embargo el Consejo Nacional de Disciplina, que debía fungir como instancia de segundo grado, se arrogó atribuciones que no le correspondían y juzgó ilegalmente al demandante, violando la regla procesal del doble grado de jurisdicción, prevista en el artículo 69.9 de la Constitución; que lo dispuesto en el artículo 69.9 de la Constitución es de orden público y no puede ser modificado por particulares”.

Considerando: Que asimismo, el demandante sostiene que

“se violó el principio del derecho al juez imparcial y al debido proceso, en razón de que Rafael Vásquez, presidente del Consejo Nacional de Disciplina, el 24 de agosto de 2014 dio declaraciones en contra de Guido Orlando Gómez Mazara, por lo cual en la audiencia del 24 de febrero de 2017 pidió la inhibición del mismo, lo cual fue denegado; que rechazada la solicitud de inhibición, el demandante planeó una recusación, la cual también fue rechazada y en esas condiciones se conoció el proceso y se expulsó al hoy demandante; que lo anterior pone en evidencia que la decisión dictada no se corresponde con un fallo imparcial previsto en el artículo 69.2 de la Constitución”.

Considerando: Que finalmente, el demandante plantea que

“la expulsión del demandante tuvo como fundamento que éste había pronunciado calificativos irrespetuosos a la persona del presidente del partido, sin embargo, dichas expresiones consisten en cuestionamientos a decisiones políticas, o de cuestionamiento a la posición asumida por el partido respecto a temas que están en el Congreso Nacional, o el acuerdo arribado entre el PRD y el PLD; que la Constitución garantiza la libertad de expresión en su artículo 49, derecho que le ha sido violado al demandante”.

B) Argumentos de la parte demandada

Considerando: Que en el escrito justificativo de conclusiones depositado el 20 de marzo de 2018, la parte demandada plantea, en cuanto al fondo de la demanda, lo siguiente:

“que en las diferentes jurisdicciones donde ha recurrido la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina del PRD, el demandante ha fundamentado sus acciones sobre la base de violación a las normativas constitucionales relativas al debido proceso; que al examinar los documentos que conforman el proceso disciplinario, este Tribunal podrá comprobar que el partido se cuidó de respetar el debido proceso y los derechos del procesado en disciplina, el cual no solo compareció mediante representación legal, sino que recurrió la decisión de disciplina mediante el recurso de reconsideración; que el único argumento esgrimido en la audiencia del fondo descansó en la supuesta violación al primer grado de jurisdicción, en razón de que se le juzgó en la Comisión Nacional de Disciplina”.

Considerando: Que la parte demandada agrega en sus alegatos que:

“quien juzgó al demandante fue la instancia de la Comisión Nacional de Disciplina, la que precisamente ha juzgado a todos los dirigentes nacionales que han sido sometidos a violaciones estatutarias y que este Tribunal Electoral ha conocido en las diferentes acciones a las que han recurrido; que en ninguno de los pedimentos y medios de excepción que tuvieron la oportunidad de invocar en el curso del proceso disciplinario lo hicieron, sin embargo, este TSE tendrá a bien examinar las diferentes resoluciones que emitió la Comisión Nacional de Disciplina a propósito de este caso y podrá comprobar que el demandante nunca pidió la incompetencia, o reclamó la supuesta violación a un grado de jurisdicción”.

Considerando: Que además, la parte demandada sostiene que:

“todos los casos en materia disciplinaria que ha conocido este Tribunal, han sido dadas por la única Comisión Nacional de Disciplina que tiene el partido, y que los alegatos del demandante, a propósito del fondo de la demanda en nulidad que se conoce, no son más que patadas de ahogado, al momento en que no tiene ningún argumento válido para sostener su defensa; que el artículo 51 del estatuto del partido establece con claridad la existencia de un Consejo de Disciplina con jurisdicción sobre toda la militancia del partido y que el demandante y sancionado en disciplina no escapa a esa competencia del órgano del partido, por lo que fue juzgado conforme a la jurisdicción donde son juzgados todos los altos dirigentes de la institución”.

Considerando: Que la parte demandada agrega que:

“no podría hablarse de contradicción entre la ley y el reglamento, toda vez que de presentarse esta, sencillamente prevalece la autoridad suprema, que lo es la ley principal, para el caso nuestro, la ley del partido son sus estatutos. El reglamento es un instrumento que viene a suplir a los estatutos con el objetivo de viabilizar su aplicación; que los estatutos son normas jurídicas dictadas o establecidas por la máxima autoridad del partido, es decir, un precepto establecido solamente por una autoridad competente, mientras que el reglamento es una regulación legal dictada por autoridades internas, designadas por los altos estamentos, a los fines de aplicar la normativa principal, adaptándola acorde al mandato del estatuto, sin entrar en contradicción con este. El incumplimiento del estatuto conlleva sanción, no así el reglamento”.

Considerando: Que continúa afirmando la parte demandada que:

“en el caso llevado contra el demandante, la defensa técnica de éste presentó medios de inadmisión e incidentes en el curso del proceso, los cuales le fueron respondidos, pero en ningún momento presentaron cuestionamiento al Consejo Nacional de Disciplina, relativo a la atribución para conocer el caso del cual estaba apoderado, por lo que debió hacerlo antes de toda defensa al fondo o medio de inadmisión, de lo contrario la instancia continuará por ante el tribunal apoderado, produciéndose una prorrogación tácita de competencia; que el juez o tribunal sólo está llamado a declarar de oficio su incompetencia cuando la regla de competencia sea de orden público, de lo contrario dicha excepción debe ser pronunciada a solicitud de parte, el juicio disciplinario no tiene carácter de orden público, razón por la cual debió plantearse que dicho proceso, conocido por el Consejo Nacional de Disciplina, contenía una supuesta violación al doble grado de jurisdicción”.

Considerando: Que asimismo, la parte demandada plantea que:

“el demandante fue juzgado por jueces naturales, ya que el Tribunal Nacional de Disciplina fue designado con anterioridad al proceso que motiva la cuestión y basado en normas constitucionales, legales y estatutarias. Es decir, los miembros del PRD acceden al juicio disciplinario a través del Consejo Nacional de Disciplina, predeterminado en sus estatutos”.

Considerando: Que finalmente, la parte demandada sostiene que:

“la norma del debido proceso previsto en la Constitución dispone que nadie puede ser juzgado sin haber sido citado y oído, pero conforme a las motivaciones contenidas en la resolución objeto de la presente demanda, este Tribunal podrá verificar que al demandante se le respetó su sagrado derecho de defensa; que en las diferentes audiencias, la defensa técnica del demandante presentó todos los medios de inadmisión e incidentes que consideró pertinente y en una forma irresponsable decidió retirarse del salón de audiencia, por lo que mal podría suspenderse la audiencia para que este reincorporara otra representación legal. El Consejo Nacional de Disciplina le garantizó su derecho a la defensa en las diferentes etapas del proceso”.

C) Respuesta a la demanda

Considerando: Que a los fines de dar respuesta a los argumentos de las partes, el Tribunal debe verificar si en ocasión del proceso disciplinario seguido al demandante se respetaron las normas del debido proceso, así como las reglas internas previstas por el partido demandado, sin que ello implique un examen de la justeza o no de la medida adoptada (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-025-2017, del 3 de octubre de 2017, página 33).

Considerando: Que en ese tenor, la queja del demandante se circunscribe a la alegada violación del debido proceso en su perjuicio, ya que según afirma, se le violó el derecho al doble grado de jurisdicción a lo interno del partido, al juez imparcial y a la libertad de expresión, al desconocer las reglas internas que rigen este tipo de procesos.

Considerando: Que la parte demandada, de su lado, ha respondido señalando que no se violó ninguno de los derechos invocados por el demandante y que, por el contrario, en el proceso disciplinario seguido en su contra se respetó el mandato de los estatutos partidarios, el debido proceso y el juez natural.

Considerando: Que partiendo de lo expuesto, conviene iniciar el análisis del presente caso examinado la normativa del partido demandado –Estatuto y Reglamentos–, a los fines de verificar si existe un procedimiento disciplinario y, de existir, entonces constatar la estructura del mismo, lo que permitirá a su vez comprobar si la queja del demandante se ajusta a la realidad. Al respecto, conviene precisar, de entrada, que la parte capital del artículo 51 del Estatuto del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), modificado el 14 de septiembre de 2014, dispone lo siguiente:

“ART. 51. Existirá un Consejo Nacional de Disciplina, con jurisdicción sobre toda la militancia del Partido, así como Consejos Provinciales, Municipales y Zonales de Disciplina, cada Consejo con jurisdicción sobre la militancia de sus demarcaciones respectivas. Estarán integrados por cinco (5) miembros (as) con sus suplentes electos (as) por las Convenciones Ordinarias respectivas. Serán elegidos (as) cada cuatro (4) años por las Convenciones respectivas”.

Considerando: Que asimismo, la parte capital del artículo 55 del Estatuto del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) prevé que:

“ART. 55. El Código de Ética y Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano, aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional el 02 de Noviembre de 2005 es el reglamento de funcionamiento y normativa procesal de la Comisión Nacional de Control, el Consejo Nacional de Disciplina y el Fiscal Nacional, así como sus pares en el nivel provincial, municipal, regional y zonal, se considera parte integral de los Estatutos Generales en todo lo referente al orden disciplinario”.

Considerando: Que de su lado, los artículos 41, 42 y 44 del Código de Ética y Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional el 2 de noviembre de 2005, disponen respectivamente lo siguiente:

“Artículo 41. El Consejo Nacional de Disciplina y Ética, fungirá como consejo de alzada y los Consejos de Disciplina y Ética Provincial, sobre la jurisdicción de la Provincia o de los municipios”.

“Artículo 42. El Consejo de Alzada conocerá de los Recursos de Apelación contra la resolución final del Consejo de Disciplina y Ética de primera instancia. Antes de resolver deberá dar audiencia a las partes a fin de que aleguen lo que estimen pertinente”.

“Artículo 44. El Consejo de Alzada no podrá revisar los fallos del Consejo de Disciplina y Ética por el fondo; esto por tratarse de resoluciones dictadas a conciencia, sólo podrá revisar dichos fallos por la forma y en caso de que haya un vicio por violación al debido proceso y las normas que lo regulan, podrá determinar la nulidad del procedimiento. Dándose este último caso; remitirá el expediente al Consejo de Disciplina y Ética de primera instancia para que subsane el yerro y emita la resolución correspondiente”.

Considerando: Que asimismo, los artículos 64 y 65 del Código de Ética y Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional el 2 de noviembre de 2005, disponen respectivamente lo siguiente:

“Artículo 64. Los fallos del Consejo de Disciplina y Ética tendrán únicamente Recurso de Reconsideración, y de Apelación por la forma por violación a las reglas que regulan el debido proceso, a excepción de la resolución que rechaza la denuncia, que tendrá recurso de revocatoria y apelación. El plazo para interponer el recurso será de dos días hábiles a partir de la notificación de la Resolución”.

“Artículo 65. El recurso de apelación se interpondrá ante el mismo Consejo de primera instancia, quien lo recibirá y lo remitirá junto con el expediente al Consejo de alzada dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes. El Recurso de Reconsideración se interpondrá ante el mismo Consejo de primera instancia quien resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes”.

Considerando: Que el contenido de los textos estatutarios y reglamentarios transcritos previamente revela lo siguiente: a) que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en virtud del principio de autodeterminación de que gozan los partidos políticos, ha adoptado un régimen disciplinario compuesto por dos grados de jurisdicción a lo interno; b) que el primer grado de jurisdicción disciplinaria lo constituye el Consejo de Disciplina y Ética provincial, municipal o zonal, según la jurisdicción territorial a que pertenezca el enjuiciado (Ver artículo 41 del Código de Ética y Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)), mientras que el segundo grado de jurisdicción, le corresponde al Consejo Nacional de Disciplina y Ética; c) que las decisiones disciplinarias de los Consejos de Disciplina y Ética provincial, municipal o zonal son susceptibles del recurso de apelación y reconsideración, para cuyo ejercicio el recurrente dispone de un plazo de dos días hábiles; d) que el recurso de reconsideración es conocido por el mismo Consejo de Disciplina y Ética (provincial, municipal, zonal o nacional) que dictó la resolución atacada, mientras que el recurso de apelación es conocido por el Consejo Nacional de Disciplina.

Considerando: Que en ese sentido, y conforme a las disposiciones estatutarias y reglamentarias transcritas anteriormente, todo proceso de enjuiciamiento disciplinario a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene que ser conocido en primer grado de jurisdicción por el Consejo de Disciplina y Ética provincial, municipal o zonal, según la demarcación territorial a la que pertenece el miembro, dirigente o militante partidario enjuiciado (Ver artículo 51 del Estatuto y artículos 41, 42, 44, 64 y 65 del Código de Ética y Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)). Lo anterior queda robustecido con la redacción de la parte final del artículo 44 del Código de Ética y Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), según el cual, el Consejo Nacional de Disciplina y Ética, actuando como tribunal de alzada, podrá

“[…] determinar la nulidad del procedimiento. Dándose este último caso; remitirá el expediente al Consejo de Disciplina y Ética de primera instancia para que subsane el yerro y emita la resolución correspondiente”.

Considerando: Que establecido lo anterior, entonces procede analizar si en el caso del demandante, Guido Orlando Gómez Mazara, se respetó el procedimiento establecido en los estatutos y el reglamento de ética del partido demandado. En ese tenor, se aprecia que la Resolución Núm. 0007-2017, del 24 de febrero de 2017, fue dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) actuando como tribunal de primer grado, es decir, que dicho consejo fue apoderado directamente por el Fiscal Nacional del referido partido para decidir la causa disciplinaria en cuestión. Mediante esta decisión se dispuso la expulsión del hoy demandante de las filas del indicado partido político.

Considerando: Que se aprecia, asimismo, que por no estar conforme con la precitada resolución que lo expulsó del partido, el hoy demandante la recurrió en reconsideración, en cuyo recurso alegó que la resolución impugnada violaba el artículo 69, numerales 4 y 7 de la Constitución de la República (Ver segundo considerando de la página 5 de la Resolución CND Núm. 0009-2017). Es decir, que el hoy demandante invocó en su recurso de reconsideración la violación en su perjuicio del derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente. Sin embargo, el recurso de reconsideración fue rechazado y confirmada la resolución que dispuso la expulsión del hoy demandante de las filas del partido demandado.

Considerando: Que lo anterior revela, en efecto, que en el presente caso no se ha respetado el debido proceso, como tampoco el procedimiento disciplinario establecido libremente por el partido demandado. De manera, que la causa disciplinaria seguida al demandante tenía que ser conocida en primera instancia, como jurisdicción natural, por el Consejo de Disciplina y Ética del Distrito Nacional, en razón de que Guido Orlando Gómez Mazara reside en esa demarcación (Así consta en los documentos aportados por el demandante, donde consta su dirección de residencia en el Distrito Nacional. También así consta en las resoluciones atacadas en nulidad). Y es que las disposiciones de los artículos 51 y 55 del Estatuto del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), así como los artículos 41, 42, 44, 64 y 65 del Código de Ética y Disciplina del referido partido son claras al establecer las atribuciones de los Consejos Disciplinarios de primer grado y el Consejo Nacional de Disciplina como tribunal de apelación o alzada.

Considerando: Que lo anterior constituye una violación al debido proceso en perjuicio del ahora demandante, por cuanto fue juzgado en primera instancia por un órgano incompetente y, por demás, fue privado de un grado de jurisdicción, lo que afecta de nulidad todo el proceso seguido en su contra y las resoluciones adoptadas al efecto. La referida violación a la garantía del doble grado de jurisdicción establecido en la Constitución de la República y en los Estatutos del partido, no puede ser reemplazada por el recurso de reconsideración que se puede hacer ante el mismo órgano. El derecho o la garantía de la segunda instancia revisora a lo interno del propio partido presuponen la garantía de la imparcialidad e independencia de los miembros del segundo órgano respecto de los del primero.

Considerando: Que este Tribunal ha sido reiterativo al señalar que las normas del debido proceso aplican a todas las actuaciones y que los partidos políticos, al momento de imponer sanciones a sus miembros y afiliados, tienen que respetar estas garantías y que si no lo hacen, las sanciones devienen en nulas (Por todas, sentencia TSE-025-2017, del 3 de octubre de 2017, páginas 22 y siguientes y la jurisprudencia allí citada). Similar posición ha mantenido el Tribunal Constitucional dominicano, al señalar que los partidos políticos tienen que cumplir con el debido proceso al momento de imponer sanciones a sus miembros ( Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0068/13, del 26 de abril de 2013).

Considerando: Que en los argumentos expuestos en el escrito justificativo de conclusiones, la parte demandada alude a una supuesta contradicción entre las disposiciones del Estatuto partidario y el reglamento disciplinario y sostiene que, en esa eventualidad, se aplica lo dispuesto en el Estatuto. Lo anterior, con el fin de justificar el hecho de que el demandante haya sido juzgado por el Consejo Nacional de Disciplina.

Considerando: Que en ese sentido, conviene resaltar que tal contradicción no existe, pues el Estatuto prevé los órganos disciplinarios existentes en el partido y delega en el reglamento lo relativo al desarrollo del procedimiento disciplinario. Además, es el propio estatuto que en el artículo 55 dispone que “el Código de Ética y Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano, aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional el 02 de Noviembre de 2005 (…) se considera parte integral de los Estatutos Generales en todo lo referente al orden disciplinario”. De manera, que el reglamento disciplinario tiene jerarquía estatutaria en lo que respecta al procedimiento disciplinario y esa jerarquía se la da el propio estatuto, por lo cual, no es posible en este caso hablar de contradicción entre ambos instrumentos normativos.

Considerando: Que de lo expuesto se advierte que el partido demandado adoptó libremente, en ejercicio de su derecho de autodeterminación y autorregulación, unas reglas disciplinarias para ser aplicadas a sus miembros, por lo cual, la primera obligación del partido es cumplir al pie de la letra esas disposiciones para luego exigir a sus miembros que las cumplan. En ese sentido, la doctrina plantea que “si las organizaciones se dan una reglas, las más importantes aprobadas por su órgano supremo, la primera obligación que se imponen es la de cumplirlas, y el afiliado interesado que aprecie que han sido ignoradas podrá, tras agotar, en su caso, oportunamente las instancias internas del propio partido, ejercer una acción ante los órganos jurisdiccionales competentes” (Orozco Henríquez, José de Jesús. Op. Cit., página 15). De modo que el partido demandado no cumplió con las reglas que había aprobado y con ello vulneró los derechos del demandante.

Considerando: Que otro argumento expuesto por el demandado consiste en señalar que la costumbre en el partido ha sido juzgar disciplinariamente a los miembros en el Consejo Nacional de Disciplina y que eso fue justamente lo que se hizo con el ahora demandante. Este argumento resultaría débil, pues el hecho de que se proceda en esa forma en el citado partido no hace más que reiterar que en el caso del demandante se violentaron las reglas internas aplicables al caso. En efecto, frente a unas reglas tan claras como las contenidas en el estatuto y el reglamento disciplinario del partido demandado, lo que se imponía era respetarlas y seguir el procedimiento que manda el estatuto y el reglamento disciplinario, sin importar que en ocasiones anteriores no se haya procedido de esa forma.

Considerando: Que este Tribunal ha tenido la oportunidad de conocer casos en los cuales los partidos políticos adoptan un régimen que garantiza el doble grado de jurisdicción o derecho y garantía de la segunda instancia revisora a lo interno del propio partido y ante el incumplimiento han señalado la falta de conformación de los órganos de primera instancia. En el caso resuelto con la sentencia TSE-025-2017, del 3 de octubre de 2017, se constató violación al debido proceso en tanto la Comisión Ejecutiva de la Dirección del Partido Revolucionario Moderno usurpó la competencia del Comité de Disciplina para imponer la sanción de expulsión, el tribunal estableció lo siguiente:

“Considerando: Que en el presente caso ha quedado demostrado de forma incontrovertible que al momento de expulsar al accionante, Néstor Emmanuel Matos Ureña de su condición de miembro y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no se cumplió con el debido proceso, en razón de que la expulsión se produjo de manera sumaria, sin que el accionante pudiera defenderse ni presentar alegatos al respecto y, lo que es peor, sin la celebración de un juicio en el que se le garantizaran todos sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución de la República y los Tratados Internaciones suscritos y ratificados por el Estado Dominicano. Que lo anterior afecta de nulidad las medidas adoptadas en contra del accionante, pues fue sancionado al margen de lo que dispone la Constitución, así como el Estatuto partidario.” (Tribunal Superior Electoral dominicano, sentencia TSE-025-2017, del 3 de octubre de 2017)

Considerando: Que en virtud de los razonamientos expuestos precedentemente, este Tribunal ha decidido admitir en cuanto al fondo la presente demanda y anular las resoluciones impugnadas, por haberse constatado la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al juez natural en perjuicio del demandante, así como por violación a las normas internas del partido demandado relativas al procedimiento disciplinario.

Considerando: Que la materia electoral está exenta de la condenación en costas procesales, por lo cual procede su compensación.

Considerando: Que procede ordenar la ejecución provisional de la presente sentencia, no obstante, cualquier recurso que contra la misma se interponga.

 Por todos los motivos expuestos, el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las disposiciones contenidas los artículos 68, 69, 214 y 216 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015; artículos 3, 13, numeral 2, párrafo, y 14 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero de 2011; artículo 62 de la Ley Electoral, Núm. 275-97, de fecha 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones; artículos 24 y 104 de la Ley Núm. 834, de fecha 15 de julio de 1978; artículo 7 de la Ley Núm. 13-07, de fecha 5 de febrero de 2007; artículo 1351 del Código Civil Dominicano; artículos 26, 121 y 199 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por este Tribunal Superior Electoral en fecha 17 de febrero de 2016; artículos 51, 55 y 176, párrafo II, del Estatuto del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); artículos 41, 42, 44, 64 y 65 del Código de Ética y Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD):

FALLA:

Primero: Rechaza los medios de inadmisión planteados por la parte demandada, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la audiencia de fecha 26 de febrero de 2018, en razón de que los textos invocados no son aplicables a la demanda y porque no existe cosa juzgada en el presente caso, de acuerdo a los motivos dados precedentemente. Segundo: Admite en cuanto a la forma la demanda en nulidad interpuesta en fecha 20 de junio de 2017 por el señor Guido Orlando Gómez Mazara, contra las Resoluciones Núms. 0007-2017 y 0009-2017, de fechas 24 de febrero y 7 de marzo de 2017, respectivamente, ambas dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por haber sido interpuesta de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias aplicables al caso. Tercero: Acoge en cuanto al fondo la indicada demanda y, en consecuencia, anula en todas sus partes y con todas sus consecuencias jurídicas las Resoluciones Núms. 0007-2017 y 0009-2017, de fechas 24 de febrero y 7 de marzo de 2017, respectivamente, ambas dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en razón de que las mismas violan el procedimiento disciplinario libremente adoptado por el partido demandado, así como el derecho al debido proceso, al juez natural y al doble grado de jurisdicción del demandante, muy especialmente por violar los artículos 51 y 55 del Estatuto del partido demandado y los artículos 41, 42, 44, 64 y 65 del Código de Ética y Disciplina de dicho partido, conforme a lo dispuesto en esta sentencia. Cuarto: Ordena la inmediata readmisión del demandante, Guido Orlando Gómez Mazara, a su condición de miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), así como el restablecimiento de todos sus derechos y deberes. Quinto: Ordena la ejecución provisional de la presente sentencia, no obstante, cualquier recurso que se interponga contra la misma, en virtud de las disposiciones del artículo 3 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral. Sexto: Compensa las costas del procedimiento, por tratarse de un asunto electoral. Séptimo: Dispone la notificación de la presente sentencia a las partes en litis y a la Junta Central Electoral (JCE), así como la publicación en el Boletín Contencioso Electoral, para los fines de lugar.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018), año 175 de la Independencia y 155 de la Restauración.

Firmada por los magistrados Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente; Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, jueces titulares, asistidos por Sonne Beltré Ramírez, Secretario General.

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA CRISTIAN PERDOMO HERNÁNDEZ

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y coherentes con la opinión mantenida en las deliberaciones, procedemos a presentar nuestro voto disidente sobre el presente caso, en ejercicio de la facultad contemplada en los artículos 12, párrafo I, de la ley número 29-11, Orgánica de este Tribunal Superior Electoral, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), y 35 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil, del diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciséis (2016).

El voto ha sido estructurado como sigue: (1) breve resumen del caso; (2) puntos de encuentro con el criterio mayoritario; (3) justificación de la discrepancia; y (4) conclusiones.

1. Breve resumen del caso

1.1. El caso analizado tiene como principal incidencia la emisión de la resolución número 0007- 2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en fecha 24 de febrero de 2017. Mediante dicha decisión, el órgano disciplinario en cuestión estimó que el demandante actuó “en desconocimiento de los deberes estatutarios del partido”, realizó “declaraciones públicas irrespetando las autoridades y lineamientos del partido”, “se negó a cumplir las orientaciones y resoluciones del partido” y “promovió la indisciplina al mandar a votar por candidatos de partidos contrarios” (Vid. Resolución número 0007-2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en fecha 24 de febrero de 2017, pp. 15-16, 17-18), todo lo cual, en conjunto, asciende a una “falta grave” que amerita su expulsión definitiva de las filas de la organización, en aplicación de los artículos 27 y 31 del Código de Ética vigente, y 15, 53 y 54 de los estatutos partidarios.

1.2. El demandante, inconforme con dicha decisión, optó por incoar un recurso de reconsideración contra la misma, el cual fue decidido por el propio Consejo Nacional de Disciplina mediante la resolución número 0009-2017, fechada el 10 de marzo de 2017. En esta ocasión, el órgano disciplinario determinó que el proceso disciplinario del cual resultó la resolución objeto del recurso se llevó a cabo con respeto pleno a “las normas internas del Partido Revolucionario Dominicano” y “las disposiciones legales que rigen el Tribunal Superior Electoral como derecho afín con la materia, observándose además las garantías constitucionales del debido proceso de ley y el ejercicio eficaz del derecho de defensa” (Cfr. Resolución número 0009-2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en fecha 10 de marzo de 2017). Por estos motivos, el Consejo optó por desestimar el recurso y confirmar lo decidido mediante la decisión atacada.

1.3. Ante tal escenario, el impetrante, a través de sus abogados apoderados, interpuso una solicitud de adopción de medida cautelar por ante el juez presidente del Tribunal Superior Administrativo. Mediante dicha solicitud, el hoy demandante pretendía obtener “la suspensión de cualquier acción tendente a la expulsión” del demandante del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hasta tanto el asunto principal (es decir, la regularidad y justeza de la decisión que decretó la expulsión) fuese dilucidado por ante la jurisdicción competente, y suspender “de manera inmediata” los efectos de la expulsión mientras la solicitud de marras permanezca en estado de recibir fallo.

1.4. Mediante la sentencia número 0030-2017-SSMC-00028, de fecha 10 de mayo de 2017, la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo rechazó la solicitud de adopción de medida cautelar depositada por el demandante. En síntesis, dicho tribunal juzgó que, en vista de que el asunto principal no era competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, la pretensión cautelar no reunía uno de los requisitos exigidos por el artículo 7 de la ley número 13-07 para que ser promovida con éxito (específicamente, la “apariencia de buen derecho”). En ese sentido, el juez de lo contencioso-administrativo señaló que “si el Tribunal es incompetente para conocer de lo principal, [ello implica] que el impetrante no tiene posibilidades de obtener una sentencia gananciosa, que es lo que se intenta proteger con todo sistema cautelar”. La incompetencia se deduce, a juicio del tribunal, de la naturaleza del ente emisor de la actuación impugnada: un partido político. Al respecto, la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo indicó que “los partidos políticos no forman parte de la administración pública”, lo que impide a dicha jurisdicción examinar y controlar las actuaciones de los mismos, pues su competencia de atribución se circunscribe a estatuir sobre la conformidad con la ley y la Constitución de los actos emanados de los órganos y entes de la Administración.

1.5. Con posterioridad a la emisión de la sentencia antes descrita, el demandante emplazó al PRD por ante la jurisdicción civil para a conocer del asunto de que se trata. En dicha demanda, el demandante, en esencia, reprodujo los medios de impugnación posteriormente presentados a este Tribunal Superior Electoral. Como nota al margen, debe señalarse que en dicho acto introductoria el demandante precisó que su acción no era ni podía ser competencia ni del Tribunal Superior Administrativo, por las razones contenidas en la sentencia número 0030- 2017-SSMC-00028, del 10 de mayo de 2017, ni de este Tribunal Superior Electoral, “puesto que el artículo 13, párrafo, [de la ley número 29-11] expresamente señala que no se consideran conflictos internos, y por tanto fuera de la esfera de competencia del TSE, las sanciones disciplinarias que los órganos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, salvo que estuvieren envueltas discusiones sobre candidaturas”. Así, descartada la competencia tanto de la jurisdicción contencioso-administrativa como de la jurisdicción contencioso-electoral, resultaba “obvio” que “la aptitud legal para conocer de la [demanda] corresponde al tribunal de derecho común”, es decir, “a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional”.

1.6. De la demanda antes referida resultó apoderada la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Dicho tribunal, mediante sentencia marcada con el número 036-2017-SSEN-01529, de fecha 30 de noviembre de 2017, declaró su incompetencia ratione materiae para conocer del asunto planteado. Dicho pronunciamiento estuvo fundado tanto en la naturaleza de las organizaciones políticas como en la intención del constituyente y del legislador orgánico al instituir la jurisdicción contencioso- electoral. El juez de lo civil, en pocas palabras, optó por declinar el conocimiento del expediente por ante este foro, por ser ésta la jurisdicción “habilitada para conocer y dirimir sobre los conflictos y reclamos que se presenten contra las actuaciones partidarias que vulneren derechos políticos de los militantes de un partido, movimiento o agrupación política”. El expediente fue remitido a este Tribunal Superior Electoral una vez se produjo el pronunciamiento de dicha sentencia.

1.7. Tanto en su escrito de conclusiones como en los argumentos vertidos oralmente durante las audiencias celebradas por este Tribunal para la sustanciación del asunto, el demandante señaló que las resoluciones impugnadas debían ser anuladas ya que en el proceso disciplinario cursado en su contra se infringieron diversas disposiciones tanto constitucionales como estatutarias, además de haberse irrespetado sendos criterios jurisprudenciales asentados por esta jurisdicción contencioso-electoral y por el Tribunal Constitucional. El demandante sostuvo, en suma, que en el proceso disciplinario del cual resultaron las resoluciones impugnadas se violentaron (A) las garantías mínimas de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagradas en el artículo 69 de la Constitución de la República, (B) las normas de competencia en materia disciplinaria previstas en los estatutos partidarios y (C) sus derechos a la libre expresión, contenido en el artículo 49 constitucional, y a elegir y ser elegible, establecido en el artículo 22 del texto fundamental.

1.8. En respuesta, el Partido demandado propuso diversos incidentes tendentes a evitar la discusión del fondo de la acción. En primer lugar, propuso el sobreseimiento de la demanda, en vista de que existía otro proceso en curso por ante el Tribunal Superior Administrativo que debía finalizar su curso antes de que esta jurisdicción decidiese sobre la impugnación en cuestión. Alternativamente, propuso que se emitiese una sentencia declinatoria por conexidad, exponiendo al respecto que, por existir otro proceso pendiente ante el Tribunal Superior Administrativo, resultaba de buena y sana administración de justicia que el asunto fuese remitido hacia dicha jurisdicción, a fin de evitar una posible contradicción entre las decisiones a evacuar respecto a ambos asuntos.

1.9. En cuanto a la admisibilidad de la demanda, sostuvo, por un lado, que la misma resultaba inadmisible por extemporánea, en aplicación de diversas disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias. En su defecto, alegó que la demanda devenía inadmisible por haber quedado configurada en su contra la cosa juzgada, alegando al respecto que el asunto planteado ya había sido discutido en ocasión de otros procesos judiciales ya culminados mediante sentencia definitiva. Precisó que, en efecto, en la especie ya se habían recorrido diversas instancias (lo contencioso-administrativo, lo civil en materia de referimientos, y lo electoral en materia de amparo) en las cuales fue sometido a discusión, y posteriormente decidido mediante sentencia con autoridad de cosa juzgada, el objeto de la demanda.

1.10. Sobre el fondo, el demandado sostuvo, en apretada síntesis, que durante el proceso sancionatorio seguido contra el impetrante “se cuidó de respetar el debido proceso y los derechos del procesado en disciplina, el cual no solo compareció mediante representación legal, sino que recurrió la decisión de disciplina mediante un recurso de reconsideración”. Por otra parte, señaló que el proceso en cuestión fue llevado conforme a la normativa interna vigente, toda vez que “quien juzgó al demandante (…) fue la instancia de la Comisión Nacional de Disciplina, la que precisamente ha juzgado a todos los dirigentes nacionales que han sido sometidos a violaciones estatutarias”. A esto agregó que “el artículo 51 de los Estatutos del Partido establece con claridad sobre la existencia de un Consejo de Disciplina con jurisdicción sobre toda la militancia del partido y que el demandante y sancionado en disciplina, no escapa a esa competencia de este órgano del partido, por lo que fue juzgado conforme a la jurisdicción donde son juzgados todos los altos dirigentes de la institución”.

2. Análisis jurídico del caso

2.1. Como se indicó anteriormente, en el presente voto se indicarán, en primer lugar, los puntos con los cuales coincidimos en la decisión adoptada por la mayoría, para luego establecer de qué manera disentimos de la solución final dada al caso.

2.2. Aspectos en los cuales coincidimos con el criterio mayoritario

2.2.1. Estamos de acuerdo con lo decidido por el Tribunal respecto a los siguientes asuntos:

a. Sobre la excepción declinatoria: coincidimos con la mayoría dado que, en efecto, se aportó al expediente prueba suficiente de que el demandante había desistido del recurso sometido a consideración del Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, había decidido perseguir por ante esta jurisdicción contencioso-electoral –y solo ante ésta— la anulación de las resoluciones de que se trata. De suerte que la excepción devenía carente de fundamento.

En pocas palabras, resultaba esencialmente correcto concluir, como en efecto se hizo, que no existía conexidad o vinculación alguna entre ambos procesos, mucho menos posibilidad de que se suscitase una contradicción entre la sentencia que habría de recaer respecto a dicho asunto y la que dictó este Tribunal, por cuanto mediante aquélla el Tribunal Superior Administrativo habrá de limitarse, razonablemente, a levantar acta del desistimiento del recurrente y ordenar el archivo del caso, mientras que este foro resolvió cuestiones propias de la demanda.

b. Sobre la competencia del Tribunal: dado que el Tribunal resultó apoderado mediante una sentencia declinatoria, y a la luz de lo establecido en el artículo 24 (Artículo 24.- Cuando el juez estimare que el asunto es de la competencia de una jurisdicción represiva, administrativa, arbitral o extranjera, se limitará a declarar que las partes recurran a la jurisdicción correspondiente. En todos los otros casos el juez que se declare incompetente designará la jurisdicción que estime competente. Esta designación se impondrá a las partes y al juez de envío) de la ley número 834, de 1978 –aplicable de manera supletoria—, procedía, como se decidió, que el Tribunal se declarase competente. Sobre este punto, existen algunos motivos adoptados por la mayoría –puntualmente, respecto al control judicial de las actuaciones de los partidos políticos— que en puridad forman parte de nuestra disidencia, de modo que en este punto conviene realizar una reserva: era éste, es decir, por lo contemplado en el artículo 24 de la ley antes mencionada, el único motivo por el cual debía esta jurisdicción declararse competente para conocer del asunto.

c. Sobre el incidente de sobreseimiento: coincidimos con la mayoría en cuanto a la solución dada a este pedimento. En efecto, como señaló el Tribunal, “el sobreseimiento es un incidente de la instancia y, más importante aún, es una facultad discrecional del Tribunal apoderado ordenarlo o no, siendo procedente disponerlo cuando exista una cuestión prejudicial”. De suerte que, ante situaciones en las cuales no existe “una cuestión prejudicial que imponga ordenar tal medida”, procedía su rechazo.

d. Sobre el medio de inadmisión por extemporaneidad: compartimos el criterio de la mayoría en cuanto a este punto. No solo las disposiciones invocadas por el demandado no guardan relación con el asunto tratado, sino que además, como se indica en la decisión, no existe en el régimen jurídico vigente disposición procesal alguna que regule la presentación de impugnaciones como la incoada por el impetrante. Así las cosas, la demanda debía, como en efecto se juzgó, ser admitida sin más.

e. Sobre la inadmisibilidad por cosa juzgada: coincidimos en cuanto a que el medio debía ser rechazado por carecer de fundamento. Basta señalar, sobre el particular, que las decisiones traídas a colación por el demandado no podían, por los motivos desarrollados en la sentencia, generar cosa juzgada.

2.3. Justificación de la Disidencia

2.3.1. Consideramos que el Tribunal debió declarar inadmisible, por notoria improcedencia, la demanda. Tal conclusión se fundamenta en tres cuestiones esenciales: la aptitud del Tribunal para conocer de este tipo de procesos, la naturaleza de las pretensiones del demandante y del cauce procesal elegido por éste para someter su reclamo a consideración de esta jurisdicción, y los principios de autoorganización y autorregulación, de libertad de decisión política y de “mínima intervención judicial”, deducidos los dos primeros de lo establecido en el artículo 216 constitucional, combinado con algunas consideraciones doctrinales que se rescatan a continuación, y el último de lo contemplado en el artículo 13, párrafo, de la ley número 29-11.

2.3.2. Precisiones previas necesarias

2.3.2.1. Tres puntualizaciones deben realizarse previo a la explicación de los motivos que sustentan nuestra disidencia:

a) Por una parte, que, como es sabido, los medios de inadmisión no son limitativos. En apoyo de esto existe una amplia literatura a nivel doctrinal, al igual que innúmeros pronunciamientos judiciales. Sobre esto, consideramos que no son necesarias mayores explicaciones (Vid. República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0305/15, de fecha 25 de septiembre de 2015, párr. 9.2-9.3, en los cuales dicho colegiado señaló que “es jurisprudencia constante que las causales de inadmisibilidad previstas en los textos citados anteriormente no son limitativas o taxativas, sino enunciativas, por lo que pueden considerarse otras causas válidas de inadmisión (…)”. De igual forma, y entre muchas otras, véase: Suprema Corte de Justicia, sentencia número 7, de fecha 24 de febrero de 2010, B.J. 1191 –inédito—, Salas Reun.; sentencia número 14, del 7 de octubre de 2009, B.J. 1187, pp. 188-194, 1a).

b) Por otra parte, que la improcedencia, desde un punto de vista jurídico-procesal, atañe a aquello que carece “de oportunidad, necesidad o fundamento” (Conforme definición ofrecida por el Diccionario del español jurídico de la Real Academia Española de la lengua). Dicho de otra manera, la improcedencia es la cualidad que designa “aquello que carece de fundamento jurídico adecuado”, o que, “por contener errores o contradicciones con la razón (…) no puede ser admitido o tramitado” (Vid. Diccionario hispanoamericano de Derecho, año 2008, 1a ed., tomo I, A/K, p. 1062. Grupo Latino Editores: Bogotá). Esto resulta de magna importancia de cara a la solución propuesta y que constituye el fundamento de nuestra disidencia.

c) Por último, que, aún cuando no todos los medios de inadmisión pueden ser invocados de oficio, por no ser todos de orden público (Cfr. Suprema Corte de Justicia, sentencia número 36, de fecha 23 de marzo de 2011, B.J. 1204 –inédito—, 1a), ello no impide que en dicho catálogo sean incluidos otros. Sobre ello, consideramos que el de la “notoria improcedencia”, particularmente aquel que se motiva en el presente voto, debe y puede ser incluido, toda vez que, como se verá, ello incide, no solo en la competencia de atribución de este Tribunal –cuestión que, vale decirlo, ostenta el carácter de orden público—, sino también debido a que el asunto que se pretende sea resuelto por este foro no reúne el presupuesto esencial de procedencia de los conflictos que sí pueden ser conocidos por vía de esta jurisdicción, esto es, que no puede tratarse de una sanción disciplinaria impuesta por un partido contra un miembro por cuestiones que no involucran discusiones a cargos directivos o de elección popular (art. 13, párr., ley 29-11).

2.3.3. Fundamento de la Disidencia

2.3.3.1. Como hemos planteado previamente, el caso analizado presenta una particularidad que no debió ser pasada por alto: aun cuando el Tribunal estaba obligado, por ley, a declararse competente para conocer del asunto, ello en forma alguna podía modificar el estatus de la reclamación. Es decir, el objeto analizado por el Tribunal mediante la demanda fue la regularidad, tanto formal como sustancial, de una sanción disciplinaria impuesta por un partido político a uno de sus miembros por cuestiones no relacionadas con la designación a cargos directivos o de elección popular.

2.3.3.2. Lo anterior implica, en apretada síntesis, que la aptitud del tribunal para conocer del asunto venía desde ya considerablemente mermada. Y es que es dable concluir que la intención del legislador al configurar la regla contenida en el artículo 13, párrafo, de la ley número 29-11 fue evitar que los órganos jurisdiccionales en materia electoral terminaran por sustituir a los organismos sancionadores internos de los partidos políticos en los asuntos que envolviesen sanciones disciplinarias. Son éstos, en fin, los únicos que están facultados para estatuir sobre tales cuestiones. Pues, aunque se admite que “el ejercicio del poder sancionador de las autoridades partidarias tiene límites infranqueables dados por la Constitución de la República, los tratados internacionales, la ley electoral y los estatutos internos de los partidos, movimientos o agrupaciones políticas” (Ídem), ello en modo alguno puede implicar intervenciones excesivas o exageradas de parte de este Tribunal en tales menesteres, como lo fue, justamente, examinar supuestas violaciones a la norma estatutaria en perjuicio del hoy demandante y, consecuentemente, anular las resoluciones por las cuales fue expulsado de las filas del partido demandado –lo que de facto implica su reintegro a la organización—.

2.3.3.3. Profundizando en lo anterior, es importante precisar que el mismo cauce procesal elegido por el impetrante para canalizar su reclamo constituyó un exceso. Es decir, presentar a este Tribunal, por vía “ordinaria”, un asunto relativo a un proceso disciplinario interno, en el cual, reiteramos, no estuvo en discusión la designación del demandante como funcionario directivo o su postulación a un cargo de elección popular, constituyó en sí mismo una intromisión excesiva –y, por las mismas razones, una injerencia injustificada e injustificable—, pues por dicha vía se exigió a esta jurisdicción inmiscuirse plenamente en asuntos internos tan delicados como la aplicación de las reglas disciplinarias a los miembros de un partido político.

2.3.3.4. En definitiva, era al propio partido demandado que correspondía, de forma soberana, decidir respecto a la membresía o no del demandante, o si puede éste ser considerado miembro a la luz de las disposiciones estatutarias vigentes y del Código de ética legítimamente adoptado por sus organismos internos. Ello así pues forma parte de su ámbito competencial exclusivo, exento del escrutinio propio del control judicial, determinar quiénes incurren en faltas sancionables, cómo deben ser sancionados, cuándo y por cuánto tiempo, entre otras cuestiones.

2.3.3.5. Lo anterior encuentra sustento, en primer término, en el artículo 216 constitucional. Dicha disposición, como es sabido, establece que, aunque “con sujeción a los principios establecidos” en el texto fundamental, la constitución, regulación interna y organización de los partidos políticos es libre (Artículo 216.- Partidos políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley). Esto implica, en resumidas cuentas, que son los partidos políticos, y no los órganos administrativos o jurisdiccionales, los que configuran, aplican e interpretan las reglas sobre las cuales habrá de conformarse el gobierno interno de los partidos, su estructura, su operatividad y sus presupuestos esenciales de membresía y asociación.

2.3.3.6. Es así como se justifica que sobre los órganos estatales de fiscalización y control pesa un deber de “mínima intervención” sobre los asuntos internos de los partidos políticos. Ello supone, por los mismos motivos, un compromiso de deferencia de parte de los entes públicos en favor de los partidos, para que sean éstos los que determinen, por ejemplo, las causas por las cuales pueden los miembros ser sancionados disciplinariamente, la estructuración y conformación de los órganos encargados de aplicar las correspondientes sanciones, las razones por las cuales se adquiere y se pierde la membresía, los métodos de convocatoria y organización de sus distintos órganos internos, los procesos de selección de sus autoridades internas, entre otros.

2.3.3.7. Debe señalarse, en ese orden de ideas, que, aun existiendo razones para “justificar la exigencia de democracia interna de los partidos políticos en todo Estado constitucional democrático de derecho, como una obligación o ‘limitación’ no aplicable a las asociaciones en general”, persistiría la duda acerca del alcance o grado en que los órganos (administrativo y/o jurisdiccionales) del Estado estarían legitimados para “invadir” la esfera interna de estas organizaciones a fin de garantizar su funcionamiento democrático, pues, pese a las relevantes funciones cuasi-públicas o de interés público asignadas a los partidos y que los hace sujetos de las prerrogativas y subvenciones estatales (…), no pierden su carácter asociativo y, por tanto, el principio básico de su actuación sigue siendo el de libertad, incluida la de autoorganización (Orozco Henríquez, J. (2004): “La democracia interna de los partidos políticos en Iberoamérica y su garantía jurisdiccional”, p. 11. Colección de cuadernos de divulgación sobre aspectos doctrinarios de la Justicia Electoral, año 2004 (pp. 1-47). Publicación periódica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: México).

2.3.3.8. El razonamiento anterior permite abordar, en segundo lugar, los principios de autoorganización o autorregulación y de conservación de la libertad de decisiones políticas como valores justificadores de la tesis planteada. Ambos principios, tácitamente reconocidos en los artículos 216 constitucional y 13, párrafo, de la ley número 29-11, tienden, en esencia, a delimitar y defender el de por sí reducido campo de autonomía operativa y funcional de los partidos políticos. Dentro de dicho campo se encuentra, justamente, “la posibilidad de autoorganizarse y de tomar decisiones libremente” (González Madrid, M. (2011): “Democracia y justicia intrapartidaria. Medios de control interno en los partidos”, p. 29. Cuadernos de divulgación de la Justicia Electoral, año 2011 (pp. 1-130). Publicación periódica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: México). Así, los partidos deben poder adoptar –de forma libre y soberana— todas aquellas decisiones que consideren necesarias y convenientes para su regulación, organización, estructuración y funcionamiento.

2.3.3.9. Esta cuestión resulta de vital importancia, pues su análisis se contrae a delimitar, en la mayor medida posible, los respectivos campos de acción de los partidos políticos y de los órganos administrativos y jurisdiccionales del ámbito electoral, a fin de evitar injerencias excesivas por parte de estos últimos sobre los asuntos de los primeros. Esta necesidad ha empujado a la doctrina a considerar que, aún siendo en principio defendible el control administrativo y jurisdiccional sobre las actuaciones de los partidos, dicha fiscalización “tiene sus especificidades en cuanto al sentido de las determinaciones (…)” (Huber Olea y Contró, J. (2013). Derecho contencioso electoral, 2a ed., p. 171. Editorial Porrúa: México). Es, por esto, dable concluir que, “tratándose de litigios que versan sobre la vida interna de los partidos políticos” —categoría dentro de la cual resulta esencialmente correcto incluir las sanciones disciplinarias dispuestas por el Partido contra sus miembros—, las sentencias que se dictan [en ocasión del control por parte de los órganos administrativos y jurisdiccionales del ámbito electoral] deben dejar cierto grado de libertad para que el partido pueda emitir las decisiones en uso de esta libertad auto-organizativa sin apartarse del imperio de la ley y de su normatividad interna. (Íd.)

2.3.3.10. Todo lo expuesto conduce a concluir que el Tribunal debió abstenerse de conocer el fondo de la demanda y, consecuentemente, evitar estatuir respecto a la justeza del contenido de las resoluciones impugnadas o de la regularidad del proceso disciplinario del cual resultaron las mismas. Esto es tanto como afirmar que este foro debió reducir su intervención al mínimo constitucionalmente establecido, permitiendo al Partido ejercer, en forma plena, su soberanía y libertad de decisión respecto a la determinación de quiénes son y quiénes pueden ser sus miembros; es decir, el Tribunal debía, como se ha dicho, asumir un proceder de deferencia en beneficio de la organización política en cuestión, lo que es tanto como reconocer que era ésta la que debía decidir, a través de los procesos previstos en su normativa interna, si el demandante, a la luz de las disposiciones estatutarias vigentes y de las normas de disciplina y ética legítimamente asumidas, podía ser considerado miembro del Partido Revolucionario Dominicano.

2.3.3.11. Esto, vale decirlo, coadyuva en la máxima eficacia de los principios de autorregulación interna y de conservación de la libertad de decisión política. Esto así pues con ello se evita, en esencia, que las instancias partidarias con poder sancionador sobre los miembros queden reducidas a un mero “paso previo” a la fase jurisdiccional, es decir, a una “pseudoinstancia sancionadora”, que más que un auténtico foro de discusión y aplicación de la normativa partidaria, termine, en puridad, resumida en la formalidad previa necesaria para acceder a los estamentos jurisdiccionales del Estado. Tal interpretación no se corresponde con la esencia, la letra y el espíritu de los artículos 216 de la Constitución de la República y 13, párrafo, de la ley número 29-11, los cuales, como se ha dicho, reproducen los principios antes mencionados y apuntan, esencialmente, a proteger el campo de maniobra y acción de las organizaciones políticas reconocidas respecto a su regulación y organización interna, lo cual indiscutiblemente engloba las sanciones disciplinarias a ser aplicadas a los individuos presuntamente infractores.

2.3.3.12. Es por estos motivos que consideramos que procedía declarar inadmisible, por notoria improcedencia, la demanda de que se trata. Reiteramos que solo de esta manera el Tribunal habría juzgado el asunto sometido a su consideración con plena sujeción a los principios constitucionales aplicables y con el espíritu y sentido verdadero de la regla contenida en el párrafo del artículo 13 de la ley número 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral.

3. Conclusiones

3.1. Al resguardo de los planteamientos anteriormente desarrollados, disentimos de la decisión adoptada por la mayoría, por entender que la demanda debió ser declarada inadmisible por notoria improcedencia. Esa fue y es, en pocas palabras, nuestra posición en el presente caso, ya que se trata de un asunto que, a la luz del régimen jurídico vigente, no debía ser resuelto por el Tribunal y correspondía, en realidad, al propio partido demandado.

Cristian Perdomo Hernández
Jueza titular

Sonne Beltré Ramírez
Secretario General

VOTO DISIDENTE DEL DR. RAMÓN ARISTIDES MADERA ARIAS JUEZ TITULAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

CON RELACIÓN AL EXPEDIENTE CONTENCIOSO NÚM. 031-2017, CONTENTIVO DE LA ̈DEMANDA EN NULIDAD DE RESOLUCIÓN ̈, INTERPUESTA POR EL SEÑOR GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD)

I. BREVE RESUMEN DEL CASO

RESULTA: Que en fecha 31 de enero del año 2017, el Fiscal Nacional del PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), presentó Acusación Disciplinaria en contra del señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, ante el Consejo Nacional de Disciplina del referido Partido, por supuesta violación a los literales c, d y g del artículo 15; y los literales b, c, d y g del artículo 53 del Estatuto General del PRD.

RESULTA: Que los literales c, d y g del artículo 15 de los Estatutos del PRD, establecen lo siguiente:

̈Son deberes de los (as) militantes y de los dirigentes:

(…) c) Mantener relaciones de mutua consideración, respeto y solidaridad con todos (as) los (as) miembros del Partido.

d) Cumplir disciplinadamente las consignas, orientaciones y resoluciones internas del Partido. En aquellos casos en que un(a) miembro(a) no esté de acuerdo con una Resolución, hasta que ésta no sea revocada, el militante estará obligado a cumplirla. Las críticas formuladas fuera de los organismos serán sancionadas como faltas graves contra la organización. (…)

g) Votar de manera obligatoria por los(as) candidatos del Partido en los procesos electorales. En caso de no cumplir esta disposición, será suspendido del Partido por dos (2) años ̈.

RESULTA: Que los literales b, c, d y g del artículo 53 de los Estatutos del PRD, establecen lo siguiente:

̈Son faltas sujetas a juicio disciplinario en el Partido, entre otras, las siguientes:

(…) b) Promover actos de violencia o de indisciplina en el Partido, o participar en ellos;

c) Faltar al respeto y la debida consideración a los(as) dirigentes(as) y demás compañeros(as) del Partido

d) Irrespetar las decisiones de los organismos y autoridades calificadas del Partido a todos los niveles. Quienes sean dirigentes(as) y deban hacer respetar esas decisiones y no cumplan con esa obligación serán, asimismo, pasibles de juicio disciplinario. El desacato de las Resoluciones de los organismos superiores, se considera falta grave.

g) Realizar cualquier tipo de gestión por cuenta o en favor de otra organización o candidato(a) que no sea del Partido, o en perjuicio de éste(a) o de sus candidatos(as), sin expresa aprobación de la Comisión Política, el Comité Ejecutivo Nacional o, en su defecto, del(la) Presidente(a) del Partido ̈.

RESULTA: Que en fecha 24 de febrero del año 2017 fue conocida la última audiencia relativa a la referida Acusación Disciplinaria, ante el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, en la que el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA solicitó al Juez Presidente del referido Consejo, señor Rafael Francisco Vásquez, (a) Fiquito, que se inhibiera de conocer dicho proceso disciplinario, decisión que fue rechazada; motivo por el cual el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA procedió a recusar a dicho Juez, solicitud que también fue rechazada.

RESULTA: Que en esa misma fecha, 24 de febrero del año 2017, el Consejo Nacional de Disciplina dictó la Resolución Núm. 0007-2017, leída íntegramente en fecha 7 de marzo del año 2017, mediante la cual se expulsó al señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA del PRD, por violación a las disposiciones del artículo 54, literal h, del estatuto partidario; y el artículo 27, numeral 8, del Código de Ética.

RESULTA: Que el literal h del artículo 54 de los Estatutos del PRD, establece lo siguiente:

Según la gravedad de la falta los Consejos de Disciplina impondrán las sanciones siguientes: (…) h) Expulsión definitiva del Partido ̈.

RESULTA: Que el numeral 8 del artículo 27 del Código de Ética del PRD, establece lo siguiente:

Según la gravedad de la falta los Consejos de Disciplina y Ética impondrán las sanciones siguientes: (…) 8. Expulsión definitiva del Partido ̈.

RESULTA: Que en fecha 7 de marzo del año 2017, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA interpuso un Recurso de Reconsideración ante el Consejo Nacional de Disciplina, en contra de la referida Resolución Núm. 0007-2017, en el que solicita la nulidad de dicha Resolución.

RESULTA: Que en fecha 10 de marzo del año 2017, mediante Resolución Núm. 0009-2017, el Consejo Nacional de Disciplina del PRD rechazó el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, por no existir un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que haga variar el criterio adoptado y amerite reconsideración. El dispositivo de dicha resolución establece lo siguiente:

̈PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de reconsideración presentado por el señor Guido Orlando Gómez Mazara, contra la Resolución CND No. 0007-2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano, en fecha 24 de febrero del 2017 y leída íntegramente en fecha 7 de marzo del 2017, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia;

SEGUNDO: Rechaza, en cuanto al fondo, el recurso de reconsideración presentado por el señor Guido Orlando Gómez Mazara, contra la Resolución CND No. 0007- 2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano, en fecha 24 de febrero de 2017 y leída íntegramente en fecha 7 de marzo del 2017, por improcedente, mal fundado y carente de base legal;

TERCERO: Confirma en todas sus partes la Resolución CND No. 0007-2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano, en fecha 24 de febrero del 2017, y leída íntegramente en fecha 7 de marzo del 2017;

CUARTO: Se declara el presente procedimiento libre de costas, por tratarse de un asunto disciplinario ̈.

RESULTA: Que en fecha 11 de marzo del año 2017, le fue notificada a al señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA la referida Resolución Núm. 009-2017, de fecha 10 de marzo del año 2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD.

RESULTA: Que en fecha 27 de marzo del año 2017, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA depositó una Solicitud de Medida Cautelar ante el Tribunal Superior Administrativo, para suspender la ejecución de las referidas Resoluciones 007-2017 y 009-2017, dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD.

RESULTA: Que en fecha 10 de mayo del año 2017, mediante Sentencia Núm. 0030-2017- SSMC-0028, el Tribunal Superior Administrativo rechazó la referida Solicitud de Medida Cautelar, por no estar apoderado de una acción principal, por lo que no puede conocer de la referida medida cautelar; y en el entendido de que los partidos políticos no son parte de la Administración Pública y por tanto, sus actos no pueden ser considerados actos administrativos competencia de la jurisdicción administrativa.

RESULTA: Que el ordinal Primero del dispositivo de la referida Sentencia Núm. 0030-2017- SSMC-0028, de fecha 10 de mayo del año 2017, dictada por el Tribunal Superior Administrativo, dispone lo siguiente:

̈PRIMERO: RECHAZA la solicitud de adopción de medida cautelar, interpuesta por GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, contra el CONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO y PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), por las motivaciones esbozadas en el cuerpo de la presente sentencia ̈.

RESULTA: Que en fecha 10 de abril del año 2017, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA interpuso un Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, con la finalidad de anular la Resolución Núm. 009-2017, de fecha 10 de marzo del año 2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, cuya acción estaba vigente ante dicha jurisdicción, porque según se explicará más adelante, fue el mismo día del conocimiento del fondo de la presente audiencia que el demandante depositó la instancia de desistimiento del referido recurso.

RESULTA: Que en fecha 20 de junio del año 2017, mediante Acto Núm. 70/2017, instrumentado por el ministerial Roberto Acevedo Martínez, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA interpuso ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, una Demanda en Nulidad de las Resoluciones Núms. 0007-2017 y 0009- 2017, de fechas 24 de febrero del año 2017 y 10 de marzo del año 2017, respectivamente, dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

RESULTA: Que en fecha 30 de noviembre del año 2017, mediante Sentencia Núm. 036-2017- SSEN-01529, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se declaró incompetente para conocer de la referida Demanda en Nulidad de Resolución, y declinó el expediente ante este Tribunal Superior Electoral.

RESULTA: Que la parte dispositiva de la referida Sentencia Núm. 036-2017-SSEN-01529, de fecha 30 de noviembre del año 2017, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dispone lo siguiente:

̈PRIMERO: Declara la incompetencia de atribución de este tribunal para conocer de la presente demanda en Nulidad de Resolución, interpuesta por el señor Guido Orlando Gómez Mazara, en contra del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de conformidad con los razonamientos precedentemente expuestos, y en consecuencia, declina el expediente marcado con el número 036-2017-ECON- 00802, por ante el Tribunal Superior Electoral ̈.

RESULTA: Que en fecha 2 de febrero del año 2018, la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo emitió una Certificación, en la que se hace constar que:

̈En los archivos puestos a mi cargo, consta que este Tribunal se encuentra apoderado de un expediente marcado con el Núm. 0030-2017-ETSA-00413, solicitud Núm. 030-2017-CA-00221, contentivo de un Recurso Contencioso Administrativo, interpuesto por Guido Orlando Gómez Mazara, en contra del Consejo Disciplinario del Partido Revolucionario Dominicano, el cual está en proceso de instrucción ̈.

RESULTA: Que en fecha 26 de febrero del año 2018, a las 7:41 A.M., el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA depositó en el Tribunal Superior Administrativo una Declaración Jurada de Desistimiento de instancia, en la que hace constar:

̈DESISTE formalmente y deja sin efecto jurídico el recurso contencioso administrativo depositado ante el Tribunal Superior Administrativo, contra las Resoluciones 007, del día 7 de marzo del año 2017, y 009, de fecha 10 de marzo del año 2017, dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano, a fin de perseguir la nulidad de las referidas resoluciones por ante la jurisdicción que considere competente ̈.

RESULTA: Que en fecha 26 de febrero del año 2018, a las 8:29 A.M., el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA depositó ante este Tribunal Superior Electoral la misma Declaración Jurada de Desistimiento, descrita precedentemente.

RESULTA: Que en ese tenor, este Tribunal se encuentra apoderado de la Demanda en Nulidad de Resolución interpuesta por el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, según se dispone en la Sentencia Núm. 036-2017-SSEN-01529, de fecha 30 de noviembre del año 2017, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

RESULTA: Que es en virtud de la referida Sentencia que este Tribunal está apoderado, y no del Recurso Contencioso Administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo, porque en fecha 26 de febrero del año 2017, a las 7:41 A.M. el señor GUIDO GÓMEZ MAZARA, desistió expresamente de dicho Recurso, desistimiento que fue aceptado como bueno y válido por este Tribunal, a pesar de que el demandante no había cumplido con el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil, para la validez del desistimiento, con el objetivo de que esta jurisdicción pueda quedar formalmente apoderada, evitando que el caso que nos ocupa exista conexidad o litispendencia.

Por los motivos expuestos precedentemente, somos de criterio que este Tribunal Superior Electoral se encuentra apoderado para conocer de la Demanda en Nulidad de Resoluciones Núms. 0007-2017 y 0009-2017, de fechas 24 de febrero 2017 y 10 de marzo 2017, respectivamente, dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina (PRD), interpuesta en fecha 20 de junio del año 2017, ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual, mediante Sentencia Núm. 036-2017-SSEN-01529, de fecha 30 de noviembre del año 2017, declaró su incompetencia de atribución y declinó dicho expediente ante este Tribunal Superior Electoral.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

RESULTA: Que el numeral 2, del artículo 13 de la Ley Orgánica Núm. 29-11, del 20 de enero del año 2011, que crea el Tribunal Superior Electoral, sobre las atribuciones en instancia única de este Tribunal, establece lo siguiente:

̈Conocer de los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos o entre éstos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos o los estatutos partidarios ̈.

RESULTA: Que el Párrafo del referido artículo 13 establece lo siguiente:

̈Para los fines del Numeral 2 del presente artículo, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos ̈.

RESULTA: Que a pesar de lo anterior, el presente expediente proviene de una declinatoria de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que señala a este Tribunal Superior Electoral como jurisdicción competente para conocer de la Demanda en Nulidad de las Resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, mediante las cuales el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA fue expulsado de dicha institución.

RESULTA: Que en ese sentido, la competencia de este Tribunal se encuentra establecida en el Párrafo, del artículo 24 de la Ley Núm. 834 de fecha 15 de julio del año 1978, según el cual:

̈En todos los otros casos el juez que se declare incompetente designará la jurisdicción que estime competente. Esta designación se impondrá a las partes y al juez de envío ̈.

RESULTA: Que con relación a lo explicado anteriormente, ha sido jurisprudencia de este Tribunal, lo siguiente:

̈Que en el caso de la especie, se trata de un expediente que ha sido remitido a este Tribunal Superior Electoral, en razón de la declaratoria de incompetencia pronunciada por la Presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante Ordenanza Núm. 1061/2013; en ese sentido, la parte in fine del artículo 24 de la Ley 834, del 15 de julio de 1978, señala que: ̈en todos los otros casos el juez que se declare incompetente designará la jurisdicción que estime competente. Esta designación se impondrá a las parte y al juez de envío ̈;

Que es preciso señalar que la competencia para este Tribunal conocer y fallar el presente expediente en materia de referimiento no puede ser controvertida, en virtud de que por la declaratoria de incompetencia y de envío por ante esta jurisdicción la misma se impone; en ese sentido, la competencia de este Tribunal le viene dada por la citada decisión del supra indicado artículo, en virtud, de que el tribunal a-quo señaló que este era el competente, produciéndose lo que se llama en doctrina una prórroga de competencia, que habilita plenamente a este órgano para conocer y decidir el fondo de la presente demanda ̈. (Ordenanza TSE-0004-2013, de fecha 1ero de octubre del año 2013, dictada por el Tribunal Superior Electoral).

RESULTA: Que en virtud de lo expuesto precedentemente, este Tribunal es COMPETENTE para conocer de la presente Demanda en Nulidad de Resolución, en virtud el Párrafo, del artículo 24 de la Ley Núm. 834 de fecha 15 de julio del año 1978 y de la jurisprudencia citada precedentemente, a pesar de que según lo que se dispone en el Párrafo del artículo 13 de la Ley Núm. 29-11, de fecha 20 de enero del año 2011, según el cual, los casos como el de la especie no se consideran conflictos a lo interno de los partidos políticos, por tratarse de una sanción disciplinaria, adoptada por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, en contra del accionante.

RESULTA: Que actualmente el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA se encuentra en un limbo jurídico con relación al conocimiento de su Demanda por un Tribunal competente, pues ha acudido ante dos jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción administrativa, sin embargo, ninguna de las dos procedió a conocer el fondo de su Demanda.

RESULTA: Que dada esta situación, en aras de garantizar el derecho a una justicia accesible y oportuna del GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA; así como el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial; y el derecho de defensa que asisten a este señor, establecidos en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, se impone, que este Tribunal conozca la presente Demanda en Nulidad de Resolución.

Por los motivos que anteceden, somos de criterio que procede declarar la COMPETENCIA de este Tribunal para conocer la presente Demanda en Nulidad de Resolución, a pesar de no tratarse un conflicto entre partidos políticos, o entre el Partido y uno de sus miembros.

III.RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD

RESULTA: Que la Resolución Núm. 009-2017, de fecha 10 de marzo del año 2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, fue notificada al señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA en fecha 11 de marzo del año 2017.

RESULTA: Que el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA no puede alegar desconocimiento ni falta de notificación de la referida Resolución citada en el párrafo anterior, porque en fecha 27 de marzo del año 2017,, interpuso la solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de las Resoluciones Núms. 0007-2017 y 0009-2017, emitidas por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, y en fecha 10 de abril del año 2017, interpuso ante la referida jurisdicción un recurso contencioso administrativo en contra de las citadas Resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD.

RESULTA: Que en fecha 20 de junio del año 2017, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA interpuso la Demanda en Nulidad de las Resoluciones Núms. 0007-2017 y 0009-2017, de fechas 24 de febrero del año 2017 y 10 de marzo del año 2017, respectivamente, dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sin previamente haber desistido del Recurso Contencioso Administrativo que había interpuesto a los mismos fines, en fecha 10 de abril del año 2017, por ante el Tribunal Superior Administrativo.

RESULTA: Que en la especie, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA interpuso un Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Núm. 007-2017, de fecha 24 de febrero del año 2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, acción que culminó con la Resolución Núm. 009-2017, de fecha 10 de marzo del año 2017, dictada por el mismo organismo, que confirmó la Resolución Núm. 007-2017.

RESULTA: Que el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA acudió en primer lugar a los mecanismos internos que los Estatutos y el Código de Etica y Disciplina del PRD ponen a su alcance, la vía administrativa, en cumplimiento con el procedimiento interno establecido en dicho Partido; y posteriormente acudió ante la vía jurisdiccional con la Demanda en Nulidad de las referidas Resoluciones.

RESULTA: Que en ese tenor, la Ley Núm. 13-07, del 5 de febrero del año 2007, que crea el Tribunal Superior Administrativo, con relación al plazo para recurrir, establece en el artículo 5:

̈El plazo para recurrir ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, será de treinta (30) días a contar del día en que el recurrente reciba la notificación del acto recurrido (…) ̈. En ese sentido, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA interpuso el Recurso Contencioso Administrativo dentro del plazo establecido en la ley.

RESULTA: Que en la especie, es evidente que transcurrió un plazo de 3 meses y 9 días, entre la fecha en que se le notificó al señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA la Resolución Núm. 009-2017 y la interposición de su Demanda en Nulidad de Resolución ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, motivo por el cual, el presente caso trata de otra demanda principal interpuesta por el demandante, por el mismo hecho y entre las mismas partes, cuya acción se produjo sin haber renunciado a la anterior.

RESULTA: Que por analogía, las disposiciones de este artículo 5 de la Ley Núm. 13-07 son aplicables en la especie, porque se refiere al plazo para acudir desde la vía administrativa a la vía jurisdiccional, porque el Reglamento Contenciosos Electoral y de Rectificaciones de Actas del Estado Civil, emitido por el Tribunal Superior Electoral, no contempla plazo para la interposición de acciones, demandas o recursos, en casos como el de la especie, porque en virtud de lo que se dispone en el Párrafo del artículo 13 de la Ley Núm. 29-11, de fecha 20 de enero del año 2011, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los Partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ellos no estuvieren envueltos discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de Partidos.

RESULTA: Que en la especie, se trata de un juicio disciplinario que le hizo el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, al dirigente GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, por violación a varias de sus disposiciones estatutarias, y como se puede comprobar, en dicho proceso no estaban envueltas discusiones sobre candidaturas a cargos de elección popular, ni a cargos internos de los órganos directivos del PRD, por lo tanto, en virtud de lo que dispone el Párrafo del artículo 13 de la Ley Núm. 29-11m de fecha 20 de enero del año 2011, el presente caso no constituye un conflicto interno o intrapartidario.

RESULTA: Que en el artículo 1 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificaciones de Actas del Estado Civil, se establece que el procedimiento contencioso electoral estará regido por el siguiente principio:

̈1) Principio de Celeridad. Los procesos contenciosos electorales, en especial aquellos que tengan que ver con la tutela de un derecho fundamental establecido en la Constitución de la República, deben resolverse sin demora innecesaria ̈.

RESULTA: Que así también, el numeral 5 del artículo 1, del referido Reglamento, establece lo siguiente:

̈5) Principio de economía procesal. Lo/las jueces/juezas del Tribunal Superior Electoral, los miembros de las juntas electorales, así como de las Oficinas de Coordinación de Logística en el Exterior, en el ejercicio de sus atribuciones, están obligados a aplicar el principio de economía procesal, el cual es definido por el Tribunal Constitucional como: ̈[…] c) El principio de celeridad y economía procesal supone que en la administración de justicia deben aplicarse las soluciones procesales que sean menos onerosas en lo que concierne a la utilización de tiempo y de recursos […] ̈ Sentencia TC/0038/12 ̈. (Sentencia Núm. TC/0038/12, de fecha 13 de septiembre del año 2012, dictada por el Tribunal Constitucional)

RESULTA: Que en ese tenor, en los procesos contenciosos electorales deben establecerse plazos mínimos, ya sea para el acceso a la justicia, o para ejercer las vías recursivas, es decir, no puede haber retardo por la naturaleza de la celeridad de este tipo de procesos, en consonancia con las normas del debido proceso, consagradas en el artículo 69 de la Constitución de la República, el cual establece la solución de conflictos o litigios dentro de un plazo razonable.

RESULTA: Que analógicamente, en el proceso penal, que también está regido por los principios de celeridad y de economía procesal, el plazo más largo –para interponer recurso de apelación- es de 20 días, tal como lo establece el artículo 418 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley Núm. 10-15, de fecha 10 de febrero del año 2015, según la cual:

̈Artículo 99.- Se modifica el Artículo 418 de la Ley No.76 – 02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga en lo adelante del modo siguiente: “Artículo 418.- Presentación. La apelación se formaliza con la presentación de un escrito motivado en la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de veinte días a partir de su notificación. (…) ̈.

RESULTA: Que incluso, en las vías recursivas de derecho común, existen plazos breves, como lo establece el artículo 106 de la Ley Núm. 834, de fecha 15 de julio del año 1978, en virtud del cual se dispone que:

̈La ordenanza de referimiento no es susceptible de oposición. Puede ser atacada en apelación a menos que emane del primer presidente de la corte de apelación. El plazo de apelación es de quince días ̈.

RESULTA: Que de conformidad con el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley Núm. 845, del 15 de julio del año 1978, se establece que:

̈La oposición, en el caso de que sea admisible de acuerdo con el artículo 149, deberá, a pena de caducidad, ser notificada en el plazo de 15 días a partir de la notificación de la sentencia a la persona del condenado o de su representante, o en el domicilio del primero ̈.

RESULTA: Que en virtud del artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley Núm. 845, del 15 de julio del año 1978, el término para apelar es de un mes, tanto en materia civil, como en materia comercial.

RESULTA: Que en el artículo único de la Ley Núm. 491-08, que modifica la Ley Núm. 3726, de fecha 29 de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, se establece lo siguiente:

̈Se modifican los Artículos 5, 12 y 20 de la Ley No.3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley No.845, del 15 de julio de 1978, para que rijan en lo adelante del modo siguiente: “Art. 5.- En las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y contencioso- tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia. El memorial deberá ir acompañado de una copia certificada de la sentencia que se impugna, a pena de inadmisibilidad, y de todos los documentos en que se apoya la casación solicitada. Con relación a las sentencias en defecto, el plazo es de treinta (30) días contados desde el día en que la oposición no fuere admisible ̈.

RESULTA: Que en el caso que nos ocupa, se está juzgando un hecho que no tiene plazo establecido en el Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil, pues entraría en contradicción con lo dispuesto en el Párrafo del artículo 13 de la Ley Núm. 29-11, porque la presente acción versa sobre la expulsión del señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por la comisión de faltas disciplinarias, de manera que en nuestro ordenamiento jurídico, casos como el de la especie no se consideran conflictos internos de los partidos políticos.

RESULTA: Que el demandante, en su escrito justificativo de conclusiones, explica que las reglas para las acciones principales en nulidad de actos jurídicos están reguladas por los artículos 1304 y 2262 del Código Civil.

RESULTA: Que en la especie se aplican las reglas de prescripción del derecho común, sino más bien de una actuación jurisdiccional emitida por un órgano de carácter judicial, que tiene como objeto juzgar las faltas disciplinarias cometidas por los miembros, militantes y dirigentes de los partidos políticos, porque las decisiones emanadas del Consejo Nacional de Disciplina del PRD constituyen verdaderas sentencias o actos jurisdiccionales, que pueden ser recurridas mediante los mecanismos establecidos en los Estatutos del Partido y en las demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico.

RESULTA: Que en esa virtud, a pesar de que en los Estatutos del Partido Revolucionario Dominicano y en el artículo 64 del Código de Ética y Disciplina se establece un mecanismo interno y plazo de dos (2) días para interponer un recurso de apelación o reconsideración, el cual fue agotado por el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA; y que en la legislación dominicana que rige esta materia no existe un plazo prefijado para impugnar las resoluciones dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, se deben aplicar, por analogía, las disposiciones de este artículo 5 de la Ley Núm. 13-07, sobre el Tribunal Superior Administrativo, porque se refieren al plazo para acudir desde la vía administrativa a la vía jurisdiccional, ya que es el plazo más amplio que puede favorecer para accionar o recurrir a los órganos jurisdiccionales; o en su defecto, un plazo que nunca puede exceder de 30 días, el cual es el más amplio que existe en nuestro país para interponer recurso de apelación.

Por los motivos expuestos precedentemente, la Demanda en Nulidad de Resoluciones 0007-2017 y 0009-2017, interpuesta por el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA debe ser declarada INADMISIBLE, por haber sido interpuesta fuera del plazo de los 30 días establecidos, el cual es el más amplio que existe en la normativa del derecho común y normas especiales del derecho, y en virtud del Principio de Celeridad y de Economía Procesal, establecidos en los Principios I y V, respectivamente, del artículo 1 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificaciones de Actas del Estado Civil; por tales motivos, los plazos en esta material deben ser breves y nunca mayores a los que existen en el derecho común.

IV.ANÁLISIS DEL FONDO DE LA DEMANDA

A pesar de la presente Demanda en Nulidad de Resoluciones debe ser declarada INADMISIBLE, procedemos a analizar el fondo de la misma.

A. ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE

̈Atendido (5): A que contra viento y marea el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano, conoció el proceso disciplinario contra mi requirente en obvia violación de sagrados principios constitucionales que constituyen garantías de derechos fundamentales de los justiciables, recogidas dichas garantías en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, que amparan, además, la tutela judicial efectiva y el debido proceso ̈. Ver pág. 2 de la Demanda

̈Atendido (9): A que más grave aún que todo lo anterior es que el proceso llevado ante ese Consejo, contra el exponente es claramente violatorio del sagrado principio constitucional vigente que reconoce el derecho a todo justiciable a que su caso sea revisado por una instancia superior; sin embargo en el caso de la especie el Consejo Nacional Disciplinario se adjudicó de forma arbitraria unas competencias que el Estatuto General de dicho Partido le otorgan al Consejo Disciplinario del Distrito Nacional, toda vez que el hoy demandante es militante de dicha circunscripción ̈. Ver pág. 4 de la Demanda

̈Atendido (11): A que podrá advertirse que las resoluciones impugnadas de nulidad no solo carecen de motivación y violan el doble grado de jurisdicción, sino que además justifican una inconducente sanción de expulsión contra Guido Orlando Gómez Mazara, la cual es irracional y desproporcionada ̈. Ver pág. 4 de la Demanda

B. CONCLUSIONES DE LA PARTE DEMANDANTE

̈PRIMERO: Declarando buena y válida en cuanto a la forma la presente Demanda en nulidad de resolución disciplinaria interpuesta por mi requirente Guido Orlando Gómez Mazara en contra de mi requerido Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por haber sido hecho cumpliendo con las formalidades que establece la ley . SEGUNDO: En cuanto al fondo, declarando la nulidad de las Resoluciones números 0007-2017 y 0009-2017, de fechas 24 de febrero del 2017 y 10 de marzo del 2017, dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). TERCERO: Ordenando que la sentencia a intervenir sea ejecutoria sin prestación de fianza y no obstante recurso ̈.

C. ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA

RESULTA: Que en respuesta a los alegatos del señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, la parte demandada indica que la presente Demanda es inadmisible, por haber sido interpuesta en violación al Párrafo II del artículo 176 de los Estatutos del Partido. Sin embargo, considerando que dichas disposiciones no son aplicables en la especie, porque las mismas tratan sobre el plazo para realizar las impugnaciones en contra de la elección del candidato o candidata a la Presidencia de la República; motivo por el cual procede RECHAZAR dicho alegato, por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

RESULTA: Que también el demandado se refiere a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Núm. 29-11, lo cual versa sobre la impugnación y anulación de las elecciones en los colegios electorales. En ese sentido, somos de opinión que disposiciones no se aplican para el presente caso; y en consecuencia, que procede RECHAZAR dicho alegato, por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

RESULTA: Que con relación a la cosa juzgada, la parte demandada alega que en la especie se verifica dicha situación, porque este Tribunal conoció sobre el Amparo Preventivo de Extrema Urgencia interpuesto por el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, en Nulidad del proceso disciplinario seguido en su contra ante el Consejo Nacional de Disciplina del PRD; sobre lo cual intervino la Sentencia Núm. TSE-014-2017, de fecha 24 de abril del año 2017, que pronunció el defecto por falta de comparecer en contra de la parte accionante, y en consecuencia, declaró inadmisible de oficio la referida Acción de Amparo.

RESULTA: Que con relación a este particular, se puede observar en la referida Sentencia Núm. TSE-014-2017, que el objeto de la demanda era anular el proceso disciplinario que se estaba llevando a cabo ante el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, en contra del señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA; sin embargo, la demanda sobre el fondo en contra de las Resoluciones Núms. 007-2017 y 009-2017, no fue conocida por el Tribunal Superior Electoral, porque la parte accionante no lo apoderó para el conocimiento de ese asunto, ya que en ese caso, se trataba del conocimiento de una acción preventiva de amparo para tratar de anular el proceso disciplinario seguido en contra del demandante, señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA.

RESULTA: Que el presente caso trata sobre la Demanda en Nulidad de las Resoluciones Núms 007-2017 y 009-2017, dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, no sobre la nulidad del proceso disciplinario, de manera que no existe identidad de objeto y causa en la especie, a pesar de verificarse identidad de partes.

Por este motivo, somos de criterio que no se verifica la existencia de cosa juzgada en la especie, de manera que este argumento de la parte demandada debe ser RECHAZADO, por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

D. CONCLUSIONES DE LA PARTE DEMANDADA

RESULTA: Que en la audiencia de fecha 26 de febrero del año 2018, la parte demandada concluyó de manera incidental, solicitando lo siguiente:

̈PRIMERO: INADMISIÓN de la Demanda, toda vez que aunque los recursos internos dentro del Partido fueron hechos dentro de plazo, no menos cierto es que las acciones posteriores fueron interpuestas fuera de plazo. SEGUNDO: INADMISIÓN por cosa juzgada, y ya se habían agotado las vías del proceso interno del Partido y se dejaron vencer los plazos para interponer acciones externas ̈.

RESULTA: Que en la audiencia de fecha 26 de febrero del año 2018, la parte demandada concluyó en cuanto al fondo, solicitando lo siguiente:

̈PRIMERO: RECHAZO de la Demanda en Nulidad de Resoluciones Núms. 007- 2017, de fecha 24 de febrero del año 2017, y Núm. 009-2017, de fecha 10 de marzo del año 2017, incoadas por el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, por improcedente, mal fundada y carente de base legal. SEGUNDO: Que nos sea otorgado un plazo de 15 días para depósito de Escrito Justificativo de Conclusiones ̈.

E. ANÁLISIS

RESULTA: Que el demandante alega que el Consejo Nacional de Disciplina del PRD realizó el proceso disciplinario en su contra, en violación al debido proceso, pues le solicitó al Presidente del referido Consejo que se inhibiera de conocer ese caso, lo cual fue rechazado, y posteriormente interpuso una recusación, solicitud que también fue rechazada.

RESULTA: Que en el Código de Ética del PRD no está prevista la inhibición de los integrantes del Consejo Nacional de Disciplina, sino la figura de la ̈excusa ̈, que es un acto meramente voluntario y facultativo de dichos integrantes, y que a su vez, genera la recusación, por lo que, la inhibición solicitada por el demandante era carente de base legal.

RESULTA: Que en ese tenor, el artículo 48 del Código de Ética y Disciplina del PRD, establece lo siguiente:

̈Los miembros del Consejo de Disciplina y Ética, tanto de primera como de segunda instancia deberán excusarse de conocer la causa cuando: (…) ̈.

RESULTA: Que el artículo 50 de la referida normativa, con relación a la recusación, establece lo siguiente:

̈Las partes podrán recusar al miembro del Consejo cuando estimen que concurre en él una causal por la cual debió excusarse. Dicha recusación se presentará ante los restantes miembros del Consejo, quienes lo resolverán en definitiva ̈.

RESULTA: Que la jurisprudencia y la doctrina han establecido las siguientes causales para la solicitud de recusación: 1) Lazos de parentesco o de alianza; 2) Interés personal; 3) Opinión acerca del proceso (si hubiere dado consulta, alegado o escrito sobre el asunto debatido; si hubiere conocido de él precedentemente como juez o como árbitro; si hubiere declarado como testigo); 4) Relaciones de amistad o protección; 5) Presunciones de enemistad.

RESULTA: Que tal como se pude observar, en este caso no concurren las causales citadas anteriormente, para que la solicitud de recusación en contra del Presidente del Consejo Nacional de Disciplina del PRD, fuera admitida; razón por la cual debe ser rechazado este alegato del demandante, por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

RESULTA: Que adicionalmente, el demandante alega que en audiencia se le solicitó al Lic. Rafael Francisco Vásquez, que voluntariamente tomara la decisión de inhibirse, en vista de que había producido declaraciones públicas y privadas en contra del señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, lo cual lo revelaba como un juez eminentemente parcial y prejuiciado.

RESULTA: Que al ser rechazada la petición de inhibición, se procedió a la recusación formal de este señor, la cual también fue rechazada, por los restantes miembros del Consejo de Disciplina, en cuya decisión de rechazo a la citada recusación no participo el señor Rafael Francisco Vásquez, sino que esta fue una decisión soberana de los demás miembros del Consejo Nacional de Disciplina del PRD, por lo que las actuaciones y decisiones en el presente caso fueron hechas de conformidad a lo que se dispone en el artículo 50 del Código de Ética y Disciplina del PRD, por lo tanto, en contra de dicha decisión no existe ningún otro recurso a lo interno del referido Partido.

Por tales motivos, dicho argumento debe ser rechazado, por improcedente, mal fundado y carente de base legal

RESULTA: Que por otra parte, el demandante alega que el Consejo Nacional de Disciplina no era competente para conocer del proceso disciplinario seguido en contra del señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, sino que le competía al Consejo de Disciplina y Ética del Distrito Nacional, porque el demandante pertenece a esa jurisdicción.

RESULTA: Que el artículo 49 de los Estatutos Generales del PRD, establece que:

̈Existirá un Consejo Nacional de Disciplina, con jurisdicción sobre toda la militancia del Partido, así como Consejos Provinciales, del Distrito Nacional, Consejos Municipales y Zonales de Disciplina, cada Consejo con Jurisdicción sobre militancia de sus demarcaciones respectivas ̈

RESULTA: Que en ese tenor, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA era un alto dirigente del PRD, con militancia a nivel nacional, sobretodo porque hasta el momento en que fue expulsado del Partido, este pertenecía al Comité Ejecutivo Nacional del PRD -que según el artículo 28 de los Estatutos-, es el máximo organismo ejecutivo de dirección del Partido, con jurisdicción nacional.

RESULTA: Que en ese tenor, un dirigente nacional del Partido Revolucionario Dominicano, no puede ser juzgado disciplinariamente por un Consejo de Disciplina provincial, municipal o zonal, sino por un organismo de su misma jerarquía, que en este caso es el Consejo Nacional de Disciplina de dicho Partido. Esta disposición está contenida de manera muy clara y expresa en el artículo 49 de los Estatutos del PRD, según el cual, el Consejo Nacional de Disciplina tiene jurisdicción sobre toda la militancia del Partido; y que los Consejos provinciales, del Distrito Nacional, municipales y zonales, sobre la militancia de su respectiva demarcación.

RESULTA: Que en el caso del señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, por ser un dirigente nacional, que pertenecía al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, sus faltas disciplinarias deben ser juzgadas por la jurisdicción nacional, en virtud de lo que se dispone en la parte in fine del artículo 49 de los Estatutos del Partido Revolucionario Dominicano, que establece:

̈cada consejo con su jurisdicción sobre la militancia de sus respectivas demarcaciones ̈.

RESULTA: Que de hecho, durante todo el proceso disciplinario llevado en su contra, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA no impugnó la competencia del Consejo Nacional de Disciplina, pues en la audiencia de fecha 24 de febrero del año 2017, su abogado propuso tres incidentes, como se explicará más adelante.

RESULTA: Que como se puede observar, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA tuvo la oportunidad de solicitar la incompetencia del Consejo Nacional de Disciplina del PRD para conocer del proceso disciplinario seguido en su contra, sin embargo no lo hizo; lo que significa que tácitamente reconoció la competencia de dicho Consejo, para conocer del referido proceso, y que durante el mismo, se le garantizaron sus derechos de defensa y las garantías del debido proceso.

RESULTA: Que cabe resaltar que en ocasiones anteriores, es el mismo Consejo Nacional de Disciplina del PRD que ha juzgado disciplinariamente a dirigentes nacionales o de alto mando directivo del dicho Partido, según se puede comprobar en la Sentencia TSE Núm. 002-2013, de fecha 10 de enero del año 2013, dictada por el Tribunal Superior Electoral, en ocasión de una Acción de Amparo Preventivo interpuesta por señores Hipólito Mejía Domínguez, Andrés Bautista García, Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez Almánzar, en contra del PRD, José Geovanny Tejada y Rafael Francisco Vásquez Paulino, en la cual se puede observar que dicho Consejo Nacional de Disciplina es el que tiene competencia para juzgar disciplinariamente a los altos dirigentes nacionales del PRD, y que ha sido a instancia de las partes perdidosas, las cuales eran dirigentes nacionales de dicho Partido, que ha sido apoderado el TSE, sin desconocer la competencia del Consejo Nacional de Disciplina, para juzgar disciplinariamente a los dirigentes del PRD:

RESULTA: Que con relación al debido proceso, es jurisprudencia de este Tribunal, lo siguiente:

̈Considerando: Que en el caso de la materia electoral, este Tribunal es del criterio que las citadas reglas del debido proceso son de observancia obligatoria por parte de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, ya que estas han sido concebidas como medios de protección que revisten una magna importancia para asegurar, en la medida de lo posible, la solución de manera justa de cualquier conflicto interno o externo de los mismos; posición esta con la cual está de acuerdo mayoritariamente la doctrina electoral, ya que el mismo tiende a proteger el derecho de los ciudadanos a participar en política, conforme lo previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República, el cual es de primera generación ̈ (Sentencia TSE-037-2013, de fecha 3 de diciembre del año 2013, dictada por el Tribunal Superior Electoral).

RESULTA: Que en ese tenor, se puede observar cómo las reglas del debido proceso son de obligatoria observación por parte incluso de los gremios, tales como el Colegio de Abogados de la República Dominicana; el Colegio Médico Dominicano; el Colegio de Periodistas; el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores; así como también por los partidos políticos, con la finalidad de resolver los conflictos que entre ellos, o entre ellos y sus militantes se presenten, garantizándoles los derechos que le asisten en cada proceso, ya sea de carácter disciplinario, jurisdiccional o administrativo.

RESULTA: Que en ese mismo sentido se ha pronunciado este Tribunal, al establecer lo siguiente:

̈Considerando: Que de la lectura de los indicados artículos se colige que frente a cualquier actuación, sea esta de un órgano judicial o administrativo, se debe cumplir con el debido proceso; lo que es aplicable a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, las cuales, al momento de imponer sanciones disciplinarias, deben garantizarles a los posibles sancionados el sagrado derecho a la defensa; sin que esto quiera decir que este Tribunal esté conociendo de las posibles sanciones disciplinarias, sino que está examinando la violación a los derechos fundamentales de los accionantes con el procedimiento empleados u observado para imponerlas ̈.(Sentencia TSE Núm. 024-2012, de fecha 15 de junio del año 2012, dictada por el Tribunal Superior Electoral, y confirmada por la Sentencia TC/0068/13, de fecha 26 de abril del año 2013, dictada por el Tribunal Constitucional).

RESULTA: Que tal como se puede observar en las glosas del expediente, al demandante, señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, se le garantizó su derecho de defensa, y en especial, las garantías del debido proceso disciplinario, pues en la audiencia de fecha 24 de febrero del año 2017, su abogado propuso tres incidentes. El primero, consistente en la inadmisibilidad de la acusación presentada por el Fiscal Nacional; el segundo, relativo a la recusación del Lic. Rafael Francisco Vásquez Paulino, Presidente del Consejo; y el tercero, solicitando que se posponga el conocimiento de la audiencia en razón de que el Ministerio Público estaba apoderado de una querella interpuesta por el demandante, en contra del Presidente del Partido, hasta tanto dicha querella sea decidida; pedimentos incidentales que fueron rechazados; sin embargo, que hayan sido rechazados no significa que se violentó el debido proceso, contrario a lo que alega el demandante. (Ver págs. 5-8 de la Resolución CND No. 0007-2017).

RESULTA: Que en la Resolución Núm. 007-2017, de fecha 24 de febrero del año 2017, dictada por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, se establece lo siguiente:

̈RESULTA: Que en la referida audiencia de fecha 17 de febrero del año 2017, el Lic. Odelis A. Matos Flores, solicitó el aplazamiento de la audiencia a los fines de preparar sus medios de defensa, a la vez que presentó documentos en los cuales justificó la no comparecencia personal del compañero Guido Orlando Gómez Mazara, pedimento sobre el cual Dr. José Geovanny Tejada, en su calidad de Fiscal Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), manifestó que dejaba la decisión a la soberana apreciación de este Consejo Nacional de Disciplina;

RESULTA: Que luego de haber escuchado los pedimentos y alegatos de ambas partes, este Consejo Nacional de Disciplina se retiró a deliberar y a su regreso emitió la Resolución CND 003-2017, de fecha 17 de febrero del 2017, cuyas motivaciones constan en el cuerpo de la misma, y en su parte dispositiva textualmente reza de la siguiente manera: RESUELVE: PRIMERO: Acoge parcialmente la solicitud de suspensión del conocimiento del presente proceso disciplinario, formulada por el Lic. Odelis A. Matos Flores, en su calidad de defensa técnica del compañero Guido Orlando Gómez Mazara, y en consecuencia ordena la reposición parcial de los plazos, concediéndole cinco (5) días calendarios (…), a los fines de dar la oportunidad de que prepare sus medios de defensa y deposite por secretaría cualquier prueba que pretenda hacer valer como fundamento de su defensa.

(…) Que a la audiencia celebrada el día 24 de febrero del 2017 (…) el Lic. Odelis A. Matos Flores presentó conclusiones incidentales solicitando que se declare inadmisible la acusación disciplinaria porque en el acta acusatoria no se detalló en qué consistían las infracciones que se le imputan y por tratarse de una norma interna no se le impone su conocimiento (…).

RESULTA: Que luego de haber escuchado los pedimentos y alegatos de ambas partes, este Consejo Nacional de Disciplina se retiró a deliberar y a su regreso emitió la Resolución No. CND 004-2017, de fecha 24 de febrero del 2017, cuyas motivaciones constan en el cuerpo de la misma, y en su parte dispositiva textualmente reza de la siguiente manera: RESUELVE: PRIMERO: Acumula el medio de inadmisión planteado por el Lic. Odelis A. Matos Flores, en su calidad de defensa técnica del compañero Guido Orlando Gómez Mazara, para ser fallado conjuntamente con la Resolución principal, pero por disposiciones distintas, en una misma decisión. SEGUNDO: Ordena la continuación de la audiencia.

RESULTA: Que habiéndole conferido nuevamente la palabra al Lic. Odelis A. Matos Flores, este presentó otras conclusiones incidentales recusando al Lic. Rafael Francisco Vásquez Paulino, bajo el fundamento legal del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que existe una contestación entre el Presidente de este Tribunal, con situaciones que involucran al señor Guido Orlando Gómez Mazara; pedimento sobre el cual el Dr. José Geovanny Tejada, Fiscal Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), concluyó solicitando que sea rechazado porque los miembros de este tribunal disciplinario son irrecusables;

RESULTA: Que luego de haber escuchado los pedimentos y alegatos de ambas partes, este Consejo Nacional de Disciplina se retiró a deliberar y a su regreso (…) emitió la Resolución No. CND 005-2017, de fecha 24 de febrero del 2017, cuyas motivaciones constan en el cuerpo de la misma, y en su parte dispositiva textualmente reza de la siguiente manera:

RESUELVE: PRIMERO: Rechaza la recusación planteada por el Lic. Odelis A. Matos Flores, en su calidad de defensa técnica del compañero Guido Orlando Gómez Mazara, contra el Lic. Rafael Francisco Vázquez Paulino, Presidente del Consejo Nacional de Disciplina, por no reunir ninguna de las causales contempladas en el artículo 48 del Código de Ética del partido. SEGUNDO: Ordena que el Lic. Rafael Francisco Vásquez Paulino, se reintegre a este tribunal disciplinario, y asuma nuevamente la presidencia de este tribunal disciplinario. TERCERO: Ordena la continuación de la audiencia.

RESULTA: Que habiendo sido rechazada la recusación, el tribunal fue nuevamente presidido por el Lic. Rafael Francisco Vásquez Paulino, y siéndole conferida la palabra nuevamente al Li. Odelis A. Matos Flores, este presentó conclusiones incidentales solicitando que se posponga el conocimiento de la presente audiencia en razón de que el Ministerio Público está apoderado de una querella interpuesta por el compañero Guido Orlando Gómez Mazara, contra el presidente del partido, Ing. Miguel Vargas Maldonado, hasta tanto dicha querella sea decidida (…);

RESULTA: Que luego de haber escuchado los pedimentos y alegatos de ambas partes, este Consejo Nacional de Disciplina se retiró a deliberar y a su regreso emitió la Resolución No. CND. 006-2017, de fecha 24 de febrero del 2017, cuyas motivaciones constan en el cuerpo de la misma, y en su parte dispositiva textualmente reza de la siguiente manera: RESUELVE: PRIMERO: Rechaza la solicitud de sobreseimiento planteada por el Lic. Odelis A. Matos Flores, en su calidad de defensa técnica del compañero Guido Orlando Gómez Mazara, en razón de que el Ing. Miguel Vargas Maldonado, no es parte de este proceso, y de que se trata de asuntos distintos, siendo en consecuencia improcedente dicho pedimento. SEGUNDO: Ordena la continuación de la audiencia.

RESULTA: Que siendo reanudada la audiencia se preguntó al Lic. Odelis A. Matos Flores, que si tenía algún otro pedimento, y ante su negativa, se dio la palabra al Dr. José Geovanny Tejada, Fiscal Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), para que proceda a presentar la acusación disciplinaria contra el compañero Guido Orlando Gómez Mazara;

RESULTA: Que el Dr. José Geovanny Tejada, Fiscal Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), presentó la acusación disciplinaria, por lo que el Presidente del Consejo Nacional de Disciplina dio la palabra al Lic. Odelis A. Matos Flores, procediendo este a manifestar simplemente que se retiraba del proceso. El tribunal libró acta del abandono del Lic. Odelis A. Matos Flores, y concedió nuevamente la palabra al Dr. José Geovanny Tejada, Fiscal Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), para que presente las pruebas, alegatos conclusivos y finalmente sus conclusiones ̈.

RESULTA: Que en fecha 7 de marzo del año 2017, el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, dictó la Resolución Núm. 007-2017, de fecha 24 de febrero del año 2017, la cual dispone lo siguiente:

̈En cuanto al incidente previamente acumulado, para ser decidido conjuntamente con el fondo, pero por disposiciones distintas:

UNICO: Rechaza el medio de inadmisión de la acusación disciplinaria, planteado por el Lic. Odelis A. Matos Flores, en su calidad de defensa técnica del compañero Guido Orlando Gómez Mazara, toda vez que la acusación disciplinaria presentada por el Dr. José Geovanny Tejada, Fiscal Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ante este Consejo Nacional de Disciplina en fecha 31 de enero del 2017, establece claramente que al compañero Guido Orlando Gómez Mazara, se le acusa de haber violado los literales c, d y g del artículo 15 y los literales b, c, d y g del artículo 53 del Estatuto General del Partido Revolucionario Dominicano, contiene una imputación precisa de cargos y reúne todos los requerimientos formales que rigen la materia.

En cuanto al fondo:

PRIMERO: Pronuncia el defecto contra el compañero Guido Orlando Gómez Mazara, por falta de concluir, toda vez que la defensa técnica del mismo, Lic. Odelis A. Matos Flores, luego de haber planteado todas sus conclusiones incidentales, se retiró de la audiencia. SEGUNDO: En cuanto al FONDO, acoge la acusación disciplinaria de fecha 3 de febrero de 2017, presentada por el Dr. José Geovanny Tejada, Fiscal Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), contra el compañero Guido Orlando Gómez Mazara, por ante este Consejo Nacional de Disciplina en fecha seis (06) de febrero del 2017, y en consecuencia, declara al compañero Guido Orlando Gómez Mazara, culpable de violación a los literales c. d y g del artículo 15 y los literales c, d y g del artículo 53 del Estatuto General del Partido Revolucionario Dominicano, y ordena su expulsión definitiva del Partido Revolucionario Dominicano, en virtud de las disposiciones del artículo 54 literal h del estatuto partidario y artículo 27 numeral 8 del código de ética. TERCERO: Se declara el presente procedimiento libre de costas, por tratarse de un asunto disciplinario. CUARTO: Se difiere la lectura íntegra de la presente resolución para el próximo día viernes que contaremos a los tres (3) del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a las diez de la mañana (10:00a.m.). QUINTO: La presente resolución vale citación para las partes presente y representadas ̈.

RESULTA: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución, y tal como se puede observar en la precedente transcripción, que explicaremos a continuación:

1. El señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA fue oído ante la jurisdicción competente, que era el Consejo Nacional de Disciplina, tal como explicamos más arriba;

2. Las audiencias fueron celebradas en un juicio oral, público y contradictorio ante el referido Consejo, respetándosele su derecho de defensa, sobretodo, porque:

a) El abogado del demandante solicitó aplazamiento de la audiencia para preparar sus medios de defensa, lo cual le fue concedido mediante una reposición, parcial de los plazos, otorgándole cinco (5) días para que prepare sus medios de defensa y que deposite las pruebas necesarias en apoyo de sus pretensiones.

b) A pesar de que posteriormente dicho abogado abandonó el estrado, esto no representa violación al derecho de defensa ni al debido proceso, pues en materia disciplinaria no existe mecanismo para conducir a una persona rebelde, con el objetivo de conducirlo u obligarlo a comparecer de manera involuntaria a la audiencia, en vista de ese vacío, la audiencia debía seguir su curso;

3. El señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA fue juzgado conforme el Principio de Legalidad, pues las faltas disciplinarias que se le imputaban están previamente establecidas en el Código de Ética y Disciplina del Partido, y;

4. Este señor tuvo la oportunidad de recurrir la decisión que lo expulsó del PRD, pues oportunamente presentó un recurso de reconsideración, como se verá más adelante.

5. El abogado de la defensa del señor Guido Orlando Gómez Mazara, en fecha 24 de febrero, lo primero que procedió fue a presentar un medio de inadmisión en la demanda, lo cual fue acumulado para fallarlo conjuntamente con el fondo, pero por disposiciones distintas; luego presentó otras conclusiones mediante la cual solicitó la recusación del Presidente del Consejo Nacional Disciplinario, la cual fue rechazada por los demás integrantes de dicho organismo partidario; luego le dieron la palabra al abogado de la defensa del señor Guido Orlando Gómez Mazara, éste procedió a presentar otras conclusiones incidentales, solicitando la posposición de la audiencia, hasta tanto el Ministerio Público decida sobre una querella interpuesta por el procesado, en contra del presidente del Partido Revolucionario Dominicano; que al ser rechazado dicho pedimento por el Consejo Nacional Disciplinario, el fiscal nacional del PRD procedió a presentar la acusación en contra del señor Guido Orlando Gómez Mazara, y luego le dieron la palabra al abogado del imputado, para que preceda a ejercer la defensa, y éste de manera sorpresiva, al final del juicio, procedió a retirarse de la audiencia.

RESULTA: Que cabe resaltar que el demandante aceptó la competencia del Consejo Nacional de Disciplina para conocer de la acusación presentada en su contra; y se pudo comprobar que este Consejo Nacional de Disciplina es el órgano competente para conocer del proceso disciplinario llevado en contra del demandante, y no el Consejo de Disciplina del Distrito Nacional, siendo una muestra de lo que manifestamos, el hecho de que el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA hizo uso de los mecanismos internos partidarios, e interpuso un recurso de reconsideración en contra de la Resolución Núm. 007-2017, de fecha 24 de febrero del año 2017, emitida por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, según lo que se dispone en el artículo 64 del Código de Ética y Disciplina del PRD; además por el hecho de que en la referida audiencia, la defensa del procesado, presentó conclusiones sobre varios incidentes, pero no lo hizo, ni alegó, ni planteó la incompetencia del Consejo Nacional de Disciplina para juzgarlo.

RESULTA: Que en vista de que se cumplieron todas estas garantías mínimas, es que somos de criterio de que el proceso disciplinario llevado en contra del señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, fue realizado con observancia de las normas del debido proceso; y en consecuencia, procede RECHAZAR dicho alegato, por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

RESULTA: Que por otra parte, el demandante alega fue violado su derecho al doble grado de jurisdicción, en el entendido de que las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD no pudieron ser recurridas ante un órgano jerárquicamente superior. Sin embargo, en el presente caso, por tratarse de que el señor GUIDO ORLANDO GOMEZ MAZARA era un dirigente nacional del PRD, hizo uso de la única vía recursiva que el Código de Ética y Disciplina pone a su alcance, e interpuso un recurso de reconsideración, sin desconocer la competencia del organismo juzgador, en virtud del artículo 64 de la citada norma partidaria.

RESULTA: Que en ese tenor, el numeral 9 del artículo 69 de la Constitución de la República, establece que:

̈Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. ̈

RESULTA: Que contrario a lo que alega el demandante, su derecho a la interposición de un recurso en contra de la decisión disciplinaria llevada en su contra, no ha sido violado, pues el juicio disciplinario fue conocido por el órgano competente, según explicamos más arriba, de manera que la vía recursiva puesta a su alcance por el PRD fue ejercida por el demandante al interponer un recurso de reconsideración, y por lo que en consonancia con lo expresado, el señor Guido Orlando Gómez Mazara hizo uso del recurso establecido por la ley, que es este caso es el de reconsideración, según lo establecen los mecanismos internos del PRD, consignado en el artículo 64 del Código de Ética y Disciplinario del Partido Revolucionario Dominicano.

RESULTA: Que después de dictadas las Resoluciones Núms. 007-2017 y 009-2017 por el Consejo de Disciplina del PRD, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA accedió a este Tribunal solicitando la nulidad de dichas Resoluciones, acción que fue conocida en audiencia pública, oral y contradictoria, por lo que no se le ha negado el acceso a la justicia, a pesar de que la acción ejercida por el demandante, no constituye un conflicto interno de una organización política, en virtud de lo establecido en el Párrafo del artículo 13 de la Ley Núm. 29-11, de fecha 20 de enero del año 2011; por tratarse de una sanción disciplinaria, por violación a las disposiciones contenidas en el Código de Ética y Disciplina del PRD.

RESULTA: Que según lo juzgado y establecido por el Tribunal Superior Electoral, mediante la Sentencia TSE Núm. 014-2017, de fecha 24 de abril del año 2017, con motivo de una Acción de Amparo de extrema urgencia interpuesta por el demandante, señor Guido Orlando Gómez Mazara, en la parte in fine del ordinal segundo de la parte dispositiva de dicha sentencia, este órgano determinó que en el presente caso:

“en razón de que este Tribunal no ha constatado violación a los derechos fundamentales en perjuicio de la parte accionante”.

RESULTA: Que en este caso, el accionante, GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA no intentó recurso, ni accionó en revisión, ni en apelación, en contra de dicha Sentencia, ante este órgano jurisdiccional ni ante el Tribunal Constitucional, por lo que dicha disposición se convirtió en definitiva, motivo por el cual ha quedado establecido mediante una sentencia definitiva y no recurrida, ni cuestionada por el demandante, que en la acción disciplinaria llevada al efecto en su contra, no les fueron violados sus derechos fundamentales, ni ningún otro derecho establecido en la Constitución a favor de todas las personas, motivo por el cual, las disposiciones contenidas en la citada sentencia se imponen en el presente caso, porque se trata del mismo hecho, la misma causa y las mismas partes.

REFLEXIONES FINALES

El presente voto disidente, es porque no estamos de acuerdo en ninguna de las motivaciones ni los fundamentos en que se basó la mayoría de los Magistrados para adoptar la presente decisión.

Estamos totalmente convencidos de que la presente Sentencia ha sido emitida en franca violación al Principio de Legalidad, porque no existe una Ley en la República Dominicana que establezca un plazo de 5 años para incoar la presente acción, de conformidad a lo que se dispone en el artículo 1304 del Código Civil. En ese sentido, nosotros como órgano debemos actuar como un Tribunal, en el cual las decisiones sean adoptadas de conformidad a los cinco planos que debe contener toda sentencia. Debemos de recordar que las decisiones emitidas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), son actos jurisdiccionales, y por lo tanto deben de estar sometidas a plazos breves, para la interposición de algún recurso o acciones en contra de las mismas.

En cuanto a los hechos que sirven de fundamento para tomar la decisión, consideramos que no se corresponden con el plano fáctico dentro de la casuística jurídica que nos ha correspondido buscar y decidir; evitando de esa manera que la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral se corresponda con el populismo judicial. En consecuencia, somos de opinión que un Tribunal no es un concurso de belleza ni un festival, para tomar decisiones por presiones mediáticas ni para recibir aplausos, sino que en cada caso debemos sujetarnos a los hechos concretos. Pretender de una manera acomodaticia de justificar un plazo menor, tratando de cambiar el argumento de una manera inadecuada y fuera de los cánones legales para tomar decisiones al margen de los hechos y del derecho, no es la función de un órgano judicial.

Argumentar que si en esta acción no se aplica el plazo de los 5 años previsto en el artículo 1304 del Código Civil, en el entendido de que en materia electoral existe el Principio de Celeridad y que los plazos deben ser breves, se ha querido justificar que la Sentencia TSE Núm. 014-2017, de fecha 24 de abril del año 2017, con motivo de una acción de amparo de extrema urgencia incoada por el demandante, interrumpió el plazo para interponer una demanda ante el TSE, cosa esta que no se corresponde con la realidad, con el espíritu de la ley, ni se trata de la misma acción en justicia.

Según han querido argumentar, el plazo para acudir ante el Tribunal Superior Electoral, inicia a partir del día 11 de marzo del año 2017, y que con el Amparo Preventivo cuya Sentencia fue dictada en fecha 24 de abril del año 2017, se habilita el plazo de los 30 días previsto en el artículo 11 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificaciones de Actas del Estado Civil de este Tribunal. Sin embargo, a dichos Magistrados se les olvidó que la referida Acción de Amparo fue interpuesta en fecha 3 de marzo del año 2017, es decir, antes de haberse pronunciado la Resolución Núm. 0009-2017, de fecha 10 de marzo del año 2017, emitida por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD.

Siendo así, si el punto de partida fuera el día 11 de marzo del año 2017, fecha en la cual fue notificada dicha Resolución; al 24 de marzo del mismo año habría transcurrido 1 mes y 13 días, lo que implica que en ese supuesto también el plazo estaría vencido.

Ahora bien, si aceptamos el argumento de que la Sentencia TSE Núm. 014-2017, de fecha 24 de abril del año 2017, interrumpe el plazo para actuar en justicia, tal y como se pretende alegar (el cual no es el caso que nos ocupa), no podemos olvidar que la acción que nos apodera es la Demanda en Nulidad de las Resoluciones Núms. 0007-2017 y 0009-2017, de fechas 24 de febrero del año 2017 y 10 de marzo del año 2017, respectivamente, interpuesta ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual fue depositada en fecha 20 de junio del año 2017. En virtud de esta Sentencia, dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer de la referida acción y declinó el expediente ante el Tribunal Superior Electoral.

En vista de lo expuesto precedentemente, es obvio que desde la fecha en la cual fue emitida la Sentencia TSE Núm. 014-2017, es decir, el día 24 de abril del año 2017, y la fecha en la cual fue interpuesta la demanda principal en Nulidad de las Resoluciones Núms. 0007-2017 y 0009- 2017, 20 de junio del año 2017, ha transcurrido un plazo de 1 mes y 26 días, por lo que esta argumento también constituye una falacia y una desnaturalización de los hechos y del derecho; por lo tanto, si aceptáramos como cierto ese argumento, tomando como fundamento para adecuar la Sentencia al plazo prefijado para interponer alguna acción en justicia, también el mismo sobrepasa sustancialmente el plazo para recurrir ante los Tribunales.

Según lo ha determinado en reiteradas ocasiones el Tribunal Superior Electoral, los Estatutos de los partidos políticos constituyen para ello la norma fundamental, como lo establece la Constitución de la República para el Estado. Siendo de esa manera, se hace necesario respetar el Principio de Legalidad establecido en el artículo 6 de la referida Carta Magna.

En consonancia con lo expuesto precedentemente, en virtud de lo que se dispone en el artículo 216 de la Constitución de la República, la organización de los partidos políticos es libre y por lo tanto, cada partido tiene el Principio de Libre Asociación y de Autoregulación, y son ellos los que determinan en los Estatutos la manera de configurar su ordenamiento interno, decidir quiénes son y quiénes no son sus miembros militantes; determinar los requisitos para ingresar a dicha organización; también, los mecanismos de lugar para elegir a sus miembros directivos y cuáles son las causas por las cuales dichos miembros pueden ser sancionados y el tipo de sanción que ha de imponérseles a sus miembros, por la Comisión de Faltas Disciplinarias, que sean violatorias a su Código de Ética.

Los Estatutos del PRD tienen todos sus mecanismos adoptados y aprobados por la Comisión Nacional de dicha organización, en virtud del Principio de Soberanía Popular, a lo interno de los partidos políticos, cuyos poderes emanan de la voluntad de la base del Partido.

Los Estatutos del referido Partido constituyen su legislación interna; en ninguna parte de sus articulados o en el Código de Ética y Disciplina de dicha organización se establece un plazo mayor de dos días para interponer una acción recursiva en contra de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Disciplina. En el artículo 64 del Código de Ética y Disciplina del PRD se pone al alcance de sus miembros dos vías recursivas para atacar las decisiones adoptadas en materia disciplinaria, las cuales son: el recurso de reconsideración y el recurso de apelación.

No se puede estar inventando algunas disposiciones legales, porque de esa manera el Tribunal Superior Electoral estaría en franca violación al Principio de Autoregulación de los partidos políticos y del Principio de Legalidad, por el cual deben regirse todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas. En consecuencia, este órgano jurisdiccional no puede convertirse en legislador ni usurpar las atribuciones que la Constitución de la República le confiere a otro Poder del Estado, como lo es el Legislativo.

A pesar de lo expuesto precedentemente, consideramos que tenemos la obligación de someternos al imperio del ordenamiento jurídico del Estado, y nunca tratar de disponer en situaciones en las cuales la legislación dominicana lo ha contemplado de manera expresa.

En consonancia con lo expresado anteriormente, según se dispone en el artículo 113, Párrafo. Agregado de la Ley Núm. 29-11 de fecha 20 de enero del año 2011, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los Partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltas discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos.

En el presente caso, se trata de una sanción disciplinaria impuesta por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD en contra de un dirigente, GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, por la Comisión de Faltas Disciplinarias previstas en los Estatutos del PRD. Además es preciso señalar, que esa sanción tomada en contra del demandante se hizo por los motivos previstos en los Estatutos del PRD, pero no estaban envueltas aspiraciones a ningún cargo de elección popular, y a ningún cargo directivo dentro del referido Partido, motivo por el cual, el caso que nos ocupa, según la Ley que rige la materia, no es un conflicto a lo interno de un partido político.

Cabe destacar, que por el hecho de que en la casuística que estamos juzgando no se trata de un conflicto a lo interno de un partido político, la lógica hace razonar y suponer el verdadero espíritu del TSE al momento de la aprobación del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificaciones de Actas del Estado Civil, porque el mismo no prevé ni establece plazo alguno para accionar en contra de decisiones de esa naturaleza, lo cual es correcto, porque eso no es un conflicto intra partidario y por lo tanto, el Tribunal no es competente para conocer de ese tipo de acción, según se dispone en el Párrafo del artículo 13 de la Ley Núm. 29-11, de fecha 20 de enero del año 2011, lo cierto es que el referido Reglamento no puede tener previsto ningún plazo, motivo por el cual, somos de criterio que los casos de esa naturaleza deben regirse por los mecanismos internos de cada partido político.

Tampoco procede acoger el alegato tomado como fundamento, por la mayoría de los jueces de este órgano, para fundamentar la decisión de marras, porque el demandante, señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA era miembro de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo del PRD, lo que significa que no podía ser juzgado disciplinariamente por un organismo a nivel del Distrito Nacional, de una provincia, de un municipio, ni de una zona de dicha organización, por lo tanto, no es cierto que su jurisdicción era la Comisión de Disciplina del Distrito Nacional, porque se trata de un dirigente nacional y su jerarquía política está por encima de un órgano de la localidad donde reside o de inferior jerarquía. Por analogía, podemos comparar esta situación con la que se presenta cuando un Ministro o Legislador es juzgado penalmente, cuya competencia le corresponde en única instancia a la Suprema Corte de Justicia.

El señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA en ningún momento cuestionó la competencia del Consejo Nacional de Disciplina para juzgarlo disciplinariamente, y tampoco planteó la incompetencia del mismo, por lo tanto, a este nivel, no puede alegar su propia falta para beneficiarse de la misma, lo que implica que sus argumentos de que fue víctima de violación del doble grado de jurisdicción, resultan notoriamente improcedentes.

No podemos desconocer lo que se dispone en el numeral 9 del artículo 69 de la Constitución de la República, en virtud del cual:

̈Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la Ley ̈.

He ahí el motivo por el cual somos de opinión que el derecho a interponer un recurso según lo establece la Ley que rige la materia y en este caso, no ha sido violado porque en los Estatutos del PRD, está previsto el derecho a recurrir en apelación o en reconsideración en contra de las decisiones emanadas del Consejo Nacional de Disciplina.

En ese caso, el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA hizo uso del recurso correspondiente, procediendo a apoderar al Consejo Nacional de Disciplina de un recurso de reconsideración. Tampoco procede alegar que ha sido víctima de violación al debido proceso, porque en todo momento estuvo representado por su abogado en el juicio disciplinario llevado a cabo en su contra, el cual fue oído en un juicio oral, público y contradictorio, y también presentó varias conclusiones incidentales.

Que por los motivos expuestos precedentemente, somos de criterio que procede RECHAZAR dicho alegato, por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

EN ESE SENTIDO, TENEMOS A BIEN PROPONER:

– DE MANERA PRINCIPAL:

ÚNICO: En cuanto a la forma, que sea declarada INADMISIBLE la presente Demanda en Nulidad de Resoluciones 007-2017 y 009-2017, emitidas por el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano, interpuesta por el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, en contra del PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), por extemporánea, toda vez que fue interpuesta fuera de los plazos establecidos en la normativa que rige la materia.

– DE MANERA SUBSIDIARIA Y EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE DEMANDA SEA DECLARADA ADMISIBLE:

PRIMERO: RECHAZAR los medios de inadmisión presentados por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal. SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZAR la presente Demanda en Nulidad de Resoluciones Núms. 007-2017 y 009-2017, de fechas 24 de febrero del año 2017 y 10 de marzo del año 2017, respectivamente, dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, interpuesta por el señor GUIDO ORLANDO GÓMEZ MAZARA, en contra del PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), por improcedente, mal fundada y carente de base legal.

Dr. Ramón Aristides Madera Arias
Juez Titular

Quien suscribe, Sonne Beltré Ramírez, secretario general del Tribunal Superior Electoral (TSE), certifico y doy fe, que la presente copia es fiel y conforme al original de la Sentencia TSE-004-2018, de fecha 9 de abril del año dos mil dieciocho (2018), que reposa en los archivos puestos a mi cargo, la cual consta de 99 páginas, escritas a ambos lados, debidamente firmadas por los magistrados que figuran en la misma, en el mes y año en ella expresado, leída y publicada por mí, que certifico.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018), año 175 de la Independencia y 155 de la Restauración.

Sonne Beltré Ramírez
Secretario General

Sentencia TSE-Núm. 005-2018

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República Dominicana
Tribunal Superior Electoral

Dios, Patria y Libertad

Sentencia TSE-Núm. 005-2018

En nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral (TSE), integrado por los magistrados Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente; Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, jueces titulares, asistidos por el Secretario General, a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018), año 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, con el voto unánime de los magistrados y en audiencia pública, ha dictado la siguiente sentencia:

Con motivo de la Acción Directa en Nulidad interpuesta en fecha 8 de febrero de 2016 por los señores Juan Hubieres del Rosario, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. 004-0000593-0, domiciliado y residente en el municipio Bayaguana, provincia Monte Plata y Juan Cesario Sala Rosario, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. 090-0012596-4, domiciliado y residente en la calle Federico Velázquez, Núm. 30, municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata; quienes tienen como abogados constituidos y apoderados a los Licdos. Nilson Abreu Lebrón, David Santiago Ruíz Jiménez, Valentín Vásquez Eusebio, Sobeida Germán, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y Pablo M. José Viloria, dominicanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad y Electorales Núms. 001-1202039-1, 090-0013114-5, 001-11013479-9, 001-18201331- 8, 001-0113204-8 y 049-0072942-9, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida 27 de Febrero, Núm. 243, sector Don Bosco, Distrito Nacional.

Contra: 1) La Resolución No. 08/2015, de fecha 8 de septiembre de 2015; y 2) La Resolución No. 018-2015, de fecha 14 de octubre de 2015, ambas emitidas por la Junta Central Electoral (JCE), institución de Derecho Público establecida por la Constitución de la República, con su establecimiento principal ubicado en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo; la cual estuvo representada en audiencia por los Dres. Juan Bautista Cáceres Roque, Herminio Guzmán Caputo y Pedro Reyes Calderón, cuyas generales no constan en el expediente.

Vista: La instancia introductoria de la demanda en nulidad, con todos los documentos que conforman el expediente.

Vista: La Constitución de la República Dominicana proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

Vista: La Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero de 2011.

Vista: La Ley Electoral, Núm. 275/97, de fecha 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.

Vista: La Convención Americana de los Derechos Humanos.

Visto: El Código Civil de la República Dominicana.

Visto: El Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana.

Vista: La Ley Núm. 834, de fecha 15 de julio de 1978.

Visto: El Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por este Tribunal en fecha 17 de febrero de 2016.

Resulta: Que en fecha 8 de septiembre de 2015, la Junta Central Electoral (JCE) dictó la
Resolución No. 08/2015, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“PRIMERO: NO ACEPTAR: como al afecto no acepta, las solicitudes de reconocimiento interpuestas por las Organizaciones Políticas: Movimientos Primero La gente (MPG), Movimiento Rebelde (MR), Partido de la Esperanza Nacional (PEN), Partido Verde de la Unidad Democrática (FVUD), Partido de Salvación Nacional (PSN), Partido Socialista Cristiano (PCS), Movimiento Patria para Tod@s (MPT), y Movimiento de Conciliación (MC), por sus proponentes no cumplir con los requisitos establecidos para le Ley Electoral 275-97 de fecha 21 de diciembre d 1997 y sus modificaciones y la Resolución 19/2011 del 05 de noviembre del 2011 de la Junta Central Electoral, que establece el procedimiento para el reconocimiento de partidos políticos y agrupaciones políticas accidentales, según consta en el informe de fecha 4 de septiembre de 2015, de la Comisión de Junta Electorales y Partidos Políticos. SEGUNDO: Ordenar, como al efecto se ordena, la publicación de la presente Resolución conforme a lo que establece la ley y se dispone su notificación a todas y cada una de las partes interesadas, en fiel cumplimiento de las disposiciones contenida en el artículo 23 y siguiente de la Ley No. 200-04 sobre libre Acceso a la información pública de fecha 03 de marzo del 2004”.

Resulta: Que la indicada resolución fue recurrida en revisión, por lo cual 14 de octubre de 2015 la Junta Central Electoral (JCE) dictó la Resolución No. 18-2015, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“PRIMERO: No ADMITIR, como al efecto no admite el recurso de revisión interpuesto por el Movimiento Rebelde (MR), depositó un recurso de revisión en fecha 09 de octubre del 2015, en contra de la Resolución No. 0/2015, de fecha 08 de septiembre de 2015, por los planteamientos anteriormente citados en la presente resolución. SEGUNDO: Ratificar, como al efecto ratifica, la decisión de la Junta Central Electoral contenida en la Resolución No. 08/2015, de fecha 08 de septiembre de 2015, la cual rechaza la solicitud de reconocimiento del Movimiento Rebelde (MR). TERCERO: Ordenar, como al efecto Ordena, que la presente Resolución sea publicada en la Tablilla de Publicaciones y la página web de la Junta Central Electoral, como también se disponga su notificación a todas y cada una de las partes interesadas, conforme lo establecido en los artículos 23 y siguientes de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, del 03 de marzo de 2004”.

Resulta: Que el 8 de febrero de 2016 los señores Juan Hubieres del Rosario y Juan Cesario Sala Rosario interpusieron por ante el Tribunal Superior Administrativo una demanda en nulidad contra las resoluciones antes indicadas, cuyas conclusiones son las siguientes:

“PRIMERO: Que en cuanto a la forma tengáis a bien admitir como buena y válido el presente escrito de solicitud de nulidad de la Resolución No. 08/2015, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral, en fecha 8 de septiembre del 2015, y de la Resolución No. 18/2015, de fecha 14 de Octubre del 2015, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral y notificada en fecha 23/12/2015; interpuesto por los señores JUAN HUBIERES DEL ROSARIO y JUAN CESARIO SALA ROSARIO, en sus respectivas calidades de Presidente y Delegado de la agrupación política en formación Movimiento Rebelde (MR), por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme al derecho. SEGUNDO: Que en cuanto al fondo, acoger la presente Acción Directa en Nulidad de la Resolución No. 08/2015, de fecha 08/09/2015 dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral; y de la resolución 18/2015 dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral, de fecha 23 de diciembre del 2015, ACOGERLA, por ser justa en la forma y reposar en pruebas y tener derechos legales en en el fondo, y que el tribunal Superior Administrativo por vía de consecuencias y actuando por su propia autoridad: a) ORDENAR a la Junta Central Electoral expedir el reconocimiento del Partido en formación Movimiento Rebelde (MR), por este haber cumplido con el mandato de la Ley; b) Ordenar el Movimiento Rebelde realizar su asamblea constitutiva de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 275-97 del 21 de diciembre del 1997. TERCERO: Que se nos permita depositar nuevos documentos probatorios, por no poseerlo al momento del depósito de esta instancia, así como ampliar los argumentos y conclusiones de la presente instancia. CUARTO: Ordenar a la JCE el depósito de todos los documentos originales que se encuentran en su poder, en ocasión de la solicitud de revisión interpuesta por los recurrentes”.

Resulta: Que apoderada del conocimiento de la citada demanda, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó la Sentencia Núm. 030-2017-SSEN-00367, en fecha 30 de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“PRIMERO: DECLARA la incompetencia materiae del Tribunal Superior Administrativo para conocer del Recurso Contencioso Administrativo incoado por los señores JUAN HUBIERE DEL ROSARIO y JUAN CESARIO SALA ROSARIO, en contra de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, de acuerdo a las razones esbozada en la parte considerativa de la presente sentencia y en consecuencia DECLINA el proceso al Tribunal Superior Electoral. SEGUNDO: Declara el presente proceso libre de costas. TERCERO: Ordena que la presente sentencia sea comunicada por secretaria a la parte recurrente, los señores JUAN HUBIERE DEL ROSARIO y JUAN CESARIO SALA ROSARIO, a la parte recurrida, Junta Central Electoral, así, como a la Procuraduría General Administrativo, CUARTO: Ordena que la presente sea publicada en el Boletín del Trianual Superior Administrativo”.

Resulta: Que mediante oficio de fecha 2 de marzo de 2018, suscrito por la Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo, fue remitido el presente expediente, siendo recibido en la Secretaría General de este Tribunal Superior Electoral en fecha 7 de marzo de 2018.

Resulta: Que en fecha 12 de marzo de 2018, el magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente de este Tribunal Superior Electoral, dictó el Auto Núm. 003-2018, mediante el cual fijó la audiencia para el día 21 de marzo de 2018 y autorizó a la parte demandante a emplazar a la parte demandada para que compareciera a la misma.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el día 21 de marzo de 2018 comparecieron los Licdos. Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, por sí y por los Licdos. David Santiago Ruíz Jiménez, Valentín Vásquez Eusebio y Sobeida A. Germán Suero, en representación de los señores Juan Hubieres del Rosario y Juan Cesario Sala Rosario, parte demandante; y el Dr. Juan Bautista Cáceres Roque, por sí y por los Dres. Herminio Guzmán Caputo y Pedro Reyes Calderón, en representación de la Junta Central Electoral (JCE), parte demandada; dictando el Tribunal la siguiente sentencia:

“Primero: El Tribunal decide acoger el pedimento que hace la Junta Central Electoral (JCE) y aplazar la audiencia para el próximo día 17 de abril de 2018, a las 10:00 a.m. Segundo: Vale citación para las partes presentes y representadas”.

Resulta: Que en fecha 17 de abril de 2018, a las 10:37 de la mañana, fue recibida en Secretaría General del Tribunal una instancia suscrita por los señores Juan Hubieres del Rosario y Juan Cesario Sala Rosario, parte demandante, cuyas conclusiones son las siguientes:

“PRIMERO: Librarle acta de desistimiento de Instancia, de Acción Directa de Nulidad de la Resolución No. 08/2015, de f/8/9/2015 y total de la Resolución No. 18/2015, de F/14/10/2015, ambas dictadas por la Junta Central Electoral (JCE), incoada por los señores Juan Hubieres del Rosario y Juan Cesario Sala Rosario. SEGUNDO: Compensar las costas”.

Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el día 17 de abril de 2018, comparecieron los Licdos. Juan Dionisio Rodríguez, Valentín Vásquez, David Santiago Ruiz y Sobeida Germán, en representación de los señores Juan Hubieres del Rosario y Juan Cesario Sala Rosario, parte demandante y el Dr. Pedro Reyes Calderón, y el Lic. Juan Bautista Cáceres por sí y por el Dr. Herminio Guzmán Caputo, conjuntamente con las bachilleres María Santana, Victoria Moquete y Loren Jesús, en representación de la Junta Central Electoral (JCE), parte demandada; procediendo las partes a concluir de la manera siguiente:

La parte demandante:

“Solicitamos, primero: librarle acta de desistimiento de instancia de Acción Directa de Nulidad de la Resolución No. 08/2015, de fecha 8/9/2015 y total de la Resolución No. 18/2015, de fecha 14/10/2015, ambas dictadas por la Junta Central Electoral (JCE), incoada por los señores Juan Hubieres del Rosario y Juan Cesario Sala Rosario. Segundo: compensar las costas y que las mismas sean declaradas de oficio”.

La parte demandada:

“Al margen de que el desistimiento presentado por la parte recurrente no cumple con lo establecido en el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil, la Junta Central Electoral no tiene interés de manejar el deber ser sino que vamos a dar aquiescencia al desistimiento presentado en audiencia por la parte recurrente en el entendido de que es y debe ser su intención la que mueva la presente acción”.

Resulta: Que luego de las partes haber concluido como se ha hecho constar previamente, este Tribunal dictó sentencia en dispositivo como consta más adelante.

El Tribunal Superior Electoral, después de haber examinado el expediente y deliberado:

Considerando: Que el Tribunal se encuentra apoderado de la demanda en nulidad interpuesta en fecha 8 de febrero de 2016 por los señores Juan Hubieres del Rosario y Juan Cesario Sala Rosario, contra la Resolución No. 08/2015, de fecha 8 de septiembre de 2015 y la Resolución No. 018-2015, de fecha 14 de octubre de 2015, ambas dictadas por la Junta Central Electoral (JCE). En ese sentido, para el conocimiento de la indicada demanda resultó apoderada originalmente la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, jurisdicción que dictó la Sentencia Núm. 030- 2017-SSEN-00367, en fecha 30 de noviembre de 2017, declarando su incompetencia en razón de la materia para conocer del asunto y remitiendo el expediente por ante este Tribunal Superior Electoral, tal y como se ha señalado previamente en esta sentencia.

Considerando: Que una vez apoderado del asunto y a los fines de instruirlo debidamente, este Tribunal celebró las audiencias de los días 21 de marzo y 17 de abril de 2018, cuyas incidencias procesales han sido transcritas previamente. En ese sentido, previo a la audiencia del 17 de abril de 2018 la parte demandante depositó en la Secretaría General del Tribunal una instancia presentando el desistimiento de su acción, petición que fue reiterada en la audiencia y a la cual no se opuso la parte demandada.

Considerando: Que ante tales conclusiones este Tribunal dictó sentencia en dispositivo, acogiendo el desistimiento presentado por la parte demandante y disponiendo, en consecuencia, el archivo del expediente formado con motivo de la demanda de que se trata. Que en esas atenciones, procede que el Tribunal ahora provea la motivación que justificó su decisión dada in voce en audiencia.

Considerando: Que en el artículo 2, numeral 30 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil se define el desistimiento en la forma siguiente:

“Acción procesal mediante la cual la parte accionante, de forma voluntaria, renuncia a continuar con el proceso iniciado o el recurso interpuesto por ante el Tribunal Superior Electoral, las juntas electorales y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior”.

Considerando: Que en el artículo 37 del indicado reglamento se ha establecido, en relación al desistimiento, lo siguiente:

“La parte accionante o sus representantes pueden desistir o renunciar a continuar con el proceso iniciado por ante el Tribunal Superior Electoral, las juntas electorales y las Oficinas de Coordinación Electoral en el Exterior, así como renunciar o desistir del recurso interpuesto por ellas, sin perjudicar a los demás recurrentes. La instancia de desistimiento debe estar debidamente motivada y cumplir con los requisitos del artículo 26 del presente reglamento”.

Considerando: Que el desistimiento es la renuncia hecha por el demandante a los efectos del proceso, o por una cualesquiera de las partes a los efectos de uno de los actos de la instancia; según el alcance que tenga, pueden distinguirse tres clases de desistimiento: (a) el desistimiento de acción; (b) el desistimiento de instancia; y (c) el desistimiento de actos procesales.

Considerando: Que conforme a lo señalado previamente, es pertinente hacer las siguientes puntualizaciones: a) el desistimiento de acción es un abandono del derecho mismo; tiene como resultado extinguir el proceso en el pasado y hacerlo imposible en el porvenir; está regido por las normas del derecho común relativas a las renunciaciones en general; b) el desistimiento de instancia es una renuncia a la situación jurídica creada por la instancia abierta, por lo que extingue el proceso actual, a partir de la demanda inclusive, pero deja subsistente el derecho de acción en justicia; y c) el desistimiento de actos procesales determinados es la renuncia a los efectos producidos por esos actos. Así, en tanto que el desistimiento de acción y el de instancia emanan naturalmente del demandante, -como ocurre en el presente caso-, el desistimiento de actos procesales determinados puede provenir tanto del demandante como del demandado o inclusive del interviniente, sea este voluntario o forzoso.

Considerando: Que es por ello que resulta prudente convenir que el desistimiento es uno de los medios de que disponen las partes para concluir un litigio, en la medida en que implica

“la descontinuación de la demanda o la acción, aunque no necesariamente la renuncia del derecho”(República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-019-2017, del 10 de agosto de 2017, página 7);

es, también, por ese mismo motivo, necesario señalar que el desistimiento es la solución procesal aplicable en aquellos supuestos en que una de las partes decide dejar sin efecto una acción o actuación realizada por ella en el curso de un proceso, o como iniciación del mismo.

Considerando: Que respecto a la factibilidad de aplicar el desistimiento en materia electoral, el Tribunal Constitucional dominicano ha juzgado que

“la aplicación del desistimiento en materia electoral es practicable en tanto opere como renuncia pura y simple de la demanda, en consonancia con el principio de supletoriedad previsto en el artículo 7.12 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales”. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0006/14, del 14 de enero de 2014, página 24)

A esto agregó dicho colegiado que “desde el inicio de sus labores jurisdiccionales”, el desistimiento ha sido “concebido”, en esencia,

“como una figura del derecho común aplicable supletoriamente a los procedimientos constitucionales, por lo que nada se opone a que pueda ser aplicada también a los procesos en materia electoral”. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0006/14, del 14 de enero de 2014, página 24)

Considerando: Que, adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha señalado que

“el desistimiento es el acto mediante el cual una parte interesada, de manera voluntaria, manifiesta su voluntad de abandonar la solicitud que dio lugar al procedimiento de que se trate (…). En cualquier caso, debe tratarse de una voluntad expresa del interesado sin que quepa, de algún modo, presumirla o entenderla implícita en su comportamiento”. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0231/16, del 20 de junio de 2016, página 8)

Considerando: Que en otra decisión en la que abordó la figura del desistimiento, el Tribunal Constitucional dominicano puntualizó lo siguiente:

“11.6. De la lectura del artículo 402 del texto legal examinado, se verifica que el desistimiento puede ser instrumentado en la forma de un acto bajo firma privada, y que la otra parte envuelta en el conflicto puede aceptar el acto siguiendo las formalidades que caracterizan ese tipo de acto. 11.7. En ese sentido, este tribunal considera que no existe un requisito de aceptación para que el desistimiento surta efectos jurídicos; que por el contrario, lo que ha querido precisar el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 403, es que una vez producido el desistimiento las cosas serán repuestas en el estado en que se encontraban antes de la demanda y que quien desiste se obliga a pagar las costas; sin embargo, este último aspecto carece de relevancia, en virtud de que la justicia constitucional está exenta del pago de las costas, según lo prevé el artículo 7.6 de la citada Ley núm. 137-11”. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0338/15, del 8 de octubre de 2015, página 17)

Considerando: Que todo lo expuesto permite a este Tribunal señalar que el interés constituye la motivación esencial que motoriza las acciones y recursos jurisdiccionales interpuestos por los justiciables por ante los Tribunales de la República, en procura del restablecimiento, la protección o la tutela de sus derechos. Así, y en consideración del carácter de personalidad del cual está revestido el interés, las partes pueden, cuando lo estimen necesario, desistir de sus pretensiones, lo que en última instancia puede interpretarse como una ausencia de interés de parte del impetrante o recurrente. (Cfr. República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-019-2017, del 10 de agosto de 2017)

Considerando: Que, tal como demuestran las incidencias procesales acaecidas en la especie, así como las piezas documentales sometidas a consideración de este Pleno, en el presente caso están dadas las condiciones para que sea admitido el desistimiento planteado por la parte demandante, dado que el mismo ha sido invocado como simple desistimiento de instancia. En consecuencia, procede, tal y como lo determinó este Tribunal mediante la sentencia in voce antes referida, librar acta del desistimiento promovido por los señores Juan Hubieres del Rosario y Juan Cesario Sala Rosario, de la instancia abierta con motivo del conocimiento de la demanda de que se trata y, en ese tenor, ordenar el archivo definitivo del expediente.

Por todos los motivos expuestos, el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las disposiciones contenidas los artículos 214 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015; 3, 13, numeral 2, párrafo, y 14 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero de 2011; 30, numeral 2 y artículo 37 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por este Tribunal Superior Electoral en fecha 17 de febrero de 2016:

FALLA:

Primero: Libra acta de desistimiento de instancia de la Acción de Nulidad de las Resoluciones Núms. 08/2015 y 18/2015 ambas dictadas por la Junta Central Electoral, incoada por los señores Juan Hubieres del Rosario y Juan Cesario Sala Rosario. Segundo: Ordena el archivo definitivo del presente expediente.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y 155 de la Restauración.

Firmada por los magistrados Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente; Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, jueces titulares, asistidos por Sonne Beltré Ramírez, Secretario General.

Quien suscribe, Sonne Beltré Ramírez, secretario general del Tribunal Superior Electoral (TSE), certifico y doy fe, que la presente copia es fiel y conforme al original de la Sentencia TSE- 005-2018, de fecha 17 de abril del año dos mil dieciocho (2018), que reposa en los archivos puestos a mi cargo, la cual consta de 11 páginas, escritas a ambos lados, debidamente firmadas por los magistrados que figuran en la misma, en el mes y año en ella expresado, leída y publicada por mí, que certifico.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los once (11) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), año 175 de la Independencia y 155 de la Restauración.

Sonne Beltré Ramírez
Secretario General

Sentencia TSE-Núm. 006-2018

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República Dominicana
Tribunal Superior Electoral

Dios, Patria y Libertad

Sentencia TSE-Núm. 006-2018

En nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral (TSE), integrado por los magistrados Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente; Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo jueces titulares, asistidos por el Secretario General, a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), año 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, con el voto unánime de los magistrados y en audiencia pública, ha dictado la siguiente sentencia:

Con motivo de la Acción de Amparo de Cumplimiento incoada el día 16 de mayo de 2018 por los señores Aurelio Moreta Valenzuela, Andrés Henríquez, César Emilio Guzmán Antigua y Aníbal García Duvergé, dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral Núms. 001-0344536-7, 001-0197160-4, 001-1148525-6 y 002-0010641-7, respectivamente, cuyos domicilios y residencias no constan en el expediente; quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. Guido Gómez Mazara, Domingo Rojas Pereyra y José Luís Hernández Cedeño, dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral Núms. 001-1378246-0, 001-0073615-6 y 028- 0045709-1, respectivamente, con estudio profesional abierto en la calle Dagüao, Núm. 6, sector Los Cacicazgos, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.

Contra: El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización política legalmente constituida, con personería jurídica y reconocida por la Junta Central Electoral, con su establecimiento principal ubicado en la Av. Jiménez Moya, Núm. 14, casi esquina avenida Sarasota, sector Bella Vista, ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; debidamente representada por su presidente, el Ing. Miguel Vargas Maldonado, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral Núm. 001- 0141385-4, domiciliado y residente en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional; la cual tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. Eduardo Jorge Prats, Juan Ramón Vásquez y Roberto Medina Reyes, dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral Núms. 001-0095567-3, 053-0013877-2 y 223-0106184-6, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida 27 de Febrero, Núm. 495, Torre Forum, Suite 8-A, sector El Millón, Distrito Nacional.

Vista: La instancia introductoria de la Acción de Amparo de Cumplimiento, con todos los documentos que conforman el expediente;

Vista: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el día 13 de junio de 2015;

Vista: La Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero de 2011;

Vista: La Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011 y sus modificaciones;

Vista: La Ley Electoral, Núm. 275/97, de fecha 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones;

Vista: La Convención Americana de los Derechos Humanos;

Visto: El Código Civil de la República Dominicana;

Visto: El Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana; Vista: La Ley Núm. 834, de fecha 15 de julio de 1978;

Visto: El Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, dictado por este Tribunal en fecha 17 de febrero de 2016;

Visto: El Estatuto vigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y sus modificaciones;

Resulta (1°): Que el día 16 de mayo de 2018 este Tribunal fue apoderado de una Acción de Amparo de Cumplimiento, incoada por los señores Aurelio Moreta Valenzuela, Andrés Henríquez, César Emilio Guzmán Antigua y Aníbal García Duvergé contra el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyas conclusiones son las siguientes:

“COMPROBAR Y DECLARAR librando acta que a la fecha, el Partido Revolucionario Dominicano PRD no ha iniciado el proceso de convocar a nuevas asambleas electivas derivado de la declaración de nulidad de las convenciones o asambleas realizadas. COMPRABAR Y DECLARAR librando acta que el Partido Revolucionario Dominicano PRD no ha cumplido con el mandato estatutario de convocar a la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional CEN, a los fines de fijar fecha para la celebración de las ut supra indicadas convenciones. COMPROBAR Y DECLARAR librando acta que el incumplimiento de la sentencia dictada, objeto del presente recurso, plantea la continuación de la violación de los derechos fundamentales salvaguardados en la Constitución de la República Dominicana, reconocidos y amparados por la indicada sentencia. COMPROBAR Y DECLARAR librando acta, que los artículos 68 y 69 de la Constitución Dominicana mandan a que los preceptos y derechos constitucionalmente reconocidos y protegidos sean oponibles a todos los poderes públicos, así como a todos los ciudadanos e instituciones, por lo que el no cumplimiento de las previsiones dadas por este honorable Tribunal para salvaguardar dichos derechos implica una clara violación a la misma Carta Magna. Por lo que tenemos a bien solicitar lo siguiente: PRIMERO: ACOGER en cuanto a la forma la presente acción de amparo, por estar hecha conforme al derecho. SEGUNDO: DICTAR auto de fijación de audiencia para el conocimiento de la presente acción de amparo y autorizar a los accionantes a notificar y citar a los accionados a la misma. TERCERO: ORDENAR al Partido Revolucionario Dominicano PRD proceder a dar cumplimiento al artículo 171 de sus estatutos, y en consecuencia convocar a la comisión política, para seleccionar los miembros de la comisión organizadora de la convención. CUARTO: ORDENAR al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a establecer el calendario de elecciones relativas a los FRENTES DE MASA, de acuerdo a lo siguientes criterios: * Frente de Masa: Abogados, Barrial, Comunal, Frente Sindical (concluyeron en Febrero). * Elegidos: Magisterial, Mujeres, Juventud (concluyeron en Marzo), y como en ambos casos concluyó el periodo de ejercicio institucional, celebrar sus respectivos procesos antes del mes de julio del 2018. * Elección ordinaria de las autoridades para la presidencia, secretaria general, vicepresidente y sub secretarios en julio/2018. * Juramentación de las autoridades electas en septiembre/2018. QUINTO: AMPARAR los derechos de los accionantes y en consecuencia ordenar la convocatoria a la celebración de las Convenciones pautadas y establecer un cronograma de fechas, citadas anteriormente. SEXTO: Fijar un astreinte provisional de un Millón de pesos Dominicanos (RD$1,000,000.00), liquidable cada treinta (30) días, con cargo a los fondos públicos entregados al partido Revolucionario Dominicano por la Junta Central Electoral, en beneficio de la entidad sin fines de lucro: Fundación Nacional de la Juventud, Inc. Por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia a intervenir. Es justicia que se os pide y espera merecer”.

Resulta (2°): Que el día 16 de mayo de 2018, el magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo, juez presidente de este Tribunal Superior Electoral, dictó el Auto Núm. 010/2018, mediante el cual fijó la audiencia para el 22 de mayo de 2018 y autorizó a la parte accionante a emplazar a la parte accionada para que compareciera a la misma.

Resulta (3°): Que a la audiencia pública celebrada el día 22 de mayo de 2018 comparecieron los Licdos. Guido Gómez Mazara, Domingo Rojas Pereyra y José Luis Hernández Cedeño, en representación de los señores Aurelio Moreta Valenzuela, Andrés Henríquez, César Emilio Guzmán Antigua y Aníbal García Duvergé, parte accionante; y los Licdos. Eduardo Jorge Prats, Juan Ramón Vásquez y Roberto Medina Reyes, en representación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), parte accionada; procediendo las partes a concluir de la manera siguiente:

La parte accionante:

“Comprobar y declarar librando acta a los accionantes de que a la fecha, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no ha iniciado el proceso de convocar a nuevas asambleas electivas derivado de la declaratoria de nulidad de las convenciones o asambleas realizadas. Comprobar y declarar librando acta que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no ha cumplido con el mandato estatutario de convocar a la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a los fines de fijar fecha para la celebración de las ut supra indicadas convenciones. Comprobar y declarar librando acta que el incumplimiento de la sentencia dictada por este tribunal, objeto del presente recurso, plantea la continuación de la violación de los derechos fundamentales salvaguardados en la Constitución de la República Dominicana, reconocidos y amparados por la indicada sentencia. Comprobar y declarar librando acta, que los artículos 68 y 69 de la Constitución dominicana manda a que los preceptos y derechos constitucionalmente reconocidos y protegidos sean oponibles a todos los poderes públicos, así como a todos los ciudadanos e instituciones, por lo que el no cumplimiento de las previsiones dadas por este honorable tribunal para salvaguardar dichos derechos implica una clara violación a la misma Carta Magna. Por tales motivos: Primero: acoger en cuanto a la forma la presente acción de amparo en cumplimiento por estar hecha conforme al derecho. Segundo: Ordenar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) proceder a dar cumplimiento al artículo 171 de sus estatutos y en consecuencia convocar a la Comisión Política para seleccionar los miembros de la Comisión Organizadora de la Convención. Tercero: Ordenar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a establecer el calendario de elecciones relativas a los frentes de masa, de acuerdo a los siguientes criterios:

  • Frentes de Masa: abogados, barrial, comunal, frente sindical, que su mandato concluyó en febrero del presente año.

  • Elegir a los frentes magisteriales, mujeres, juventud, cuyo mandato concluyó en marzo del presente año, y como en ambos casos concluyó el período institucional, celebrar sus respectivos procesos antes del mes de julio del 2018.

  • Elección ordinaria de las autoridades para la presidencia, secretaría general, vice presidencias y subsecretarías en julio del 2018.

  • Juramentación de las autoridades que resulten electas para realizarse en septiembre de 2018.

Cuarto: Amparar los derechos de los accionantes y en consecuencia ordenar la convocatoria a la celebración de las convenciones pautadas y establecer un cronograma de fechas, citadas anteriormente. Quinto: Fijar un astreinte provisional de un millón de pesos diarios, liquidable cada treinta días con cargo a los fondos públicos entregados al Partido Revolucionario Dominicano por la Junta Central Electoral, en beneficio de la entidad sin fines de lucro Fundación Nacional de la Juventud, Inc., por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia a intervenir”.

La parte accionada:

“Primero: Rechazar en todas sus partes la acción de amparo en cumplimiento de la sentencia TSE-002-2018 de fecha 22 de marzo de 2018, dictada por el Tribunal Superior Electoral, interpuesta por los señores Andrés Henríquez, César Emilio Guzmán Antigua, Aurelio Valenzuela y Aníbal García Duvergé en fecha 16 de mayo de 2018, por ser notoriamente improcedente de conformidad con el inciso (a) del artículo 108 de la ley No. 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Con relación a las conclusiones en el dispositivo del amparo, queremos llamar la atención del tribunal, cuando leemos el numeral sexto de la acción de amparo que hoy conocemos habla de fijar un astreinte provisional de un millón de pesos dominicanos liquidable cada treinta días. Aquí al leer las conclusiones se le añadió la palabra diario. Que se nos dé acta de que la acción de amparo habla de un astreinte de un millón de pesos liquidable cada 30 días, por lo que se presupone que se trata de un astreinte de un millón de pesos mensuales, no diarios como dijo en su exposición verbal, en sus conclusiones el honorable representante de los amparistas. Segundo: Rechazar la solicitud de fijación de astreinte por cada día de retardo en el cumplimiento de la decisión a intervenir toda vez que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no ha incumplido con las obligaciones impuestas en la sentencia TSE-002-2018 de fecha 22 de marzo de 2018, dictada por el Tribunal Superior Electoral, máxime porque no se evidencia vulneración a derecho fundamental alguno. Tercero: Declarar el proceso libre de costas, de acuerdo con los artículos 72 de la Constitución y 66 de la Ley No. 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. Y haréis justicia. Bajo reservas”.

Resulta (4°): Que haciendo uso de su derecho a réplica, las partes concluyeron de la manera siguiente:

La parte accionante:

“Vamos a pronunciarnos con relación al medio de inadmisión que ellos tuvieron a bien plantear por falta de objeto tengo entendido, solicitando que sea rechazado el medio de inadmisión planteado por los abogados del accionado por improcedente, mal fundado y carente de base legal. Ratificamos conclusiones”.

La parte accionada:

“Queremos hacer una aclaración. Nosotros no solicitamos medio de inadmisión. Hablamos sobre el objeto para determinar cuál era el objeto de la acción y poder decir que hay una prohibición expresa en base al inciso “a” del artículo 108 de la Ley 137-11, pero no hemos solicitado ningún tipo de medio que tienda a que este Tribunal no conozca el fondo de la acción porque estamos claros de que se trata de una acción notoriamente improcedente, no solo por las disposiciones legales sino también por los precedentes constitucionales, emitidos por el Tribunal Constitucional. Ratificamos nuestras conclusiones”.

Resulta (5°): Que el Tribunal Superior Electoral, luego de las partes haber concluido como se ha hecho constar precedentemente, falló de la manera siguiente:

“Único: El Tribunal ordena el cierre de los debates. Hace un receso para deliberar y retornar a las cinco de la tarde para dar lectura al dispositivo de la sentencia”.

Resulta (6°): Que el Tribunal, luego de haber deliberado, dictó la presente sentencia en dispositivo e hizo uso del plazo previsto el artículo 84 de la Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, para establecer los motivos en los que se sustenta la presente sentencia, en la forma que se indica a continuación:

El Tribunal Superior Electoral, después de haber examinado el expediente y deliberado:

I.- Resumen del caso

Considerando (1°): Que, tal y como se ha indicado en otra parte de esta sentencia, el Tribunal Superior Electoral ha sido apoderado de una acción de Amparo en cumplimiento de sentencia, incoada el día 16 de mayo de 2018 por los señores Aurelio Moreta Valenzuela, Andrés Henríquez, César Emilio Guzmán Antigua y Aníbal García Duvergé, contra el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con el propósito de que se disponga el cumplimiento de la sentencia TSE-002-2018, dictada por este mismo foro en fecha 22 de marzo de 2018.

Considerando (2°): Que del estudio de los documentos que integran el expediente y de los argumentos propuestos por las partes en litis, este Tribunal resume las incidencias del presente caso de la manera siguiente:

a) Que en fecha 14 de diciembre de 2017 los señores Aurelio Moreta Valenzuela, Andrés Henríquez y César Emilio Guzmán Antigua interpusieron una demanda en nulidad contra la reforma estatutaria aprobada en la Trigésimo Cuarta (XXXIV) Convención Nacional Extraordinaria Dr. Pedro A. Franco Badía, celebrada el día 3 de diciembre de 2017 por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), instancia en la cual intervino voluntariamente el señor Aníbal García Duvergé, hoy accionante;

b) Que, con ocasión del conocimiento de la referida demanda, este Tribunal dictó la sentencia TSE-002-2018, fechada el 22 de marzo del año en curso, mediante la cual admitió las pretensiones de los demandantes y el interviniente voluntario y anuló la reforma estatutaria en su momento emprendida por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD);

c) Que, mediante el acto Núm. 290/2018, de fecha 4 de abril de 2018, instrumentado por el ministerial Anulfo Luciano Valenzuela, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el señor Andrés Henríquez intimó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a los fines de que diera cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia previamente indicada;

d) Que mediante instancia depositada en la Secretaría General de este Tribunal en fecha 16 de mayo de 2018, los señores Aurelio Moreta Valenzuela, Andrés Henríquez, César Emilio Guzmán Antigua y Aníbal García Duvergé, interpusieron la acción de que se trata, por los motivos expuestos en renglón anterior.

Considerando (3°): Que a los fines de instruir debidamente el presente proceso, el Tribunal conoció el caso en audiencia pública celebrada el día 22 de mayo de 2018, en la cual las partes presentaron sus respectivas conclusiones sobre el fondo de sus pretensiones, tal y como se ha hecho constar en parte anterior de esta sentencia. En ese tenor, luego de las partes haber concluido, el Tribunal dictó la presente decisión en dispositivo, de conformidad con las disposiciones del artículo 84 de la Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. En consecuencia, procede que el Tribunal provea la motivación que sustenta la decisión rendida.

II.- Sobre la competencia del Tribunal

Considerando (4°): Que todo Tribunal, previo a conocer cualquier asunto del que haya sido apoderado, está en la obligación de examinar, aún de oficio, su propia competencia. En este sentido, la competencia de esta jurisdicción para conocer del presente caso está prevista en los artículos 72 y 214 de la Constitución de la República, así como en los artículos 74 y 114 de la Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

Considerando (5°): Que igualmente, la competencia de este órgano jurisdiccional especializado para conocer de la acción de que se trata se desprende de lo establecido en los artículos 27 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica de este Tribunal Superior Electoral, y 178 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales y de Rectificación de Actas del Estado Civil, adoptado por este colegiado en fecha 17 de febrero de 2016.

Considerando (6°): Que esta jurisdicción ha sostenido de forma reiterada que el Tribunal Superior Electoral constituye una jurisdicción especializada y, por tanto, puede conocer de la acción de amparo, siempre y cuando el derecho fundamental vulnerado guarde relación directa con el ámbito jurisdiccional nuestro; en efecto, la acción de amparo cuya competencia corresponde a este Tribunal es aquella que procura la protección o restauración de los derechos fundamentales político electorales. (República Dominicana. Tribunal Superior Electoral, sentencia TSE-001-2013, de fecha 4 de enero de 2013, pp. 8- 10; vid., también, la sentencia TSE-007-2013, del 5 de marzo de 2013, pp. 15-17.)

Considerando (7°): Que por igual, el Tribunal Constitucional ha juzgado, criterio que asume como propio este foro, que el amparo en materia electoral es concebido como mecanismo de protección de derechos fundamentales, para tutelar efectivamente los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, así como de los partidos políticos y sus miembros frente a situaciones concretas de amenazas o lesión a derechos fundamentales en el plano electoral. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0068/13, del 26 de abril de 2013, p. 14.)

Considerando (8°): Que, ahondando en lo anterior, el referido colegiado también ha señalado que las acciones de amparo cuyo conocimiento es competencia de esta jurisdicción contenciosa electoral son aquellas que

“tengan su origen en un asunto contencioso electoral, o en diferendos internos entre partidos”. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0597/15, del 15 de diciembre de 2015, p. 17)

Que en vista de que la acción de que se trata plantea a este Tribunal una situación que a todas luces evidencia un conflicto a lo interno de una organización política reconocida, de manera específica entre algunos de sus miembros y su cúpula, sobre la alegada vulneración –por omisión, en el presente caso— de los derechos fundamentales de los primeros a la libre participación política y a la tutela judicial efectiva, se colige que este foro es, en efecto, competente para estatuir sobre el presente caso, en aplicación de las disposiciones normativas y criterios jurisprudenciales referidos.

III.- Sobre la admisibilidad de la acción de amparo

Considerando (9°): Que respecto a la legitimación activa para accionar en amparo de cumplimiento el artículo 105, párrafo I, de la Ley Núm. 137-11 dispone lo siguiente:

Artículo 105. Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos, cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales podrá interponer amparo de cumplimiento. Párrafo I. Cuando se trate de un acto administrativo solo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido.

Considerando (10°): Que, en atención a lo previamente transcrito, se advierte que los accionantes procuran el cumplimiento de la sentencia TSE-002-2018, dictada por este mismo Tribunal. Se aprecia, asimismo, que la referida sentencia les dio ganancia de causa, al acoger sus pretensiones y anular la reforma estatutaria realizada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en diciembre de 2017. En esas atenciones, se ha podido verificar que la acción de amparo de cumplimiento ha sido interpuesta por las personas en cuyo favor ha sido dictada la sentencia, por lo que los accionantes están legitimados para accionar con respecto a la indicada decisión, por lo cual la presente acción deviene en admisible desde esa óptica.

Considerando (11°): Que otro de los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo de cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 107 de la Ley Núm. 137-11, es que el accionante haya exigido al accionado, previo a incoar su acción, que cumpla con un deber legal o administrativo omitido, previo a lanzar su acción. En efecto, el referido artículo prevé expresamente lo siguiente:

Artículo 107. Requisito y plazo. Para la procedencia del amparo de cumplimiento se requerirá que el reclamante previamente haya exigido el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad persista en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días laborables siguientes a la presentación de la solicitud (…).

Considerando (12°): Que en atención a lo expuesto, se ha constatado que reposa en el expediente copia del acto Núm. 290/2018, de fecha 4 de abril de 2018, instrumentado por el ministerial Anulfo Luciano Valenzuela, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, mediante el cual el señor Andrés Henríquez intimó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a los fines de que diera cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia previamente indicada. De tal suerte que, al haberse interpuesto la presente acción de amparo en fecha 16 de mayo de 2018, resulta ostensible que la misma fue incoada dentro de los plazos previstos por la normativa vigente y aplicable, por lo cual la misma deviene en admisible y se impone ponderar el fondo de las pretensiones de las partes.

IV.- Sobre la improcedencia de la presente acción de amparo

A) Alegatos de los accionantes

Considerando (13°): Que, en apoyo de sus pretensiones, los accionantes plantean que

“de la sentencia TSE-Núm. 002-2018, que anuló la convención electiva realizada por irregularidades en el procedimiento que afectan los principios de democracia interna y transparencia, se desprende la obligación del Partido Revolucionario Dominicano de programar y realizar un nuevo proceso convencional electivo de todas sus autoridades, previo cumplimiento del mandato estatuario”.

Considerando (14°): Que, asimismo, los accionantes sostienen que de acuerdo a la Resolución No. CON/011-2014 dictada el 02 de enero del 2014 por la Comisión Nacional Organizadora de la Convención de ese entonces, se desprende que ya hay autoridades del partido cuyo período ha vencido, pues se estableció el siguiente cronograma de la XXX Convención Nacional Ordinaria: a) Los frentes de masas se realizarían desde el 23/02/2014 hasta el 23/03/2014; b) La convención municipal en la Región Este el 06 de abril de 2014; c) La convención municipal en la Región del Cibao el 27 de abril de 2014; d) La convención municipal de la Región Sur el 11 de mayo de 2014; e) La convención municipal de San Cristóbal, Santiago y secciones del exterior el 01 de junio de 2014; f) La convención municipal de Santo Domingo y el Distrito Nacional el 15 de junio de 2014, y g) La convención nacional ordinaria el 27 de julio de 2014”. Agregan finalmente los accionantes que: “el artículo 172 de los referidos Estatutos Generales indica que: Todos los dirigentes y militantes tienen el derecho de presentar sus candidaturas para puestos diligénciales dentro del partido y para ser postulados a cargos públicos de elección popular, siempre y cuando llenen los requisitos definidos para esto y sean presentados por un Comité o Frente de Masa provincial, Municipal o Zonal, o una Secretaría y Departamento del Partido.

Considerando (15°): Que los accionantes alegan, en esencia, que han intentado – infructuosamente— que la dirigencia del partido celebre una nueva convención, tanto para la reforma de los estatutos como para la escogencia de los titulares de los puestos directivos internos, algunos de los cuales –como la presidencia— pretenden ocupar.

B) Argumentos de la parte accionada

Considerando (16°): Que la parte accionada propuso el rechazo de la presente acción de amparo en cumplimiento de sentencia, sosteniendo en sustento de ello que

“los accionantes intentan obligar al presidente del PRD a convocar a la Comisión Política a través de una acción de amparo en cumplimiento de la sentencia TSE-002-2018, dictada por este Tribunal; de estas pretensiones se infiere claramente que el objeto de la acción de amparo es la sentencia TSE-002- 2018, pues los recurrentes procuran que el PRD cumpla con las obligaciones encomendadas por este Tribunal, las cuales fueron supuestamente omitidas por el recurrido”.

Considerando (17°): Que a lo anterior agregó la parte accionada que, “de acuerdo a lo previsto en el artículo 104 de la Ley Núm. 137-11, la acción de amparo de cumplimiento debe tener por objeto hacer efectiva la ejecución de una ley o un acto administrativo dictado por un funcionario público”, de lo cual se infiere, a su juicio, que “el legislador ha reservado la figura jurídica de este amparo para demandar el cumplimiento de una ley o de los actos administrativos, excluyendo expresamente los actos emanados de este Tribunal”. En ese tenor, añade que “el Tribunal Constitucional ha sido consistente en señalar que el amparo de cumplimiento no está concebido para reclamar la ejecución de una sentencia o el cumplimiento de un acto dictado por el Tribunal Superior Electoral”, motivo por el cual procede que este Tribunal disponga el rechazo de la misma, por resultar improcedente.

C) Respuesta a la acción de amparo

Considerando (18°): Que, a juicio de este Tribunal, al establecer que procede el amparo de cumplimiento para “hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo”, objetivo de cuya concreción se deriva, inevitablemente, una orden judicial “[para] que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento” a la norma o acto cuya omisión se alega, el artículo 104 de la Ley Núm. 137-11 consagra los presupuestos esenciales de procedencia de dicho mecanismo de garantía.

Considerando (19°): Que se desprende del contenido de la disposición arriba citada que, entre dichos presupuestos esenciales de procedencia, existe uno revestido de una importancia capital y cuyo examen, por esto mismo, resulta ineludible para todo tribunal o corte apoderada de una acción como la de la especie: es que el acto cuyo cumplimiento ha sido presuntamente omitido por la autoridad o ente renuente debe ser una ley, un reglamento o un acto administrativo, quedando excluidas de esta categorización las sentencias emanadas de los distintos órganos jurisdiccionales del Estado.

Considerando (20°): Que lo primero a determinar por el Tribunal es la cuestión respecto de si la acción de amparo de cumplimiento puede tener por objeto hacer efectivo el cumplimiento de decisiones jurisdiccionales o sentencias o si, por el contrario, y tal como lo ha planteado la parte accionada, tales actos no pueden servir de sustento a este mecanismo de garantía.

Considerando (21°): Que, en ese sentido, del examen literal del contenido del artículo 104 de la Ley 137-11 se advierte que en el mismo no se incluyen las sentencias entre los actos pasibles de amparo en esta modalidad, constatación en torno a la cual este foro tiene a bien construir su razonamiento respecto a la procedencia o no de la acción incoada por los señores Aurelio Moreta Valenzuela, Andrés Henríquez, César Emilio Guzmán Antigua y Aníbal García Duvergé.

Considerando (22°): Que, en ese orden de ideas, es útil precisar que el Tribunal Constitucional dominicano ha dictado varias decisiones –que, como es sabido, constituyen precedentes vinculantes— mediante las cuales ha establecido el criterio conforme al cual una acción de amparo que procura el cumplimiento o ejecución de una sentencia deviene en improcedente, de acuerdo a la regla contenida en el artículo 104 de la Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales;

Considerando (23°): Que, en atención a ello, dicho colegiado ha señalado lo que a continuación se transcribe:

(…) c) El amparo de cumplimiento tiene como finalidad, según el artículo 104 de la Ley núm. 137-11, obtener del juez de amparo una decisión mediante la cual ordene a un funcionario o autoridad pública el cumplimiento de una norma legal, la ejecución o firma de un acto administrativo, dictar una resolución o un reglamento. d) Como se observa, entre los actos indicados en el artículo 104 no se incluye a las sentencias. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencias TC/0031/15, del 3 de marzo de 2015; TC/0147/14, del 9 de julio de 2014 y TC/0218/13, del 22 de noviembre de 2013.)

Considerando (24°): Que, igualmente, el máximo intérprete de la Constitución ha señalado que si bien es cierto que el incumplimiento de una sentencia constituye un grave atentado a la esencia del Estado Social y Democrático de Derecho que se proclama en el artículo 7 de la Constitución, el hecho de que el sujeto obligado no haya ejecutado la indicada sentencia constituye una dificultad de ejecución de sentencia que corresponde ser resuelto siguiendo las reglas del derecho común, y no las del amparo de cumplimiento. (República Dominicana. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0147/14, del 9 de julio de 2014.)

Considerando (25°): Que de la verificación de las conclusiones propuestas por la parte accionante se ha podido advertir que lo que se procura, en esencia, es que este Tribunal, en funciones de juez de amparo, ordene el cumplimiento de una decisión judicial, pretensiones que, por su naturaleza y a la luz de los presupuestos esenciales de procedencia establecidos en la norma, no pueden ser analizadas en el ámbito de la acción de amparo de cumplimiento, lo que es tanto como afirmar que la acción incoada en estos términos deviene improcedente.

Considerando (26°): Que, en efecto, la presente acción de amparo de cumplimiento resulta improcedente, de conformidad con las disposiciones del artículo 104, de la Ley Núm. 137-11, ya que las sentencias no están previstas entre los actos susceptibles de ejecución mediante la acción de amparo de cumplimiento, por lo cual la misma debía ser rechazada, tal y como se hizo.

Considerando (27°): Que habiendo rechazado la presente acción de amparo de cumplimiento, resulta innecesario que este Tribunal se pronuncie respecto de los demás pedimentos formulados por las partes en el presente proceso.

Por todos los motivos expuestos, el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 69, 72, 214 y 216 de la Constitución de la República ; 27 de la Ley N